No obstante haber adquirido firmeza la sentencia de adopción plena, se ordena integrar la litis con el pretenso progenitor, cuya existencia fue conocida seis meses después de dictada la decisión

Partes: G. C. M. y otro s/ adopción. acciones vinculadas

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 19-abr-2017

Cita: MJ-JU-M-105141-AR | MJJ105141 | MJJ105141
No obstante haber adquirido firmeza la sentencia de adopción plena, se ordena integrar la litis con el pretenso progenitor, cuya existencia fue conocida seis meses después de dictada la decisión.

Sumario:

 

1.-Corresponde dejar sin efecto la decisión de disponer la adopción del niño con carácter pleno y reconocer legitimación al pretenso progenitor recurrente para ser escuchado en el proceso, en resguardo de los derechos que esgrime y del interés del menor involucrado, pues el interés de quien recurre se vincula con la identidad del niño involucrado y la responsabilidad inherente al vínculo parental al que aspira con fundamento en el reconocimiento que efectuara del menor veinte días antes del dictado de la sentencia. (Del voto del Dr. Soria, al que adhieren los Dres. de Lázzari, Negri, Kogan – mayoría)

2.-Las estrategias de revinculación de un menor con su familia de origen poseen un momento de realización, y no parece posible insistir con ellas cuando, debido al excesivo transcurso del tiempo y la consciente inacción de quien pretende tardíamente una nueva oportunidad, ello sólo podría importar prolongar incausadamente la indefinición de la situación del niño y vulnerar sus derechos fundamentales a acceder, en forma seria, estable y tempestiva, a un ámbito que genuinamente resulte apto para brindarle protección afectiva, social y familiar personalizada, en garantía de su bienestar y desarrollo integral (Del Del voto del Dr. Perttigiani – disidencia)

3.-Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación deducido, pues el impugnante no puede ser considerado parte en el proceso, careciendo ostensiblemente de legitimación para recurrir la sentencia definitiva de adopción plena del niño, la que por demás ha adquirido firmeza. (Del voto del Dr. Perttigiani – disidencia)

Fallo:

Dictamen de la Procuración General:

El Tribunal de Familia número uno del Departamento Judicial de Quilmes en fecha 23 de junio de 2014 hizo lugar a la demanda de adopción plena entablada por el matrimonio que ejerce la guarda con fines adoptivos de los niños C. M. G. (7) y K. E. G. (5) (fs. 69/71) Contra dicho resolutorio se alza el progenitor del niño K. E. R. a través del Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley agregado a fs.97/99 y vta que a continuación paso a examinar. I. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley. En primer lugar se queja el impugnante por considerar que resulta improcedente el dictado de la sentencia de adopción plena toda vez que ello implicaría, en virtud de lo normado por el artículo 325 del Código Civil, desconocer el reconocimiento efectuado por éste respecto del niño K. (fs.97 y vta). Al respecto señala que “la sentencia de marras manifiesta que el niño K. ha sido declarado en estado de abandono y sin filiación paterna haciendo alusión a los certificados de nacimiento que obran a fs. 14 y 15 siendo el que respecta a K. anterior a mi reconocimiento, certificado tal que he presentado en autos y que da cuenta de su filiación paterna, por lo que los certificados a que se refiere la sentencia se encuentran caducos, faltos de actualización al momento de su dictado” (fs. 97 vta) También denuncia errónea aplicación del artículo 317 inciso e) en cuanto establece que corresponde citar a los progenitores del niño a los fines de que presten su consentimiento para la adopción y y ello NUNCA aconteció en autos toda vez que el impugnante ha reconocido a K. en la fecha que surge del certificado que se acompaña en autos (fs. 97 vta) En suma alega que “.se observa en las constancias de autos que realizó el reconocimiento de K.sin haber anoticiado ni notificado de la sentencia, de igual modo y no habiendo un plazo legal para efectuar dicho reconocimiento paterno, el mismo resulta ser completamente legítimo (247 CC)” (fs.97 vta). En virtud de lo expuesto expresa que ” vengo a oponerme a la adopción plena de mi hijo K., solicitando se revea la misma y se convierta en una adopción simple atento la filiación paterna del niño K., en razón del reconocimiento realizado en calidad de padre y que surge del certificado de nacimiento aportado a autos. En virtud de ello vengo a solicitar una revinculación paterna con el mismo. Consecuentemente con ello, solicito se deje sin efecto la sustitución del apellido paterno del niño por el de los adoptantes, conservando el de origen” ( fs.97 vta y 98).

