Se presume que el embarazo de la trabajadora fue la causa de su despido, dada la inmediatez del distracto luego de la notificación de su estado

Partes: Frías Silvina María Belén c/ LX Argentina S.A. s/ ind.

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 26-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108477-AR | MJJ108477 | MJJ108477

Se presume que el embarazo de la trabajadora fue la causa de su despido, dada la inmediatez del distracto luego de la notificación de su estado.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que admitió la indemnización agravada contemplada en los arts. 178 y 182 de la LCT., pues la inmediatez entre el aviso de embarazo y el despido dispuesto por la patronal constituye presunción suficiente de que la rescisión obedeció a aquél, habiendo cumplido la actora con el requisito de notificación, y no habiendo la demandada desvirtuado mediante prueba en contrario dicha presunción.

2.-La presunción hecha operativa en el caso, en el sentido que todo despido dispuesto dentro el plazo de 7 y medio meses anteriores o posteriores a la fecha de parto obedece a razones de maternidad o embarazo, resulta irreprochable, estando cumplido el recaudo legal exigido en el art. 178 de la LCT., dando lugar el despido de la trabajadora a la indemnización especial prevista en el art. 182 de la LCT.

3.-En materia de comunicaciones, no siendo exigible un conocimiento efectivo y siendo suficiente que llegue a la esfera de conocimiento del receptor, la responsabilidad no puede hacerse jugar sino después de vencido el plazo al efecto conferido por la reglamentación interna del Correo Argentino, -5 días hábiles posteriores al segundo aviso-, respecto del envío de la carta documento de notificación del distracto.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los veintiseis días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº EXP 96141/13, caratulado: “FRIAS SILVINA MARIA BELEN C/ LX ARGENTINA S. A. S/ IND.”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan. EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones Laboral de esta ciudad (fs.170/176) que, en lo que aquí concierne, al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada confirmó la decisión de origen en cuanto a la admisión de la indemnización agravada contemplada en los arts. 178 y 182 de la LCT, y modificó la imposición de las causídicas, la demandada -por intermedio de su apoderado- interpone el recurso de inaplicabilidad de ley en análisis (fs.178/183 y vta.).

II.- Satisfechos los recaudos formales previstos en el art. 102 y 104 de la ley 3540, corresponde analizar los agravios que motivan el alzamiento en esta sede extraordinaria local.

III.- Recurre por la causal de arbitrariedad de sentencia. Dice que el decisorio impugnado incurrió en una grosera violación de lo dispuesto en los arts. 177 y 178 de la LCT y en una inadmisible e inexcusable arbitrariedad.Descalifica los argumentos expuestos por “el a-quo” por considerar que resolvió la cuestión basándose exclusivamente en el análisis de las comunicaciones remitidas por ambas partes el día 23.09.2013, como en apreciaciones dogmáticas carentes de verdadero contenido, ignorando las constancias de autos, razones que lo conducen a tacharlo de incongruente. Considera que no se cumplieron los requisitos exigidos por la normativa referida para tornar operativa la presunción legal, pues no se acreditó el presunto estado de gravidez de la trabajadora ni el alumbramiento. Relata lo acontecido a partir del día 23.09.13, oportunidad que decidió prescindir de los servicios de la actora (CD Nº 33795518) y -a su entenderocurrido con anterioridad a la recepción del TCL Nº 83392133 y del anoticiamiento del estado de embarazo. Insiste en haberse soslayado la falta demostración del “hecho mismo del embarazo” con el correspondiente certificado médico. Finalmente, se disconforma con la imposición de costas. Solicita la revisión y modificación de aquella en ambas instancias, por considerar que no se ajusta a lo normado en el art.88 de la ley ritual.

