Condenan solidariamente al presidente de obra social por la contratación en fraude a la ley de una odontóloga.

contrato inmoviliarioPartes: Mazzoni Marina Paula c/ OSECAC – Obra Social de los Empleados de Comercio y Asociaciones Civiles y Otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 18-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-94143-AR | MJJ94143 | MJJ94143

Presidente de Obra Social debe responder solidariamente por la contratación fraudulenta de una odontóloga, pues se probó que cumplía un horario impuesto, debía firmar planillas de ingreso y egreso, y se encontraba sujeta a órdenes impartidas por superiores.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la existencia de una verdadera relación de naturaleza laboral dependiente de la entidad codemandada puesto que la actora siempre efectuó las mismas tareas de odontóloga en la sede de la institución, cumplía el horario impuesto, debía firmar planillas de ingreso y egreso, y se encontraba sujeta a las órdenes impartidas por sus superiores.

2.-No es necesaria una ponderación de naturaleza matemática de las notas tipificantes de una relación de trabajo pues en el caso de las profesiones liberales la subordinación se da en forma menos rígida que en otros supuestos de vinculación dependiente, sin perjuicio de precisar que en caso que la accionante se haya desempeñado en otros centros médicos no resulta idóneo para desconocer o negar la naturaleza laboral del vínculo que medió con la aquí demandada, dado que la actividad cumplida no requiere la nota de exclusividad en la prestación del servicio.

3.-Las facturas que emitía la actora por los trabajos realizados no resultan suficientes para demostrar la existencia de una locación de servicios profesionales, pues la facturación emitida por la profesional no resulta un elemento decisivo que permita desvirtuar la presunción derivada del referido art. 23 de la LCT.

4.-Corresponde mantener la condena al pago de las diferencias salariales y otros créditos salariales reclamados, así como también las indemnizaciones legales derivadas del distracto (arts. 232 , 233 , 245 y cc. LCT) pues fue acreditado que la accionante era dependiente de la entidad codemandada, le fueron negadas tareas y se le desconoció la verdadera naturaleza del vínculo.

5.-La condena del resarcimiento del art. 15 de la ley de empleo deviene irreprochable, teniendo en cuenta que el requerimiento formal del art. 11 no resulta exigible para el progreso de dicha multa dado que la misma no se encuentra comprendida en la enumeración introducida por el art. 47 de la Ley 25.345 que sólo alcanza a los art. 8 , 9 y 10 , pero en modo alguno obsta a la duplicación a que alude el citado art. 15 .

6.-Se confirma la responsabilidad solidaria del presidente de la entidad empleadora puesto que en los supuestos de trabajo no registrado, no se verifica un mero incumplimiento aislado, como podría ser el retraso en el pago de los salarios o su adeudamiento, sino que existe un verdadero concilio de fraude destinado a ocultar hechos y conductas con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales; máxime si se advierte una metodología de gestión y administración empresarial destinada claramente a eludir la ley y las cargas fiscales correspondientes a través de las cuales, en definitiva, se pretende ocultar el verdadero desenvolvimiento económico de la sociedad (art. 274 LSC).

7.-No corresponde establecer la responsabilidad solidaria de la obra social codemandada con fundamento en las previsiones contenidas en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, por eventuales obligaciones en cabeza del agente del seguro de salud, pues no tiene por objeto específico propio ejecutar prestaciones médico asistenciales a los pacientes ni se ha invocado que se dedique a ello, limitándose a cumplir el rol que la Ley 23.660 le asigna.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de agosto de 2.015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Graciela A. González dijo:

I)- La Señora Jueza “a quo”, a fojas 330/340, receptó parcialmente el reclamo articulado por la accionante tendiente al reconocimiento de la relación laboral denunciada, al cumplimiento de tareas como odontóloga para la entidad codemandada A.O.F. S.A.-Atención Odontológica Federal Sociedad Anónima e hizo lugar al cobro de las indemnizaciones legales derivadas del distracto y extendió la responsabilidad al presidente de la referida sociedad y, finalmente, rechazó la acción entablada contra O.S.E.C.A.C.- Obra Social de los Empleados de Comercio y Asociaciones Civiles.

Tal decisión viene apelada por la codemandada A.O.F. S.A. a tenor de las manifestaciones insertas en el memorial de fojas 344/352, por el codemandado personalmente, Señor Marcelo Héctor Lejido, en virtud de las expresiones volcadas a fojas 353/369 y por la accionante, a tenor de la presentación agregada a fojas 371/375.

