Entre el actor y el club demandado existió una relación de carácter laboral, pues la venta de merchandising desempeñada por el trabajador se produjo en el marco de una estructura empresarial ajena y a cambio de una remuneración.

DemandaPartes: Maidana Jorge Eduardo c/ Club Atlético River Plate Asociación Civil s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 3-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97334-AR | MJJ97334 | MJJ97334

Entre el actor y el club demandado existió una relación de carácter laboral, pues la venta de merchandising desempeñada por el trabajador se produjo en el marco de una estructura empresarial ajena y a cambio de una remuneración.

Sumario:

1.-Corresponde tener por cierto que el actor mantenía una relación laboral que se encontraba por fuera de todo registro pues de las declaraciones testimoniales surge probable tal modalidad utilizada para instrumentar el trabajo de la venta de merchandising del club demandado, y establecidas las probanzas de la causa, conforme el art. 23 LCT., debe presumirse la existencia de un contrato de trabajo cuando una persona preste servicios a otra.

2.-Puesto que quedó efectivamente acreditada la existencia de la relación laboral ya que el contrato tuvo por objeto la prestación de servicios personales del actor contra una remuneración, en el marco de una estructura empresarial ajena y en el que la prestación de servicios personales operaba como medio de la consecución de los fines (benéficos o de lucro) ajenos, por efecto del principio de carga dinámica de las pruebas, era el titular de la estructura empresaria que debía demostrar la existencia de una empresa seria de contratación del actor en los términos del art. 5 LCT.

3.-Corresponde modificar la sentencia y admitir la existencia de una relación laboral encubierta pues si no se ha demostrado que el actor era empresario (en el sentido que la prestación y la organización respondían a un fin propio) no es posible excluir la existencia de relación laboral.

4.-Toda vez que la pretensión del art. 30 LCT., no fue siquiera introducida de modo subsidiario por el actor, no corresponde tener en consideración tal argumento ya que implica alterar los contenidos con los que se trabó la litis; máxime siendo que afectaría seriamente el principio de congruencia que importa el respeto no sólo del sujeto y del objeto constituidos por la pretensión y sus defensas, sino también la causa pretendí .

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 3 días del mes de marzo de 2016 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Contra la sentencia de grado que rechazó la demanda apelan las partes según sus presentaciones de fs. 412/416 y 418, con respectivas réplicas.

En primer lugar, la actora controvierte la ponderación de grado de las probanzas testimoniales de las cuales concluyera el a quo, que el actor no alcanzó a probar la relación de dependencia anudada con el demandado. Arguye en este sentido, que las testimoniales depuestas que fueran de consideración en el decisorio de grado, lograron acreditar la actividad desplegada por el actor en los términos detallados en el escrito de inicio. Específicamente, que resultó probado que el actor prestó servicios dentro del estadio de fútbol de la demandada, debía cumplir un horario de ingreso y recibía órdenes de trabajo que le indicaban a qué precio vender cada producto, y sector del estadio, de lo cual resultaría según refiere el apelante vulnerar los arts. 22, 23 y 30 de la LCT. Finalmente, arguye que el club demandado fue beneficiario directo de la actividad desplegada por el trabajador en su establecimiento. Invoca jurisprudencia en defensa de la argumentación esbozada y finalmente solicita se revoque el decisorio de grado in totum.

Entiendo que la apelación introducida por el apelante no debe ser recibida, ello por cuanto, en primer lugar, introducir como argumenta y pretende el accionante en la instancia de alzada una vía condenatoria de reparación jurídica no planteada oportunamente por el actor, (en el escrito de inicio), en el cual se impone y requiere una voluntad inequívoca de la parte actora, implica alterar los contenidos con los que se trabó la litis. Me refiero específicamente a la hipótesis jurídica del art.30 RCT, que arguye el actor en su presentación, que no fue oportuna y técnicamente introducida en el proceso. Ello afectaría seriamente el principio de congruencia que importa el respeto no sólo del sujeto y del objeto constituídos por la pretensión y sus defensas sino también la causa pretendí. El contenido de la pretensión y los hechos a los que la ciñe quien demanda, contesta demanda o se agravia, constriñen al juzgador.

