Despido indirecto de una trabajadora que fue víctima de una situación violenta por parte de un superior jerárquico

Partes: A. A. c/ A. A. G. S.A. y O. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 6-jul-2018

Cita: MJ-JU-M-112736-AR | MJJ112736 | MJJ112736

 

Es justificado el despido indirecto de la trabajadora que fue víctima de una situación violenta por parte de un superior jerárquico. Cuadro de rubros indemnizatorios.


Sumario:

1.-Es procedente considerar justificado el despido indirecto al estar acreditado que la actora fue víctima de una situación violenta por parte de un superior jerárquico pues, dada la índole de los abusos denunciados es muy dificultosa la prueba en tanto se trata de hechos que generalmente se producen en un lugar privado y sin testigos y, en el caso, un testigo dio cuenta de que efectivamente escuchó un grito y que la situación se produjo en el piso de arriba donde estaban las oficinas y que sólo se encontraban la actora y el codemandado.

2.-Corresponde otorgar a la trabajadora una indemnización por daño moral pues se probó que efectivamente fue víctima de una situación de acoso y maltrato por parte de su superior jerárquico mientras cumplía con su labor diaria (art. 1 , Ley 23.592).

3.-Las personas físicas que se desempeñaron como administradores de la sociedad empleadora son responsables por la incorrecta registración del contrato de trabajo, porque se trata de quienes decidían los actos societarios imputados a la empresa e infringieron las normas y principios de orden público que rigen el trabajo subordinado, con el evidente propósito de sustraer a la sociedad del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales pertinentes.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 6 días del mes de JULIO de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; LA DRA. GRACIELA ELENA MARINO dijo:

I.- La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 171/175) ha sido apelada por la parte actora a tenor del memorial que luce anejado a fs. 176/189 vta. A su vez, el Dr. A. A. M., por derecho propio, se queja porque considera reducidos los honorarios regulados en su favor (v. fs. 176).

II.- Se queja la accionante porque el juez a quo rechazó la pretensión por despido. Afirma que la demandada se encuentra en rebeldía y que, por ello, corresponde tener por ciertos los hechos invocados en la demanda ya que no se trata de un litisconsorcio necesario. Por ello, a su entender, se deben tener por ciertos los hechos invocados en la demanda contra A. y A. G. S.A. Sostiene que el magistrado de grado valoró en forma errónea la prueba rendida en autos y que del intercambio telegráfico surge que con fecha 14/8/2013 intimó a la demandada para que cesara en su conducta maliciosa bajo apercibimiento de rescindir el contrato laboral. Manifiesta que está acreditada la irregularidad registral y el acoso que sufrió con la prueba producida en autos. Señala que debe condenarse a los codemandados en forma solidaria porque no está controvertido su carácter de presidente y directora de la sociedad anónima. Por último, apela la imposición de costas y los honorarios regulados a la representación letrada de la demandada y al perito interviniente por considerarlos elevados.

III.- En primer término cabe señalar que la circunstancia de que la codemandada A. y A. G. S.A.haya sido declarada rebelde en los términos del art.

71 L.O., no autoriza a tener por existentes los presupuestos fácticos que han sido negados por los otros codemandados, presuntos deudores solidarios. En efecto, de acuerdo con las circunstancias expuestas en el escrito inicial, es evidente que la actora invocó la configuración de una única relación jurídica en virtud de la cual todos los codemandados resultarían responsables solidarios en su carácter de empleadora de la actora la primera y de administradores los codemandados G. y M. Desde esta perspectiva, no cabe duda que las defensas opuestas por uno de los litisconsortes favorecen a los restantes, a pesar de que hubiera incurrido en estado de rebeldía.

Más aún cuando en el caso, el codemandado G. negó en forma expresa los presupuestos fácticos invocados en la demanda, entre ellos, que la actora hubiera sido víctima de acoso laboral así como la fecha de ingreso y la irregular registración denunciada. Por el contrario, afirmó que la actora ingresó a laborar en la empresa A. y A. G. S.A. en la fecha consignada en los recibos de sueldo, es decir el 21 de octubre de 2011 y con la categoría laboral conforme sus funciones de administrativa de primera (v. fs. 50/55).