Los agravios presentados merecieron oportunas réplicas de sus contrarios, según se desprende de los memoriales glosados por la demandante a fojas 379/382, por la demandada O.S.E.C.A.C a fojas 384/385 y por la codemandada A.O.F. S.A. a fojas 386/vta.

II)- A.O.F. S.A. se queja de la decisión de la Magistrado de Primera Instancia que, tras hacer aplicación de la presunción que emana del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, hizo lugar al reclamo impetrado en el inicio al reputar acreditada la existencia de vinculación laboral entre la accionante y el centro de Atención Odontológica codemandado.Controvierte la accionada la aplicación al supuesto de autos de la presunción que surge de la referida disposición legal, al tiempo que cuestiona el análisis que se efectuó en el fallo de

grado de la testimonial rendida en la causa. Critica, asimismo, las valoraciones efectuadas sobre la prueba pericial contable producida. También se agravia porque se consideró ajustada a derecho la causa invocada como fundamento del distracto, contrariando -a su criterio- la regla establecida en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, por entender desproporcionado el monto de la remuneración establecido en origen, por la aplicación de la multa prevista en el artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo y por la condena a hacer entrega de los certificados de trabajo previstos en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Finalmente, cuestiona la imposición de las costas a su cargo y por considerar elevados los honorarios regulados a los profesionales intervinientes.

III)- En cuanto a la existencia de la relación laboral de la demandante, que se encuentra controvertida en autos, cabe puntualizar que, de conformidad con las reglas del onus probandi, se encuentra a cargo de quien invoca un hecho, demostrarlo y precisarlo(cfr. arts. 377 del CPCCN y 23 de la L.C.T.).

Tal como he sostenido en casos análogos al presente, para que resulte aplicable la presunción contenida en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, no es necesario que el prestador de los servicios acredite el carácter subordinado de los mismos, siendo justamente éste el contenido de la presunción establecida en la norma para cuya operatividad basta, en principio, que se acredite la prestación de servicios (cfr. in re “González, Juan Carlos y otros c/ Transportes Automotores Riachuelo S.A.s/ despido”, Sentencia Definitiva Nº 89.921 del 14/11/2001, del registro de la Sala II, entre muchas otras).

No obstante, atento el carácter iuris tantum de dicha presunción legal, la misma puede verse desvirtuada mediante la producción de prueba que determine que efectivamente la prestación de servicios no tiene como causa un contrato de trabajo. Ello quedará en cabeza del beneficiario de los servicios, quien deberá acreditar que “el hecho de la prestación de servicios”, está motivado en otras circunstancias, relaciones o causas distintas de un contrato laboral (arts. 377 CPCCN y 23 L.C.T.).

No soslayo el reconocimiento expreso que efectúa A.O.F. S.A. acerca de la prestación de servicios odontológicos de la accionante, aunque afirma que no fue una contratación de naturaleza laboral sino que se desempeñó como prestador profesional independiente y que, a tal fin, suscribió un contrato modelo de uso de consultorio (ver contestación de demanda a fs. 65/69 y documentación de fs. 56/59).

Mediante los elementos probatorios colectados en la causa, surge acreditada la existencia de una verdadera relación de naturaleza laboral dependiente de la entidad codemandada. En efecto, concuerdo con la valoración que efectuó la Sentenciante de grado respecto de las declaraciones testimoniales rendidas en la causa a propuesta de la parte actora (Diana Beatriz Ruano, fs.154/156; Romina Montanaro, fs.162/163 y Mariángeles Corsini, fs.233/234)

en tanto hicieron referencia a que Mazzoni efectuó siempre las mismas tareas -odontóloga- en la sede de la institución, donde realizaba sus labores.Afirmaron que cumplía el horario fijado por la codemandada, que debía firmar planillas de ingreso y egreso, que se encontraba sujeta a las órdenes impartidas por sus superiores -en el caso, de la encargada Ester Cintas- y que, en supuesto de ausencia, debía informar a sus superiores y presentar justificativo de la falta y, asimismo, destacaron que los diagramas de horarios y turnos de pacientes, fijación de aranceles por trabajos y la entrega de los recibos para que abonen los pacientes en la recepción del lugar, eran impuestos por el establecimiento odontológico.

