Es legítimo el despido de quien retuvo cobranzas y no rindió cuentas ante sus superiores.

Pdespido 4artes: Julián Carlos Darío c/ Sánchez Carlos Alberto s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Tercera.

Fecha: 15-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96233-AR | MJJ96233 | MJJ96233

Legitimidad del despido directo del trabajador que retuvo cobranzas y no rindió las cuentas pertinentes.

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho el despido causado decidido por la empleadora, pues surge probado que el trabajador efectuó actos consistentes en retención de cobranzas y falta de rendición de cuentas.

2.-El hecho de la falta de pago de salario le permite al actor tomar otras medidas legalmente permitidas, pero no a incumplir y retener dinero de la empresa, ya que esa actitud rompe con algo invaluable, que es la confianza de las partes, sin la cual ninguna relación humana y menos la laboral puede permanecer en el tiempo.

3.-El requisito de la proporcionalidad debe ser interpretado, entonces, en el sentido de que la reacción no sea de una magnitud superior a la que la injuria justifique, bien entendido nada obsta a que aquella se menor.

Fallo:

En Mendoza, a quince días del mes de diciembre del año 2.015 , reunidos en su Sala de Acuerdos, los Sres. Jueces de la Excma. Tercera Cámara de Trabajo, Dres., Mónica Adela Arroyo, Enrique H. Catapano e Inés Rauek de Yanzón trajeron a deliberación para sentencia definitiva, los autos nro 41.414, caratulados: “JULIAN CARLOS DARIO c/ SANCHEZ CARLOS ALBERTO p/ DAÑOS Y PERJUICIOS” de cuyas constancias,

RESULTA:

1) Que a fs. 13 obra agregada la demanda que interpone CARLOS DARIO JULIAN contra CARLOS ALBERTO SANCHEZ por la suma de $39.894,97 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos, con más intereses y costas.

Refiere que ingresó a trabajar el 1-8-98 en Ediciones Jurídicas Cuyo, en la categoría de viajante, en el radio ciudad y Godoy Cruz con una jornada de 8 hs de lunes a viernes. Que la demandada siempre cumplió con sus obligaciones hasta que en el año 2009 comenzó a retacear la venta de libro. Y no le regularizó el pago de salarios. Que la falta de pago de enero, febrero, marzo y abril del 2010 .

Por ello envía T.C. del 6-5-10 en donde intima ante la negativa de tareas por imposibilidad de entrega de libros para poder ser viajante y ante la falta de pago de los salarios de enero, febrero, marzo y abril más SAC del 2009 y vacaciones, lo intima a que aclare situación bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido. Intima además, ante la falta de pago de salarios, a que abone bajo apercibimiento de iniciar acciones.

Que como respuesta el demandado lo despide con causa por pérdida de confianza e irregularidades en cobranzas.

Sostiene que el demandado evadió las obligaciones a su cargo.

Por tanto envía causal donde rechaza la pérdida de confianza y a su vez el empleador le rechaza e insiste en la causal injuriosa.

Inicia expediente ante la S.T.S.S. arribándose al fracaso de la instancia conciliatoria.Practica juramento de ley 14546, art. 11 . No determina el porcentaje de comisión.

Deduce la inconstitucionalidad de la ley 7198.

Practica liquidación. Ofrece prueba. Funda en derecho.

II. A fs. 57 comparece el demandado y contesta solicitando el rechazo de la demanda con costas.

Luego de una negativa general, reconoce que el actor se desempeñó en relación de dependencia hasta el despido con causa comunicado por telegrama del 5/5/2010.

Niega que haya incurrido en incumplimiento; que se le haya retaceado libros, que el actor saboteaba los intereses; niega que al no vender no se pudiera trabajar.

Que el empleador efectuó un despido con causa, sostiene que primero en el tiempo sucedió, que el empleador envió el telegrama de despido el 5 -5.10 y que el actor lo recibiera el 7-5-10. Afirma que el despido no fue repuesta a su TC emplazatorio . Niega que trabajara ocho horas, de lunes a viernes ya que cursaba una carrera universitaria. Porque era un viajante no exclusivo.

Niega que sea verdad que el actor no cobraba salario desde 2009 sino que no era posible abonarle por no efectuar liquidaciones de varios clientes. Que estos se quejaron porque sus pagos no figuraban en su factura y no aparecía en las rendiciones que el actor hacia.

