Registro incorrecto, pago incorrecto: Responden el presidente y el vicepresidente de la sociedad empleadora por el despido del trabajador a quien le realizaron pagos fuera de registro

Partes: Vázquez Myriam Roxana c/ Veinfar Industrial y Comercial S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 26-mar-2019

Cita: MJ-JU-M-118207-AR | MJJ118207 | MJJ118207

El presidente y el vicepresidente de la sociedad empleadora deben responder por el despido al haberse constatado la existencia de pagos fuera de registro.

Sumario:

1.-Es procedente admitir la demanda por despido en relación a las personas físicas que desempeñaron los cargos de presidente y vicepresidente de la sociedad empleadora pues se acreditó el registro irregular del contrato de trabajo en cuanto a la existencia de pagos fuera de registro, y, desde tal perspectiva, aquellos incumplieron el deber de obrar con lealtad y con la diligencia de un hombre de negocios que les impone el art. 59 de la Ley de Sociedades.

2.-La existencia de una deficiente registración de la trabajadora implica una violación a las normas que rigen el contrato de trabajo, pero también a las propias del Sistema de Seguridad Social, en tanto en virtud de las mismas se ha causado perjuicio a dicho sistema provocando un beneficio indebido para la persona jurídica empleadora, todo lo cual constituyen conductas contrarias a las propias de un buen hombre de negocios, tal como lo estipula el art. 59 de la Ley 19.550, todo lo cual responsabiliza a las autoridades de la sociedad anónima empleadora conforme lo dispuesto por el art. 274 de la Ley de Sociedades.

3.-Es procedente admitir la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando el trabajador cursó las notificaciones de ley de acuerdo a los plazos establecidos a tales fines, lo cual no se ve modificado por el hecho de que se hayan acompañado los certificados al contestar la demanda, si ellos no contienen los datos verídicos de la relación y en dicha oportunidad la multa ya había sido devengada.

4.-Cabe rechazar la pretensión de la demandada de abonar la indemnización por despido de acuerdo al art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo si no se advierte invocada ni mucho menos acreditada la adopción de medida empresarial alguna tendiente a paliar la situación alegada como presupuesto previo a tomar la decisión de despedir a la actora.

5.-Las exigencias de la Ley de Contrato de Trabajo para reducir las obligaciones del empleador previstas en el art. 247 deben resultar rigurosamente cumplimentadas, puesto que de lo contrario, resultaría el trabajador vinculado a los ‘riesgos empresarios’ a los que es ajeno.

6.-Para que el despido se encuentre legitimado en los términos del art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, deben reunirse ciertos requisitos fácticos, a saber: a) la existencia de una auténtica y verdadera situación de falta o disminución de trabajo que, por entidad, impida la normal prosecución del vínculo y por ende justifique la disolución del contrato, b) la ajenidad del empresario en relación a tal situación, c) que la conducta seguida por éste en la instancia previa al acto rescisorio hubiera sido siempre diligente y tendiente a mantener la fuente de trabajo, adoptando diversas medidas tendientes a evitar la situación deficitaria o a atenuarla, d) que la causa sea perdurable en el tiempo, e) que se haya respetado el orden de antigu?edad, procediéndose primero a despedir a los empleados menos antiguos y f) que la medida sea contemporánea con el hecho esgrimido como justificación.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de 2019, para dictar sentencia en estos autos: «VAZQUEZ MYRIAM ROXANA C/VEINFAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. S/DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO:

I. Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda en lo principal, se alzan ambas partes a tenor de los memoriales de agravios obrantes a fs. 193/194 (parte demandada) y fs. 196/198 (parte actora), los cuales recibieron oportuna réplica de sus respectivas contrarias a fs. 202/203 y fs. 200.

II. En virtud de la índole de los agravios vertidos por los recurrentes, los abordaré en el orden que sigue teniendo en cuenta la incidencia que cada uno de ellos representa en la solución del pleito.

La demandada, en primer lugar se queja porque en primera instancia se rechazó la causal alegada por su parte para disponer el despido, el cual fue fundado en lo dispuesto en el art. 247 LCT.

En tal sentido, se queja de que en primera instancia no se haya valorado el hecho de que su parte se presentó en concurso preventivo de acreedores pretendiendo que se revise lo resuelto y que se considere aplicable la figura prevista en el art. 247 LCT.

Adelanto que el recurso no tendrá favorable acogida en este fundamental aspecto.

En efecto, más allá de la deserción del recurso incoado, por no advertirse la realización de una crítica concreta y razonada de los aspectos sustanciales de la sentencia que pretende cuestionar cabe destacar que, tal como entendió la Sra. Jueza «a quo» en virtud de las reglas que rigen la carga de la prueba, era la empleadora quien debía acreditar que el extremo invocado como fundamento de su decisión fue ajustado a las pautas establecidas en el art. 247 de la LCT (conf. art 377 CPCCN).

