La actuación administrativa para investigar un hecho delictivo sobre ciertas irregularidades, no constituye una conducta intimidatoria

Partes: A. R. E. c/ Estado Nacional – Ministerio de Seguridad – PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 12-jun-2018

Cita: MJ-JU-M-111804-AR | MJJ111804 | MJJ111804

No se encuentra viciada la voluntad expresada en respuesta al pedido de pase a retiro pues el inicio de la actuación administrativa para investigar un hecho delictivo no constituye una conducta intimidatoria.

Sumario:

1.-No corresponde tener por configurado un supuesto de violencia moral, coacción o cualquier otro vicio susceptible de invalidar la voluntad expresada en el pedido de pase a retiro del actor luego de detectarse irregularidades en la rendición de la caja chica, toda vez que no demostró las conductas intimidatorias que alegó haber sufrido, sin que la mera invocación del inicio de actuaciones administrativas derivadas de una denuncia anónima resulte suficiente.

2.-La desestimación en sede penal de la denuncia que motivó el inicio del sumario administrativo, por no haberse verificado la existencia de elementos que en forma concluyente permitan sostener que los hechos denunciados constituyan delito, no incide sobre la validez de dicho sumario, puesto que tal resolución no excluye el ejercicio de las facultades administrativas por las infracciones en las que pueda haber incurrido el agente, debiendo considerarse, al efecto, las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia existentes entre las sanciones disciplinarias y las penas del derecho penal.

3.-La eventual absolución en sede penal no impide que la conducta merezca sanción en sede administrativa, toda vez que se trata de jurisdicciones diversas en las que cabe establecer responsabilidades de distinta índole y que surgen de preceptos legales también diferentes; en efecto, mientras en sede penal se juzga la conducta del imputado en base a una tipificación penal, en sede administrativa se evalúa el comportamiento del encartado en el ejercicio de sus funciones administrativas, en el caso, en su carácter de agente integrante de la Policía Federal.

4.-Puesto que no hay norma que imponga a la autoridad administrativa, en el caso, policial, aguardar a que la causa penal finalice para, recién entonces, evaluar el comportamiento del agente a los fines disciplinarios, se juzga que la administración puede válidamente en su sede, apoyada en pruebas suficientes que haya logrado colectar o en criterios valorativos propios que partan del supuesto de la existencia del hecho y de la participación que en él cupo al encartado, apreciar la existencia y extensión de su responsabilidad administrativa.

5.-El pase a situación de disponibilidad, per se, no es susceptible de generar un particular gravamen al miembro de la fuerza de seguridad ni constituye una sanción, pues simplemente se trata de una de las situaciones que, como personal de la policía, puede revistar, conforme al art. 48, inc. a) de la Ley 21.965 por un tiempo de hasta un año, a la espera de asignación de destino.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de 2018, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer del recurso interpuesto en autos “A., R. E. c/ EN – M Seguridad – PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg.”, respecto de la sentencia obrante a fs. 508/512 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El doctor Luis María Márquez dijo:

I. El señor R. E. A. promovió demanda contra el Estado Nacional (Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina) a fin de que: a) se declarara la nulidad del Sumario Administrativo 465-18-000.176/05 -que había tenido su origen en el expediente administrativo 465-21-000.118/03, iniciado a raíz de un correo electrónico de “origen anónimo”- que culminó con la imposición de una sanción de 5 días de arresto, por haber sido incoado en transgresión a la ley 21.965 y su reglamentación y por haberse visto vulnerado su derecho de defensa; b) se revisara su pase a retiro (acordado por Resolución 525/2005), que si bien figuraba como “voluntario” había sido realizado con actos viciados de ilegitimidad, dado que lo habrían compelido a ello contra su voluntad; y c) se le otorgasen los grados que le hubieran correspondido de permanecer en la institución (conf. fs. 2/4 vta.).