En estas condiciones, correspondía a la accionante acreditar los incumplimientos invocados para colocarse en situación de despido indirecto.

En casos de litisconsorcio pasivo como los constituidos por los aquí demandados, las defensas opuestas por uno de los litisconsortes favorece al otro cuando se trata de hechos comunes y, en el sub lite, la negativa categórica y oportuna efectuada por los codemandados G. y M. respecto de hechos comunes (en el caso la inexistencia de falsa registración de la relación laboral y de acoso laboral) aprovecha al codemandado A. y A. G.S.A., más aun teniendo en cuenta los términos en que fue interpuesta la demanda contra los codemandados, correspondía a la accionante acreditar los incumplimientos imputados a la empleadora -negados expresamente por los codemandados- para extinguir el vínculo laboral.

Es que cuando se demanda sobre la base de hechos comunes dentro de la figura procesal del litisconsorcio pasivo, el juez debe valorar conjuntamente las diligencias probatorias producidas por cada litisconsorte, pues no cabe concebir que el convencimiento judicial acerca de la verdad de un hecho común se produzca sólo con respecto a uno de los litisconsortes. Por lo tanto, si uno solo de los demandados produce prueba acerca de un hecho constitutivo, impeditivo o extintivo que reviste carácter común, ella será suficiente para tenerlo por acreditado en relación a los restantes.

En concreto, las defensas opuestas por el litisconsorte que contestó la demanda que pueden considerarse comunes, favorecen al demandado rebelde, y en tal contexto será imperioso que el reclamante acredite el extremo en cuestión.

Del intercambio telegráfico habido entre las partes se evidencia que la actora intimó, por haber sido víctima por parte del señor G. de agresión física, verbal, acoso y un maltrato humillante a fin de que se revea la actitud injuriosa y dejó constancia de que retendría tareas conforme el art. 1201 del Código Civil y agregó que “deberá contestar dentro de las 48 hs. de recibida la presente si se procederá al cese de conducta maliciosa, bajo apercibimiento de rescindir contrato laboral” y, además, intimó a la empleadora para que procediera a registrar el contrato de laboral con la real fecha de ingreso 18/4/2011 y remuneración. Las demandados negaron los hechos imputados y señalaron que se encontraba debidamente registrada desde su real fecha de ingreso y que percibía su salario conforme la categoría laboral y escala salarial de la UOM y negaron enfáticamente el acoso denunciado y, ante esa respuesta, la actora se colocó en situación de despido indirecto (v.TC del 23/9/13).

De lo expuesto se infiere, a contrario de lo sostenido por el magistrado de grado, que la intimación remitida a los demandados contenía el apercibimiento de considerarse despedida, por lo que cabe considerar cumplido el recaudo formal en este punto.

Ahora bien, respecto del CD ofrecido a fs. 87 así como la prueba documental de fs. 86, lo cierto es que el magistrado de grado a fs. 95 proveyó “agréguese, tiénese presente y hágase saber la prueba ofrecida” y, en el auto de apertura a prueba, sólo ordenó la producción de la prueba informativa dirigida al Correo Argentino (v. fs. 93) pero tuvo presente la restante prueba informativa ofrecida e hizo saber a las partes que, avanzada que se encuentre la etapa probatoria, se proveería acerca de su admisibilidad y, además, tuvo presente la restante prueba ofrecida (v. fs. 94).

La parte actora no cuestionó dicha resolución y a fs. 152 solicitó que se pusiera la causa para alegar y lo reiteró a fs. 156. Ello es así, ya que, a fs. 167 el magistrado de grado puso los autos en secretaría para alegar -decisión que no fue cuestionada por ninguna de las partes- en tanto la parte actora no hizo uso de esa facultad.

En este contexto no puede valorarse el CD que fuera adjuntado por la actora pues no produjo prueba alguna tendiente a lograr su exhibición con presencia de la contraparte ni tendiente a demostrar su autenticidad para el caso de desconocimiento.

Por el contrario, a través del relato efectuado precedentemente surge que dicho medio probatorio no fue sometido a reconocimiento de la contraparte ni proveído por el sentenciante pero, a pesar de ello, la parte actora solicitó que se pusieran los autos en secretaría para alegar y no controvirtió la resolución en ese sentido, por lo que no puede ser merituado una prueba que no fue sustancia y producida en la instancia de grado.

