Nulidad del acuerdo extintivo celebrado por escritura pública pues vulnera los principios de irrenunciabilidad de derechos del trabajador

Partes: Barissani Darío Nahuel c/ Huawei Tech Investment Co. Ltd. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 21-mar-2018

Cita: MJ-JU-M-110736-AR | MJJ110736 | MJJ110736

Es nulo el acuerdo extintivo celebrado por escritura pública pues vulnera los principios de irrenunciabilidad de derechos del trabajador y el de buena fe.

Sumario:

1.-Se confirma la resolución que restó eficacia al acuerdo celebrado por las partes, pues tal convenio, suscripto ante un Escribano Público, no fue homologado ni por la autoridad de aplicación ni en sede jurisdiccional, máxime que exhibe un vicio sustancial que lo afecta de nulidad ya que vulnera los principios tutelares que el derecho del trabajo brinda al trabajador, como lo son el de irrenunciabilidad de derechos y el de buena fe, encubriendo por ese medio, un fraude a los derechos del trabajador, e incumpliendo la expresa directiva del art. 15 de la L.C.T.

2.-Se confirma la resolución que hizo lugar a la demanda por despido indirecto que viene apelada por la accionada argumentando que sólo se tomó en cuenta la declaración de un testigo, ya que en realidad se tomaron en cuenta otras declaraciones testimoniales quienes depusieron en sentido análogo al primero y todos ellos afirman que el actor era vicegerente de administración, pero no estaba registrado conforme a tal categoría.

3.-Corresponde desestimar los agravios de la accionada relativos a la condena en los términos del art. 45 de la Ley 25.345, pues habiéndose desestimado sus quejas en torno a la declarada legitimidad del despido indirecto, en la medida en que el actor formuló oportunamente la intimación que prevé el art. 3 del dec. 146/01, el incumplimiento de hacer entrega de los certificados establecidos en el art. 80 de la L.C.T, consignando los datos reales que surgen acreditados en autos, viabiliza la condena por este concepto.

4.-Se confirma la resolución que no tuvo por acreditado los pagos fuera de registro que denunció en su libelo de inicio la parte actora pues pesaba sobre aquella la carga de la prueba conforme al principio que trae el art. 377 del CPCCN. en tanto establece que tal imperativo procesal es prescripto por la ley al litigante a fin de que las afirmaciones hechas resulten verificadas y produzcan convicción en el juez.

5.-Se confirma la resolución que realizó descuentos a la suma de la liquidación final pues si bien el acuerdo de partes resulta nulo, carece de validez como instrumento extintivo de derechos y obligaciones de naturaleza laboral, por imperio del art. 15 de la L.C.T, pero no puede soslayarse el hecho de que tal acto no es inexistente, ya que se celebró ante escribano público, y como instrumento público que es, goza de entera fe, por imperio de lo establecido en los arts. 289 , 290 , 292 , 293 y ccdtes. del CCivCom.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo de 2018, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I. Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Sala para dirimir los recursos de apelación articulados por las partes actora y demandada a fs. 382/384 y 386/391, respectivamente, contra la sentencia dictada a fs. 376/380.

También apela por sus honorarios la perito contadora, a fs. 403.

II. El a-quo hizo lugar a la demanda por despido, porque entendió justificada la decisión del actor de resolver en forma indirecta el vínculo. La accionada se agravia porque considera errada esa decisión.

III. En particular, se queja por el modo en que se apreció la prueba testimonial rendida, que llevó al sentenciante de grado, a partir de los dichos de la testigo Capodoglio (fs. 139), a concluir que en los hechos el actor ejercía las tareas de vicegerente de administración, pero no estaba registrado conforme a tal categoría.

No le asiste razón. El juez de primera instancia no sólo tomó en cuenta la declaración de la testigo referida, sino también la de los testigos Blanco (fs. 257) y Leira Quiroga (fs. 259), quienes depusieron en sentido análogo al primero. En efecto, todos ellos afirmaron que el actor era vicegerente de administración y tenía responsabilidades similares y mayor número de empleados a su cargo que los otros vicegerentes de la empresa, al tiempo que describen las tareas que aquél realizaba.