Ello sentado deseo señalar que la norma aludida, expresamente faculta al empleador a abonar una indemnización por antigüedad equivalente a la mitad de la dispuesta en el art.245, siempre y cuando la causa en la que se fundamente su decisión lo haya sido por «fuerza mayor o disminución del trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada».

Las exigencias de la LCT para reducir las obligaciones del empleador previstas en el art. 247, cuya aplicación se pretende, deben resultar rigurosamente cumplimentadas, puesto que de lo contrario, resultaría el trabajador vinculado a los «riesgos empresarios» a los que es ajeno. Se trata de una excepción al principio general de la responsabilidad del empleador, circunstancia que impone el deber de interpretarla en forma restrictiva.

Cabe concluir que para que el despido se encuentre legitimado en los términos del art. 247 de la LCT, deben reunirse ciertos requisitos fácticos, a saber: la existencia de una auténtica y verdadera situación de falta o disminución de trabajo que, por entidad, impida la normal prosecución del vínculo y por ende justifique la disolución del contrato; la ajenidad del empresario en relación a tal situación (es decir, que la misma no sea imputable a la empleadora y resulte atribuible a circunstancias objetivas e imprevisibles, debiendo asimismo acreditarse que la situación planteada no obedeció al propio riesgo de todo emprendimiento económico en un contexto mercantil competitivo); que la conducta seguida por la accionada en la instancia previa al acto rescisorio hubiera sido siempre diligente y tendiente a mantener la fuente de trabajo, adoptando diversas medidas tendientes a evitar la situación deficitaria o a atenuarla; que la causa invocada fuera perdurable en el tiempo; que se haya respetado el orden de antigüedad , procediéndose primero a despedir a los empleados menos antiguos; que la medida adoptada sea contemporánea con el hecho esgrimido como justificación de la misma.

Desde tal perspectiva, no se advierte invocado ni mucho menos acreditado en autos medida empresarial alguna tendiente a paliar la situación alegada como presupuesto previo a tomar la decisión de despedir a la actora por lo que considero que la decisión de la patronal resultó desajustada a derecho.

En consecuencia de todo lo dicho hasta elmomento, no encontrando en el recurso argumentos fundados en prueba producida en autos, que permitan acreditar en la presente causa los supuestos necesarios para aplicar el art. 247 de la LCT, corresponde confirmar la sentencia en cuanto declaró procedentes las indemnizaciones correspondientes al despido incausado.

III. A continuación, agravia al recurrente la procedencia de la multa prevista en el art. 2º de la ley 25.323 pero, en este aspecto, tampoco encuentro razón a su queja pues tal como indicó la Sra. Magistrada de grado se encuentran cumplidos los requisitos contemplados en la norma para la aplicación de dicha multa.

En efecto, la trabajadora intimó a la demandada a que le pagarán las indemnizaciones del despido (cfr. Informe Correo Oficial fs. 86) y las mismas no le fueron abonadas por lo que tuvo que iniciar la presente acción para perseguir su cobro.

En consecuencia, en tanto no existen motivos en autos que permitan evaluar la situación descripta en el segundo párrafo de la norma, propongo desestimar el agravio intentado y confirmar la procedencia de la multa tal como fue dispuesta en origen.

IV. Otro aspecto cuestionado por la accionada es la condena a abonar la multa del art. 80 LCT, agravio que tampoco tendrá favorable acogida.

En efecto, el recurrente sostiene que la parte actora no habría realizado las intimaciones previstas en la normativa cuestionada pero, en sentido coincidente con la Jueza «a quo», advierto que las mismas han sido cursadas por la trabajadora de acuerdo a los plazos legales vigentes.

El hecho que haya acompañado los certificados al contestar la demanda tampoco modifica la solución pues, además de señalar que los mismos no contienen los datos verídicos de la relación, en dicha oportunidad la multa ya había sido devengada.

V. El agravio vinculado a la sanción prevista en el art. 132 bis debe ser declarado desierto pues en la sentencia de grado nada se ha resuelto con relación al punto (art. 116 LO).

VI.A su turno, la parte actora se queja porque no se hizo lugar a los rubros reclamados «vacaciones no gozadas» y «aguinaldo proporcional» pero ninguno de dichos aspectos tendrá favorable acogida pues además que no surge que se haya efectuado una crítica concreta y razonada del fallo en los términos del art. 116 LO, tampoco se advierte que hayan sido demandados con precisión de acuerdo a lo previsto en el art. 65 LO.

Cabe recordar que el recurso de apelación debe contener la medida del interés en caso de que sea atendido su agravio, aspecto incumplido en el recurso en cuestión.

En lo relativo a las deficiencias apuntadas en la demanda, cabe recordar que la sola inclusión de un reclamo o la enunciación en la liquidación carece de sentido si no tiene sustento en un relato circunstanciado de los antecedentes fácticos del reclamo.

Concluyo entonces, con respecto a los dos rubros que ahora pretende que sean revisados, que la parte actora incumplió con lo prescripto por los inc.3 y 4 del art.65 de la L.O., los que exigen que la demanda contenga la cosa demandada designada con precisión y los hechos en que se funda, explicados claramente, pues no cumple dicha carga procesal la sola mención de la cantidad correspondiente a tal concepto al practicarse la liquidación ni la mera enunciación de sumas globales.