II. Considero que el recurso debe prosperar. i. Con carácter liminar, advierto que el impugnante se queja por considerar que la resolución impugnada fue adoptada sin que éste haya podido asumir intervención en el proceso de adopción de su hijo, sin rebatir el presupuesto esencial de la decisión impugnada consistente en la ausencia determinación de filiación paterna del niño K. en oportunidad de decidir su situación de adoptabilidad. Ello en virtud de que la primera intervención del recurrente en calidad de progenitor del niño en el proceso que aquí se examina ha acontecido con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva (fs.92/3 yss.). La manifiesta insuficiencia técnica del embate sumado a la omisión de los requisitos establecidos para la interposición del remedio extraordinario (arts. 279 y 280 C.P.C.C.) conllevarían, prima facie, a concluir la improcedencia del remedio en virtud de sus deficiencias técnicas insalvables. Sin embargo, en virtud de los derechos fundamentales en juego, paso a expedirme en relación con el fondo de la cuestión. ii Con carácter previo a ingresar en el análisis del conflicto planteado, me permito efectuar una breve síntesis sobre las circunstancias fácticas que dan origen al caso.En efecto, se trata de un proceso de adopción en el que los guardadores solicitaron al juez el dictado de la sentencia de adopción plena de los hermanos M. y K., en virtud de la guarda con fines adoptivos que vienen ejerciendo y de los elementos de juicio obrantes en la causa, entre los que se destaca la prueba de que ambos niños se encontraban inscriptos únicamente con filiación materna. En virtud de estas consideraciones, el Tribunal interviniente resolvió en fecha 23 de junio de 2014 otorgar la adopción plena de los niños al matrimonio R. W.- A. (fs. 69/71 ). Seguidamente se presenta el Sr.R. C. a “hacer valer sus derechos como padre del niño” en virtud de haber concurrido en fecha cuatro de junio de 2014 a reconocer al niño K. ante el Registro Civil y de las Personas -es decir, apenas 20 días antes de la fecha del dictado de la sentencia de adopción- en ocasión de advertir su parecido físico con el niño en oportunidad, según manifiesta, de haberse encontrado casualmente con la progenitora y que ésta le enseñara una foto del niño en su celular (fs. 92 vta). De lo hasta aquí expuesto se advierte con claridad que la primera intervención del Sr. ha sido con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva resultando, por ende, el remedio extraordinario su primera oportunidad procesal para asumir intervención en el proceso de adopción de su hijo (fs.94 y vta). iii Dicha circunstancia nos sitúa frente a la necesidad de analizar una conducta en un momento procesal para el que el ordenamiento jurídico no establece efectos jurídicos específicos.En rigor, la ley civil no establece un plazo determinado para el reconocimiento paterno del hijo, sin embargo sí establece como límite la circunstancia de que el niño se encuentre definitivamente integrado a una nueva familia mediante una sentencia de adopción plena (arts 248, 327 y ccs Código Civil). El intervalo de tiempo que consume el proceso de adopción en sentido amplio – incluyendo la antesala del proceso que da lugar a la declaración del niño en situación de adoptabilidad-, es resuelto mediante la disposición que ordena la aplicación retroactiva de la sentencia de adopción (art. 322 Código Civil). En el caso que aquí se examina, el acto de reconocimiento realizado durante el trámite del proceso (fs. 94 y vta.) ha obstaculizado la aplicación al caso de las disposiciones establecidas en los artículos 322 y 327 del ordenamiento vigente, más allá de su debatida constitucionalidad (D´Antonio, Daniel, El Régimen Legal de la Adopción, Santa Fe, Rubinzal Culzoni,1997; Herrera Marisa, El Derecho a la Identidad en la Adopción, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2008, Tomo II; Medina Graciela, La Adopción, Tomo II, Buenos Aires-Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1998; Zannoni Eduardo, “Adopción Plena y derecho a la identidad personal (La “verdad biológica”: ¿Nuevo paradigma en el Derecho de Familia?)”LL 2000-B-1381; Mizrahi Mauricio, “Objeciones constitucionales a la nueva ley de adopción”, RDF Nro. 11, 1997 y Lea Levy, Régimen de Adopción, Ley 24.779, Buenos Aires, Astrea, 1997, entre tantos otros) Es por ello, que considero que una solución ajustada a las particularidades del caso exige una interpretación que, por fuera del ámbito de la dogmática, sea capaz de proyectar una decisión respetuosa de los diversos derechos fundamentales en juego a la luz de la dinámica que caracteriza los conflictos propios del derecho de familia.En ese sentido, considero oportuno recordar las pautas tenidas en miras por ese Alto Tribunal en oportunidad de adoptar soluciones que implicaron flexibilizar la rígidez del sistema de adopción vigente en pos de ampliar el reconocimiento de los derechos fundamentales comprometidos en esa clase de procesos. En tal sentido, ha sostenido esa Corte que ” Si bien es cierto que el art. 321 del Código Civil establece que “En el juicio de adopción . b) Son partes el adoptante y el Ministerio Público de Menores.” y solo se encuentra prevista la citación de los progenitores en el proceso de guarda (conf. art. 317 inc. a), en las presentes actuaciones, ante la situación aquí planteada, debe considerarse a la recurrente legitimada para apelar la sentencia de adopción. De lo contrario, el espíritu de la ley y las garantías constitucionales, sobre todo la de defensa en juicio, se verían notoriamente lesionadas (art. 18, Constitución nacional)” y que “(.) Así, se deja sorpresivamente fuera de revisión la decisión sobre esta otra parcela -la que deniega el derecho de visitas- conculcando las condiciones que deben cumplirse para asegurar una adecuada defensa. .Ante la cuestión constitucional de defensa en juicio comprometida, que repercute en el derecho a su vida familiar (arts. 7 inc. b de la ley 26.657, 23 de la Convención sobre las Personas con Discapacidad y 9 de la Convención de los Derechos del Niño), se ha impedido a la madre biológica el derecho a participar con todas las garantías del debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Const. nac., 15 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires, 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad aprobadas en la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, reglas 7 y 8) y, de este modo, se ha cercenado el derecho de sustancia material del que es titular.(.) (SCBA, C114079, sentencia del 23 de abril de 2014).” En relación con la posibilidad de efectuar el reconocimiento paterno con posterioridad al emplazamiento del niño como hijo adoptivo -en virtud de una sentencia de adopción plena- ha afirmado ese Alto Tribunal que “.lo dispuesto por el art. 327 del Código Civil en cuanto establece que “Después de acordada la adopción plena, no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviese por objeto la prueba del impedimento matrimonial del art. 323”, no puede aplicarse así, sin más, e ignorar que el art. 328 del Código Civil, al mismo tiempo, prescribe que “el adoptado tendrá derecho a conocer su realidad biológica” y que el 321 inc. h del mismo dispone que el juez haga consta r en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer al adoptado dicha realidad.(.)No resulta razonable que el conocimiento sobre el origen (la “realidad biológica”), sea privativo de la adopción simple (art. 336, C.C.) y que la plena tenga, por definición, obstaculizada una indagación de esta naturaleza” (SCBA, C109059, 26 de febrero de 2013) En esa misma línea, más recientemente, esa Corte ha ordenado la preservación de los vínculos entre un niño y su madre en un caso en que se ha resuelto continuar con el proceso de adopción del niño a favor de un matrimonio de aspirantes a guardas con fines adoptivos. Concretamente señaló que “En atención a la particular situación de la recurrente y las recomendaciones vertidas por los profesionales intervinientes en fs. 318 y vta., 321, 339, corresponde que en la instancia de origen se atienda al pedido de vinculación -mediante un adecuado régimen de comunicación- de la progenitora con el niño N. , con el debido resguardo respecto del interés superior de éste en el desarrollo de los encuentros (conf.3.1 y 8.1, Convención sobre los Derechos del Niño) (…) En atención del tiempo transucurrido (…) se impone encomendar al Juzgado de origen para que -actuando en forma conjunta con el Ministerio Público pupilar- una vez recibida la comunicación de lo resuelto en la presente causa, de manera urgente se aboque a la tarea de seleccionar, dentro de aquellos inscriptos en el Registro Central de Aspirantes a guardas con fines de Adopción, nuevos guardadores (conf. art. 15 y concs., ley 14.528, Acordada N° 3607). En la mentada selección se deberá tener en cuenta el centro de vida del niño -la ciudad de Bahía Blanca- y se les habrá de hacer saber a quienes resulten seleccionados que deberán garantizar el contacto del niño con sus progenitores de conformidad con las pautas expuestas en el considerando cuarto.” (SCBA, C 119541, 25 de febrero de 2015) En suma, las pautas emanadas de los precedentes citados permiten vislumbrar un desarrollo jurisprudencial encaminado a flexibilizar la rigidez de las disposiciones del ordenamiento civil en pos del reconocimiento de los derechos constitucionales a la garantía de defensa en juicio, a la identidad, a la verdad y del derecho de los niños a conocer su realidad de origen -anclado sobre el mandato que impone a los adoptantes el compromiso de hacer conocer al niño su realidad de origen (art 321 inc h) y 328 y ccs CC)- . Esta doctrina legal se encuentra ampliamente reflejada en el nuevo Código Civil y Comercial que entra a regir a partir del 1 de agosto del presente que, en lo que aquí respecta, prevé la posibilidad del reconocimiento paterno una vez otorgada la adopción plena al sólo efecto de posibilitar los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado (art 624 nuevo Código Civil y Comercial de la nación ) y reconoce amplias facultades judiciales para disponer la subsistencia de vínculos jurídicos con uno o varios parientes de la familia de origen del adoptado en forma plena o crear vínculos vínculos jurídicos con uno o varios parientes de lafamilia del adoptante en la adopción simple (art. 621 y ccs. Nuevo Código Civil y Comercial) En virtud de tales circunstancias fácticas y jurídicas, considero preciso propiciar a VE se haga lugar al recurso, se revoque la sentencia impugnada y se devuelvan los autos a la instancia de grado para a fin de que en virtud de las facultades ordenatorias e instructorias reconocidas al juzgador se proceda a integrar la litis con el Sr. R. C. con el propósito de que se analice su pretensión a la luz del derecho de K. a conocer sus orígenes y -eventualmente- se evalué la posibilidad de que el peticionante se vincule con el niño de conformidad con las pautas emanadas de los precedentes de esa Corte y, en especial, con la nueva normativa que sobre este punto comienza a regir a partir del 1 de agosto del corriente. Tal es mi dictamen,