No se me escapa que las testimoniales fueron oportunamente impugnadas pero, a mi entender, tales descalificaciones fueron acertadamente desestimadas en el decisorio recurrido, y el quejoso no aportó nuevos elementos en su memorial, que permitan apartarse de las conclusiones referidas, las que comparto.

IV.Se agravia también porque en la sentencia no se tuvo en cuenta que el despido indirecto en que se colocó el actor es improcedente porque no hubo silencio de su parte frente a la intimación, sino que, por el contrario, se respondió y el actor rechazó su misiva.

De las constancias obrantes en el expediente no se desprende la veracidad de tal afirmación, pues la demandada aportó como prueba una carta documento (que obra en el sobre de fs. 29) con la respuesta a la primera intimación formulada por el actor. El informe que se observa en tal instrumento es que “no fue reclamado”, por lo que se debería interpretar que se dejó aviso en el domicilio para que se retire en sede del Correo. Pero lo cierto es tales especulaciones caen frente a la realidad de los elementos obrantes en la causa ya que, sin perjuicio del desconocimiento de dicho documento por parte del actor, la demandada no diligenció la prueba informativa al correo – conf. art. 377 C.P.C.C.N. (ver fs. 78 94/95 y ss.), y la producida a fs. 110 da cuenta únicamente de la suerte de los telegramas emitidos por la parte actora.

En vista de lo cual no puedo más que concluir que la queja carece de sustento fáctico, por lo que propongo su desestimación.

V.Objeta también la liquidación del capital de condena, mas expresa su disconformidad sin explicar ni discernir cuáles serían los rubros y montos que considera correctos (en particular cuál sería la base de cálculo a los fines de las indemnizaciones derivadas del despido) ni la suma final que correspondería diferir a condena, en el supuesto de acogerse los recursos que articuló.

Tal presentación, entonces, no constituye una crítica razonada y concreta de los fundamentos del decisorio de grado, requerida por el artículo 116 de la Ley 18.345 como medida de la suficiencia del recurso, ya que no excede del limitado marco de la exteriorización de una disconformidad subjetiva, que no alcanza la calidad de expresión de agravios. Por ello debe ser considerado desierto, de acuerdo con la norma procesal citada.

VI. También discrepa con la valoración que del acuerdo celebrado por las partes hizo el a-quo.

Es claro que su planteo es errado, pues tal convenio, suscripto ante un Escribano Público no fue homologado ni por la autoridad de aplicación ni en sede jurisdiccional, Además exhibe un vicio sustancial que lo afecta de nulidad, pues vulnera los principios tutelares que el derecho del trabajo brinda al trabajador, como lo son el de irrenunciabilidad de derechos y el de buena fe (arts. 12, 62 y 63 de la LCT). Por ello, el acto resulta ineficaz, toda vez que encubre, por ese medio, un fraude a los derechos del trabajador (en sentido análogo esta Sala, SD 36.301 “Juri Alejandro Sergio c/ Petrobras Energía S.A. s/ acción ordinaria de nulidad”), e incumple la expresa directiva del art.15 de la L.C.T., en cuanto dispone que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de ésta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes.

En esas condiciones entiendo que es correcta la decisión de grado en tanto le restó eficacia al acuerdo invocado. En definitiva, de compartirse mis conclusiones, debería confirmarse lo resuelto en la instancia previa.

VII. El tratamiento del segundo y cuarto agravios deviene inoficioso, pues los planteos que allí se no hacen más que reiterar los argumentos esgrimidos en las cuestiones ya examinadas.

VIII. Objeta la accionada la condena en los términos del art. 45 de la ley 25.345, mas no le asiste razón porque, habiéndose desestimado sus quejas en torno a la declarada legitimidad del despido indirecto, en la medida en que el actor formuló oportunamente la intimación que prevé el art. 3 del Dec. 146/01, el incumplimiento de hacer entrega de los certificados establecidos en el art. 80 de la L.C.T, . consignando los datos reales que surgen acreditados en autos, viabiliza la condena por este concepto. Propongo, en consecuencia, se desestimen los agravios vertidos en su relación.

IX. También lo hace respecto de la multa del art. 2 de la ley 25.323, objeción que no puede más que rechazarse, ya que en el sub-lite se exhiben configurados los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la aplicación de la multa prevista en la norma.