II. El señor Juez de grado rechazó la demanda, con costas al actor, vencido (fs. 508/512 vta.).

A ese efecto, tras reseñar la normativa involucrada en autos y la jurisprudencia imperante en la materia, precisó que el actor sustentaba su reclamo en la nulidad de las actuaciones que llevaron a imponerle una sanción disciplinaria y que -según su planteo- lo habrían forzado a solicitar su retiro voluntario. Asentado ello, efectuó un relato de los hechos acontecidos, y señaló que:-El sumario administrativo reconocía su origen en la Constancia Administrativa Nº 465-21-000.118/2003 iniciada el 1º de octubre de 2003 a raíz de una denuncia recibida vía correo electrónico en la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina.

La denuncia relataba irregularidades cometidas por el Jefe y el 2do. Jefe de la Delegación de Santiago del Estero, con la participación del personal subordinado. Se mencionaba específicamente al Comisario A. como responsable de irregularidades en la rendición de la Caja Chica, respecto de los fondos destinados a gastos de combustible de los móviles policiales asignados, y en el pago de los viáticos y la movilidad del personal, haciendo especial mención de anomalías en los servicios cumplidos bajo el régimen de policía adicional por personal que solo desarrollaría esas tareas sin cumplir servicios ordinarios, o bien, cobrados por personal que nunca lo había hecho, entregando en todos los casos el dinero a la Jefatura, una vez percibidos los importes; los suboficiales habrían participado en esa operatoria por temor a sufrir cambios de destino y otras represalias (ver fs.1 y vta.). -El 7 de mayo de 2004, por disposición de la Jefatura, el actor había pasado a revistar en disponibilidad por aplicación del artículo 48 inciso a) de la ley 21.965 (ver fs.2 del expte. 457-01-001.497-04) debiendo someterse a la Junta de Calificaciones. Por Resolución 670 del Ministerio del Interior, del 6 de octubre de 2004, se le habría notificado que debería solicitar el retiro. -El 22 de octubre de 2004 el actor había iniciado el expte. 457-01-149704 solicitando el Retiro Voluntario de la Policía, conforme a los artículos 84 y 91 de la ley 21.965, acompañando en esa oportunidad la documentación necesaria a dichos efectos (ver fs. 1 del expte. citado). -El 13 de noviembre de 2004, el Jefe de División de Retiros y Jubilaciones había certificado que el Comisario Inspector R. E. A.registraba 33 años, 3 meses y 29 días de servicios simples (ver fs. 3 expte. citado). -El 13 de abril de 2005 el Ministro del Interior mediante la Resolución Nº 525 había dispuesto el Retiro Voluntario del actor en los términos de los arts. 84 y 91 de la Ley 21.965 (ver fs. 12/13 del expte. citado). -El 12 de agosto de 2010 el señor A. había sido notificado de la resolución del 18 de junio de 2010, dictada en el sumario administrativo nº 46518-000.176-05, mediante la cual el Jefe de la Policía Federal Argentina había resuelto imponerle cinco días de arresto por: “[h]aber obrado con falta de celo y exactitud en el cumplimiento de los deberes inherentes a su función, toda vez que al momento de desempeñarse como Jefe de la delegación Santiago del Estero, no fiscalizó en forma correcta al personal que cumplimentara servicio ordinario en la misma, ya que permitió que el Sargento L.P. 11.127 (D.N.I. 21.344.366) -Rosa Haydee Villaroel, del numerario de la Subdelegación Rio Hondo, prestara servicios en calidad de ‘Pase en Comisión’, en la delegación citada, sin guardar los lineamientos administrativos en tal sentido”, y “[h]aber obrado con falta de transparencia al momento de desempeñarse como jefe de la Delegación Santiago del Estero, al rubricar sin efectuar la debida fiscalización sobre las planillas de los servicios que bajo el régimen de policía adicional se cumplimentaron en el ámbito de esa dependencia, habiéndose detectado en el transcurso de la presente investigación errores en la confección y cumplimentación de los mismos, contraviniendo lo dispuesto en la orden del día reservada Nº2 de fecha 22-02-85, originando esta situación anómala la intervención de la justicia penal en el marco de la causa caratulada ‘Fiscal Federal Dr. Francisco Borges remite actuaciones s/Denuncia Anónima y solicita investigación Expte.Nº 696/03’, con intervención de la Fiscalía Federal de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Alberto Pravia”, en infracción a lo normado en el artículo 537, inciso a) del decreto 1866/83. -El 2 de agosto de 2012 el señor A. había presentado un reclamo con el objeto de solicitar la revisión del Sumario Administrativo amparado en la aplicación de los art. 689 inc. a) y b) y 690 del Decreto 1866/83, y también la revisión de su pase a retiro, argumentando que si bien figuraba como voluntario se había fundamentado en actos viciados de ilegitimidad (ver fs. 76/78). -El 4 de marzo de 2013, mediante Resolución nº 981, el Jefe de la Policía Federal Argentina había rechazado el reclamo formulado.