La Plata, 20 de mayo de 2015 – Juan Ángel de Oliveira A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 19 de abril de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 119.871, “G. , C. M. y otro. Adopción. Acciones vinculadas”.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Familia del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la demanda promovida por S. D. R. W. y P. A.A. , dando lugar entre los nombrados y los niños C. M. G. y K. E. G. al vínculo jurídico de filiación adoptiva plena con efecto retroactivo a la fecha de otorgamiento de la guarda de los menores (fs. 69/72). Se interpuso, por el señor D. M. R.C. , recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs.97/99). Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

1. Con fecha 5 de abril de 2013, los señores S. D. R. W. y P. A. A. promovieron demanda solicitando la adopción plena de los niños C. M. G., nacida el 22 de febrero de 2008 y de K. E. G., nacido el 23 de mayo de 2009, ambos hijos de G. R. G. y -por entonces- sin filiación paterna y cuya guarda ejercían en virtud de resolución judicial desde el 2 de mayo de 2012. En apoyo de su pretensión, adjuntaron copia de la sentencia que les confirió la guarda dictada en la causa 56.157 caratulada “G. , C. y otro. Guarda con fines de adopción”, de la cual se desprende que, desde el 30 de abril de 2008, los accionantes se encontraban inscriptos en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción y que iniciaron el proceso vincular con los niños en el Hogar de Niños Nomadelfia. También surge del citado acto que se declaró el abandono materno y situación de adoptabilidad de C. M. y K. E. con fundamento en el art. 317 del Código Civil (v. fs. 18/23).

2. Producida la prueba ofrecida, previo contacto personal con C. y K. y ponderando la idoneidad de los solicitantes, quienes manifestaron el compromiso de hacer conocer a los niños su realidad biológica, con fecha 23 de junio de 2014 el Tribunal de Familia n° 1 de Quilmes hizo lugar a la pretensión articulada otorgando la adopción plena, con efecto retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda, de los menores C. M. G. y K. E. G.Dispuso, además, que los niños llevarían en adelante el apellido R. W. (fs. 69/71 vta.).