De lo expuesto resulta que la resolución judicial debe guardar correlación con el tema decídendum integrado por pretensiones (principales o reconvencionales) y oposiciones. Es, por consiguiente una relación entre dos términos, uno de los cuales es la sentencia misma y, más concretamente, su fallo o parte dispositiva, y otro, el objeto procesal en sentido riguroso. No se trata, por consiguiente, de congruencia con la demanda, ni con las alegaciones y las pruebas, sino de modo genérico con la pretensión procesal y la oposición en cuanto la definía la actora, teniendo en cuenta todos los elementos que individualizan tal objeto, a saber: los sujetos, la materia sobre la que recae o causa pretendi conformado por los hechos en que se basan la pretensión y las defensas1.

En el caso de la pretensión del art. 30 RCT, ni siquiera fue introducida de modo subsidiario por el actor.

Luego, nótese que los testigos (fs. 270/271; 281/282, 344/345; 346/347) han depuesto contestemente en lo atinente a la actividad desplegada por la actora, en el establecimiento del demandado en las ventas por merchandising de gorros, banderas, vinchas, llaveros, remeras y souvenirs oficiales del Club Atlético River Plate, durante el desarrollo de los encuentros futbolísticos de la institución demandada.Ello, importa otorgar eficacia a los términos invocados por el actor en el escrito de inicio, según se explica a continuación, en tanto la defensa esbozada por la demandada específicamente procura introducir a una empresa tercera que resultaría concesionaria de la actividad desplegada por el actor, (según su conteste y citación del tercero al proceso, como así también surge de la pericia contable de fs. 272/277 -art. 386 CPCCN-), lo cual en modo alguno desvirtúa las labores indicadas por el accionante, que en definitiva importaron la puesta a disposición de la fuerza laboral del accionante en miras al beneficio económico del demandado que también participa del aspecto controvertido en cuestión -merchandaising- fs. 295/301.

En al análisis de la prueba testimonial, no pueden desestimarse los dichas de los mismos por la sola circunstancia de no mencionar puntillosamente como argumente el a quo, que las actividades desplegadas por el actor tuvieran vínculo directo con la demandada, toda vez que las declaraciones describen la relación laboral que fácticamente resulta acorde al reclamo del accionante razonablemente a la actividad desplegada por el Club Atlético River Plate Asociación Civil (art. 28 CN).

Tampoco es posible que el juez presuponga que los testigos, mientras respecto de los hechos percibidos por sus sentidos o tengan alucinaciones pues el principio de inocencia impide aplicar la primera de esas presunciones y la presunción de habilidad de los adultos hasta su declaración de insania, la segunda. Si no existe prueba en contrario, ni lo relatado contradice restricciones físicas o lógicas es deber de los jueces analizar la prueba ofrecida de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir a los imperativos que surgen del sistema jurídico, de las reglas lógicas y de la experiencia. En el fondo, sigue vigente la vieja afirmación de Ulpiano:Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti setentia.

La adopción del principio de la sana crítica importa desde ya descartar máximas correspondientes al período de la prueba tasada y, consecuentemente, si no existe prueba en contrario que descarte lo informado plausiblemente por los testigos que declaran, no se advierte la razón para descartar prueba bilateralmente adquirida.

Es decir, que si no existe prueba capaz de cuestionar la convicción que surge de declaraciones testimoniales situadas y que relatan hechos que pueden ser conocidos desde las coordenadas en las que el testigo dice haber tomado conocimiento de los mismos, debe existir una razón suficiente para descartarlos, y no parece ser ésta la impresión que tiene el juzgador sobre la intencionalidad que pudieran tener los testigos para favorecer la postura de la actora.

En este orden de ideas, el análisis de la prueba requiere analizar qué hechos han sido probados y no quién debía hacerlo, ya que no hay un sujeto que deba probar.

Ello cambia la pregunta que debe realizarse respecto del objeto de prueba y, con ello, los requisitos a los que está sometida la respuesta. La pregunta no es ¿Probó el actor la relación laboral? Sino ¿Ha quedado acreditado en la causa la relación aludida? Este cambio en la pregunta importa ya un deslizamiento semántico. En el primer caso la prueba adquiere una cierta consistencia ontológica incompatible con su carácter de juicio práctico. Algo falta para dar consistencia a la argumentación. En el segundo caso la decisión sobre el material probatorio y el objeto de prueba importa la necesidad de una apuesta racional que viene impuesta por la proscripción del non líquet para el juez. La pregunta pasa a ser entonces ¿Qué debo decidir frente a estas pretensiones y a este material probatorio?