Destaco que los circunstanciados relatos rendidos por los testigos referenciados resultan específicos, imparciales, objetivos, provienen de compañeros de trabajo que se desempeñaban en la misma entidad que la accionante y en los mismos horarios de labor y revelan un conocimiento personal y directo de los hechos ocurridos durante la vigencia de la relación laboral. Por ello, considero que sus declaraciones tienen fuerza legal y convictiva, conforme a las reglas de la sana crítica y, en tal sentido, me llevan a concluir que gozan de fuerza probatoria suficiente y acreditan debidamente la existencia de la relación de naturaleza laboral denunciada en el inicio (arg.art.386 CPCC y art.90 LO), por lo que me lleva a coincidir con la apreciación que a estos efectos, realizó la Judicante “a quo”.

Entiendo que no es necesaria una ponderación de naturaleza matemática de las notas tipificantes de una relación de trabajo pues en el caso de las profesiones liberales la subordinación se da en forma menos rígida que en otros supuestos de vinculación dependiente. Cabe asimismo precisar que en caso que la accionante se haya desempeñado en otros centros médicos no resulta idóneo para desconocer o negar la naturaleza laboral del vínculo que medió con A.O.F.

S.A.dado que la actividad cumplida no requiere la nota de exclusividad en la prestación del servicio, por no tratarse de una nota tipificante del contrato de trabajo.

Resta señalar que las afirmaciones volcadas por la experta contable en la compulsa de los registros contables, laborales y demás documentación para describir el sistema adoptado por la entidad codemandada para la prestación de servicios resultan inatendibles por cuanto de las constancias de la causa surge claramente verificado el modo de prestación de servicios de la accionante. Con relación a la contratación del seguro y más allá de la disconformidad genérica que formula (art.116 LO), el apelante soslaya que la Señora Judicante de origen concluyó que tales extremos constituyen una práctica que le es impuesta a quien trabaja como condición de contratación y permanencia en su puesto de trabajo, vulnerando las previsiones del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. La

relación de trabajo es un contrato realidad, así llamado para indicar que lo determinante son los hechos, tal como se dan y no las denominaciones o formas que, de buena o mala fe, adoptan las partes para poner un velo sobre lo realmente ocurrido, todo ello en el marco de la verdad material a la que cabe privilegiar en el ámbito contractual laboral .

En cuanto a las facturas que emitía la reclamante por los trabajos realizados, las mismas no resultan suficientes para demostrar la existencia de una locación de servicios profesionales, tal como intenta el instituto demandado.En tal sentido, considero que la facturación emitida por la profesional no resulta un elemento decisivo que permita desvirtuar la presunción derivada del referido artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En consecuencia, del análisis de los elementos probatorios colectados y de los antecedentes expuestos (art.386 CPCC) resulta acreditada la existencia de una relación de naturaleza laboral ya que la Señora Mazzoni, con su trabajo, era un medio necesario para que la entidad codemandada cumpliera con sus objetivos, realizando tareas en una organización que le era ajena, poniendo su energía de trabajo al servicio de A.O.F. S.A., sometiéndose al contralor, instrucción y dirección de este último, de modo que la reclamante se encontraba amparada por las normas de naturaleza laboral.

En definitiva y por todos los motivos expuestos, corresponde confirmar el fallo de grado en cuanto reconoce que la accionante era dependiente de la entidad codemandada y, asimismo, frente a la negativa de tareas y desconocimiento de la verdadera naturaleza del vínculo, corresponde también mantener la condena al pago de las diferencias salariales y otros créditos salariales reclamados, así como también las indemnizaciones legales derivadas del distracto (arts. 232, 233, 245 y c.c. LCT).

Cabe precisar, finalmente, que tampoco resulta atendible la queja referida a la supuesta modificación de la causa invocada como fundam ento del distracto (conf. art.243 LCT). La accionada soslaya que las intimaciones cursadas por la accionante consignando un error en el tipeo de la numeración del domicilio (calle 9 bis Nº 2170, La Plata) fueron subsanadas en la posterior comunicación que remitió la Señora Mazzoni (consignando calle 9 bis Nº 2160, La Plata) y tales requerimientos fueron oportunamente recibidos por la demandada (cfr. oficio Correo Argentino, fs. 230).