Por ello al responder al despido, en su telegrama del 10-5-10 el actor, manifiesta en el segundo párrafo “procederé a la rendición “. Que el actor dejó pendiente las rendiciones de cuentas de varios meses.

El actor fue sorprendido en una actitud que generó numerosas dudas. Hasta que fue comprobada su falta.

Sostiene que el reclamo del actor es totalmente infundado ya que fue despedido por justa causa

Impugna liquidación. Ofrece prueba

III. A fs.67 el actor contesta el traslado del art. 47 del CPL y ratifica el rechazo del despido. Desconoce la autenticidad de la documental adjuntada.

IV. A fs. 70 obra el dictamen de Fiscalía de Cámara; a fs. 72, se admiten las pruebas ofrecidas. A fs. 90 y fs. 161 contesta la S.T.S:S.; a fs.95 se introduce un incidente de hecho nuevo, el que es rechazado por el Tribunal. A fs. 99 se agrega el informe del Correo; a fs. 133 se denuncia el fallecimiento del demandado, agregándose a fs. 134 el acta de defunción, agregándose a fs. 146 la sentencia declaratoria de herederos. Y a fs. 159 se denuncia la administradora de la sucesión. A fs. 172 el informe de la Universidad Juan Agustín Maza, y a fs. 176 el perito calígrafo presente su informe.

A fs. 188 se fija fecha para la realización de la audiencia de vista de Causa. la que se realiza conforme el acta de fs. 193. Se agregan loso alegatos por escritos del actor a fs. 194 y el alegato de la demandado a fs. 197. A fs. 202 se llaman autos para resolver.

Por lo que el Tribunal, de conformidad con lo establecido por el art. 69 del CPL y en el orden del sorteo practicado promedió a plantear y a resolver las siguientes cuestiones

PRIMERA CUESTION: EXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL.

SEGUNDA CUESTION: PROCEDENCIA DE LA DEMANDA.

TERCERA CUESTION : LAS COSTAS.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION LA DRA. RAUEK DE YANZON DIJO:

Que la relación laboral que invoca la actora, así como la fecha de ingreso se encuentra especialmente admitido por la demandada.

Queda demostrado sin más con la forma en que ha sido extinguida la relación laboral por la comunicación del despido con causa y con los bonos de sueldo acompañados.( fs. 11) .

Se verifica que el actor estudiaba en la Universidad Maza la carrera de veterinaria, desde el 2002 hasta julio del 2008. Por lo que se encuentra demostrado que el actor no trabajaba horario completo de 8 horas sino media jornada.

Por tanto, arribo a la conclusión que las partes se han encontrado vinculadas por una relación de trabajo regida en cuanto a su desenvolvimiento por las previsiones de la LCT y convenio respectivo.

Así voto.

A LA MISMA CUESTION LOS DRES ARROYO Y CATAPANO DIJERON:Que por fundamentos similares adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. RAUEK DE YANZON DIJO:

I. Que el actor reclama el pago de la indemnición que corresponde por despido injustificado. La demandada niega la procedencia de la indemnización por despido y afirma que el distracto se produce por justa causa.

Trataremos en primer lugar la existencia o no de justa causa para la extinción de la relación laboral.

II. El tiempo en que se produce la extinción de la relación y por quien:

La demandada envía T.C. de despido con causa el día 575/10 y es recepcionado por el actor el día 7-5-10 según informa el Correo Argentino a Fs. 99.

La actora emplaza por TC, atribuyendo injurias al empleador. Este T.C. fue emitido según la constancia del mismo el día 6.5.10 ( fs. 10). Pero no se da por injuriada y despedida. Solo se limita a rechazar la causal en los telegramas posteriores. ( fs. 4,5,).

Por tanto, establecemos la fecha de extinción del contrato de trabajo con el telegrama emitido por el empleador obrante a fs 6 , con fecha de emisión del 575710 y fecha de recepción el 7-5-10.

Este acto jurídico es el que produce la extinción del contrato obrante entre las partes y desde allí analizaremos la acción entablada: como despido directo con causa producida por el empleador.

III. El Art. 242 LCT establece la facultad de denunciar el contrato por una de las partes, en caso de inobservancia de la otra “de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación”.