3. Con fecha 28 de noviembre de 2014 se presentó ante el Tribunal de Familia el señor D. M. R. C. manifestando ser el padre biológico de K. E. Acompañó copia del certificado de nacimiento del que surge que el día 4 de junio de 2014 había reconocido al niño como hijo propio. Refirió que la señora G. (progenitora de los menores) le había manifestado durante el embarazo de K. E. que el dicente era el padre del niño, pero toda vez que se trataba de una relación casual no le pareció posible. Relató, además, que durante años dejó de tener contacto con la señora G. hasta que un día se encontraron y aquélla le exhibió fotos de K. en las que pudo reconocer el parecido entre él y el niño. Expuso que ante la ratificación por parte de la nombrada de ser K. E. hijo biológico del presentante decidió concurrir al Registro Civil correspondiente a efectos de efectuar su reconocimiento. Puso de manifiesto su intención de hacer valer todos los derechos que la ley le confiere como padre del niño y ofreció practicarse una prueba de ADN a fin de confirmar la paternidad respecto de K. E. (fs. 90/93). A fs. 96/99 se presentó nuevamente solicitando que se declare la nulidad de la sentencia de adopción plena de K. , requiriendo su revocación, y que se otorgue la adopción simple del menor. Requirió asimismo que se disponga la vinculación del suscripto con el niño. Dedujo en tal oportunidad recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 96/99).

4. El Tribunal a quo rechazó la nulidad articulada así como el planteo de revocación de la adopción plena y concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (fs. 107/109).

5. A fs. 114/115 la señora Asesora de Menores se opuso a la presentación del señor R. C.señalando -de un lado- que el nombrado se desentendió de que el niño que reconoció pocos días antes del dictado de la sentencia de adopción plena, había transitado desde el año 2010 un proceso de abrigo en el cual nunca se mencionó la existencia de un padre biológico, contando sólo con filiación materna y -del otro- que recién se tomó conocimiento de su reconocimiento mediante presentación que efectuó transcurridos seis meses desde la sentencia y cuando el menor contaba ya con cinco años de edad.

6. A fs. 135/140 los adoptantes R. W.- A. adhirieron a lo expresado por la Asesora. Tras reseñar el derrotero seguido por los menores C. y K. insistieron en que la sentencia de adopción plena fue dictada el 23 de junio de 2014, con efecto retroactivo al 2 de mayo de 2012 conforme dispone el art. 322 del Código Civil -actual art. 618 del Código Civil y Comercial-. Que a dicha fecha K. no ostentaba filiación paterna destacando que el reconocimiento por parte del recurrente recién tuvo lugar el 4 de junio de 2014, pese a admitir que supo de su existencia al momento mismo de su gestación -embarazo de la progenitora-. Señalaron, asimismo, que de las constancias de autos surgía que la progenitora y del señor R. C. son vecinos, viviendo a tres cuadras de distancia, por lo que resultaba “sorprendente” que en cinco años se hubiesen cruzado una única vez como afirma el nombrado y que “recién en junio del 2014 el recurrente tomara vista de unas supuestas fotos en un celular (tener en cuenta que la madre abandonó a K. cuando éste contaba con t an sólo 9 meses de vida por consiguiente de existir fotos datan de aquella época)”. Seguidamente, ponderando el interés superior de K.y la conducta desplegada por el pretenso progenitor biológico quien -reiteraron- pese a haber sido anoticiado de su paternidad dejó transcurrir cinco años para efectuar su reconocimiento, con más otros seis meses para presentarse en el expediente a reclamar sus derechos, solicitaron el rechazo del remedio articulado.

7. Por las razones y con el alcance que expondré a continuación, y los fundamentos concordantes del dictamen de la Procuración General, estimo que el recurso ha de prosperar. a. Pilar fundamental del sistema constitucional (cfr. causa B. 60.331, resol. de 24-VIII- 2005), el derecho de toda persona de acudir ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia (arts. 18, 75 inc. 22, C.N.; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15, Const. pcial.), entre otras manifestaciones prácticas, implica asegurar a quien invocare algún interés afectado la facultad de solicitar y obtener judicialmente el reconocimiento o restablecimiento de los bienes amparados por el orden jurídico (C.S.J.N., Fallos 310:2184, 311:700, 314:697, 315:545; C. 84.417, sent. de 28-V-2014). En el sub lite, el interés de quien ahora recurre se vincula con la identidad del niño involucrado y la responsabilidad inherente al vínculo parental al que aspira con fundamento en el reconocimiento que efectuara del menor K., cuya adopción plena cuestiona. Dicho reconocimiento fue realizado durante el trámite del proceso de adopción, más precisamente el 4 de junio de 2014 (v. fs. 90), esto es veinte días antes del dictado de la sentencia de adopción plena que data del 23 de junio del 2014 (v. fs. 69/72). Empero, la presentación del pretenso progenitor, señor R. C., recién tuvo lugar el 1 de diciembre de 2014 (v. fs. 93 vta.), cuando ya habían transcurrido casi seis meses de la mentada sentencia.En tal contexto no es cuestionable que el tribunal a quo hubiese dispuesto la adopción plena del niño por cuanto a la fecha de emitir su decisión, tras un proceso de guarda previa, se desconocía que el niño contaba con filiación paterna (art. 325, su doc. del C.C.). Por lo demás, por imperio del entonces vigente art. 321 del Código Civil (actual art. 617, C.C.C.), en el juicio de adopción son partes el adoptante y el Ministerio Público de Menores, siendo que la citación de los progenitores tiene lugar durante el proceso de guarda (art. 317 inc. a del C.C., actual art. 608 inc. “b” del C.C.C.). Ello explica la falta de citación del nombrado en el marco de este proceso de adopción, máxime cuando la existencia del ahora pretenso progenitor fue informada cuando habían transcurrido seis meses desde la sentencia y cuyo reconocimiento -no anoticiado en su momento- había tenido lugar tan sólo veinte días antes de dictado tal fallo. En suma, tanto la sentencia impugnada como sus antecedentes (la decisión que declaró el abandono materno y situación de adoptabilidad y la que otorgó la guarda preadoptiva al matrimonio R. W.-A.), hicieron mérito de los hechos existentes y conocidos en esos momentos cuando tanto C. como K. contaban solo con filiación materna. b. Ahora bien, cierto es que a tenor de lo dispuesto por el art. 327 del Código Civil entonces vigente, después de acordada la adopción plena no resulta admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquéllos, con la sola excepción de la que tuviese por objeto la prueba de los impedimentos matrimoniales. Asimismo, el art.322 del citado cuerpo normativo preveía que la sentencia de adopción tiene efecto retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda, la cual en la especie tuvo lugar en el mes de mayo de 2012, esto es dos años antes del reconocimiento efectuado por el recurrente. Con todo, no lo es menos que en el caso el referido reconocimiento se produjo durante el trámite de adopción y con anterioridad al dictado de la sentencia de adopción plena. Ello obsta a la aplicación sin más de lo dispuesto por los arts. 322 y 327 del Código Civil. En tan especial contexto, corresponde dejar sin efecto la decisión de disponer la adopción del niño con carácter pleno y reconocer legitimación al recurrente para ser escuchado en este proceso, en resguardo de los derechos que esgrime y del interés del menor involucrado. Consecuentemente, si mi propuesta es compartida, deberán volver los autos a la instancia de origen a los fines de que se integre la litis con el señor R. C. y se proceda a analizar la pretensión del nombrado y, con tal resultado, en el plazo más breve posible, se dicte el nuevo pronunciamiento que corresponda respecto de K., atendiendo fundamentalmente a su interés superior (arts. 595 y 621, C.C.C.). Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa, con costas por su orden en atención a la índole de las cuestiones planteadas y los derechos en juego (arts. 68 segunda parte, 289, C.P.C.C.).