En consecuencia, luego de recibidas todas las comunicaciones, el rechazo del requerimiento y la negativa de la relación laboral formulada en la carta documento remitida al incorrecto domicilio, resulta reprochable.Ello así, porque existen ciertas cargas que pesan entre el trabajador y el empleador, en virtud de la existencia del contrato de trabajo. Atento el carácter recepticio que la doctrina y jurisprudencia atribuyen a las comunicaciones, ambas partes del contrato tienen una carga de diligencia, la que encuentra su fundamento en los deberes de

diligencia y buena fe consagrados por el derecho común y la LCT. Y, el incumplimiento de esas cargas de diligencia, hacen perder al destinatario de la comunicación, la posibilidad de su conocimiento efectivo y todos los beneficios derivados de ese conocimiento (cfr. L.T. XXVI-B-584). La trabajadora intimó, la demandada respondió rechazando sus requerimientos y luego procedió a considerarse agraviada y despedida el 2 de agosto de 2010. Por ello, corresponde desestimar sin más este aspecto del cuestionamiento articulado por la accionada. IV)- La queja referida por la aplicación de la multa prevista en el artículo 15 de la Ley 24.013 resulta inatendible. No se advierte por la recurrente que la accionante debidamente cursó la intimación establecida en el artículo 11 de la Ley Nacional de Empleo tanto a su empleador como a la AFIP (conf. fs.221 y 222) y, en tal sentido, habilitó la procedencia de la multa prevista en el artículo 8º de la Ley Nacional de Empleo.

En consecuencia, la condena del resarcimiento del artículo 15 de la referida ley deviene irreprochable, máxime teniendo en cuenta que el indicado requerimiento formal no resulta exigible para el progreso de dicha multa dado que la misma no se encuentra comprendida en la enumeración introducida por el artículo 47 de la ley 25345 que sólo alcanza a los artículos 8º, 9º y 10, pero en modo alguno obsta a la duplicación a que alude el citado artículo 15 siempre y cuando se hubiera cursado la intimación dirigida al empleador de manera plenamente justificada, extremo que se verifica en el presente. Tal fue lo resuelto por la C.S.J.N. in re “Di Mauro, José Santo c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A.

E.L.y otro s/ despido” (sentencia del 31 de mayo de 2005; Fallos 328:1745).

V)- Igual suerte ha de seguir la queja referida a la determinación del monto del salario efectuada por la Señora Magistrado de Primera Instancia. Si bien no puedo dejar de señalar que la remuneración denunciada en el inicio se encuentra controvertida, lo cierto es que, a mi criterio, el monto invocado guarda razonabilidad con las tareas que cumpliera la dependiente, con la actividad de la empresa, y que además luce proporcionada en relación a los salarios mínimos y lo que se percibe en actividades afines. En efecto, corresponde al Juez establecer el monto de la remuneración.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que aunque el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo crea una presunción en favor de las afirmaciones del trabajador, y el artículo 56 de ese ordenamiento faculta a los magistrados a fijar el importe del crédito de que se trata, esto debe hacerse por decisión fundada, y siempre que su existencia esté legalmente comprobada, teniendo presente los salarios mínimos vitales y las retribuciones habituales de la actividad (CSJN, in re Ortega Carlos c/Seven Up Concesiones SAIC, sentencia del 10/7/86, Fallos 308:1078). No puede perderse de vista, en el ejercicio de esta facultad, que las presunciones legales se proyectan sobre hechos verosímiles. Tal como se ha señalado (conf. “Bernaola, Emiliano Edgardo c/ Aeropago SA y otros

s/despido”, Sentencia Definitiva Nº 95.539 del 20/2/2008, del registro de la Sala II) aquélla “…no opera invariablemente sobre cualquier hecho o invocación porque, como bien lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, sólo lo hace con relación a hechos verosímilmente aprehensibles a través de la razón, que se compadezcan con el normal suceder de las cosas (ver “Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, Comentada, Anotada y Concordada”, dirigida por Amadeo Allocati, 2da Edición Editorial Astrea, 1999, T.II págs.129/131, en especial nota 73).

Por otra parte, los efectos previstos por el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo deben apreciarse con un criterio de equidad y razonabilidad, tendiendo a morigerar la envergadura de un monto remuneratorio que de hecho aparece desproporcionado a la función cumplida por el reclamante (esta Sala, “Tapia Horacio c/Estructura Escora SA”, Sentencia Definitiva Nº 56.532 del 14/11/1988), puesto que es deber del juez el “control de razonabilidad” de la remuneración invocada, conforme pautas objetivas (cfr. también esta Sala, “Aimette J.C. c/Gras E.A. s/despido”, Sentencia Definitiva Nº 63.942 del 21/10/1993, entre muchos otros).

