#Fallos La cuarentena de los despidos: Nulidad del despido sin causa de un trabajador de la construcción, teniendo en cuenta la prohibición de despidos establecida en el DNU 329/2020 y prorrogado por el DNU 487/2020

Partes: Leguizamón Gerardo Fabián c/ Milicic S.A. s/ medidas cautelares y preparatorias

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: III

Fecha: 17-jul-2020

Cita: MJ-JU-M-126693-AR | MJJ126693 | MJJ126693

Se declara la nulidad del despido sin causa de un trabajador encuadrado en el régimen estatutario de la construcción, teniendo en cuenta la prohibición de despidos sin causa establecida en el DNU 329/2020, prorrogado por el DNU 487/2020.

Sumario:

1.-Corresponde receptar la medida autosatisfactiva y declarar la nulidad del despido del trabajador de la construcción, ordenando su reinstalación en el término de dos días, manteniendo en su totalidad las condiciones laborales que tenía en oportunidad de su despido y el pago de los salarios caídos desde la comunicación del despido hasta la fecha del reintegro, que correspondieran a su categoría laboral conforme recibos de sueldos aportados, ya que la convicción de verosimilitud del derecho alegado es palmaria en tanto hubo un despido en el marco del DNU 329/2020 que prohíbe el fin del vínculo laboral y no distingue especies de trabajadores, y eso fue violentado por la patronal.

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2.-La prohibición de despidos sin causa establecida en el DNU 329/2020, prorrogado por el DNU 487/2020 debe ser aplicada también a los trabajadores regidos por la Ley 22.250 y el CCT 75/76 porque, más allá de las particularidades de este grupo de trabajadores, el contexto de emergencia sanitaria y social, pone un manto de protección a este tipo de actos de la patronal, sin hacer distingo alguno.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Rosario, 17/07/2020

Y VISTOS: Los caratulados «LEGUIZAMÓN, GERARDO FABIAN c/ MILICIC S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES Y PREPARATORIAS», EXPTE No 452/2020, CUIJ 21-04166112-4, que tramitan por ante este Juzgado de primera instancia de distrito en lo laboral de la 3ra. Nominación de Rosario, a mi cargo, de los que resulta:

Que promueve el actor mediante apoderado MEDIDA AUTOSATISFACTIVA y/o DE TUTELA ANTICIPADA contra MILICIC S.A.

Relata que ingresó a prestar servicios para la demandada el 16 de agosto de 2016 y que la relación laboral se extinguió el 27 de mayo de 2020 por despido con invocación de una causa falsa e insustancial (carente de motivación válida). Manifiesta que se desempeñaba como personal de mantenimiento mecánico especializado de los equipos y/o maquinarias pesadas que utiliza habitualmente la empresa en la ejecución de distintas obras, laborado tanto en «obra» como en el taller central de la empresa sito en Rosario.

Destaca que al momento de su despido se venía desempeñando en tal carácter en una obra ejecutada en la localidad de Paso de los Toros (República Oriental del Uruguay), se trataba de la construcción de una planta productora de papel para cuya ejecución había sido subcontratada MILICIC S.A.

Agrega que mientras trabajó en la obra del país vecino, se desempeñó de lunes a lunes de 17 hs a 4 hs del día, a razón de 3 semanas de trabajo continuado con una semana de descanso (21 x 7); en Rosario lo hacía de lunes a viernes de 7 a 17 hs y los sábados de 7 a 12 hs. Destaca que al mes de abril de 2020 percibió una remuneración de u$s 1000 quincenales lo que supuso una mejora en su salario y, dijo, que la diferencia le era liquidada y abonada por una sociedad uruguaya subsidiaria o vinculada a MILICIC S.A.(COLPREM S.A.).

Manifiesta que la legislación aplicable a su relación laboral es la ley 22250 y el CCT 76/75.

Expresa que el 27 de mayo de 2020 MILICIC S.A. le remitió una CD que rezaba «habiendo finalizado la causa que motivó su contratación, prescindimos de sus servicios desde el día de la fecha. Haberes, certificación y certificado del art. 80, LCT y documentaciones baja a su disposición en términos de ley»; misiva que fue rechazada por su parte el 9 de junio de 2020. La misma fue replicada por la empresa el 12 de junio de 2020.

Indica que la medida extintiva violentó la prohibición de despedir establecida en el art. 2, DNU 329/20 por lo que debe considerarse nula de nulidad absoluta o entenderse que se está en presencia de un acto de objeto ilícito, que el despido se tornó ineficaz que dicho acto no produce ni debe producir los efectos queridos por el empleador al disponerlo. Por lo que considera que debe resultar procedente ordenar su reinstalación.