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. Discrepo con la solución propuesta por el colega que abre este acuerdo, pues entiendo que el impugnante no puede ser considerado parte en el proceso, careciendo ostensiblemente de legitimación para recurrir la sentencia definitiva de adopción plena del niño K. , la que por demás, ha adquirido firmeza (v. fs. 69/71, 72, 73, 74, 80, 82/88, conf. arts. 317, 321, 322, 327 y ccdtes. del Cód.Civil). La ausencia de tal recaudo, que hace a la titularidad del interés que es materia del litigio y que por constituir un requisito esencial de la acción puede ser prudencialmente abordado aún de oficio por el judicante (C. 115.679, sent. del 20-XI-2014; B. 58.938, sent. del 30-V- 2012; C. 99.207, sent. del 10-II-2010; Ac. 85.798, sent. del 10-VIII-2005; entre otros) -actuación que no lesiona el principio de congruencia (Ac. 59.662, sent. del 21-IV-1998; Ac. 56.445, sent. del 12-XII-1995; entre otros) en tanto su debate no se encuentre firme (C. 97.896, sent. del 18-II- 2009)- conduce a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deba reputarse mal concedido (art. 279 y ccdtes., C.P.C.C.).

1. En efecto, los incs. “b” y “c” del art. 321 del Código Civil -aplicable al caso dado que la vía impugnativa extraordinaria traída ante estos estrados, consistente en la primera presentación efectuada por el recurrente en este proceso, fue introducida bajo la vigencia de dicho régimen normativo (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.)- expresaban que el juicio de adopción debía desenvolverse entre los adoptantes y el Ministerio Público de Menores, como únicos legitimados para el debate, sin perjuicio de que el juez pudiera en dicho trámite oír al adoptado y a cualquier otra persona que estimase conveniente en beneficio del menor (conclusión que se mantiene en la actualidad por efecto de los arts. 617, 624 y 628 del Cód. Civil y Com.). La citación y participación de los progenitores o sus representantes legales sí era requerida en una etapa procesal anterior, para brindar su consentimiento con el otorgamiento de la guarda con fines de adopción y en dicho proceso (mi voto en Ac. 63.120, sent.del 31-III-1998). Y ello así salvo en aquellos supuestos en los que tal consentimiento ya no fuera necesario, por hallarse alojado el niño en un establecimiento asistencial y los padres haberse desentendido totalmente de él por el término de un año, o por haber sido los padres privados de la patria potestad, o por haber manifestado previa y judicialmente su expresa voluntad de entregar a su hijo en adopción, o -como ha ocurrido en autos, fs. 18/22- por haber colocado al menor ante una situación -constatada judicialmente- de desamparo moral o material evidente, manifiesto y continuo (conf. art. 317, Cód. Civil). Como he apuntado en el precedente mencionado, esta evolución normativa obedecía al cambio visceral operado en los institutos de la adopción y la patria potestad, en los cuales el superior interés del menor vino a desplazar significativamente al de los progenitores. De esta forma, en la adopción dejó de tener vigencia el pensamiento de que ella “se inventó para consuelo de las personas a quienes la naturaleza negó la posibilidad de tener hijos o que han tenido la desgracia de perder los que les había dado” (Escriche, Joaquín; “Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia”, París, 1890, p. 92, voz “Adopción”), para albergar un fundamento centrado casi exclusivamente en la protección del menor desamparado y su consecuente superior interés (arg. arts. 3, 9 y 12, Convención sobre los Derechos del Niño -“CDN”-; 1º, 18, 31, 33, 75 inc. 22 y ccdtes. Constitución nacional; 321 inc. “i” y ccdtes., Cód. Civil [hoy arts. 594, 595 incs. a y d, 607, 706 y ccdtes., Cód. Civ. y Com.]; 2, 3 y ccdtes., ley 26.061; 1º, 11, 15, 36.2 y ccdtes. Constitución provincial; 4, 5, 6, 7 y ccdtes., ley 13.298).