Así las cosas, en el caso de autos, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las tareas realizadas por la actora de acuerdo a la categoría y responsabilidad aquí reconocidas, el salario vital mínimo vigente a la época y los salarios de la actividad, considero que corresponde tener en cuenta el importe indicado por la accionante, receptado en el pronunciamiento de grado, el que encuentro razonable en virtud de la índole e importancia de las taras efectivamente cumplidas (conf.art.55, 56 y 114 LCT).

VI)- Tampoco puede modificarse la condena a hacer entrega de los certificados de trabajo toda vez que, acreditada la existencia de la relación laboral mantenida entre las partes, resulta exigible su entrega al tiempo de la desvinculación (conf. art.80 LCT), dentro del plazo y bajo los apercibimientos dispuestos en origen que llegan firmes a esta etapa.

VII)- Con relación a la responsabilidad del codemandado Marcelo Héctor Lejido, cabe destacar que llega firme a esta Alzada su carácter de presidente de la entidad empleadora.Sin embargo, el recurrente se agravia por cuanto no se probó que la eventual incorrecta registración del contrato de trabajo hubiera respondido a la consecución de fines extrasocietarios de la empresa, en los términos del artículo 54 de la Ley de Sociedades Comerciales.

En primer lugar, resulta forzoso señalar que la expresión de agravios formulada por el codemandado Lejido no constituye una crítica concreta y razonada del decisorio apelado (artículo 116 Ley 18.345) en tanto no reúne los recaudos que hacen a la debida fundamentación de un recurso. En relación al escrito presentado a fojas 353/369 creo necesario memorar que, la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio,

razonado y crítico de la sentencia recurrida. Allí el recurrente debe expresar los argumentos en los que funda la descalificación de los fundamentos en los que se sustenta la solución cuestionada, invocando aquella prueba cuya valoración se considera desacertada o poniendo de manifiesto la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (artículo 116 Ley 18.345). En lo posible, debe demostrarse, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador y la indicación precisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (confr., entre muchas otras, “Tapia, Ramón S. c/ Pedelaborde, Roberto”, Sentencia Definitiva Nº 73.117 del 30/03/1994; “Barrera, José c/ Embajada de la República de Polonia s/ juicio sumarísimo”, Sentencia Definitiva Nº 87.565 del 16/03/2000, del registro de la Sala II).

Enseña Carlos J. Colombo que la expresión de agravios, establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de Primera Instancia que sean cuestionadas (conf. arg.271 y 277 CPCC). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse la crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido. En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. Colombo, Carlos J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, T.I, pag.445 y ss.).

Ninguno de tales principios han sido respetados en el escrito recursivo del Señor Lejido puesto que el apelante se limita a transcribir extractos de doctrina y citas jurisprudenciales y a expresar su disconformidad pero, reitero, sin lograr una exposición argumentativa que permita considerar equivocado lo resuelto.

No obstante ello, en aras de extremar al máximo la garantía de defensa en juicio que le asiste a las partes en el proceso, estimo conveniente hacer algunos señalamientos .

Planteado en tales términos el debate, considero que en los casos en que se pone en tela de juicio la actuación personal de los administradores de los entes societarios por su obrar doloso o culposo, no debe evaluarse su responsabilidad conforme lo previsto en el artículo 54 de la LSC, sino a la luz de las normas comunes de imputación subjetiva de responsabilidad.En efecto, la ausencia de contrato o relación jurídica preexistente entre el tercero damnificado (trabajador) y el administrador del ente social, obstaculiza, frente a la constatación de un ente real y no ficticio, la extensión d e responsabilidad conforme el artículo 54 LSC, pero ello no impide considerar las causas de atribución de responsabilidad, no ya desde la lógica del contrato, sino en función de la participación personal de los

codemandados en la dirección de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 274 de la LSC (en este sentido, ver fallos de la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala B, “Eduardo Forns c/Uantu S.A. s/ ordinario” del 24/6/03 -J.A. 21.12.03, 2003-IV- y CNCOM., Sala E “Nougues Hnos S.A. s/ incumplimiento en la presentación de estados contables).