Lo mismo sucede respecto de la denuncia obrante a fs.86/vta porque el magistrado de grado tuvo presente la prueba informativa ofrecida a su respecto y la actora consintió esa resolución por lo que no se produjo prueba alguna tendiente a demostrar a su autenticidad sin que correspondiera sobre ese documento, tener en cuenta la situación de rebeldía en que se encuentra incursa la codemandada A.y A. G. S.A. porque lo cierto es que no se trata de un documento atribuido a esa empresa o a los codemandados, sino de una supuesta denuncia efectuada por la propia actora, pero que no fue corroborada su autenticidad por el medio probatorio idóneo.

En este contexto, cabe valorar el testimonio de M. (fs. 115/ 117) quien dijo que la actora ingresó a trabajar en el año 2011 y que “esto lo recuerda porque Acumar los clausuró y unos meses antes en abril de 2011 ingresó ella”, es decir que este testigo -quien dijo haberse desempeñado en la empresa desde el 10 de octubre de 2010 y hasta el 23 de diciembre de 2014- dio cuenta de que efectivamente la actora comenzó a trabajar con anterioridad a la fecha reconocida por los codemandados.

Agregó que se enteró por comentarios “que el jefe trató de hacerle algo arriba y que por eso se fue y no vino más” y que ello ocurrió en el año 2013 más o menos. Explicó que “lo ocurrido fue que escucharon un grito que venía de arriba, el dicente estaba abajo y cuando iban a ir para ver qué pasaba, el encargado les dijo que no pasaba nada y que siguieran laburando” Aclaró que “cuando dijo que el jefe trató de hacerle algo arriba, cuando dice jefe se refiere a A. G., que sabe que fue entre ellos dos porque estaban en las oficinas de arriba, cuando dice trató de hacerle algo responde que no sabe bien que ocurrió sí escuchó un griterío, decían puteadas”.

Dio cuenta de cómo se distribuían las oficinas en el piso de arriba y agregó que el señor G.”era violento, prepotente, amenazador, que esto lo sabe porque a un compañero lo invitó a salir afuera para pelear(.)que el trato de G. con A. como estaban abajo no sabe bien, pero las veces que el dicente subió escuchaba que elevaba la voz, decía malas palabras, eso dirigido a A. como también a los operarios” y explicó que cuando escuchó los gritos “alguien le comentó al dicente que fue lo que había pasado, dijo que a A. la trató de apretar físicamente, esto lo dijo N. que es un fletero que si bien no trabaja dentro de la fábrica, hace fletes”.

Con respecto al salario dijo no sabe lo que cobraba la actora por su trabajo “que no sabe cómo cobraba la actora, que en la fábrica a los que trabajaban abajo subían a la oficina de A. de a uno y les pagaban” pero que no sabe quién le pagaba a la actora. Si bien aclaró que cobraban otra suma además de la que figuraba en recibos de haberes y que firmaban un vale por ese monto, de su testimonio se infiere que se refiere a sus compañeros de fábrica, porque expresamente declaró que no sabe cómo cobraba su salario la actora.

Este testimonio resulta convincente porque tuvo un conocimiento directo de los hechos sobre los cuales depone ya que fue compañero de trabajo de la actora y da cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los cuales depone (conf. art. 90 L.O). No controvierte su testimonio que tuviera juicio pendiente con la demandada pues en nuestro sistema adjetivo no hay tachas absolutas y los demandados no produjeron prueba alguna que lo controvierta o que indique que hubiera mentido.

Repárese que los accionados no produjeron prueba testimonial ni ninguna otra a fin de contradecir los dichos del testigo M.

En este contexto, considero que está probada la falsa registración de la fecha de ingreso así como que la actora fue víctima de una situación violenta por parte de su superior jerárquico.Debe tenerse en cuenta que dada la índole de los abusos denunciados por la trabajadora es de muy dificultosa la prueba pues generalmente se produce en un lugar privado y sin testigos. En el sub lite, el testigo M. dio cuenta de que efectivamente escuchó un grito y que la situación se produjo en el piso de arriba donde estaban las oficinas y que sólo se encontraban la actora y el codemandado G.