Existencia de injuria: La demandada ha invocado como tal: La siguiente:”Habiendo ud practicado en el día 3/5/05 una liquidación parcial, incompleta , incorrecta , atrasada con graves discrepancias en lo relacionado a las fechas del efectivo cobro, sin la debida facturación en algunos casos y con cobranzas realizadas y no rendidas al día de la fecha , le comunico que es una situación que hace desaparecer la confianza mínima necesaria que permita la prosecución del vinculo contractual.” Esta afirmación se comprueba con el despacho obrante a fs. 6 .

La actora expresó en su escrito de demanda, que había rechazado la causal por telegrama. Con la documental de fs.4 de fecha 10 de mayo del 2010 , se comprueba tal aserto, donde niega haber realizado rendición parcial incompleta e incorrecta , que no existe rechazo ni discrepancias; rechaza perdida de confianza, alega la falta de pago de salarios . alega falta de pago de salarios y SAC desde enero . por lo que ante la falta de pago de sueldo se fueron flexibilizando los plazos de rendición de cobranzas a fin de poder continuar afrontando los gastos mínimos de traslado , . a fin de dar continuidad al vinculo con la promesa que regularizaría los pagos “. Más adelante responde: “cumplo en informar que procederé a realizar la rendición de cuentas que exige en tiempo y forma en el negocio . intimo le abone liquidación final”.

Así trabada la litis corresponde pronunciarnos sobre la prueba.

Análisis de la prueba del hecho injurioso:

a) En primer lugar debemos tener en cuenta que la causal injuriosa se encuentra admitida tácitamente por la actora al responder el telegrama, alegando una causal exculpatoria: la falta de pago de salarios.

b) La prueba consistente en pericial caligráfica demuestra que las facturas indicadas en el telegrama de despido así como del material dubitado indicado en el dictamen a fs. 176 vta. y 177, firmadas por el actos así como que existe sobre escritura en el recibo nro 8987.En consecuencia llego al convencimiento de que son ciertos los hechos afirmados en la contestación de la demanda respecto del hecho injurioso.

La doctrina conceptualiza la injuria como “todo acto u omisión contraria a derecho que importa una inobservancia de deberes de prestación o de conducta, imputable a una de las partes y que lesione el vínculo contractual”. (Ackerman-De Virgilis, “La configuración de la injuria laboral -requisitos de validez-“, L.T., Nro 356- Agosto-82,pg.685).

Analizaremos ahora si estos hechos revisten los requisitos necesarios para que se configure injuria laboral.

Actos u omisiones: El actor efe ctuó actos consistentes en retención de cobranzas, y falta de rendición de cuentas.

Contrario a derecho: Esta actitud importa inobservancia de los deberes de prestación y de conducta establecidos especialmente en el art. 62 LCT.

Gravedad: En la función de intérprete, el juzgador debe, conforme lo establece el art. 242 LCT, apreciar prudencialmente si la falta cometida lesiona el vínculo contractual.

Evidentemente que el hecho en sí mismo significa la ruptura de una de los más importantes deberes, que es el de confianza y buena fe así como el de fidelidad y por tanto en el empleador produce la pérdida de confianza respecto del empleado.

El hecho de la falta de pago de salario le permite al actor tomar otras medidas legalmente permitidas pero no a incumplir y retener dinero de la empresa. Ya que esa actitud rompe con algo invaluable: que es la confianza de las partes, sin la cual ninguna relación humana, y menos la laboral puede permanecer en el tiempo.

En consecuencia, entiendo que, probados debidamente la actitud del actor y las inobservancias a deberes específicos del contrato de trabajo, tanto de prestación como de conducta, esa actitud reviste entidad suficiente como para configurar injuria a los términos de la LCT.

III. Evaluaremos ahora si la actitud del empleador es o no legítima.

Tanto la actora como la demandada afirman que el actor fue despedido. En consecuencia, el hecho del despido es un hecho no controvertido y debe considerarse admitido.Requisitos del despido causal: Conforme lo establece el art. 243 LCT deben cumplirse tres requisitos formales para la procedencia del despido por justa causa: A) comunicación por escrito, b) expresión suficiente de la causa y c) invariabilidad en juicio de la causa expresada por escrito.

