Se revoca la sanción al empleador, pues el trabajador despedido era un pésimo dependiente y abusaba de su autoridad maltratando al personal

Partes: A. A. A. c/ Hoteles Rodney Sociedad de Responsabilidad Limitada s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 16-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-110557-AR | MJJ110557 | MJJ110557

Se juzga improcedente la sanción del art. 2° de la Ley 25.323 pues el trabajador despedido era un pésimo dependiente y abusaba de su autoridad maltratando al personal femenino.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la resolución que hizo lugar a la sanción impuesta por el art. 2º de la Ley 25.323 pues las personas que declaran en autos corroboran que el trabajador despedido fue un pésimo dependiente que abusaba de su autoridad para maltratar al personal femenino, resultando operativo el segundo párrafo del mencionado artículo; por lo que corresponde la reducción del monto de condena.

2.-En función de las facultades del juez instituidas por el segundo párrafo del art. 2° de la Ley 25.323, se juzga que el demandado debe ser eximido del pago de la sanción establecida en la citada norma, pues la testimonial producida demuestra que el actor es un sujeto incapaz de integrar una comunidad de trabajo.

3.-Se confirma la resolución que hizo lugar al reclamo indemnizatorio por despido del trabajador que era un pésimo dependiente y abusaba de su autoridad, cuestión que el juez a quo no negó, pues los antecedentes negativos no pueden computarse a falta de un último incumplimiento laboral que pudiera servir como detonante del acto rescisorio, máxime que los otros incumplimientos ya habían sido sancionados y la apelante no discute que juega en beneficio del trabajador el principio non bis in ídem.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

La demandada se agravia del fallo condenatorio, entiende improcedente la sanción impuesta por el art. 2º de la ley 25.323 y pide rectificación de lo decidido en materia de costas, mientras que la perito contadora solicita elevación de los emolumentos regulados.

El primer agravio no puede ser receptado pues, pese a la frondosidad del memorial apelatorio y las citas pretorianas realizadas, no existe una crítica concreta y razonada del pronunciamiento emitido en primera instancia en los términos prescriptos por el art. 116 de la LO.

El juzgador no negó que el trabajador fuese un pésimo dependiente y que mereciese el despido sino que, simplemente, afirmó que los antecedentes negativos no podían computarse a falta de un último incumplimiento laboral que pudiera servir como detonante del acto rescisorio y que tal inconducta no podía ser acreditada por la simple denuncia imprecisa de un tercero, esto es el Sindicato La Fraternidad que se habría apoyado en la versión dadas por terceros (ver considerandos de fs. 248/9) No puede discutirse que hubo una queja del Sindicato (ver nota de fs. 42) atribuyendo al accionante no haber efectuado reservas solicitadas por afiliados de la entidad pero los supuestos perjudicados no han declarado en autos -los testigos que cita la apelante fueron compañeros del trabajador y relatan otros incumplimientos- y lo que exige la legislación social es que, en casos como el que nos ocupa, el empleador acredite la existencia de un último hecho injuriante que pueda servir como detonante del despido, máxime cuando los otros incumplimientos ya habían sido sancionados y la apelante no discute que juega en beneficio del trabajador el principio non bis in ídem (arts. 67 y 242 de la LCT, conf.Ramírez Bosco, Luis, “Manual del despido”, p. 74).

No obstante ello, las personas que declaran en autos corroboran que el actor fue un pésimo dependiente que abusaba de su autoridad para maltratar al personal femenino que trabajaba en el hotel y, en la materia, resulta operativo el segundo párrafo del art. 2º de la ley 25.323. Obsérvese que, conforme mandato legislativo, “si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago”.

Lo predicado por la norma justifica que se exima a la apelante del pago de la sanción referida porque la testimonial producida demuestra que estamos ante un sujeto incapaz de integrar una comunidad de trabajo (ver declaraciones en fs. 106, “el actor se burlaba de las mucamas, las apodaba pata sucia, la gordi, la chancha, los maltratos verbales eran con nosotras”; fs. 108, “era una persona soberbia, le dijo a N. cucaracha culo grande y la dicente estaba presente” y fs. 109, “trataba mal a las personas, su inconducta consistía en maltratos verbales, tenían sobrenombres todos, una vuelta encerró a una compañera y no la dejaba salir”).

Cabe señalar que las leyes cumplen distintas funciones en la sociedad, a saber: a) normativas por cuanto establecen derechos y obligaciones exigibles a los individuos que integran la comunidad; b) culturales, toda vez que expresan todo lo que la comunidad política considera valioso y legítimo o, en su caso, perjudicial y nocivo y c) docentes, toda vez que muestran el “deber ser” comunitario educando a las personas en el cumplimiento de conductas que se consideran ejemplares. Se ha señalado, en tal sentido, que en épocas de alto desempleo y ante una gravísima situación social que se traduce en un alarmante incremento de los índices de pobreza, el legislador puede recurrir a instrumentos legales para desalentar tanto las cesantías injustificadas como la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del despido arbitrario.

Por ello, el art.2º de la ley 25.323 no restringe la potestad que tienen el empleador de denunciar el contrato de trabajo con invocación de justa causa, sino que procura que se haga un uso funcional de la facultad de despedir y que se obre de buena fe aún en ocasión de extinguir el contrato de trabajo, lo que torna admisible la exoneración o reducción de la sanción impuesta en los casos en que exista una controversia seria y fundada sobre la causal del despido (CNTr. Sala III, 18/6/02, “Martínez, María Jimena c/Kapelusz Editora SA”, DLE 2003-XVII-650) En el “sub-lite, puede decirse que el accionante violó el deber ser comunitario y se explica que se aplique en beneficio de la empleadora el último párrafo del art. 2º de la ley 25.323

Por ello entiendo que el monto de condena debe reducirse a $ 50.136,62 y ello sin perjuicio de que deba mantenerse la imposición de costas ya que el actor triunfó en lo principal del litigio y la imposición dispuesta deriva de la derrota objetiva sufrida (art. 68 CPCC; Fenochietto, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, p. 131) y, en el caso, el sentenciante tomó como valor del litigio el monto de condena.

En cuanto a los honorarios impugnados cabe su confirmatoria por ser equitativos los fijados (art. 38 LO).

En síntesis, entiendo corresponde: 1) Modificar el fallo de primera instancia reduciendo el monto de condena a $ 50.136,62; 2) Confirmar la imposición de costas y los honorarios impugnados; 3) Imponer las costas de alzada por su orden atento el resultado obtenido y 4) Fijar los honorarios de representación y patrocinio de los litigantes, por las tareas de alzada, en el 25% de la suma fijada en la instancia anterior.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la Ley 18.345), EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar el fallo de primera instancia reduciendo el monto de condena a $ 50.136,62; 2) Confirmar la imposición de costas y los honorarios impugnados; 3) Imponer las costas de alzada por su orden atento el resultado obtenido y 4) Fijar los honorarios de representación y patrocinio de los litigantes, por las tareas de alzada, en el 25% de la suma fijada en la instancia anterior.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

CARLOS POSE

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

ANTE MÍ:

FABIANA S. RODRIGUEZ

SECRETARIA