Efectuada dicha reseña, y en orden al pedido de nulidad de las actuaciones y de la sanción disciplinaria impuesta al actor, el juez a quo señaló que éste no había acreditado en las actuaciones circunstancia alguna que permitiera considerar que la resolución adoptada por la autoridad administrativa había sido dictada de manera contraria a lo establecido en la ley aplicable, por lo que correspondía rechazar la pretensión. Sentado ello, en lo relativo al reclamo de revisión del retiro y, en concreto, con relación a la Resolución nº 670/2004 del Ministerio del Interior – por medio de la cual se había instruido al Jefe de la PFA que adoptase las medidas necesarias para que el personal que había sido declarado en disponibilidad pasara a situación de retiro- [invocada por el actor como ardid de la autoridad policial para vulnerar su voluntad y obligarlo a firmar su retiro voluntario], recordó lo sostenido por la Sala V del fuero, el 12 de octubre de 2010, en la causa “Fimiani, Amalia Elena c/EN – Mº del Interior – PFA – Resol.828/05 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”. En dicha oportunidad, el mencionado tribunal había considerado que la ubicación institucional de la fuerza policial permitía al superior jerárquico -ministro del área- disponer este tipo de instrucciones; que, en el caso, la instrucción expedida preservaba las competencias específicas de los órganos de la fuerza policial (como lo eran las Juntas de Calificación y el Jefe de la Institución); y que la resolución ministerial había sido justificada en el hecho de que era necesario regularizar la situación de los agentes oportunamente declarados en disponibilidad por el Jefe de la Policía Federal, a fin de lograr el normal funcionamiento administrativo de la institución policial, conforme lo señalado en los considerandos de la citada resolución ministerial. Teniendo en cuenta lo expuesto, y que de las actuaciones acompañadas en autos surgía que el señor A. había solicitado su retiro y que el Ministerio del Interior lo había dispuesto en los términos de los artículos 84 y 91 de la Ley 21.965 (conf. expediente 457-01-001.497/04), consideró que el planteo del actor respecto a su falta de voluntad en la petición y su deseo de continuar en la fuerza eran meras manifestaciones que se contradecían con su propio accionar, por lo que correspondía rechazar el planteo. En atención al modo en que resolvía, entendió que resultaba inoficioso tratar el reclamo en cuanto al otorgamiento de los grados que le hubiesen correspondido al señor A. en caso de permanecer en la Policía. Impuso las costas del proceso al actor, por no existir razones que justificaran apartarse del principio objetivo de la derrota.

III. Disconforme con lo resuelto, el actor interpuso recurso de apelación (a fs. 513) y expresó agravios (a fs. 517/520 vta.), los que fueron contestados por el Estado Nacional (a fs. 523/524).