La tarea no es la de un comerciante o de un auxiliar que pesa la “entidad probatoria” para ver si sobran o faltan cinco para el pesto y así decir que el hecho ha sido probado o no.Estos son los resabios de la teoría inquisitorial de la prueba tasada que actúan sobre la práctica de jueces que, ideológicamente nada tiene que ver con ella, el suscripto incluido.

En todos los casos los jueces se ven impedidos a decidir por imposición legal. Esto es, a elegir entre opciones distintas y contrarias y todo juicio que se emite es una hipótesis y nada más que una hipótesis sobre objetos y relaciones entre objetos a los que sólo es posible acercarse por signos (testimonios, documentos, informes, etc.). Nunca nada puede ser probado con la fuerza de la certeza (salvo supuestos de psicosis), el mortal debe conformarse con lo probable, con las huellas de un suceso y con las huellas de otros sucesos referidos al primero. En esa tópica de razón de sistema que impone el encuentro con los signos es posible el advenimiento de un mundo como nosotros lo conocemos.

Se debe elegir una hipótesis en un juicio práctico, elección de la hipótesis más probable en las condiciones reales de semiosis limitada. Abstraerse de esto, lleva a la teoría probatoria de la inquisición, la de la prueba tasada. O, en todo caso, a creer en la posibilidad de un acceso noumenal a la verdad allende el fenómeno. Por supuesto, esta elección probable, esta creencia debe ser comunicable. Lo que nunca puede dejar de hacerse es de dar razón razonable de las causas por las que se elige. El ars ínveníendí no puede ser jamás para el juzgador republicano una cuestión privada.

Se podrá cuestionar que no se trata de prueba sino de inferencia, pero este tipo de planteo sólo es compatible con la creencia metafísica en la posibilidad de la certeza, en que existe la posibilidad de una adequatio intellectum ad rem.Lamentablemente para el narcisismo del sujeto, los mortales no pueden hacer otra cosa que inferir pues los hablantes viven en un mundo de signos y el signo es, por definición, todo aquello con lo cual se puede mentir.

En este sentido, debo señalar que los dichos de los testigos señalados no resultan improbables respecto a la modalidad utilizada por parte del demandado para instrumentar el trabajo. Frente a esta constancia probatoria, debía analizarse si existen elementos que permitan descartar esta hipótesis abonada por los dichos de los testigos referenciados.

De esta forma, disiento con la conclusión arribada por el a quo, en tanto no habiéndose produci do elementos que desvirtúen o cuestionen la convicción que surge de las declaraciones testimoniales otorgadas, debo tener por cierto que el actor mantenía una relación laboral con el demandado que se encontraba por fuera de todo registro.

Digo esto porque, establecidas las probanzas de la causa, conforme el artículo 23 RCT debe presumirse la existencia de un contrato de trabajo cuando una persona preste servicios a otra.Pero una prestación idéntica de las partes en la que una de ellas presta servicios bajo dependencia de la otra contra una remuneración puede ser no laboral si “las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven” (artículo 23 RCT) son ajenas al objeto del contrato de trabajo.

Tal sería la situación del hijo menor adulto que colabora en el establecimiento de los padres percibiendo una asignación para sus gastos, el del cónyuge legal o de hecho que percibe los frutos del negocio del conviviente a través de los gastos comunes, el del militante de un partido político que percibe una asignación para gastos, etc.

Para indagar por los sujetos del contrato y de la relación de trabajo en el marco de un orden jurídico determinado, es necesario investigar en primer término el modo en que la ley define el acto jurídico que, correlativamente, designa los sujetos.

El artículo 21 RCT define al contrato del siguiente modo:

Contrato de trabajo. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración.

De modo similar, la relación contractual creada por el contrato de trabajo -en tanto acto jurídico que expresa un consentimiento instantáneo- es definida por el artículo 22 RCT del siguiente modo:

Relación de trabajo. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.