En este contexto, considero que el testimonio de M. -que no fue controvertido por ningún otro medio probatorio- resulta suficiente para considerar acreditada el incumplimiento registral de la fecha de ingreso así como el maltrato recibido por la actora de parte de su superior jerárquico (conf. art. 163 inc. 5 CPCCN) por lo que cabe concluir que el despido decidido por la trabajadora resultó ajustado a derecho en los términos de los arts. 242 y 246 LCT.

En consecuencia, cabe concluir que la conducta adoptada por el superior directo de la actora resulta injuriosa por lo que corresponde revocar la sentencia de grado en este aspecto y hacer lugar a las indemnizaciones por despido (conf. art. 232, 233 y 245 LCT).

Corresponde también hacer lugar al incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323.

En efecto, la precitada norma dispone: “Cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador no abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley 20.744 (t.o. en 1976) y los artículos 6º y 7º de la ley 25.013 o las que en el futuro las reemplacen y consecuentemente lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia propia de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.”.

La actora se consideró despedida ante la falta de respuesta a sus reclamos de ahí que la obligación indemnizatoria de aquélla nació como consecuencia del despido indirecto de la trabajadora legitimado a través de este voto.Dado que la accionante practicó la intimación prevista en esta norma y la demandada no abonó las indemnizaciones pertinentes, resulta plenamente operativo el recargo indemnizatorio.

Aunque la determinación de la justa causa del despido dispuesto por el trabajador es en última instancia judicial, esta decisión es declarativa y, por ende, de efectos retroactivos al momento de la ruptura contractual. En casos como el del “sub lite”, el derecho a las indemnizaciones pertinentes y sus accesorios como los intereses o los recargos resarcitorios como el establecido en el art. 2 de la ley 25.323 queda subordinado a la acreditación de la injuria invocada, si se acredita esta situación todas las obligaciones tórnanse exigibles “retroactivamente”.

También corresponde hacer lugar a las indemnizaciones previstas en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013 porque se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos para su procedencia. En efecto, la actora cumplió con el recaudo formal previsto en el art. 11 de dicha normativa (v. prueba informativa de fs. 132/133) y se encuentra acreditado que la fecha de ingreso se encontraba erróneamente registrada.

Asimismo corresponde hacer lugar a la indemnización por daño moral reclamada.

Tal como sostuve precedentemente se encuentra probado en el sub lite que efectivamente la actora fue víctima de una situación de acoso y maltrato por parte de su superior jerárquico mientras cumplía con su labor diaria.

El art. 16 de la ley 26.485 dispone en lo pertinente:

“Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:.” “.i)A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos.”.

El art. 6º, inc.c) de la reglamentación de la ley 26.485 aprobada por el dec. 1011/2010 establece en lo pertinente:

“.En los supuestos de denuncia de discriminación por razón de género, resultarán aplicables los principios generales receptados en materia de prueba en el Convenio OIT 111 “Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y educación” sobre discriminación (empleo y ocupación de 1958) y lo expuesto por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, Estudio General sobre Igualdad en el empleo y la ocupación, 75º reunión Ginebra 1988, así como lo señalado en el Informe Global de la 96º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 2007, Nº 198.”.

Según el Preámbulo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará, aprobada por la ley 24.632 y, por ende, de jerarquía supralegal (conf. art. 75, inc. 22, párr. 1º, C.N.), la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

A su vez, el art. 11 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer consagra en forma expresa el deber de los Estados Partes de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos.

Las disposiciones de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales son de orden público (art. 1º).

El art.2º de la ley citada establece en lo pertinente:

“La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:” “a)la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida.”.

El art. 3º:

“Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.y en especial los referidos a:” “a)Una vida sin violencia y sin discriminaciones.”. c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial” Art. 4º:

“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

“Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

Art. 6º:

“A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:.” “c)Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función.Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.”.

Es menester transcribir las normas pertinentes de la reglamentación de la ley 26.485 aprobadas por el dec. 1011/2010.

Art. 3º, inc. a):

“Se entiende por discriminación contra las mujeres a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro ámbito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.