Destaca que ostentaba una apreciable antigüedad en la empresa (de casi 4 años) y carecía de antecedentes disciplinarios de importancia.

Reclama:se declare la ineficacia del acto jurídico de extinción del vínculo laboral dispuesto por MILICIC S.A.; se disponga cautelarmente la reinstalación a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones en que se encontraba a la fecha del despido o en condiciones similares razonables (sea en Rosario, sea en nuevo destino laboral, sea en su último destino en la República Oriental de Uruguay) ello durante el periodo de vigencia de la prohibición de los despido establecidos en el DNU No 329/2020 y sus prórrogas (a la fecha de la demandada, DNU N 487/2020); se le abonen al peticionante los salarios caídos devengados desde la fecha del despido hasta su efectiva reincorporación; estando el Fondo de cese laboral, solicita que le permita retirar de su cuenta sueldo hasta su concurrencia con el importe de dichos salarios- una suma equivalente a los salarios dejados de percibir desde el despido hasta su concurrencia con el importe de dichos salarios, una suma equivalente a los salarios dejados de percibir desde el despido hasta su efectiva reinstalación, reintegrándose el saldo remanente al Fondo o a la cuenta correspondiente; ante el eventual incumplimiento de la medida cautelar se le impongan astreintes por el monto razonable que determine el Tribunal por cada negativa al acatamiento.

Manifiesta sobre la concurrencia de los requisitos para la admisibilidad y procedencia de la cautelar solicitada. Cita antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales. Acompaña documental. Funda en derecho.

A fs. 8 este juzgado citó a ambas partes a una audiencia conforme los arts. 19 y 21, 1er pfo. del CPCyC (aplicación integradora art. 167, CPL). A fs. 21/24 contesta vista la Sra Fiscal.

Y CONSIDERANDO:Que el actor ha interpuesto por ante estos estrados judiciales una medida autosatisfactiva que, a decir de Peyrano, «es un requerimiento ‘urgente’ formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota -de ahí de autosatisfactiva- con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento; no constituye una medida cautelar por más que en la praxis muchas veces se la haya calificado, erróneamente, como una cautelar autónoma» (Peyrano, Jorge. W «Regimen de las medidas autosatisfactivas. Nuevas propuestas», en AAVV, Medidas autosatisfactivas, Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, p. 27; citado en Peyrano, Jorge W. «Lo urgente y lo cautelar: diferencias y coincidencias», AR/DOC/3760/2018).

No obstante ello, en uso de las facultades conferidas por los arts. 19 y 21, CPCC -aplic. integradora, art. 167, CPL- se convocó por esta juzgadora una audiencia para intentar arribar a un acuerdo entre las partes sin avenimiento posible, conociendo las partes que se dictaría resolución con las constancias obrantes en autos.

Analizaré los requisitos de procedencia de la medida autosatisfactiva, la cual sabido es se trata de una creación pretoriana que, hace mas de dos décadas se la ha utilizado para pedir y dar respuesta dentro de lo que se consideran procesos urgentes -cautelares, autosatisfactivas y tutela anticipada-. Sobre la misma, expone Peyrano, «la autosatisfactiva genera un proceso autónomo, que debe ser decretado favorablemente cuando se da una muy fuerte verosimilitud del derecho alegado y no resulte menester en el caso recurrir a un amplio debate y prueba compleja: amén de la consabida «urgencia» (Peyrano, W. ob.Cit).

En el caso, la convicción de verosimilitud del derecho alegado es palmaria – si bien no soslayo que se trata de un trabajador cuya normativa aplicable es la ley 22250- pues, hubo un despido en el

marco de un decreto de necesidad de urgencia que prohíbe el fin del vínculo laboral, y eso se ha violentado por parte de la patronal.

Además, se acompañaron recibos de haberes de los meses de marzo y abril de 2020 emitidos por MILICIC SA, con fecha de ingreso 16 de agosto de 2016, Convenio UOCRA, categoría «oficial especializado»; la misiva extintiva remitida por MILICIC SA el 37 de mayo de 2020 y el intercambio posterior donde el actor replica el fin del contrato y la patronal manifestó, en un segundo envío que el DNU invocado no se aplica al Régimen de la Construcción.

Ergo de la documental presentada surge que su antigüedad era de casi cuatro años, que el trabajador era calificado, y afirma que laboraba en diversas obras encaradas por la empresa, manteniendo la maquinaria pesada de la empresa. Así pues, el empleador violó la normativa vigente que no distingue especies de trabajadores.