IV.- El recurso de inaplicabilidad de ley en análisis no prosperará por los siguientes fundamentos. No obstante el esfuerzo recursivo desplegado, no alcanzan las objeciones entidad suficiente para probar la existencia de un apartamiento arbitrario de las constancias producidas en autos, menos aún la ocurrencia de un caso de violación de lo consagrado en los artículos pertinentes de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a la previsión de exigir la notificación del estado de gravidez de la trabajadora a fin de tornar operativa la indemnización agravada (arts. 177, 178 y 182 de la LCT). La Cámara, al igual que el primer juez, recepta la indemnización por embarazo a pesar de disentir con las inferencias de aquél, brindando sus propios argumentos para así confirmar la pretensión actoral.En su razonamiento acudió, bien lo hizo, al carácter recepticio de las comunicaciones epistolares a fin de desentrañar la oportunidad en que la notificación del estado de gravidez entró a conocimiento de la patronal y de este modo evaluar el modo de extinción del contrato de trabajo para así encuadrar el hecho en la normativa vigente de aplicación al caso. Carácter recepticio que equivale a decir que la declaración de voluntad contenida en la misiva se consolida jurídicamente cuando llega a conocimiento de su destinatario. Esto significa que el acto no se considerará perfeccionado hasta que la comunicación llegue a conocimiento real o presunto de la parte. Y así, resulta suficiente el hecho de que la recepción haya tenido lugar en condiciones tales que el destinatario debería, usando una diligencia normal, tener conocimiento de la comunicación que le ha sido dirigida. Es que según la teoría de la recepción, el acto jurídico se considerará perfeccionado cuando la notificación es recibida por el destinatario o llegue a la esfera de su conocimiento. Y con estos parámetros evaluó la Cámara las notificaciones cruzadas, aplicando la reglamentación interna del Correo Argentino acerca de los avisos (primero y segundo) de las Cartas Documentos.En efecto, conforme sucedieron los hechos, centró su análisis en las distintas misivas remitidas por las partes el día 23.09.13 (TCL N°83392133 y CD N°3327955518) y descartó toda posibilidad que la notificación del despido surtiera efectos con anterioridad a la comunicación de la actora de su estado de gravidez (lo cual ocurrió el 24.09.13); ello en virtud de que en materia de comunicaciones (no siendo exigible un conocimiento efectivo y siendo suficiente que llegue a la esfera de conocimiento del receptor) la responsabilidad no puede hacerse jugar sino después de vencido el plazo al efecto conferido por la reglamentación interna del Correo Argentino (5 días hábiles posteriores al segundo aviso), respecto del envío de la Carta Documento de notificación del distracto, análisis que, de acuerdo como lo hizo el anterior sentenciante, no reprochado idóneamente, fue posterior a la notificación efectuada por la actora a través del telegrama colacionado recibido por la patronal el 24.09.13.

V.- Reitero, en el concreto caso, sin soslayar que ambas comunicaciones (TCL notificando la dependiente el estado de gravidez y la CD comunicando el despido) fueron enviadas el mismo día (23.09.13), dado su carácter recepticio, reparó el inferior que mientras el primero fue recepcionado el día 24.09.13, con relación a la segunda -la Carta Documento de la patronal- el correo dejó ese día un primer aviso de visita y el segundo al día siguiente. En ese contexto, la mentada misiva recién surtió efecto después de vencido el plazo previsto por la reglamentación interna citada. Tal razonamiento llevó a concluir -acertadamente- que la comunicación de embarazo cursada por la trabajadora mediante TCL Nº 83392133 de fecha 23.09.13 fue anterior al distracto.A ello se suma la inmediatez entre el aviso de embarazo y el despido dispuesto por la patronal, constituyendo presunción bastante de que la rescisión obedeció a aquél, habiendo cumplido la actora con el requisito de notificación, no habiendo la demandada desvirtuado mediante prueba en contrario dicha presunción.

VI.- Esta fundamentación no logra ser desvirtuada por la demandada, siendo inatendible la pretendida impugnación en torno a la no presentación del certificado médico a la causa, desde que dicho recaudo fue cumplimentado a través del TCL Nº 83392133 de fecha 23.09.13 donde se transcribió el mismo, poniendo la actora a disposición de la patronal el mismo, por lo cual quedó a arbitrio de la ahora quejosa requerir su entrega o constatar la veracidad de lo denunciado (arts. 62, 65 y 210 de la LCT).