De acuerdo al texto del telegrama ofrecido por la actora e incorporado al proceso como prueba instrumental ya indicado y del escrito de contestación de la demanda , se arriba a la conclusión que el despido fue comunicado por escrito, con expresión clara de la causa y que la demandada alegó exactamente los mismos hechos en la contestación.

La doctrina y la jurisprudencia exigen además otros requisitos para evaluar la conducta del empleador. “A nuestro entender, entonces lo correcto es interpretar que habría legitimidad en la reacción cuando ella se encuentra en adecuado nexo causal con la injuria (causalidad), sea proporcionada a ella (proporcionalidad), y sino contemporánea, su alegación sea cuando menos oportuna (contemporaneidad u oportunidad)” (Ackerman-De Virgilis, ob. cit., L.T., Nro 357, pg. 778). Verificaremos si en el presente caso se encuentran cumplidos estos requisitos.

Causalidad: Resulta evidente el nexo causal que existe en el presente caso entre las actitudes asumidas por el actor y el despido ordenado por la empleadora. La causa invocada como injuriosa tiene relación directa con la actitud de concluir la relación laboral emanada de la empleadora.

Proporcionalidad: “El requisito de la proporcionalidad debe ser interpretado, entonces, en el sentido de que la reacción no sea de una magnitud superior a la que la injuria justifique, bien entendido nada obsta a que aquella se menor”.(Ackerman -De Virgilis, ob. cit., L.T., Nro 357, Septiembre 82, pg. 780).

Dada las características de la injuria invocada y debidamente probada, aparece evidente la razonabilidad de la medida.

Contemporaneidad-oportunidad: Debe existir proximidad temporal entre la reacción ante el motivo desencadenante y el momento en que llega a conocimiento del empleado. Es decir, la respuesta debe ser oportuna (cfr. Centeno Norberto, “La oportunidad de alegar la justa causa de despido, L.T.,T. XIX, pg.607; Ackerman-De Virgilis, ob. cit., L.T. XXX, pg. 782).

En el caso de marras el actor el despido fue decidido y enviado coetaneamente al hecho atento que la actitud asumida se prolongó en el tiempo.

En consecuencia tengo el convencimiento de que el demandado reaccionó en forma contemporánea y oportuna al hecho de la injuria.

En síntesis y atento a las consideraciones formuladas, entiendo que se ha configurado la injuria laboral imputable al dependiente, que la reacción del empleador ha sido legítima y que en consecuencia es justa la causa por la que se produjo el distracto laboral.

Por tanto, resulta improcedente el reclamo efectuado por el actor, por lo que entiendo que debe ser rechazado, por la suma de $ 30.894,99 por los conceptos de indemnización por antigüedad, preaviso , integración , multa del art. 2 de la ley 25323 así como la indemnización por clientela de la ley 14.546 ( art. 149 y $ 102,91 por preaviso. Por la suma total de $ 30.707,5.

III. Análisis de los restantes rubros reclamados:

1-El SAC sobre preaviso reclamado por la suma de $ 102,91 y SAC SOBRE INTEGRACION POR LA SUMA DE $ 84,58 también resultan improcedentes.

Esta Cámara tiene reiteradamente dicho que siendo el preaviso un ítem indemnizatorio y correspondiendo el Sueldo Anual Complementario sobre la remuneraciones del trabajador, el SAC sobre un ítem no remuneratorio sino indemnizatorio, no resulta procedente en derecho (art. 123 y 232 de LCT; Meilij, Gustavo, T.II, Ppag. 64, 167 y 428). Por tanto el mismo debe ser rechazado.

Este mismo criterio ha sido admitido por la SCJ in ire 91.481, ” Hernández en J. 31876 c/ Higgs Car ” de septiembre del 2008 donde el superior Tribunal de Mendoza expresó: ” Por otra parte, y en relación a otros rubros rechazados en la sentencia, consigna la Cámara que no corresponde la indemnización por SAC sobre preaviso, porque ello es conforme lo establece el artículo 121 de la LCT:la doceava parte de la retribución normada por el artículo 103 de la LCT, y porque el preaviso no es una retribución sino una sanción impuesta por la ley, por no comunicar la ruptura de la relación laboral, atento lo dispuesto por el artículo 232 de la LCT, (fs 94 del fallo).

El instituto del sueldo anual complementario (SAC) se encuentra regulado en el artículo 121 de la LCT, reformado por la ley 23041, el que expresamente determina que su base de cálculo son las “remuneraciones” del trabajador, e incluso en su versión original precisa que las mismas son las definidas por el art. 103 de la LCT.