IV.El actor sostiene -en síntesis- que el juez a quo no trató todos los argumentos que expuso en su escrito de demanda ni valoró la prueba aportada; y que, en concreto, omitió ponderar: a) que su retiro no había sido voluntario y que, aunque apareciera como tal conllevaba un vicio en la voluntad. La Jefatura de la PFA lo había presionado, amenazándolo con sumarios, persecuciones laborales y desprecio personal; y ello estaba corroborado por el sumario nº 465-18-000.176/05 en el que nada se había probado, y con todas las piezas procesales aportadas; b) que el expediente administrativo nº 465-21-000.118/03, iniciado en el año 2003 para investigar la verosimilitud de las denuncias anónimas, no había arrojado resultados positiv os, por lo que -de conformidad con lo normado en el artículo 612 del Decreto Reglamentario 1866/83 de la ley 21.965- debería haber sido archivado y no propiciar -dos años después y cuando ya revistaba en situación de retiro- el inicio del sumario administrativo nº 465-18000.176/05, que había culminado con la imposición de una sanción -de cinco días de arresto- sin motivos reales en punto al hecho investigado; c) que la denuncia anónima también había sido desestimada en sede judicial penal (conf. expte. nº 1463/06, del Juzgado Federal de Santiago del Estero, “S/Investigación Fiscal Preliminar -art. 26 de la ley 24.946- S/Irregularidades Policía Federal y UNSE”), lo que dejaría en claro que las actuaciones y la sanción impuesta habrían sido extemporáneas, por prematuras; d) que se lo había sancionado pasándolo a disponibilidad (conf. fs.6, Orden del Día Interna nº 80, del 7 de mayo de 2004), pese a que aún no se había probado la credibilidad de las denuncias anónimas, ni se había promovido el pertinente sumario administrativo (cuyo inicio databa del año 2005); e) que por la Orden del Día nº 76, del 28 de abril de 2005, el Ministro del Interior había dispuesto pasarlo a retiro voluntario desde el 13 de abril de 2005 (fecha de la Resolución nº 525); esto es, antes de la fecha de la orden del día (conf. fs. 8).

En función de lo expuesto, solicitó la revocación de la sentencia y el tratamiento de la cuestión atinente al otorgamiento de los grados que le hubiesen correspondido en caso de permanecer en la institución, no considerada por el juez al haber rechazado la demanda. Por último, pidió que, al hacerse lugar a los agravios, se impongan las costas a su contraria.

V. De manera preliminar, no puede dejar de señalarse que las argumentaciones ensayadas en el memorial de agravios no contienen una crítica concreta y razonada de los argumentos centrales sostenidos por el juez de grado para fundar su decisión. Por un lado, el actor se limita a manifestar su disconformidad con el pronunciamiento apelado en cuanto se tuvo por voluntario el retiro, y a señalar que el magistrado no ponderó la prueba producida, pero no rebate de manera circunstanciada la afirmación del juez relativa a que el planteo del actor respecto a su falta de voluntad en la petición del retiro y a su deseo de continuar en la fuerza no eran sino meras manifestaciones que se contradecían con su propio accionar probado en la causa; esto es, con su propio pedido voluntario de retiro.Por otro lado, en cuanto a la pretensión de nulidad de las actuaciones y de la sanción disciplinaria que se le impuso (5 días de arresto), el recurrente se limita a afirmar que en el sumario nada se probó y que -consiguientemente- es ilegítima dicha sanción, pero no contradice concretamente la afirmación del juez referente a la falta de acreditación -en las actuaciones- de circunstancia alguna que permita considerar que la resolución adoptada por la autoridad administrativa fue dictada de manera contraria a lo establecido en la ley aplicable.

VI. No obstante el defecto señalado en la argumentación, en resguardo de la garantía de la defensa en juicio, se examinarán los planteos formulados por el actor atinentes a la cuestión de fondo debatida en autos. Al efecto, es menester señalar -como lo hizo el juez de grado- que los jueces no están obligados a tratar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes para decidir el caso y basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (doct. Fallos: 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970; entre otros). Tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (Fallos: 274:113; 280:320; 291:390; 310:267; 321:1776 ).