Lo que interesa, desde el punto de vista del objeto, es que una de las partes pretendió los servicios de la otra que lo hizo para obtener una remuneración.Esto impone la aplicación del tipo contractual imperativo y el ajuste de las prestaciones a los mínimos establecidos por el orden público de protección. Los motivos -lícitos o ilícitos- del querer son indiferentes para el derecho.

Sin embargo, cabe aclarar que, no es el tipo de prestación ni las características de los sujetos lo que va a determinar la existencia del atributo de la dependencia pues la dependencia es un efecto de estructura. Esta estructura de la dependencia está fijada en la definición misma de la empresa que realiza el artículo 5 RCT. Al mismo tiempo que la norma establece la estructura de empresa, también define la dependencia que exige el tipo contractual.

Empresa. Empresario. A los fines de esta ley, se entiende como “empresa” la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos.

La dependencia es un atributo de la relación porque ella se constituye en el marco de la estructura de empresa. Hay dependencia porque la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios -el objeto del contrato de trabajo- son determinados como medios (personales) de una organización cuyo fin (económico o benéfico) le es ajeno.

La subordinación, conforme la definición legal, es el resultado de la constitución de la relación de trabajo en el marco de una estructura empresarial que la considera como medio instrumental de un fin que pertenece a la empresa. La dependencia es definida por la ley al definir la estructura en la que esta dependencia es posible. Esto es, la empresa que subsume formal o materialmente el trabajo en el capital. Hay dependencia en los términos del RCT porque hay empresa, pues es en ese ámbito donde la subordinación de la prestación ha sido determinada por la norma.

Sin embargo, el sustancialismo automático del sentido común se muestra con claridad en los requisitos de la prueba de la relación laboral.No se trata de colectar en los datos los efectos de una relación sino las manifestaciones o huellas de una sustancia incorpórea. Así, cuando se trata de otorgar un rol dirimente al cumplimiento de horarios, al uso de uniformes o cualquier otro dato, el investigador se sitúa en la misma operación intelectual que el guía de un safari. La huella es manifestación de que la cosa estuvo allí. El dato es el representante de la sustancia. Cuando se afirma que la relación laboral es una relación entre términos, ningún dato puede servir de atajo que releve la operación intelectual de inferencia pues el dato sólo requiere relevancia en tanto efecto posible de una relación y de una estructura. Esto implica decir que lo que debe analizarse es el sistema de relaciones entre elementos, teniendo en cuenta que estas relaciones se encaminan a producir un determinado efecto que es, precisamente, la función del sistema. Por esta razón la definición de la relación laboral no puede interpretarse sino en la estructura de la empresa y esta, a su vez, interpretarse en el marco de las condiciones de reproducción propias del modo de producción capitalista.

Por este motivo la falta que en rigor invoca el a quo respecto de la acreditación del vínculo directo con el demandado como dependiente en los términos del decisorio, deviene contraria a derecho, puesto que lo que efectivamente quedó acreditado en el caso fue la existencia de relación laboral cuando el contrato tuvo por objeto la prestación de servicios personales del actor contra una remuneración en el marco de una estructura empresarial ajena y en el que la prestación de servicios personales operaba como medio de la consecución de los fines (benéficos o de lucro) ajenos, en el caso del Club Atlético River Plate Asociación Civil.En ese supuesto por efecto del principio de carga dinámica de las pruebas era el titular de la estructura empresaria que debía demostrar la existencia de una empresa seria de contratación del actor en los términos del art. 5 RCT.

El contrato de trabajo es un contrato típico imperativo. En tal sentido, el consentimiento requerido es el de la voluntad de iniciar un contrato mediante el cual “.una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración” (artículo 21 RCT). La calificación que las partes le acuerden a la contratación carece de relevancia para la inclusión dentro del marco de la imperatividad laboral prescindiendo incluso de su buena o mala fe, en la medida que nos encontramos ante supuestos de fraude a la ley.

Si el trabajador y sus herramientas están inordinados a un fin ajeno tenemos trabajo dependiente y todas las manifestaciones de la sujeción al poder, van a existir en la relación, aun ocultas o irregulares. La irregularidad no niega el poder, sencillamente lo hace más salvaj e.