X.Con relación a la queja expuesta en el Quinto agravio, cabe señalar que, en su primera parte, alude a cuestiones distintas a las juzgadas por el a-quo y por las que no hubo pronunciamiento alguno y, respecto de lo planteado en el último párrafo, se encuentra desierta, toda vez que no rebate adecuadamente el fundamento de la sentencia, el que se sustenta en una Acordada de la Excma. Cámara (conf. art. 116 L.O.) que no cuestiona.

XI. A su turno la actora se agravia porque no se tuvieron por acreditados los pagos fuera de registro que denunció en su libelo de inicio y porque se rechazaron los rubros pedidos con fundamento en la ley 24.013.

Este párrafo con relación a la última cuestión, debería declararse la deserción del recurso, pues el actor en momento alguno impugna el fundamento de la desestimación en grado, esto es que, en el sub-lite, no se configuran los supuestos contemplados en los arts. 8. 9 o 10 de la LNE.

En torno a los pagos fuera de registro, debo comenzar por decir que el juez goza de amplias facultades para valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales (conf.: art. 386 y 456 del Código Procesal), sistema adoptado por nuestra ley procesal que no resulta compatible con el conocido principio “testis unus testis nullus”. que consagraron las Leyes de Partidas por influencia del derecho canónico y que, actualmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que aquella máxima es inaplicable, pues la ley no determina ni tarifa el valor de la prueba testimonial, y la declaración de un testigo único puede fundar una sentencia si merece fe (conf. Alsina, H. “Derecho Procesal”, t. III, núm. 50, pág. 647 y sgte.; Palacio, L.E. “Manual de Derecho Procesal”, pág. 491 , núms. 269 y sgtes.; Kielmanovich, J.L. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado,” t. II, coment. art. 425, punto 3, pág. 701 y sgte.- véase en el mismo sentido Sala “F” en causas libres n°s 370.513 del 10/07/2003 y 438.144 del 07/04/2006, entre otras-). En este orden de ideas considero que el actor debió aportar otros elementos que ratifiquen los dichos de Capodoglio, pues sobre aquél pesaba la carga de la prueba conforme al principio que trae el art. 377 del Código Procesal en tanto establece que tal imperativo procesal es prescripto por la ley al litigante a fin de que las afirmaciones hechas resulten verificadas y produzcan convicción en el juez.

Esta Sala tiene dicho, en concordancia con lo sustentado por la Corte Suprema, que “.Para la valoración de la prueba testimonial deben seguirse las reglas de la sana crítica, es decir que el juez debe apreciarla con criterio lógico, no exento de rigor, evitando un análisis fragmentado y teniendo especialmente en cuenta la conexión que exhiban los testigos entre sí, la razón del conocimiento de los hechos sobre los que exponen, la necesaria relación temporal entre ellos, su armonización con los demás medios probatorios allegados al expediente y, finalmente, su coherencia con el relato de los hechos efectuado por las partes en los escritos constitutivos del proceso, circunstancias que imponen descartar aquellos que revelen exageraciones, se refieran a hechos no alegados e incluso hasta difieran con lo manifestado oportunamente por cada una de ellas. Es indudable, además, que el juzgador puede echar mano a las denominadas máximas de la experiencia y a un elemental sentido común (C.S.J.N. “Dadi Criado, Edgardo M. y otro”, 2/7/91). Sentencia n° 38431 del 14/9/11 en causa n°16.873/08 “Francolino Ju an Osvaldo c.Swiss Medical SA s/despido”.

Por lo que se ve, no hay en autos elementos de trascendencia, que demuestren los extremos invocados en el escrito de inicio y que constituyan indicios que determinen la verosimilitud de los hechos esgrimidos, los pagos fuera de registro y los argumentos que esgrime el recurrente no ameritan revisar lo decidido en grado.Tal como se sostuvo en la instancia previa, además de lo declarado por la testigo Capodoglio, no hay en la causa otros elementos a los fines de tener por demostrada la existencia de pagos fuera de registro. La referencia a la declaración de Leira Quiroga constituye la transcripción de un párrafo fuera de contexto, pues la citada testigo, al aludir a los Allowances, afirma que “había un pago a la gente que viajaba aparte del salario con recibo” pero en ningún momento dice que tal pago no fuere documentado o conformara parte de la remuneración. Y, por otra parte, la testigo continuó su declaración expresando que “.era una compensación por viaje. Que se liquidaba cuando cada empleado hacía la liquidación de su viaje.” (fs. 279); de lo que se puede inferir que tales sumas no integrarían la remuneración en los términos del art. 103 de la L.C.T., sino que, a todo evento, se encontrarían en las previsiones del art. 106 del mismo cuerpo legal, como compensación de gastos.