Desde esta óptica, cabe considerar que en los supuestos de trabajo no registrado, no se verifica un mero incumplimiento aislado, como podría ser el retraso en el pago de los salarios o su adeudamiento, sino que existe un verdadero concilio de fraude destinado a ocultar hechos y conductas con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales. En el caso se advierte una metodología de gestión y administración empresarial destinada claramente a eludir la ley y las cargas fiscales correspondientes a través de las cuales, en definitiva, se pretende ocultar el verdadero desenvolvimiento económico de la sociedad (art.274 LSC).

Entonces, si bien la responsabilidad de socios, directores y accionistas por actos de la sociedad resulta ser una cuestión que requiere un análisis particular, debiendo en cada caso examinarse las circunstancias particulares en que su desenvolvimiento dentro del seno social se configuró, considero que el presidente de una sociedad anónima no puede ignorar la seria maniobra defraudatoria que se lleva a cabo a efectos de ocultar la relación laboral de un trabajador, ya que integra la sociedad, la administra y representa.

En tal orden de saber, comprobada en autos la maniobra dolosa y violatoria de la ley, y la participación directa y personal de Marcelo Héctor Lejido, en su carácter de presidente de la entidad, en su configuración, destaco que corresponde responsabilizar a esta persona física codemandada en su calidad de administradora de la sociedad empleadora en los términos de lo normado en los artículos 59 y 274 de la ley 19.550, en la medida que ha ocasionado perjuicios a la trabajadora afectada por su actuar ilícito.

VIII)- Con relación a la pretensión recursiva articulada por la accionante, tendiente a que se establezca la responsabilidad solidaria de la obra social demandada -O.S.E.C.A.C- con fundamento en las previsiones contenidas en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, adelanto que no corresponde responsabilizar a OSECAC por eventuales obligaciones en cabeza de A.O.F. S.A. Considero que dicho agente del seguro de salud no tiene por objeto específico propio ejecutar prestaciones médico asistenciales a los pacientes ni se ha invocado en el presente que se dedique a ello, limitándose a cumplir el rol que la ley 23.660 le asigna, es decir, la de operador del subsistema de Seguridad Social, como agente administrador y financiero del seguro de salud para trabajadores dependientes y sus grupos familiares.

En consecuencia, el objeto del contrato que celebró con A.O.F. S.A.no versa sobre parte de aquello que deba hacer la Obra Social o que haya asumido

ésta, con lo que no media delegación de la actividad específica propia tenida en miras por el legislador en el referido artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

A mayor abundamiento, cabe destacar que el Dr. Ricardo L. Lorenzetti precisa que el objeto de las obras sociales, de acuerdo con su regulación legal no es prestar por sí con su propio personal servicios de atención médica a sus afiliados. La ley no las obliga a ello sino a destinar la parte principal de sus recursos para posibilitar el acceso a tales prestaciones, lo cual llevan a la práctica mediante la celebración de contratos con terceros que son los efectivos prestadores. En consecuencia, no se trata de la cesión total o parcial del establecimiento ni tampoco de subcontrato, sino de la simple contratación de servicios prestados por un tercero. Luego de lo cual, el ministro del Alto Tribunal concluye que la prestación de servicios médicos por medio de terceros no es una actividad normal y específica propia de las obras sociales, porque para que surja la responsabilidad de la norma en examen debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista (confr. CSJN en Fiorentino, Roxana c/ Socialmed S.A.y otro, sentencia del 29/05/2007).

En definitiva, por los motivos expuestos, corresponde desestimar la queja articulada por la reclamante y, en su mérito, confirmar también este aspecto de la decisión recurrida.

IX)- También cuestiona la accionante la tasa de interés fijada por la Señora Sentenciante de grado equivalente a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, sobre los montos diferidos a condena, pues a su entender, no resultaría adecuada a los efectos de tutelar el capital de la sentencia teniendo en cuenta el devenir de las circunstancias económicas actuales.

Ahora bien, mediante Resolución de CNAT 2601/14 de fecha 21/5/2014 se dispuso la aplicación de intereses, de conformidad con la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, que supera a los dispuestos en grado, circunstancia que conduce, a hacer lugar a la queja impetrada sobre el punto.

Por lo expuesto, las sumas diferidas a condena devengarán intereses desde que cada importe en ella comprendido se ha hecho exigible hasta su efectivo pago, de conformidad con la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a60 meses, de conformidad con lo dispuesto por Resolución de Cámara Nº 2601/14 de fecha 21/5/2014.