2. En ese sentido, el art.3 párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada. Establecido como uno de los valores fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño ha determinado que el art. 3 párrafo 1 enuncia uno de sus cuatro principios generales en lo que respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño: El interés superior del niño se aplicará a todos los asuntos relacionados con el niño y se tendrá en cuenta para resolver cualquier posible conflicto entre los derechos consagrados en la Convención o en otros tratados de derechos humanos (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14 [2013] sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, párr. 33). Subraya asimismo que dicho interés superior debe ser entendido como un concepto triple: Por un lado, (i) un derecho sustantivo, consistente en que sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño.Por otro lado, (ii) un principio jurídico interpretativo fundamental (si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño). Y finalmente, (iii) una norma de procedimiento, en tanto siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño, así como la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14, cit., párr. 6). Su objetivo es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el desarrollo holístico del niño, abarcativo de su aspecto físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 5 [2003] sobre medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, párr. 12; Observación General Nº 12 [2009] sobre el Derecho del niño a ser escuchado, párr. 2; y Observación General Nº 14, cit., párr. 4). Ahora bien, en la práctica, la apreciación del interés superior del niño es una cuestión compleja y su contenido debe determinarse caso por caso. De este modo, puede definirse al “interés del menor” como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto, ya que no es concebible un interés del menor puramente abstracto, por lo que debe quedar excluida toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso (Ac. 63.120, sent.del 31-III-1998; Ac. 73.814, sent. del 27-IX-2000; Ac. 79.931, sent. del 22- X-2003), máxime cuando en materia de menores todo está signado por la provisoriedad, en tanto lo que hoy resulta conveniente mañana puede ya no serlo y, a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futuro transformarse en algo pertinente (Ac. 66.519, sent. del 26- X-1999; Ac. 71.303, sent. del 12-IV-2000; Ac. 78.726, sent. del 19-II-2002). Así, la evaluación del interés superior del niño es una actividad singular que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nro. 14, cit., párr. 48). Asimismo, al determinar el interés superior de un niño debe tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurarle la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Los términos “protección” y “cuidado” también deben interpretarse en un sentido amplio, ya que su objetivo no se expresa con una fórmula limitada o negativa, sino en relación con el ideal amplio de garantizar el “bienestar” y el desarrollo del niño (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nro. 14, cit., párr. 71). El bienestar del niño, en un sentido amplio, abarca sus necesidades materiales, físicas, educativas, culturales, espirituales y emocionales básicas, así como su necesidad de afecto, seguridad, pertenencia, estabilidad y proyección. Se ha dicho que deben tenerse en cuenta a tal fin, en la medida en que sean pertinentes para la situación de que se trate, (i) la opinión del menor, (ii) su identidad, (iii) la preservación del entorno familiar y mantenimiento de sus relaciones, (iv) su cuidado, protección y seguridad, (v) su situación de vulnerabilidad, (vi) su derecho a la salud y a la educación (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14, cit., párr.52). Por demás, la consideración del interés superior del niño como algo “primordial” requiere tomar conciencia de la importancia que deben tener sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de los que se trate (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14, cit., párr. 40). Así, los posibles conflictos entre el interés superior de un niño, desde un punto de vista individual, y los de un grupo de niños o los de los niños en general tienen que resolverse caso por caso, sopesando cuidadosamente los intereses de todas las partes y encontrando un compromiso adecuado. Lo mismo debe hacerse si entran en conflicto con el interés superior del niño los derechos de otras personas. Si no es posible armonizarlos, las autoridades y los responsables de la toma de decisiones habrán de analizar y sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son sólo una de tantas consideraciones. Por tanto, se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14, cit., párr. 39). En este aspecto, el principio favor minoris, con expresa recepción en los arts. 3 y 5 de la ley 26.061, conforme al cual, ante la posible colisión o conflicto entre los derechos e intereses de los menores, en oposición a otros derechos e intereses igualmente legítimos, han de prevalecer los primeros (en el mismo sentido, art. 4, ley 13.298), adquiere una mayor preponderancia objetiva, en tanto el principio de precaución exige valorar primordialmente los riesgos, daños futuros y otras consecuencias de la decisión, en la seguridad de los niños. 3.De esta forma, el art. 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño -en concordancia con el 3º- dispone que los Estados que reconocen o permiten el sistema de adopción deben cuidar que el interés superior del niño sea el interés primordial. Así, el juez tiene impuesta en el juicio de adopción una regla de oro, es decir no una mera facultad, sino un imperativo categórico: en todos los casos deberá valorar el interés superior del menor. Este mandato campea en todo el juicio de adopción y supedita cualquier interés individual al del niño (Ac. 63.120, cit.). De este modo, en los juicios de adopción no pueden ser obviadas las particularidades de cada situación teniendo siempre presente que el norte que debe guiar al juzgador es el interés superior del niño (C. 115.708, sent. del 12-VI-2013; entre otras). De conformidad con este nuevo paradigma en materia minoril, a partir de una clara diferenciación entre los distintos motivos y fines que presentan los trámites judiciales anteriores al juicio de adopción y éste, la posible intervención de los progenitores del niño en unos u otro recibió luego de la sanción de la ley 24.779 un ostensible disímil tratamiento. Por un lado, era en el proceso de privación de la patria potestad de los progenitores, en el tramitado con miras a obtener una declaración de estado de adoptabilidad del menor cuyos derechos se encontraban vulnerados, o en el de guarda con fines adoptivos, donde los padres biológicos debían intervenir y cumplir un rol preponderante, garantizándoseles al máximo su derecho de defensa en juicio (conf. art. 317, Cód. Civil; asimismo, Belluscio, Augusto “Ley de Adopción 24.779”, Depalma, Buenos Aires, 1997, págs.20/21), a los fines de que su participación en calidad de partes los habilitara no sólo a consentir plena e informadamente un posible destino familiar alternativo al biológico para su hijo, sino para debatir con amplitud las consecuencias jurídicas que debían seguirse de sus propios actos u omisiones, oponerse a la adopción, cuestionar su posible alcance, proponer guardadores de su hijo, etc. Pero una vez transitada dicha etapa, garantizada la defensa de sus derechos, constatado el desamparo y confiado el niño a otro grupo familiar, habiendo encontrado cabal contención dentro del seno de ese grupo, el esfuerzo de la sociedad, que opera a través del servicio de justicia, constituido en custodio inflexible de la licitud del traslado desde su familia de origen, pasaba a estar enteramente dirigido a auscultar su ansiada integración en el nuevo ámbito así formado, con miras a la consecuente consolidación del vínculo afectivo -destinado a primar, incluso por sobre la fuerza de la sangre- que se iba sedimentando aceleradamente con el paso del tiempo entre él y sus nuevos guardadores, que pasaban así a obrar como delicados artífices de su desarrollo, entorno en el cual el niño edificaría y daría marco a la forja de su personalidad conformando así su incipiente identidad dinámica en la cual resultaba -salvo que fuera para reparar supuestos de ilicitud y restaurar consecuentemente el pleno imperio de la ley- harto temerario todo intento de generar extemporáneas intromisiones de un pasado que resultaba imprescindible superar justamente en aras del superior interés del principal legitimo destinatario del favor social (arg. arts. 3, 9, 12 y 21, C.D.N). Incluso, en el trámite de adopción, el magistrado podía apartarse de los requerimientos de los intervinientes para disponer el tipo adoptivo que mejor protegiera los derechos del menor (arts. 20 y 21, C.D.N; 321 inc. “i”, 325, 330 y ccdtes., Cód. Civil; igualmente el art.4, ley 13.298), intereses que durante dicho juicio eran tutelados por el Ministeri o Público -Asesor de Incapaces- en carácter de su representante promiscuo (arts. 59, Cód. Civil; 38, ley 14.442). Así, mediando la voluntad o el consentimiento de sus padres, o la decisión judicial firme -de conformidad con la ley y los procedimientos aplicablesde que la separación del niño de sus padres resultaba necesaria en su superior interés (como cuando mediaba abandono material o moral del niño, conf. art. 317, Cód. Civil), o cuando se hubiera definido la identidad de los posibles adoptantes del niño y otorgado finalmente a ellos su guarda con tales fines, entonces la subsiguiente consolidación de un nuevo vínculo afectivo entre éste y aquéllos ya no requería una participación necesaria de los padres biológicos (arts. 20 y 21, C.D.N), pudiendo ésta, por el contrario, hasta resultar eventualmente inconveniente para su plena conformación. Y ello así pues el costo emocional y la inestabilidad y consecuente zozobra que implica para todas las partes involucradas retrogradar la situación a los inicios, volviendo a escuchar a los padres de sangre en el proceso de adopción resultan demasiado elevados en función de los trastornos que el trámite de la nueva citación y eventual comparendo suponen para la estabilidad afectiva del menor, sin duda el más delicado valor a resguardar (arg. arts. 3, 9, 12 y 21, C.D.N; 2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 18, 31, 33, 75 incs. 22, 23 y ccdtes., Constitución nacional; 1, 11, 15, 36.2 y ccdtes., Constitución provincial).