En función de las consideraciones efectuadas y las contenidas en el fallo recurrido, si mi voto fuese compartido propongo se confirme la sentencia en el aspecto que se trata.

XII. Se agravia el actor porque el a-quo descontó la suma de $ 50.000.- de la liquidación final, sosteniendo que el instrumento donde se plasma el acuerdo habido entre las partes es nulo y, a su vez, que no existe constancia alguna del pago de la suma descontada.

Ello no es así. El acuerdo celebrado entre las partes carece de validez como instrumento extintivo de derechos y obligaciones de naturaleza laboral, por imperio del art. 15 de la L.C.T. Sin embargo no puede soslayarse el hecho de que tal acto no es inexistente, pues se celebró ante escribano público, constituyendo la escritura que acompañó la demandada con su prueba documental un instrumento público, que goza de entera fe, por imperio de lo establecido en los arts. 289, 290, 292, 293 y conc.del Código Civil y Comercial, que replican lo prescripto en los arts. 979 y 980 del Código de Vélez. Por ello, teniendo en cuenta que no ha sido argüido de falso – único modo de desvirtuar su validez-, las atestaciones que allí se consignan hacen plena fe respecto de las circunstancias de las que da cuenta.

En ese orden de ideas, toda vez que el Escribano Público actuante consignó que el Sr. Curutchet, comprador del vehículo de propiedad de la demandada, le abonó al actor la suma de $ 50.000.- que éste no entregó a Huawei, no cabe duda alguna que la suma antedicha ingresó al patrimonio del trabajador en la oportunidad de la venta y pago por parte del tercero, con lo cual, a mi criterio, se encuentra plenamente acreditado el pago indirecto. Por lo tanto, de conformidad con lo previsto por el art. 260 de la L.C.T., la decisión de detraer del monto final de condena la suma cobrada por el acto, es ajustada a derecho, ya que disponer lo contrario implicaría convalidar un enriquecimiento sin causa a favor de Barissarii. En ese contexto, entiendo que debe rechazarse el agravio de la actora.

XIII. De conformidad con lo establecido por el art. 68 del C.P.C.C.N., no corresponde modificar la imposición de costas a la parte demandada y, con relación a los recursos por honorarios, considero que las regulaciones efectuadas en grado son adecuadas y no deben ser objeto de corrección. Auspicio, en consecuencia, que se confirmen.

Asimismo, propongo que las costas de Alzada se impongan por su orden, en atención al resultado de lo recursos y se regulen los honorarios de los profesionales que suscribieron los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de los que les corresponda por su actuación en la instancia inferior.

XIV.Con respecto a los intereses fijados en grado, a partir de la última publicación de la tasa que el Banco Nación aplica para préstamos de libre destino, plazo 49 a 60 meses, se devengará sobre el capital de condena la tasa del 36% (conf. Acta 2630 CNAT del 27/04/2016) y, desde el 1º de diciembre de 2017 se aplicará la Tasa activa efectiva anual vencida, Cartera General Diversas, del Banco Nación (conf. Acta CNAT Nº 2658 del 8/11/2.017).

XV. Sobre la base de los fundamentos expuestos, propongo se confirme la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de recurso, con la salvedad formulada en el considerando que antecede en relación con los intereses; se impongan las costas de Alzada por su orden y se regulen los honorarios de los profesionales que suscribieron los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de lo que les corresponda por su actuación en origen.

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia de primera instancia, con la salvedad de lo dispuesto en el considerando XIV.

2. Imponer las costas de Alzada por su orden.

3. Regular los honorarios de los profesionales que suscribieron los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de lo que les corresponda por su actuación en origen.

Regístrese, notifíquese y, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/5/13 y, oportunamente, devuélvanse.

AND

VICTOR A. PESINO LUIS A. CATARDO

JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

SANTIAGO DOCAMPO MIÑO

SECRETARIO