El fuero laboral es competente para intervenir en una demanda contra el Estado por despido discriminatorio

Partes: H. M. L. c/ M. de E. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 16-jun-2017

Cita: MJ-JU-M-105151-AR | MJJ105151 | MJJ105151La Justicia del Trabajo es competente para tramitar una causa por despido discriminatorio iniciada contra el Estado Nacional con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo.

Sumario:

 

1.-Es competente el fuero laboral para tramitar la acción iniciada contra el Estado Nacional por la reparación del despido discriminatorio del que habría sido objeto la actora y de los daños ocasionados a partir de una situación de hostigamiento y mobbing, fundando su pretensión en las Leyes 20.744 , 24.013 y 25.323 , pues el art. 20 de la Ley 18.345 no puede entenderse como limitativo de la competencia a los asuntos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, siendo que la norma atributiva de competencia fue promulgada en fecha anterior a aquella.

2.-Si el empleado público está amparado por el art. 14 bis de la CN., y en consecuencia la relación dependiente con la administración debe ser regida por normas que recepten los principios del derecho del trabajo, en especial el protectorio y todos los que del mismo se derivan, no se puede negar que los conflictos vinculados con el empleo público deben ser competencia de la Justicia del Trabajo, en tanto rama especializada en relaciones en las que rige el orden público laboral y que cuenta con magistrados formados en los principios del derecho del trabajo, y con normas de procedimiento que receptan los requerimientos del principio protectorio.

3.-Para que los jueces del trabajo asuman competencia no se requiere que la relación laboral en cuestión esté regida por la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto los Jueces del Fuero no son Jueces de dicha ley, tal como queda demostrado cuando se asume sin controversias la competencia para dirimir asuntos regidos por el Estatuto del Periodista, por el Estatuto del Trabajador Rural, y tantas otras normas estatutarias, al igual que lo es la Ley 25.164 .

Fallo:

Buenos Aires, 16 de junio de 2017.

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 67/75 contra la resolución de fs. 65/66 que declaró de oficio la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en estas actuaciones.

Y CONSIDERANDO: La Sra. Juez a quo basó la inhibitoria en el hecho que la naturaleza jurídica diferente en que se enmarca el vínculo entre un trabajador y el Estado, han llevado al legislador a regular dichas relaciones en normas diversas, razón por la cual resulta en esos términos viable la exclusión dispuesta en el art. 2 de la L.C.T., sin que ello implique la existencia de una desprotección normativa. Agregó que en nada difiere que la accionante haya invocado normas de derecho del trabajo a los fines de fijar la competencia, ya que en el caso expresamente la ley establece que sus disposiciones no alcanzan, en cuanto a su aplicación a los dependientes de la Administración Pública Nacional. La recurrente sostiene que la ausencia de toda regulación para los contratos precarios y fraudulentos mantenidos por más de 13 años (contratos de prestación de servicios), que figuran como tareas transitorias, pero que en la realidad se aplican a relaciones laborales permanentes desarrollada fuera de toda norma que regula el empleo público. La índole del tema involucrado en el recurso, motivó la necesaria intervención del Ministerio Público (arts. 1 y 31 de la Ley 27.148), y el Sr. Fiscal General se expidió mediante el dictamen obrante a fs. 85.En primer lugar es dable destacar que el presente conflicto difiere con el resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Sapienza, Matías Ezequiel y otros c/Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y otro s/Acción de Amparo”, del 21 de febrero del corriente año, en el que se analizó en el marco de una acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y de las Leyes 16.986 y 23592, la reinstalación de los actores a sus puestos de trabajo y una medida cautelar innovativa en este sentido hasta tanto recaiga sentencia definitiva, consistente en la suspensión de los efectos de los despidos dispuestos por la accionada, con la consecuente reinstalación provisoria de todos los accionantes. En efecto, conforme surge del relato de los hechos de la demanda los cuales deben ser analizados a fin de resolver las cuestiones de competencia (Fallos: 330:628 y sus citas) -art. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 67 ley 18.345 y, en la medida que se adecue a ello, al derecho invocado como fundamento de su pretensión (Fallos: 305:1453; 306:1053 y 308:2230; 320:46; 324:4495, 325:905 y en “Pérez, Gustavo Javier c/ Facultad de Medicina UBA y otros s/ daños y perjuicios” Competencia Nro. 495.XLV del 7 de diciembre de 2009; en idéntico sentido SI Nro.32.505 del 16 de mayo de 2011 in re “Nasife, Rossana Andrea c/Ministerio de Trabajo de la Nación Estado Nacional s/Despido”, del registro de esta Sala), la actora efectúa la presente demanda en procura de la reparación del despido discriminatorio sufrido y de los daños ocasionados a partir del hostigamiento y mobbing vivenciado en el último periodo, fundando su pretensión en las Leyes 20.744, 24.013 y 25.323.