4. Pues bien, en autos, las circunstancias particulares no alcanzan a auspiciar una interpretación distinta de las normas procesales y materiales aplicables. El presentante de fs. 92/93, recurrente a fs. 96/97, manifiesta que en oportunidad del embarazo de la mamá de K., nacido en mayo de 2009, ésta le manifestó que esperaba un hijo suyo.Consideró “toda vez que [su] relación con la misma [había sido] totalmente casual, que [ello] no era posible” (fs. 92 vta.). Así fue como dejó de tener contacto con ella y con el niño recién nacido. Por largos años (fs. 92/93). Hasta que un día volvió a encontrarla y la señora G. le enseñó una foto de K., reconociendo allí cierto parecido físico entre ambos. Así, luego de que la progenitora del niño le ratificara en el mismo acto su paternidad extramatrimonial, éste decidió presentarse espontáneamente ante la oficina del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente para reconocer la misma (fs. 92 vta.), lo que ocurrió el 4 de junio de 2014 (fs. 90). Un tiempo después, el 1º de diciembre de 2014 (fs. 92/93) finalmente se presentó en estas actuaciones pretendiendo recurrir la sentencia de fecha 23 de junio de 2014 (fs. 69/71) que dispuso la adopción plena de K. (y de su hermana C., nacida el 22-II-2008, ambos hijos de la señora G., sin paternidad conocida) en favor del matrimonio A.-W., con quienes viven los niños desde julio de 2011 (a pesar de haber sido recibida formalmente su guarda con fines adoptivos en el mes de mayo de 2012, fs. 18/22, 23, 29). Durante la ausencia del recurrente, que a partir de su propio relato debe reputarse consciente, K. fue alojado junto a su hermana mayor en el Hogar de Niños Nomadelfia (conf. causa 56.157 “G. C. y otro/a s/Abrigo”). Luego de un tiempo, ambos fueron entregados judicialmente al matrimonio adoptante, con quien viven desde hace más de cinco años. Con ellos, los niños desarrollaron una vinculación afectiva positiva, profunda, encontrándose plenamente integrados en un grupo familiar (informe perito psicóloga, fs. 36 y vta.). Cotidianamente K. va al jardín, practica fútbol y tiene cuatro peces (fs.45). También continúa con sus controles médicos semestrales por las secuelas dejadas por un síndrome urémico hemolítico que lo afectó (fs. 36 vta., 55 vta.). Su madre adoptiva (P.) inicialmente dejó de trabajar para dedicarse completamente a los niños (fs. 24/28, 55/56), quienes visitan muy seguido a los abuelos J. y O. (paternos), ya que S. (su papá adoptivo) trabaja en dicho domicilio, manejando un negocio de compra-venta, refacción y restauración de instrumental médico. Los fines de semana frecuentan a sus otros abuelos, L. y A., compartiendo asados con tíos y primos (fs. 24/28). Ambos niños ya saben que son adoptados, más allá del compromiso efectivo asumido por los adoptantes en los términos del art. 321 inc. “h” del Código Civil (fs. 45).