En igual sentido, el pago de la omisión de preaviso se encuentra establecido en el artículo 232 de la LCT y lo define como una “indemnización”. En su función el preaviso no puede ser considerado como base de cálculo del S.A.C. porque no constituye una remuneración, y esto constituye la razón suficiente que justifica que quede fuera de la base de cálculo de la indemnización sustitutiva del pre-aviso cuya composición solo puede estar integrada por rubros remuneratorios, (RODRIGUEZ MANCINI, “Ley de Contrato de Trabajo”, T. IV, p. 232).

La interpretación sostenida es la que mejor armoniza la aplicación de las normas de la LCT que se encuentran en juego (artículos 121 y 232). Reconoce como fuente de exégesis la propia letra de la ley y es la que, a mi entender, conduce a un resultado razonable que no se aparta del contexto en que la disposición está inserta, no se contradice con otras disposiciones, no se aleja del fin que ha tenido en cuenta el legislador y de otros parámetros concordantes a los que se refiere, explícita o implícitamente el fallo recurrido.En el sentido apuntado la Corte Federal ha establecido que el método de interpretación gramatical es el punto de partido de toda interpretación y el que prevalece si la letra de la ley no ofrece dudas, situación que se configura en el supuesto de autos, (Fallos 304:1820, 314:1849)

Distinta sería la solución si el planteo se hubiera dirigido a obtener el reconocimiento del SAC sobre la indemnización sustitutiva del preaviso, problemática que ha sido resuelta en forma afirmativa porque en definitiva se trata de una remuneración que se habría devengado a favor del trabajador si el preaviso se le hubiere otorgado.

Debe tenerse presente que el S.A.C., a pesar que se percibe dos veces en el año, se devenga día por día, entonces no habría fundamento legal alguno que autorice a desestimar su incidencia en la base de cálculo del preaviso.

Evidentemente la solución no es la misma porque, aunque las diferencias no son de entidad, no es lo mismo calcular el SAC sobre el preaviso, como pretende la actora; que tomar en consideración la incidencia del SAC en la liquidación del preaviso. Por lo tanto, el agravio examinado debe ser desestimados ” .

Por tanto resulta improcedente el rubro.

2. Sueldos de enero, febrero , marzo y abril del 2010 y días trabajados de mayo (5) . Esto rubros han sido admitidos en la contestación como no abonados por tener que realizar compensación con las sumas retiradas de la empresa y no entregadas. Sin embargo , se ha llegado hasta el dictado de la presente sentencia y no ha sido introducido ni probado el monto referido. Por tanto corresponde hacer lugar al pago de los salarios atento que no ha sido demostrado su pago o la extinción de la obligación. Este rubro procede por la suma de $5175.

3.Rubros SAC del año 2009 y proporcional del 2010 por la suma total de $1749 Este rubro por las mismas razones dadas en punto anterior resulta procedente.

4.Vacaciones del 2009 y proporcional del 2010 por la suma total de de $ 2074.8 también resultan procedente por las mismas razones.

Por tanto, esta demanda resulta procedente por los rubros no retenibles por la suma de $8.998,8.- y corresponde que sea rechazada por la suma de$ 30.894,99 por los rubros indemnizatorios.

Intereses:

Puesto en el análisis del caso que nos ocupa, se ratifica lo ya expuesto en cuanto a centralizar el mismo en la crítica de inconstitucionalidad de la Ley 7.198 que el recurrente ha generado, pero acotado al análisis de la tasa de interés, por ser éste el tema sometido a debate.

En tal sentido resulta un dato conocido que en el año 2.001 / 2.002 hizo eclosión una profunda crisis económica en nuestro país. Las consecuencias de esta crisis determinaron entre otro s efectos y en lo que aquí interesa, el regreso de la inflación que en el año 2.002 alcanzó, según datos oficiales, un 118 % medido sobre el nivel general de precios de la economía.