No puede soslayarse el contexto de emergencia sanitaria reinante que ha traído como consecuencia el dictado de variadas medidas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Es así, y tal como se expone en los considerandos del DNU que se invoca, que «Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.Que la crisis económica en que se encontraba el país se vio agravada por el brote del nuevo Coronavirus, que diera lugar a la declaración de pandemia por COVID -19, por parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)».

En este contexto, con el objeto de paliar las consecuencia negativas que la pandemia por Covid 19 acarrea en todas las áreas posibles, dictó, en lo que al derecho laboral le concierne, el DNU 329/2020 (BO 31/03/2020) y el DNU 487/2020 (BO 19/05/2020) prorrogando el anterior.

La base primordial de los DNU -dictados en un claro y prístino estado de necesidad y urgencia- impone la prohibición de despidos sin causa o fundados en falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, así como suspensiones fundadas en fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el término de 60 días, y su prorroga por 60 días más. Su objetivo, como lo expone en los considerandos del decreto: «tutelar en forma directa a los trabajadores y a las trabajadoras como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas, en este contexto de emergencia».

Pues bien en el sub lite se está frente a una decisión tomada por la empresa MILICIC S.A. mediante la cual puso fin al contrato de trabajo mantenido con el trabajador el día 27 de mayo de 2020 en los siguientes términos:»habiendo finalizado la causa que motivó su contratación, prescindimos de sus servicios desde el día de la fecha».

En lo que a aplicación temporal, luce claro que la decisión se tomó con posterioridad a la publicación de los DNU que prohíben los despidos sin causa o las suspensiones por fuerza mayor, pero, además, en el caso se está ante una decisión cuyo causa fin luce amplia; asimismo, no debe olvidarse que el marco convencional de las labores llevadas a cabo por Leguizamón se encuentran en La Ley 22.250 y el CCT 75/76, esto es, el Régimen Estatuario de la Construcción. A tal fin, rememoro, que frente a la naturaleza de las tareas llevadas a cabo por los trabajadores aunados en este régimen, se permite despedir sin invocación de causa.

Y es en este punto cuando sale en auxilio el DNU dictado por el Ejecutivo Nacional en cuanto a que, más allá de las particularidades de este grupo de trabajadores, el contexto de emergencia sanitaria y social, pone un manto de protección a este tipo de actos de la patronal, sin hacer distingo alguno.

Lo analizado, nos da la pauta de la urgencia y el peligro en la demora pues se encuentra en crisis nada mas y nada menos que la fuente de trabajo en esta especial situación de emergencia a nivel mundial, la así declarada «pandemia» originada por el COVID-19.

Regresando al análisis del estatuto especial que enmarca la actividad de la empresa y el trabajador -ley 22250-, en cuanto a si es aplicable la prohibición analizada a los trabajadores que congrega el Estatuto de la Construcción, soy de la idea de que la distinción no está inserta en el leitmotiv de la decisión del Ejecutivo, es decir, se quiere proteger la vigencia de los contratos laborales frente a las consecuencias no queridas que apareja el quedarse sin fuente de trabajo, sin sustento económico, sin hacer distingos.

En criterio que comparto, sobre el particular se ha dicho que «la norma resulta aplicable a trabajadores regidospor Estatutos especiales, pues siendo que la redacción de la norma es clara en cuanto no consagra excepciones de ningún tipo, mal podría interpretarse que algún colectivo de empleados se encuentra excluido de su ámbito de aplicación sin vulnerar el principio

constitucional de protección (que, como lo recuerda el párrafo 9° de los considerandos del DNU 329/20, obliga a proteger el trabajo en sus diversas formas, art. 14 bis, C.N.) y la regla de interpretación pro operario que de él se desprende (art. 9, L.C.T.) (Orsini, Juan Ignacio, «Estabilidad absoluta temporal y nulidad de los despidos en el Decreto No 329/2020», El COVID-19 y su impacto en las Relaciones Laborales en Argentina, Luis Raffaghelli -dir.-, t. 1, Lejister IJ-CMXV-185) (citado en CUARTA CÁMARA DEL TRABAJO DE MENDOZA (MENDOZA), en «Hinojosa, Carlos Adrián c/ Laugero Construcciones S.A. p/ medida precautoria o cautelar» , 29/05/2020, elDial.com – AABCA8) y, en la misma sintonía, con claridad lo ha expuesto mi distinguida colega Dra. Eve Garcia Borras titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la ciudad de San Lorenzo, en los caratulados «Romero Ivan A. y Otros c/ Brimax SA s/ Medidas Cautelares y Preparatorias» CUIJ Nro 21-17072528-7 del 13/5/2020, ambas citas de la defensa técnica de Leguizamón.