En tal orden de ideas, es dable recordar que el art.20 de la Ley 18.345 establece que será competencia de la Justicia Nacional del Trabajo las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueren las partes – incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público-, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo; y causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél. En modo alguno puede entenderse que la norma mencionada haya pretendido acotar la jurisprudencia del Fuero a los asuntos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, ello por cuanto la ley ritual fue promulgada el 12 de septiembre de 1969, esto es, cinco años antes de que lo fuera la Ley 20.744. Tampoco surge del art. 20 de la Ley 18.345 que las convenciones colectivas en las que se funde la demanda deban estar regidas por la ley 14.250, por lo que no corresponde distinguir donde la ley no distingue. Por otra parte, no es posible soslayar que la simple lectura del artículo 14 bis de la Constitución Nacional revela que, a la hora de establecer garantías, el constituyente no diferenció entre trabajadores que se desempeñan para empleadores privados, o quienes lo hacen para el Estado en sus distintos niveles. Por el contrario, si alguna diferencia efectuó, tal como lo refiere el recurrente, fue para agregar en el caso del empleado público la garantía de estabilidad, por lo que esta última debe ser entendida como un escalón más de derechos respecto del resto, pero nunca para privar al empleado público de los demás derechos establecidos para el privado. El principio protectorio, que es considerado el fundamental y base de todos los demás reconocidos, ha sido receptado precisamente en el art.14 bis Constitución Nacional, cuando afirma que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. En consecuencia, el empleado público también debe ser considerado “sujeto de preferente tutela”, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Vizzoti, Carlos A. c. AMSA S.A” , conclusión que el Alto Tribunal consideró no sólo impuesta por el art. 14 bis, “sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75 inc. 22)”. Corresponde que todas las normas que se dicten para regular la relación de empleo público sean adoptadas, interpretadas y aplicadas a la luz de los principios del Derecho del Trabajo. Si el empleado público está amparado por el art. 14 bis Constitución Nacional, y en consecuencia su relación dependiente con la administración debe ser regida por normas que recepten los principios del derecho del trabajo, en especial el protectorio y todos los que del mismo se derivan; si esas normas deben tener en cuenta que el empleado público está amparado por todas las garantías establecidas en el art.14 bis Constitución Nacional, con el agregado en este caso de la que hace a su estabilidad; si todo ello implica admitir que en tanto trabajador dependiente, el empleado público es parte de una relación asimétrica, tal como le sucede a cualquier trabajador frente a su empleador, lo que justifica la existencia de un derecho especial que tienda a efectivizar la “preferente tutela” de la que debe ser objeto; en ese caso no se puede negar que los conflictos vinculados con el empleo público deben ser competencia de la Justicia del Trabajo, en tanto rama especializada precisamente en relaciones en las que rige el orden público laboral y que cuenta con magistrados formados en los principios del derecho del trabajo, y con normas de procedimiento que receptan los requerimientos del principio protectorio también en la norma adjetiva. Por lo demás, no se requiere que la relación laboral en cuestión esté regida por la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto los Jueces del Fuero no son Jueces de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como queda demostrado cuando se asume sin controversias la competencia para dirimir asuntos regidos por el Estatuto del Periodista, por el Estatuto del Trabajador Rural, y tantas otras normas estatutarias, al igual que lo es la Ley 25.164. En este contexto y sin perjuicio de lo dictaminado por el Señor Fiscal General (fs. 85), cabe concluir que corresponde asumir la aptitud jurisdiccional para conocer la presente contienda, en tanto los temas traídos a resolver exigen una hermenéutica propia de los jueces laborales, especializados en la materia, en función de lo normado por el art. 116 de la Constitución Nacional y los arts. 20 y 21 de la L.O., ya que ante la situación planteada, el Juez del Trabajo es quien reviste la condición de juez natural para dilucidar la controversia suscitada entre las partes. Las costas de alzada deben ser soportadas en el orden causado atento la índole de la cuestión debatida en la incidencia (art. 68 CPCCN).

Por lo expuesto, y oído el Señor Fiscal General, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la resolución apelada y asumir la aptitud jurisdiccional en las presentes actuaciones. 2) Imponer las costas de ambas instancias, en el orden causado (art. 68 segundo párrafo CPCCN). 3) Diferir la regulación de honorarios para la etapa de la definitiva. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el Art. 1o de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN No 15/2013. Regístrese, notifíquese y devuélvase