VII.- De esta manera, cumplido el recaudo de la comunicación y habiendo fundamentado el “a-quo” sólidamente su decisión, aparecen escasas las objeciones de la impugnante para atravesar la valla de la excepcionalidad propia del recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento, sin lograr demostrar las causales sostenidas en su memorial como habilitantes de aquella. Y ello resulta así, en tanto y en cuanto los motivos por los que se puede canalizar esta senda están plasmados en el artículo 103 de la ley 3540 y operan cuando la decisión viola o aplica falsa o erróneamente la ley.También -pese a la estrechez de este artículo- cuando se configura un supuesto de arbitrariedad de sentencia, resultando sabido que este Superior Tribunal de Justicia amplió el limitado marco “de derecho” que impone esa norma cuando la apertura se hace imprescindible para resguardar la debida motivación del fallo, en lo atinente a su legalidad, logicidad y completividad, causales que se han planteado por vía de la admisión de la doctrina del absurdo y de la arbitrariedad o por conducto del de control de la infracción de las reglas de la carga de la prueba (S.T.J., Ctes., Sentencia Laborales N°17/ 2012 y 42/ 2017). Más, el “sub-examine” no evidencia la ocurrencia de alguno de esos vicios, siendo la decisión de Cámara derivación razonada del derecho vigente con arreglo a lo comprobado en la causa.

VIII.- La presunción hecha operativa en el caso en el sentido que todo despido dispuesto dentro el plazo de 7 y medio meses anteriores o posteriores a la fecha de parto obedece a razones de maternidad o embarazo, resulta irreprochable, estando cumplido el recaudo legal exigido en el art.178 de la LCT, dando lugar el despido de la trabajadora a la indemnización especial prevista en el art. 182 de la LCT. A todo evento, no debe olvidarse que se está ante una presunción iuris tantum, desde que admite prueba en contrario por parte del empleador operando una inversión de la carga probatoria. Esto significa que la ley, a la vez que dispensa de prueba a la trabajadora (quien debe demostrar sólo los presupuestos de aplicación de la norma), obliga al empleador a acreditar en juicio que el despido responde a causas distintas de la maternidad o el embarazo, extremo que no se dio en el sub-lite. Finalmente repárese que la decisión de Cámara no solamente se ajusta a las constancias de autos a las cua les se aplicó la legislación interna (arts.177 y 178 de la LCT), sino que la misma resulta derivación del principio “pro-homine”, armonizando el fallo con el esquema actual internacional, directriz aquél que sostiene la teoría de los derechos humanos. Dicho esquema fortaleció además los derechos de la mujer embarazada, de tal manera que el despido en esta condición producido dentro del lapso de estabilidad garantizada por el art. 11 inc. a) de la “Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer” (art. 75, inc. 22 de la C.N), importa una conducta discriminatoria y reprochable. El cumplimiento de ese recaudo, en las condiciones acaecidas y resueltas en el supuesto analizado por la Cámara, acarreó la procedencia de la indemnización agravada.