Evaluada entonces la situación del actor y la interrupción del contrato de trabajo por parte de la demandada, en un periodo temporal donde, conforme la manda del Poder Ejecutivo, rige para todo el territorio nacional la prohibición de los despidos, es que debe hacerse lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por el actor.

A mayor abundamiento cabe decirse que «Es dable aclarar que cualquier despido (sin justificar, por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor) que ocurriere dentro del plazo estipulado, es de objeto prohibido (art. 2 DNU 329/2020; art.259 Código Civil y Comercial), y su consecuencia es que el trabajador puede pedir la nulidad del despido dispuesto en contravención a la norma, y su consiguiente reinstalación. Solicitar la reinstalación al puesto de trabajo es facultativo del trabajador, y ante la resistencia del empleador, cabe la ejecución forzada de la obligación de hacer (art. 777 Código Civil y Comercial). El único límite es la violencia física o moral respecto del deudor (empleador), lo cual evidentemente no se cumple en los casos de personas jurídicas (Fretes Vindel Espeche, Leandro, «COVID-19 y la regulación de los derechos laborales durante la pandemia», Revista de Derecho del Trabajo de Mendoza, Lejister IJ-CMXIV-529) (citado en CUARTA CÁMARA DEL TRABAJO DE MENDOZA (MENDOZA), en «Hinojosa, Carlos Adrián c/ Laugero Construcciones S.A. p/ medida precautoria o cautelar», 29/05/2020, elDial.com – AABCA8).

A lo ya considerado debo agregar que el exhaustivo y meduloso dictamen de fiscalía obrante a fs. 21/24 coincide con la decisión a tomar respecto a la recepción de la medida autosatisfactiva iniciada.

En consecuencia, previo se preste por parte del trabajador caución juratoria, haré lugar a la medida autosatisfactiva, 1. Declarando la nulidad del despido; 2. Ordenando reinstalar al trabajador en el término de dos días de notificada la presente y por el lapso de vigencia del DNU 329/2020 y sus sucesivas prórrogas, » en las mismas condiciones en que se encontraba a la fecha del despido o en condiciones similares razonables (sea en la ciudad de Rosario, sea en un nuevo destino laboral, sea en su último destino en la República Oriental del Uruguay) conforme petición del trabajador; bajo apercibimiento de astreintes por el monto de Pesos cinco mil ($ 5000) por cada día de retardo; 3. Ordenando el pago de los salarios caídos desde la comunicación del despido hasta la fecha del reintegro, que correspondieran a la categoría de «oficial especializado» -UOCRA- conforme recibos de sueldos aportados.

Las costas se imponen a la demandada (arg. art.101, CPL);

Por todo lo expuesto; RESUELVO: 1) Receptar la medida autosatisfactiva deducida por GERARDO FABIAN LEGUIZAMON; 2) Declarar la nulidad del despido decidido por la empresa MILICIC SA, ordenando la reinstalación de GERARDO FABIAN LEGUIZAMÓN en el término de 2 días -a contar desde la notificación de la presente- conforme considerandos -el lugar que la patronal decida, en la ciudad de Rosario, en la República Oriental del Uruguay o en el destino que estime- manteniendo en su totalidad las condiciones laborales que el trabajador tenía en oportunidad de su despido; 3) El pago de los salarios caídos desde la comunicación del despido hasta la fecha del reintegro, que correspondieran a la categoría de «oficial especializado» -UOCRA- conforme recibos de sueldos aportados. 4) La reinstalación se ordena bajo apercibimiento de astreintes las que determino en la suma de $ 5000.- (pesos cinco mil) por cada día de retardo en el cumplimiento; 5) La medida se ordena hasta que finalice el plazo dispuesto por el DNU 329/2020 y su prórroga, DNU 487/2020, o el plazo mayor en que dure la situación de emergencia que expuso el DNU 329/2020; 6) Que lo ordenado se efectuará en tanto se preste por parte del trabajador caución juratoria, por los eventuales daños que la medida autosatisfactiva ordenada pudiera causar; 7) costas a la demandada; 8) Los honorarios se regularán oportunamente.

Insértese y hágase saber, notifiquese electrónicamente a la parte actora y a la profesional que compareciera por la demandada a la audiencia convocada y, mediante cédula al domicilio real de la demandada.

(«LEGUIZAMON, GERARDO FABIAN c/ MILICIC S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES Y PREPARATORIAS», EXPTE No 452/2020, CUIJ 21-04166112-4).-«

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