Estas circunstancias además de resultar de datos suministrados por el propio Estado constituyen un hecho notorio que conforme el clásico principio en la materia “notoria non egent probatione” quedan fuera del objeto de prueba. El concepto de notoriedad procura dos altos fines de política procesal. ” Por una parte, un ahorro de esfuerzos al relevar a las partes de producir pruebas innecesarias” y por otra, procura prestigiar la justicia evitando que ésta viva de espaldas al saber común del pueblo y su arte consista, como se ha dicho, en ignorar jurídicamente lo que todo el mundo sabe” (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, tercera edición, Buenos Aires, Desalma, 1.987, p. 235; véase asimismo, Calamandrei, Piero, “La definición del hecho notorio” en Estudios sobre el Proceso Civil, traducción de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1.945, p.181 y Carnelutti, Francesco, La prueba civil, traducción de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, segunda edición, Buenos Aires, Desalma, 1.982, p. 15, nota 19)

Desaparecida la estabilidad monetaria a manos de la crisis de finales de 2.001, reitero, hecho notorio que podrá ser discutido en sus alcances pero no en su existencia, resulta irrazonable pretender que se mantuviera la vigencia de un régimen apartado de la realidad que le da sustento.

Partiendo de la base que la economía en general se encuentra sujeta, como todo lo humano, a algunas variables que no son meramente matemáticas (J.A. 1.997 I 376); que se impone como necesario encontrar una tasa que revele las vicisitudes que afectaron al acreedor durante el tiempo en que se vio privado de su crédito.

A tal efecto y para el caso que nos ocupa se tomará en consideración el período comprendido entre los meses de abril de 2.004, mes en que entró la vigencia de la Ley 7.198, a la fecha del presente pronunciamiento.

Conforme a ello, se verifica que de acuerdo a los datos suministrados por la Oficina de Estadísticas, publicada en la página web (www.jus.mendoza.gov.ar), la tasa activa que paga el Banco de la Nación Argentina ha quedado determinada desde el mes de Setiembre de 2.003 en el 18,85% anual en operaciones de créditos a 30 días, reconociendo un máximo de 19,60% anual en los supuestos de operaciones a 180 días. Siendo la tasa efectiva mensual del 1,550%, no se ha observado variación de la tasa denunciada desde el mes de setiembre del año 2.003, permaneciendo estática desde entonces.

Surge con claridad convincente que en el supuesto de autos la tasa legal establecida por la ley 7.198 es notoriamente desproporcionada, abusiva y exorbitante con relación a la tasa de interés activa existente en el mercado financiero de la provincia de Mendoza.Por lo que corresponde declarar la inconstitucionalidad de la misma y aplicar la tasa activa de interés desde que cada obligación se hizo exigible.

La mora deberá computarse desde el 7 de marzo del 2010.

Sujeto pasivo de la acción. Sucesión Procesal.

A fs. 134 es denunciado el fallecimiento del demandado. Adjuntándose a fs 146 la sentencia declaratoria de herederos así como el nombramiento de administrador a fs. 149.

Por tanto se ha producido aquí una situación de sucesión procesal Así voto.

A LA MISMA CUESTION LOS DRES ARROYO Y CATAPANO DIJERON. Que por fundamentos similares adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION LA DRA. RAUEK DE YANZÓN DIJO

Las costas deben ser soportadas por el actor en cuanto es rechazada la demanda y por la demandada en cuento esta resulta procedente,. (art. 3l CPL).

Así voto.

A LA MISMA CUESTION LOS DRES ARROYO Y CATAPANO DIJERON. Que por fundamentos similares adhieren al voto que antecede.

RESUELVE

I Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por CARLOS DARIO JULIAN contra CARLOS ALBERTO SANCHEZ en la persona de sus herederos determinados en la sentencia declaratoria de herederos en la medida de su porción hereditaria por la suma de pesos OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 08/100 ( $ 8.998,8), por sumas no retenibles, con más intereses y costas .

II Rechazar la demanda interpuesta por contra CARLOS ALBERTO SANCHEZ , por la suma de pesos TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 99/100 ( $ 30.894,99) por los conceptos de indemnizatorios y multas improcedente, con intereses y costas.

III. Diferir la regulación de honorarios hasta que exista base regulatoria firme .

IV. Ordenar practicar liquidación por el Departamento Contable de las Cámaras Laborales,.

r.a

COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-

Firmado:

DRA. MÓNICA ARROYO

Camarista

DR. ENRIQUE HECTOR CATAPANO GUDIÑO

Camarista

DRA. INES RAUEK DE YANZON

Camarista