VI.1. A los fines indicados en el comienzo del considerando, entiendo relevante destacar que del expediente administrativo 457-01-001.497/2004 surge que el señor A. solicitó su pase a situación de retiro de manera voluntaria -en función de lo dispuesto en los artículos 84 y 91 de la ley 21.965, el 22 de octubre de 2004 (ver fs. 1 de dicho expte.); y que, consecuentemente, por Resolución nº 525, del 13 de abril de 2005, el Ministro del Interior dispuso su pase a situación de Retiro Voluntario, en los términos de los mencionados artículos 84 y 91 de la ley 21.961 (ídem, fs.12/23). Asimismo, no puede soslayarse que transcurrieron más de 7 años sin que el señor A. efectuara cuestionamiento alguno al respecto (conf. reclamo de fecha 2 de agosto de 2012, agregado a fs. 76/78 de las presentes actuaciones).

VI.2. Transcurrido ese extenso lapso, el actor solicitó la revisión de su pase a retiro voluntario alegando que su voluntad estuvo viciada por violencia al momento de efectuar dicho pedido. Sin embargo, aunque pesaba sobre él la carga de la prueba de las circunstancias de hecho en las que fundó su pretensión (art. 377, CPCCN), no arrimó elementos de juicio que permitan considerar acreditado dicho vicio con el indispensable grado de certeza. En efecto, el actor no probó las conductas intimidatorias que alegó haber sufrido (amenazas, persecuciones laborales y desprecio personal). Tampoco realizó un mínimo esfuerzo argumental ni individualizó de manera circunstanciada las conductas que, en el caso concreto, serían constitutivas de la intimidación o presión de la que habría sido objeto, habiendo efectuado únicamente meras manifestaciones genéricas, lo que resta toda seriedad a su planteo. Menos aún demostró -y siquiera precisó- de qué modo la prueba documental agregada a la causa fue determinante de una presión ilícita sobre su voluntad, siendo insuficiente, a ese fin, la mera invocación del inicio -por la PFA- de actuaciones administrativas derivadas de una denuncia anónima, y la sola referencia a otras actuaciones procesales que no se individualizaron a ese fin. Es que no surge de autos un obrar irregular por el inicio de las mencionadas actuaciones de investigación identificadas como Expediente Constancia nº 465-21-000.118/03, ni tampoco por su elevación al grado de sumario administrativo identificado como expediente nº 465-18-000.176/05, atento a lo dispuesto en los artículos 612 y 613 de la reglamentación de la ley nº 21.965 aprobada por decreto 1866/83, invocados por la autoridad administrativa.En efecto, según lo establecido en el mencionado artículo 612, “[c]uando la denuncia sea anónima, la jefatura podrá disponer sumario respecto de los hechos denunciados si por las referencias que contenga o antecedentes que se posean, aquélla presentara aspectos de verosimilitud (.)”. Y, en el caso, según resulta del Acta de Resultado del 27 de abril de 2005 y de la orden de elevación a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de fecha 10 de mayo de 2005, acorde con los elementos de prueba colectados, existía mérito suficiente para instruir actuaciones con el grado de sumario administrativo, propiciándose -en tal sentido- el inicio de una investigación escrita tendiente al esclarecimiento de un hecho y de corresponder al eventual juzgamiento de sus responsables, conforme a lo establecido en el artículo 613 inciso g) del decreto 1866/83 (ver fs. 494/496 y 497 del expediente 465-18-000.176/05). Lo cierto es que el actor se limitó a sostener que nada se había probado, sin intentar siquiera refutar concretamente las circunstancias referidas en la mencionada Acta de Resultado; a lo que se añade como factor relevante que la comunicación de la existencia del sumario, su citación a declarar en el mismo y la imputación infraccional a su respecto, son de fecha posterior a su pedido de retiro (y, por cierto, a la decisión administrativa que lo emplazó en tal calidad), por manera que dichas circunstancias lucen por completo irrelevantes y por ende carentes de entidad para tener por configurado -siquiera en forma mínima- un supuesto de violencia moral, coacción o cualquier otro vicio susceptible de invalidar la voluntad expresada en el pedido de pase a retiro.

