La nueva ley jubilatoria. ¿Despojo o sustentabilidad?

Autor: Binstein, Gabriel

Fecha: 1-mar-2018

Cita: MJ-DOC-12755-AR | MJD12755

Sumario:

I. Introducción. II. La sustentabilidad. III. La Ley 27.260. IV. Nueva ley jubilatoria. V. Las «novedades» del nuevo cuerpo normativo. VI. Colofón.

Doctrina:

Por Gabriel Binstein (*)

I. INTRODUCCIÓN

La pregunta es una interpelación al sistema político, el que debiera dar solución a la cuestión. Tiempo atrás abordamos el tema (cita: MJ-DOC-10635-AR I ). Señalamos que la sustentabilidad del sistema jubilatorio merece debate en muchas partes del mundo. La respuesta difiere en general cuando se trata de sistemas públicos o de reparto y el privado. Recordemos el ruinoso fracaso del las AFJP y el sistema privado que intentó en la década del noventa instalarse en el país. Vale también indicar que el reparto, a pesar de notorios y gruesos errores de gestión, resulta integrativo del entramado social.

Surge con claridad entonces, la necesidad de discutir el modelo económico del país y acordar políticas de estado que defiendan los intereses generales de la población. Este debate está pendiente.

II. LA SUSTENTABILIDAD

En la publicación mencionada, enfatizaba que la carencia de aportes al sistema de la seguridad social es una realidad en la actividad económica, produciendo efectos graves. La cuestión pasa entre otras cosas, por el mundo del trabajo informal, la pobreza (INDEC 32,2% de la población), trabajo precario, envejecimiento de los habitantes, los cambios de conducta sociales disminuyendo nacimientos. Cabe recordar que los cálculos actuariales, sobre la base de las mediciones de cada época, determinaron la obtención del beneficio jubilatoria a los 65 años el hombre, con eventual opción hasta los 70 y los 60 en la mujer con -también- eventuales extensiones.

No hay duda de que este es un camino sin retorno y el promedio de vida se extenderá.

III. LA LEY 27.260

La norma es del año 2016 y en lo esencial dispone un blanqueo fiscal determinando un plan de recomposición de haberes de algunos jubilados, ordenó crear un Consejo de Sustentabilidad Previsional, con la tarea de elaborar un proyecto de reforma integral del sistema jubilatorio, el que debería concretarse para el año 2019.

IV.NUEVA LEY JUBILATORIA

Se trata de la que lleva el número 27.426 , aprobada a fines del año 2017, en tormentosas sesiones legislativas, y en el marco de protestas en la calle. Anticipo la dudosa constitucionalidad de la norma de marras, habida cuenta de gruesos errores que sustentan esa ley.

No obstante, huelga señalarlo, el resultado final hasta la resolución de los planteos, distará mucho en el tiempo.

V. LAS «NOVEDADES» DEL NUEVO CUERPO NORMATIVO

Veamos algunas muy relevantes. Desde 2018 regirá el nuevo sistema de actualización del valor de los haberes del sistema jubilatorio nacional, las asignaciones por hijo, el salario familiar y las pensiones no contributivas. Precisemos algunos lineamientos:

1. La nueva fórmula de movilidad

Es una suma que contempla el 70% de la variación trimestral registrada en el índice de precios del INDEC y el 30% de la evolución que en el mismo tiempo haya tenido el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

2. Frecuencia de los ajustes

Serán trimestrales; es decir, marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Para determinar en marzo del 2018 se considerará la fórmula de variación de salarios y precios en el tercer trimestre del año anterior.

3. La transición de un sistema al otro

El sistema vigente hasta la sanción de la Ley 27.426 determinaba dos ajustes por año, en marzo y septiembre respectivamente. El actual tendrá una frecuencia trimestral, pero arrastrando un atraso de seis meses en cuanto al tiempo de referencia. Ese rezago no tiene prevista una recuperación; ergo, se exterioriza en una pérdida. Según la información proyectada del Ministerio de Trabajo, las jubilaciones durante 2018 recibirían una suba nominal acumulada del 21,8%. Si se compara con el sistema anterior, se verifica una diferencia de aproximadamente 5 puntos por debajo. Obviamente esta comparación enunciativa puede ser afectada severamente por la anualidad inflacionaria, a mayor inflación se corresponderá con pérdidas aumentadas en los beneficiarios de las prestaciones.

4.La edad jubilatoria

La nueva ley determina que la facultad del empleador para intimar a un dependiente para iniciar los trámites de su jubilación, solo podrá ejercerse a partir del cumplimiento de los 70 años. Como indica el art 252 de la LCT, a partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año. Hasta el presente, la intimación se podía hacer desde el momento en que el dependiente cumplía la edad mínima para jubilarse. La nueva norma no modifica la edad jubilatoria, tan solo impide que la empresaria obligue al empleado a retirarse apenas cumplido el requisito mínimo.

5. Eventuales acciones en la justicia

Más arriba, anticipamos opinión respecto a gruesas fallas respecto de la constitucionalidad de la nueva norma. Al respecto, hay acciones individuales y, también, las colectivas. Con relación a estas últimas, las demandas quedarán radicadas ante un único juez, el número dos del Fuero Federal de la Seguridad Social. La decisión fue tomada por el Juez a cargo a pedido de la ANSES, que se presentó en una causa en trámite por ante ese Juzgado, aplicando la Acordada 12/16. En tal sentido, el magistrado resolvió que las acciones de índole colectivas «sean remitidas de manera urgente por ante este juzgado conforme la Acordada 12/16».

VI. COLOFÓN

El Gobierno oficializó un aumento de 5,71% para las jubilaciones y pensiones a partir de marzo de este año. El porcentaje surge de la aplicación de la nueva fórmula prevista en la ley y por la resolución del Ministerio de Trabajo 2/2018. El cálculo es desfavorable para los beneficiarios del sistema. De haberse aplicado el sistema anterior la suba habría sido del 12,65%. Surge con cruel evidencia el despojo al sector y la búsqueda del saneamiento de las finanzas públicas a través del sacrificio de la población pasiva.

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(*) Abogado (Diploma de Honor), UBA. Posgrado en Asesoría Legal de Empresas (Facultad de Derecho, UBA). Profesor consulto, UBA y UNLM. Asesor Académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Jurado del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha dictado cursos, seminarios y conferencias en la Argentina, los Estados Unidos, Cuba, Brasil, Uruguay y en Chile. Es autor de libros y de más de un centenar de artículos en diarios y en revistas especializadas.