5. Evidentemente, los niños y los adultos no tienen la misma percepción del paso del tiempo. Los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución de los niños (conf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 14, cit., párr. 93). En este marco, el tiempo constituye un factor esencial al momento de hacer operativo el “interés superior del menor”. Así, la exigencia de que ese interés sea analizado “en concreto”, como también el situar que el “conjunto de bienes necesarios” para el menor se integre con los más convenientes en “una circunstancia histórica determinada”, responden al lugar e incidencia trascendental que el factor temporal tiene en la vida de los menores. La paternidad no puede constituir una omnipotestad biológica que confiera impunidad a su titular para incursionar en experiencias abandónicas o desarraigantes que dejen secuelas irreparables a los hijos durante el resto de su vida, por lo que quienes han sido dotados de la aptitud de engendrar no pueden ir y volver sobre sus pasos irresponsable e impunemente.El necesario punto de inflexión debe encontrarse en el superior interés del menor, y en este aspecto aparece la posibilidad de que los niños objeto de tales desatinos sean pasibles de adopción, no como consecuencia de una sanción impuesta a los padres, sino como un remedio para los hijos, resultando en definitiva irrelevante, en principio, el motivo por el cual se produjo el abandono o desamparo que los coloca objetivamente en grave peligro material o moral (conf. mi voto en Ac. 79.931, sent. del 22-X-2003). Pues al lado de las obligaciones estatales asumidas en procura del respeto o tutela del derecho de los menores a la preservación de sus relaciones familiares, velando porque los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, el referido texto internacional prevé -razonablemente- que esto último debería ceder cuando la separación se presente como necesaria en el interés superior de los menores, como por ejemplo cuando sean objeto -como ocurre en el caso- de descuido o abandono (arg. arts. 8, 9, 19 y ccdtes., C.D.N). En autos, la circunstancia que el reconociente hubiera decidido -al tiempo del nacimiento de K.- desoír los reclamos de la señora G. respecto de su paternidad, y dejado transcurrir casi cinco años para luego pretender aparecer en la vida del niño, deben confrontarse con la actual situación de éste, viviendo en forma estable, armónica y consolidada junto a su hermana con el matrimonio adoptante, completamente integrados a dicha familia. Así, las estrategias de revinculación del menor con su familia de origen poseen un momento de realización.Y no parece posible insistir con ellas cuando, como ocurre aquí, debido al excesivo transcurso del tiempo y la consciente inacción de quien pretende tardíamente una nueva oportunidad, ello sólo podría importar prolongar incausadamente la indefinición de la situación del niño y vulnerar sus derechos fundamentales a acceder, en forma seria, estable y tempestiva, a un ámbito que genuinamente resulte apto para brindarle protección afectiva, social y familiar personalizada, en garantía de su bienestar y desarrollo integral (arg. arts. 3, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21, C.D.N; 1º, 14 bis, 31, 33, 75 inc. 22 y ccdtes. Constitución nacional; 16.3, Declaración Universal de los Derechos del Hombre; VI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; arts. 23 y 24, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 594, 595 incs. “a” y “d”, 607, 706 y ccdtes., Cód. Civ. y Com.; 2, 3, 8, 9 y ccdtes., ley 26.061; 1º, 11, 15, 36.2 y ccdtes., Constitución provincial; 4, 5, 6, 7 y ccdtes., ley 13.298; 384, 474, 853, C.P.C.C.). En tal marco, todo respeto por el derecho a la identidad del menor, que carece de significación decisiva para determinar la necesidad de citación de los progenitores al juicio de adopción, alcanza su satisfacción con la precisa individualización de la madre y/o padre en autos, la actuación del juez y las directivas contenidas en la ley (arts. 321 inc. h y 328, Cód. Civil; mi voto en Ac. 63.120, cit.; conf. compromiso de fs. 45).

6. Por demás, habiendo asistido a la audiencia ante esta sede fijada al efecto, tuve oportunidad de tomar conocimiento de la persona de K., con asistencia de la representante del Ministerio Público de Incapaces y un perito psicólogo (fs.192), lo que me permitió conocerlo en su realidad actual -al amparo de sus adoptantes- y llegar a la convicción de que la solución propuesta es la que a todas luces resulta más funcional en la armonización de todos los apreciables intereses puestos en juego (arts. 12, 13 y ccdtes., C.D.N; art. 75 inc. 22, Const. nacional).

II. Habida cuenta de todo lo expuesto, se impone en autos concluir que el impugnante carece de legitimación para recurrir la sentencia definitiva de fs. 69/71, por lo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe considerarse mal concedido (art. 279 y ccdtes., C.P.C.C.). Así lo voto.

Los señores jueces doctores de Lázzari, Negri y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión planteada también por la afirmativa. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Subprocurador General, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario deducido. Los autos deberán volver a la insta ncia de origen a los fines de que se integre la litis con el señor R. C. y se proceda a analizar la pretensión del nombrado y, con tal resultado, en el plazo más breve posible, se dicte el nuevo pronunciamiento que corresponda respecto de K., atendiendo fundamentalmente a su interés superior (arts. 595 y 621, C.C.C.).

Las costas se imponen por su orden en atención a la índole de las cuestiones planteadas y los derechos en juego (arts. 68 segunda parte, y 289, C.P.C.C.). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

HILDA KOGAN HECTOR NEGRI EDUARDO JULIO PETTIGIANI EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA CARLOS E. CAMPS Secretario