En definitiva, si no se ha demostrado que los actores edran empresarios (en el sentido que la prestación y la organización respondían a un fin propio) no es posible excluir la existencia de relación laboral. En ese orden de ideas entiendo que la sentencia de origen debe ser revocada, haciendo lugar al reclamo incoado en todas sus partes el cual a su vez, resulta conteste a tenor de las piezas postales de las cuales el Correo Oficial otorgó plena eficacia y validez.

Por lo expuesto, habiéndose probado en el caso de marras una relación laboral con falta de registro total -art. 8 Ley 24013-, la condena en caso de prosperar mi voto será por los siguientes conceptos e importes:

Fecha de ingreso: 22/03/2000

Fecha de Egreso: 26/05/2010

Remuneración: $1.300

a.Salarios Adeudados-Diciembre 2009,Enero,Febrero,Marzo y Abril 2010 6500.00

b. SAC 2008,N 2009 y prop.2010 3033.33

c. Indemnización art. 245 $13000.00

d. Indemización sustitutiva de Preaviso $2600.00

e. SAC s Preaviso $217.00

f. Integración mes de Despido $216.67

g. SAC s Integración mes de Despido $18.06

h. Vacaciones no gozadas 2010 $590.49

i. SAC s.Vaciones no gozadas 2010 $49.21

j. Art.8 Ley 24013 $39000.00

k. Art. 15 Ley 24013 $16407.16

l. Art. 80 RCT $3900.00

m. Art. 2 Ley 25323 $7908.33

Total $ 93440.25

Deberá la demandada, hacer entrega de las certificaciones art.80 RCT al actor en el quinto día de quedar firme el presente decisorio, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicar astreintes progresivas y diarias, art. 666 bis Código Civil.

En lo atinente a la pretensión de la parte actora por la multa del 132 bis RCT, la hipótesis de falta de registro descarta la condena en base este concepto reclamado, en tanto la demandada no ha efectuado las retenciones por aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y omitido su ingreso al mismo, sino omitido totalmente el registro de la relación laboral lo cual luce compensado por las multas de la Ley 24013.

A tenor de lo expuesto, en caso de prosperar mi voto deberá hacerse lugar a la demandada condenando al Club Atlético River Plate Asociación Civil por la suma de $93.440,25, capital que devengará intereses conforme lo establecido en el Acta 2601 CNAT, con costas a la demandada vencida (art. 68, CPCCN).

Lo supra expuesto torna inoficioso el tratamiento de los agravios de apelación del demandado de fs. 418 por costas, que por remisión brevitatis causa a la argumentación esbozada en el presente voto, será rechazado.

Atento el resultado del litigio corresponde imponer las costas a la demandada vencida en ambas instancias. Los honorarios de alzada se establecen en el 25% de lo que les fuera regulado a los Sres.letrados en origen.

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I. Adhiero a la solución propuesta en el primer voto, con las siguientes salvedades, aclaraciones y excepciones.

II. He de prestar adhesión al voto preopinante en lo que respecta a la presunción legal que emana del art. 23, L.C.T. para llegar a la convicción de que el accionante se desempeñó en todo momento en relación de dependencia para la demandada.

III. Para resolver la suerte de los agravios esgrimidos por la parte actora, corresponde efectuar una breve reseña de las posturas iniciales de las partes y luego un análisis de la prueba reunida en la causa.

El actor sostuvo al demandar que ingresó en marzo de 2000 a prestar servicios en el estadio de la institución demandada, donde se jugaban los partidos de fútbol que la entidad deportiva realizaba en su condición de local, correspondientes al torneo de primera división organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, como también torneos internacionales y partidos amistosos. Que los encuentros futbolísticos podían variar los días sábados, domingos, miércoles, viernes o cuando el equipo de fútbol de primera división del club tenía una contienda deportiva a nivel nacional o internacional, de carácter competitivo o amistoso.

Explicó que se desempeñaba como vendedor de gorros, banderas y todo tipo de merchandising oficial del Club Atlético River Plate. Que ingresaba al estadio de la institución, se dirigía a un salón ubicado debaj o de las tribunas donde concurrían la totalidad de los vendedores, y que los encargados de turno (que siempre eran personal de la institución y contaban con indumentaria identificatoria) les daban el material a vender y una planilla que contenía el detalle de cada uno de los artículos proporcionados con su respectivo precio de venta. Asimismo, les indicaban a cada vendedor el lugar que debían ocupar dentro del estadio para llevar a cabo la venta del merchandising.