X)- En cuanto a la imposición de las costas efectuada en el decisorio apelado, cabe recordar que el artículo 68, 2º párrafo del CPCC faculta al juez a apartarse del principio general que rige en la materia “siempre que encontrare mérito para ello”. El “mérito” al que alude la norma existe cuando se ha litigado mediante la convicción fundada acerca de la existencia del derecho invocado, por

tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de las leyes o cuando esas cuestiones tienen complejidad jurídica.En el caso de autos, no encuentro reunidos los extremos mencionados para apartarme del principio general del vencimiento, por el cual propicio confirmar la imposición de costas a cargo de los demandados vencidos, en forma solidaria, a excepción de las causadas por el reclamo contra OSECAC, que se mantienen en el orden causado y las comunes por mitades (arts.68, 69 y c.c. CPCC).

XI)- Teniendo en cuenta el mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en Primera Instancia, de acuerdo con las pautas que emergen del artículo 6º y ss. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del artículo 38 de la Ley 18.345 y del decreto 16.638/57, estimo que los porcentajes de los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y al perito contador, por las labores cumplidas en la anterior instancia, resultan adecuados, por lo que propicio su confirmación.

XII)- Propongo, finalmente, que las costas de Alzada se impongan a los demandados, en forma solidaria, en su carácter de objetivamente vencidos (art. 68 CPCC) y que los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 344/352- 353/369-386/vta., fojas 371/375-379/382 y fojas 384/385, por las labores cumplidas en esta instancia, se regulen en el 25%, 27% y 25% respectivamente, de la suma que le corresponda percibir a cada uno por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior (art. 38 de la Ley 18.345 y art.14 de la Ley 21.839).

En definitiva, de compartirse mi propuesta, correspondería:a) Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide; b) Modificar los accesorios de condena dispuestos en origen y aplicar la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, de conformidad con lo dispuesto por Resolución de Cámara Nº 2601/14 de fecha 21/5/2014, desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago; c) Imponer las costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas; d) Regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 344/352- 353/369-386/vta., fojas 371/375-379/382 y fojas 384/385, por las labores cumplidas en esta instancia, se regulen en el 25%, 27% y 25% respectivamente, de la suma que le corresponda percibir a cada uno por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Adhiero a la solución propuesta por mi distinguida colega por compartir sus fundamentos. En este caso en particular y a diferencia de otros supuestos en los que me he expedido (v. “García Horacio Adrián c/De Raíces SA y otros s/despido” SD.89407 del 29/11/2013 y más recientemente en la causa 37852/2011 “Ripa Héctor Javier Ramón c/ OSECAC y otro s/despido”

SD 90777 del 10/8/2015), tal como lo ha referido la Sra. Vocal preopinante, no encuentro configurada la situación fáctica que permita extender la responsabilidad pretendida por la parte actora respecto de la Obra Social demandada. Es decir, de las pruebas colectadas no puede colegirse la aplicación del sistema de solidaridad que contempla el art. 30 LCT.Nótese que la accionante desempeñaba sus funciones en las instalaciones de quien resultara ser su empleadora (AOF S.A.), que la misma actuaba como empleadora directa al instruir y organizar el trabajo que tenía asignado, que no existía exclusividad en la atención de pacientes derivados de la Obra Social- tal como argumentó en la demanda- al asistir a dicho centro odontológico tanto afiliados de OSECAC como pacientes que no se encontraban en los padrones de la Obra Social (al respecto, ver declaraciones de los testigos Ruano- fs.154/156-, Montanaro- fs.162/163-, Corsini – fs- 233/234- e informe pericial contable fs.306/315, en particular respuesta pto. 7) de fs. 307 vta./308).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide; b) Modificar los accesorios de condena dispuestos en origen y aplicar la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, de conformidad con lo dispuesto por Resolución de Cámara Nº 2601/14 de fecha 21/5/2014, desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago; c) Imponer las costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas; d) Regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 344/352- 353/369-386/vta., fojas 371/375-379/382 y fojas 384/385, por las labores cumplidas en esta instancia, se regulen en el 25%, 27% y 25% respectivamente, de la suma que le corresponda percibir a cada uno por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Graciela A. González Gloria M. Pasten de Ishihara Juez de Cámara Jueza de Cámara

Mab Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese Secretaria

En de de 2015 se dispone el libramiento de Verónica Moreno Calabrese Secretaria

En de de 2015 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Verónica Moreno Calabrese Secretaria