VI.3. Además, en la resolución del sumario -sobre la base del examen de la prueba producida- se tuvo por acreditado, en síntesis, que el señor A.no había efectuado una correcta fiscalización de los servicios realizados bajo el régimen de policía adicional, ni adecuado los lineamientos administrativos en relación al “pase en comisión” del personal subalterno (conf. Resolución del 18 de junio de 2010, agregada en fotocopia a fs. 71/75 de las presentes actuaciones). Tales fundamentos, que motivaron la imposición de la sanción de 5 días de arresto, tampoco fueron mínimamente controvertidos por el recurrente; y, por cierto, en tanto la sanción fue aplicada encontrándose el actor ya retirado, carece también de relevancia o trascendencia a su respecto.

VI.4. Asimismo, la desestimación en sede penal de la denuncia que motivó el inicio del sumario administrativo, por no haberse verificado la existencia de elementos que en forma concluyente permitan sostener que los hechos denunciados constituyan delito (conf. causa nº 1463/06, del Juzgado Federal de Santiago del Estero, “S/Investigación Fiscal Preliminar -art. 26 de la ley 24.946- S/Irregularidades Policía Federal y UNSE”; resolución del 28 de mayo de 2007), no incide sobre la validez de dicho sumario. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, en reiteradas oportunidades, que lo resuelto en sede penal no excluye el ejercicio de las facultades administrativas por las infracciones en las que pueda haber incurrido el agente (Fallos: 262:522; 301:316: 305:102), debiendo considerarse, al efecto, las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia existentes entre las sanciones disciplinarias y las penas del derecho penal (conf. doctrina de Fallos: 310:316 y esta Sala: “C., C.E. c/ EN – Mº Interior – PFA s/ persona militar y civil de las FFAA y de Seg”, causa nº 36.732/04, 11/04/2013, y sus citas). Por ello, aun una eventual absolución en sede penal no impediría que la c onducta mereciera sanción en sede administrativa, toda vez que se trata de jurisdicciones diversas en las que cabe establecer responsabilidades de distinta índole y que surgen de preceptos legales también diferentes.Mientras en sede penal se juzga la conducta del imputado en base a una tipificación penal, en sede administrativa se evalúa el comportamiento del encartado en el ejercicio de sus funciones administrativas; en el caso, en su carácter de agente integrante de la PFA (esta Sala, “Durán R. Horacio c/ EN – Mº Justicia – PFA y otros s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, causa nº 20.016/09, 29/08/2017; y sus citas). Tal distinción, ha sido señalada por el Alto Tribunal en sucesivos precedentes, al expresar que las correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha, ni la aplicación de los principios generales del Código Penal, puesto que en el ámbito administrativo prima lo atinente a la aptitud para la correcta prestación del servicio público (Fallos: 256:97; 262:522; 310:316; entre otros). El hecho de que en sede penal se haya desestimado la denuncia y ordenado el archivo de las actuaciones no impide ni imposibilita a la Administración valorar las constancias probatorias obrantes en el sumario para determinar la existencia de la conducta reprochada y su subsunción normativa en el marco del derecho administrativo disciplinario. La Administración puede válidamente en su sede, por no existir óbices jurídicos para ello, apoyada en pruebas suficientes que haya logrado colectar o en criterios valorativos propios que partan del supuesto de la existencia del hecho y de la participación que en él cupo al encartado, apreciar la existencia y extensión de su responsabilidad administrativa (esta Sala, “C., C.E. c/ EN – M Interior – PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, ya cit.). A ello debe sumarse que no hay norma que imponga a la autoridad administrativa -en el caso, policial- aguardar a que la causa penal finalice para, recién entonces, evaluar el comportamiento del agente a los fines disciplinarios.