Al contestar la acción, el club demandado (v. fs.103/126) negó la relación laboral con el actor y explicó que la venta de elementos partidarios nunca fue explotada por su parte y que siempre se concesionó dicha actividad a terceros.

El magistrado de grado evaluó la postura de ambas partes, las modalidades de la prestación y consideró que no se encontraba acreditado que las tareas del actor hubieran sido organizadas, dirigidas y remuneradas por el club demandado.

No fue un hecho controvertido en autos que la demandada Club Atlético River Plate es una institución donde se realizan eventos deportivos y que, en ese contexto, resulta claro que los servicios que prestara el Sr. Jorge Eduardo Maidana estaban integrados a los medios personales y materiales de aquélla para el logro de sus fines y dentro de su establecimiento.

Se aprecia cabalmente la subordinación jurídica que existía entre las partes, donde la accionada dirigía la actividad del accionante dentro del estadio donde se llevaba a cabo el espectáculo deportivo.

En definitiva, no existen dudas de que las prestaciones del accionante eran efectuadas en forma personal y dentro del establecimiento de la accionada, es decir, que eran llevadas a cabo dentro de una organización empresaria ajena y que el mismo percibía a cambio una contraprestación que consistía en un porcentaje relacionado con las ventas efectuadas.

El análisis efectuado me lleva propiciar la revocación de la sentencia cuestionada.

IV. En el contexto de autos, debe tenerse por probado que el actor intimó a la demandada a fin que regularizara el vínculo laboral dependiente (v. telegramas a fs. 219/220 e informe del Correo Oficial a fs. 222) y, así las cosas, el silencio guardado por la empleadora configuraron injuria suficiente en los términos del art. 242, L.C.T. y justificó la decisión del actor de considerarse despedido, en los términos del despacho telegráfico del 26/5/2010 (fs. 218).

Prosperarán entonces, las indemnizaciones previstas por los arts. 232, 233 y 245, L.C.T.

También debe ser admitida la multa prevista por el art.2, ley 25.323, porque se encuentran reunidos los presupuestos de hecho para su admisión, ya que no se está ante un caso de ribetes tales que autorice a reducir o suprimir el incremento allí previsto.

Habré de admitir la fecha de ingreso y remuneración denunciada (22 de marzo de 2000 y $ 1.300 -v. fs. 15 vta.-), que juzgo prudente en el caso, dada la ausencia de registros laborales de la empleadora en este aspecto (conf. arts. 56, L.O. y 55, 56 y cc. de la L.C.T.).

También habré de viabilizar la multa con fundamento en el art. 80, L.C.T. (conf. art. 45, ley 25.345) porque existió intimación a la entrega de los certificados de trabajo (v. telegrama de fs. 214), como también la prevista por los arts. 8 y 15, ley 24.013 ante la falta de registración de la relación dependiente.

V. Lo antedicho implica reformular la decisión de la instancia anterior sobre costas y honorarios, para adaptarlas al presente pronunciamiento, deviniendo abstracto el tratamiento de los recursos respectivos (art. 279 C.P.C.C.N.).

En materia de costas y honorarios, adhiero a la propuesta del primer voto.

LA DOCTORA GRACIELA ELENA MARINO dijo:

En lo que resultas materia de controversia, por análogos fundamentos, adhiere al voto del Dr. Enrique Néstor Arias Gibert.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de grado, haciendo lugar a la demandada por despido condenando al Club Atlético River Plate Asociación Civil a abonar al actor dentro del quinto día de quedar firme el presente decisorio la suma de $93.440,25 (PESOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 25/100) más los intereses cf. Acta CNAT 2601. 2) Disponer la entrega de las certificaciones del art. 80 RCT a cargo de la demandada en el mismo plazo instituido en el acápite precedente, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicar astreintes progresivas y diarias (art. 666 bis Código Civil). 3) Regular los honorarios de alzada en el 25% de lo que les fuera regulado a los Sres. letrados en origen, e imponer costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 CPCCN). 4) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

Enrique Nestor Arias Gibert

Juez de Cámara

Oscar Zas

Juez de Cámara

Graciela Elena Marino

Juez de Cámara