En consecuencia, propongo desestimar los agravios intentados por la parte actora.

VII.Otro punto cuestionado por la parte actora es el rechazo de la acción contra Abel Camps Palacios y María Laura Brunstein y, en este aspecto, entiendo que le asiste razón.

En esos términos, habiéndose acreditado en autos el registro irregular del contrato de trabajo en cuanto a la existencia de pagos fuera de registro, y la normativa en virtud de la cual fueron demandados (ley 19.550), considero que la acción debe progresar contra las personas físicas citadas en tanto fueron traídos a juicio como presidente y vicepresidente de la sociedad co demandada, aspecto que fue reconocido por los propios demandados al contestar la acción (fs. 40 vta.) Desde tal perspectiva, estimo que en el presente caso los codemandados, en sus respectivas condiciones de presidente y vicepresidente han incumplido con el deber de obrar con lealtad y con la diligencia de un hombre de negocios que les impone el artículo 59 de la Ley de Sociedades, pues ha quedado demostrado que la actora recibía pagos fuera de registro.

Al respecto señalaré que, a mi juicio y no obstante lo decidido, sobre la cuestión, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «Palomeque, Aldo René c/ Benemeth S.A. y otro» (P.1013.XXXVI, del 3/4/2003), en el caso corresponde examinar, de acuerdo a la interpretación de las normas que rigen la materia y de la valoración de elementos de hecho con sujeción a las pruebas aportadas al expediente, si se configura un supuesto que justifique extender la condena, en forma solidaria, a las personas físicas codemandadas.

Sobre el punto, tal como surge del fallo de grado, se ha constatado en este caso la existencia de deficiente registración de la trabajadora lo que implica una violación a las normas que rigen el contrato de trabajo, pero también a las propias del Sistema de Seguridad Social, en tanto en virtud de las mismas se ha causado perjuicio a dicho sistema provocando un beneficio indebido para la persona jurídica empleadora.

Esas irregularidades constituyen conductas contrarias a las propias de un buen hombre de negocios, tal como lo estipula el art. 59 de la Ley 19.550, y por ello en tanto no ha sido controvertido que eran las autoridades de la sociedad, conforme lo dispuesto por el art. 274 de la Ley de Sociedades, propongo modificar lo actuado en origen y hacer lugar a la demanda contra las personas físicas demandadas en forma personal y solidaria.

VIII. En virtud de la solución que dejo propuesta, en mi opinión, las costas de ambas instancias deben ser soportadas por las co demandadas, quienes han sido vencidas en lo sustancial, (art. 279 CPCCN y art. 68 CPCCN).

Acerca de la ponderación de los honorarios, es necesario indagar en cada caso la época o momento en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.

Ello así en concordancia con lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CSJ 32/2009 (45e)/ CS1 originario «ESTABLECIMIENTOS LAS MARÍAS S.A.C.I.F.A.c/ MISIONES, Provincia de s/ acción declarativa» en el acuerdo del 4 de setiembre de 2018 (manteniendo los Fallos: 321:146 ; 328:1381 ; 329:1066 , 3148 , entre muchos otros) y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el fallo «MORCILLO Hugo Héctor c/ PROVINCIA DE Buenos Aires S/ INCOST. Decr.- ley 9020» de fecha 8 de noviembre de 2017, que remite al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que se registra en el Fallo 319:1915 (mantenido en Fallos: 320:31 ; 2349 y 2756 ; 321:146; 330 , 532 y 1757 ; 325:2250 ).

Allí se estableció que frente a una nueva norma arancelaria, como la que en el caso nos ocupa -Ley 27.423 (B.O. del 22/12/2017), promulgada por Decreto 1077/17, que contiene, en su Art. 7, una observación del Art. 64-, la remuneración por la labor en los juicios debe determinarse tomando en cuenta las etapas del proceso cumplidas. Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales, por la labor cumplida en la primera instancia, se realizaron estando en vigencia la Ley 21.839, el Art. 38 de la ley 18.345, el Art. 13º de la ley 24.432 (DL 16.638/57) habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas por lo que propongo establecer los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de las codemandadas en conjunto y para el perito contador en el (%); (%) y (%), respectivamente, a calcularse sobre el monto de condena.

Los honorarios de alzada para los profesionales intervinientes los estimo en el (%) de lo que les corresponda percibir por su actuación en origen (art.16 y 30 ley 27.423).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO No vota (art. 125 ley 18.345).

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Extender la condena de autos a Camps Palacios Abel y a Brunstein María Laura quienes deberán responder junto con la sociedad codemandada en forma personal y solidaria. 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas. 3) Establecer los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de las codemandadas en conjunto y para el perito contador en el (%); (%) y (%), respectivamente, a calcularse sobre el monto de condena.

4) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y ha sido motivo de agravios ante esta alzada. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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