Art. 6º, inc. c):

“Se considera discriminación en el ámbito laboral cualquier omisión, acción consumada o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos mencionados en la ley que se reglamenta o en cualquier otro motivo que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u ocupación de las mujeres. En el mismo sentido, se entiende discriminatoria la exigencia, tanto sea para acceder como para mantener un contrato de trabajo, de cualquier requisito inherente a la pertenencia de género.” En este contexto, considero que debido al maltrato y acoso que sufrió corresponde hacer lugar a una indemnización por daño moral sufrido por la actora con motivo del acoso laboral al que fue sometida (conf. art. 1 ley 23592).

En efecto, el art.1º de la ley 23.592 dispone:

“Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”.

“A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

Desde la perspectiva delineada precedentemente, la violación del derecho a la no discriminación causó daño moral a la actora, teniendo en cuenta que en los supuestos de discriminación el daño precitado surge “in re ipsa”, sin necesidad de mayores pruebas.

Es claro, que el hecho que sufrió la actora le produjo un dolor en los sentimientos que amerita la procedencia del daño moral (art. 1078 CC). Al respecto, cabe destacar que el daño moral “es aquel que supone un sufrimiento subjetivo que no necesariamente se expresa a través de síntomas o de cualquier otra alteración psicopatológica” donde “el dolor puede permanecer en la esfera subjetiva, sin desbordar el plano simbólico” y respecto del cual “nada se puede decir acerca de la medida del dolor, a no ser que se proyecte a escalas morales convencionales, abiertas a los extravíos de la ideología, del imaginario social, cultural o religioso” (Milmaniene, José “El daño psíquico” en Los nuevos daños, Ed. Hammurabi, Bs. As. 1995, pág.74/75). El daño moral representa la afrenta espiritual que objetivamente se verifica en todo ser humano a partir de un hecho cuya entidad lesiva resulta socialmente y culturalmente incontrovertida.

Bajo tales directivas, considero que debe fijarse la indemnización por daño moral en la suma de $ 20.000 que resulta adecuado teniendo en cuenta las características del hecho dañoso y los padecimientos que ello le produjo a la reclamante en su tranquilidad y dignidad en tanto es sabido que el daño moral no requiere prueba especial y que los jueces gozan de un amplio criterio para su determinación.

IV.- A los fines del cálculo de los rubros indemnizatorios, tendré en cuenta la remuneración fijada en la sentencia de grado de $ 5.680 en atención a que no encuentro probado que la actora percibiera sumas fuera de registración ni que se encontrara erróneamente categorizada.

De tener adhesión este voto, el monto de condena deberá elevarse a la suma de $ 118.065,17, con más los intereses dispuestos en origen que arriban firme a esta alzada, resultante de la siguiente liquidación:

1) indemnización por antigüedad———————————-$ 17.040,00

2) Indem. sustituva de preaviso con incidencia SAC———–$ 6.153,33

3) Integ. Mes despido ———————————————-$ 4.354,66

4) Indemnización art. 2 ley 25.323——————————-$ 13.773,99

5) Indem. art. 9 ley 24.013—————————————-$ 8.520,00

6) Indem. art. 15 ley 24.013————————————–$ 27.547,99

7) Daño moral—————————————————–$ 20.000,00

8) Condena de 1ra. instancia————————————-$ 20.675,20

TOTAL————————————————————-$ 118.065,17

V.- Resta por analizar la extensión de condena solicitada respecto de A. C. G. en su carácter de presidente de la S.A. y M. M. M. por ser directora.

Los codemandados G. y M. no desconocieron su carácter de presidente del directorio y directora de la sociedad anónima empleadora y, esta circunstancia, se encuentra corroborada por la copia del boletín oficial obrante a fs.73.

Dado que revestían el carácter de presidente y directora de la sociedad anónima empleadora, cabe colegir que consintieron el incumplimiento registral de la empresa con relación a la demandante, en cuanto registró la relación con una falsa fecha de ingreso, circunstancia por la cual cabe atribuirle responsabilidad por imperio de lo normado por los arts. 59 y 274 de la ley 19.550.

En efecto, si la sociedad demandada incurría en la práctica de no registrar correctamente la fecha de ingreso (prácticas prohibidas cfr. art. 9 de la Ley de Empleo) tal conducta genera la responsabilidad del presidente y administradores en los términos del art. 274 de la ley 19.550.