VI.5.Desde otro ángulo, cabe señalar que -como principio- el pase a situación de disponibilidad, per se, no es susceptible de generar un particular gravamen al miembro de la fuerza de seguridad ni constituye una sanción. Simplemente se trata de una de las situaciones que, como personal de la PFA, puede revistar -conforme al artículo 48, inciso a) de la ley 21.965- por un tiempo de hasta un (1) año, a la espera de asignación de destino. Y si bien, por imperativo legal, el encuadre en tal situación exige que, una vez transcurrido ese lapso, se deba asignar destino al agente o someterlo a la Junta de Calificaciones, no puede soslayarse que, en el caso, el propio actor solicitó su retiro voluntario de la Fuerza antes de que se cumpliera el año previsto en la norma (el actor fue pasado a disponibilidad en mayo de 2004 y su pedido de retiro voluntario es de fecha; conf. fs. 6 y vta. de estas actuaciones y fs. 1 del expte. 457-01-001.497/04). Además, teniendo en cuenta la manifestación que efectuara el actor con relación a la ilegitimidad de la Resolución del Ministerio del Interior nº 670/04, no puede dejar de señalarse que el Tribunal no desconoce la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez Nelson” (Fallos: 335:2066). No obstante, cabe aclarar que dicha doctrina no resulta de aplicación en la especie en atención a que en el presente caso fue el propio actor quien solicitó su pase a retiro de manera voluntaria con anterioridad a su evaluación por la junta de calificaciones, circunstancia que determina que la situación de autos no sea análoga a la allí resuelta .

VI.6.Asimismo, con respecto a la observación formulada por el recurrente en relación a la Orden del día nº 76, corresponde precisar que el pase a situación de retiro voluntario del actor fue dispuesto a partir del 1º de mayo de 2005 por Resolución del Ministerio del Interior nº 525 del 13 de abril de 2005, y que la mencionada Orden del Día nº 76, del 28 de abril del 2005 tuvo por finalidad darle publicidad a la medida.

VI.7. Todas las consideraciones expuestas determinan el rechazo de las pretensiones del actor relativas a que se revise su pase a situación de retiro y a que se declare la nulidad del sumario administrativo y de la sanción que se le impuso.

VI.8. Además, en función de las conclusiones precedentes resulta inadmisible la pretensión del actor de que se le otorguen los grados que le hubiesen correspondido pues, conforme al artículo 80 de la ley nº 21.965, “[s]alvo los casos de cesantía o exoneración posteriores, el retiro es definitivo y produce los siguientes efectos: .a) cierra el ascenso y produce vacantes en el grado y escalafón del causante”.

VII. Por último, en punto a las manifestaciones vinculadas a la imposición de las costas, cabe señalar que tal como han sido formuladas, se limitan a invocar el criterio objetivo de la derrota contenido en el artículo 68 del ordenamiento ritual, por manera que, en razón del modo en que se resuelve la cuestión de fondo, no resultan suficientes a los fines de otorgar carácter de agravio a este acápite de la apelación (arts. 265 y 266, CPCCN). En cuanto a las costas de esta Alzada, no advirtiéndose la existencia de circunstancia alguna que justifique la exoneración, y en tanto no hay duda alguna de que el actor ha resultado perdidoso en el asunto traído a conocimiento del tribunal, corresponde que sean impuestas al recurrente, vencido (art. 68, primera parte, CPCCN).

En mérito a lo expuesto, voto por: rechazar el recurso interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, en cuanto fue materia de agravios, con costas de esta instancia a cargo del recurrente, vencido.

La doctora María Claudia Caputi y el doctor José Luis Lopez Castiñeira adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, en cuanto fue materia de agravios, con costas de esta instancia a cargo del recurrente, vencido. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS MARÍA MÁRQUEZ

MARÍA CLAUDIA CAPUTI