IX.- Firmes las premisas que anteceden relativas al agravio analizado, en lo concerniente a la impugnación de las causídicas tampoco la queja traída a consideración resulta suficiente pues las objeciones realizadas en cuanto a la forma de decidirlas el “a quo” en ambas instancias de grado, no demuestran la configuración del vicio de ilegalidad endilgado, tampoco una inequitativa distribución, únicos supuestos que, de haber sido probados, autorizarían al Alto Cuerpo hacer excepción del principio general de la irrevisibilidad de estas cuestiones, dado su carácter fáctico y procesal. En efecto, cabe recordar el criterio inveterado de este Superior Tribunal de Justicia en materia de costas, siendo por regla irrevisables los planteos en la instancia extraordinaria en tanto implican aspectos de hecho y prueba en cuya evaluación son soberanos los jueces de grado (ver, en lo pertinente, Sentencias de este STJ, Fuero Laboral, nros.33/2004; 17/2008; 51/2011 y 57/2011 entra tantas otras). Siempre -claro está-, que no se advierta la ocurrencia de alguna excepción al principio general que conduzca a su apartamiento, pues no menos cierto es que este Tribunal no ha quedado impasible en situaciones de clara violación de la ley (verbigracia cuando se carga con las costas a quién no resultó vencido); o frente a una manifiesta iniquidad en los criterios de distribución (S.C.B.A., noviembre 15-977, “Sociedad Mixta Siderúrgica c. Infante”, Ac. 24.275, Der., boletín 4550, citado por Juan Carlos Hitters, Recurso Extraordinarios y de la Casación, 1991, pág. 308 y pág. 439 especialmente).

X.- La Cámara hizo una correcta apreciación de la cuestión y adecuó lo pretendido y rechazado a la solución brindada, en lo pertinente, por el art. 88 de la ley 3540. En relación a las costas en primera instancia, la modificación dispuesta por el tribunal de grado fue suficientemente motivada, teniéndose en cuenta lo receptado con más la suma abonada por la empleadora con posterioridad al inicio de la presente acción (f.11); comportamiento que, advertido que fuera por la parte actora, incidió en la valoración junto a los rubros que integraron la demanda y que prosperaron. Dado ese resultado, fue correcta la imposición de la totalidad de las mismas a la parte accionada, no alcanzando la reducción de las pretensiones de aquella el 20% conforme lo dispuesto por el art. 88 de la ley de rito. Tampoco se advierte que la manera de imponerlas en la Alzada importe una decisión reprochable, puesto que, para así resolver, el inferior apreció el vencimiento de ambas partes recurrentes en esa instancia quienes fracasaron en sus respectivas impugnaciones. Análisis que cancela cualquier otra consideración al respecto, debiendo mantenerse el fallo recurrido, incluso en materia de costas, por no contrariar disposición normativa alguna, ni decidir el caso en contra de las constancias comprobadas en el proceso.XI.- Las restantes apreciaciones que contiene la pieza recursiva no resultan esenciales ni conmueven la decisión adoptada por la Cámara. Y ya tiene dicho este Cuerpo que el juez o tribunal no está obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus alegaciones sino solamente en aquellas que resulten conducentes a los fines del litigio; por lo tanto, de resultar este voto compartido por mis pares corresponderá rechazar el recurso de inaplicabilidad tenido a consideración, confirmándose la sentencia recurrida en lo que fue materia de apelación, con costas a la recurrente vencida y pérdida del depósito de ley. Regular los honorarios profesionales del Dr. Javier Horacio Piñeyro, como vencedor, en su calidad de Monotributista frente al IVA; los pertenecientes a los Dres. Gabriela Natalia Bordagorry y Adolfo Víctor Bordagorry, en conjunto, como vencidos, como Monotributista frente al IVA la primera y el segundo como Responsable Inscripto, todos en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822), adicionándose a los del último profesional lo que deba tributar frente al IVA.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente: SENTENCIA Nº 120 1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, confirmándose la sentencia recurrida en lo que fue materia de apelación, con costas a la recurrente vencida y pérdida del depósito de ley. 2°) Regular los honorarios profesionales del Dr. Javier Horacio Piñeyro, como vencedor, en su calidad de Monotributista frente al IVA; los pertenecientes a los Dres. Gabriela Natalia Bordagorry y Adolfo Víctor Bordagorry, en conjunto, como vencidos, como Monotributista frente al IVA la primera y el segundo como Responsable Inscripto, todos en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822), adicionándose a los del último profesional lo que deba tributar frente al IVA. 3°) Insértese y notifíquese.

Fdo: Dres. Fernando Niz

Eduardo Panseri

Luis Rey Vázquez

Alejandro Chain

Guillermo Semhan