El art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales establece: “Los administradores y representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión”.

A su vez, el art. 274 de la Ley de Sociedades dispone que “Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido con dolo, abuso de facultades o culpa grave”.

Es decir, la norma transcripta imputa responsabilidad solidaria a los administradores y representantes de la sociedad.

Como dijimos, en el sub lite, el señor G. y la señora M. revisten la condición de presidente del directorio y directora de la sociedad anónima, es decir, que las personas físicas codemandadas están incluidas en el ámbito de aplicación del art. 59 L.S.C.

Al respecto, comparto lo expuesto por la Sala VII de la Excma.Cámara, en cuanto a que “no es lo mismo omitir el pago del salario o no efectuar el depósito de los aportes y contribuciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) que urdir maniobras tendientes a encubrir la relación laboral o a disminuir la antigüedad real, o bien a ocultar toda o una parte de la remuneración. porque, más allá del incumplimiento que estos últimos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas físicas que las pergeñan (arts. 172 y 173 y concordantes del C. Penal)”. Por ello, “cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo (.) resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores por vía de lo dispuesto en el art. 274 de la ley de sociedades; pero no porque deba caer el velo societario sino porque éstos organizaron maniobras que no sólo estaban dirigidas a incumplir obligaciones contractuales sino, además, a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales, a defraudarlos personalmente y a defraudar al sistema de seguridad social” (ver “Díaz, Ricardo D. C/ Distribuidora Del Norte S.A. y otros” del 06/09/01 en DT, 2001-B-2311, con cita de Pirolo, Miguel A., “Aspectos Procesales de la responsabilidad solidaria”, RDL, 2001-297).

Este razonamiento resulta aplicable al sub lite, dado que -como dije- los codemandados en su calidad de presidente y directora de la empresa coaccionada, con participación activa en la empresa, no pudieron desconocer la conducta ilícita constatada en autos.

Las mentadas irregularidades configuran violaciones de la ley que generan la responsabilidad de los administradores por los daños ocasionados con su conducta al trabajador, con sustento en los arts.59 y 274 de la L.S., por lo que corresponde hacer extensiva la condena a las personas físicas codemandadas.

En consecuencia, de las pruebas analizadas ha surgido fehacientemente acreditado que los codemandados eran los administradores de la empresa accionada condenada, tenían a su cargo la representación de la sociedad en toda su amplitud, y eras quienes decidían los actos societarios imputados a la empresa, por lo que en ellos debe recaer la responsabilidad derivada del incorrecto registro del contrato de trabajo con la actora, infringiendo las normas y principios de orden público que rigen el trabajo subordinado, con el evidente propósito de sustraer a la sociedad del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales pertinentes.

VI.- La solución propuesta implica dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia (conf. art. 279 CPCCN) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos en ese sentido.

En virtud del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68 CPCCN según el cual quien resulte vencido debe cargar con los gastos causídicos en que incurrió la contraria para el reconocimiento de su derecho, corresponde imponer las costas de primera instancia a cargo de los codemandados en forma solidaria.

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la tarea realizada, y el valor económico del litigio, corresponde regular al patrocinio y representac ión letrada de la parte actora, del codemandado G. y de la codemandada M., por su actuación en primera instancia, en el (%), (%) y (%), respectivamente, porcentuales a calcular sobre el capital de condena más intereses (cfr. art. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839).

En virtud del resultado obtenido en esta instancia, corresponde imponer las costas de alzada a cargo de los codemandados en forma solidaria (conf. art.68 CPCCN) y regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora, por su actuación en esta instancia, en el (%) de lo que le corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia (conf. ley de honorarios profesionales).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto de la Sra. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) Modificar la sentencia de grado y elevar el monto de condena a la suma de $ 118.065,17 con más los intereses dispuestos en origen y hacer extensiva la condena en forma solidaria respecto de los codemandados A. C. G. y M. M. M.; 2) Confirmar la sentencia de grado en lo demás que decide; 3) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios de priemra instancia; 4) Costas y honorarios de ambas instancias conforme lo propuesto en el apartado VI del primer voto de este acuerdo. 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MLF

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara