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La flexibilidad de horarios en la labor del dependiente, de ningun modo implica por si sola el carácter independiente del trabajo

shutterstock_141193381Partes: Verón Marcelo Claudio c/ Plan Ambo S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 28-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-91503-AR | MJJ91503 | MJJ91503

En tanto la flexibilidad que el actor tenía en el desempeño de sus tareas no alcanza para calificar su prestación como trabajo ‘independiente’, se juzga que existió relación de trabajo respecto del demandado.

Sumario:

1.-Corresponde admitir que la vinculación era de índole laboral toda vez que a través de la prueba testimonial está claramente demostrado que las labores que realizó el actor para la empresa demandada tuvieron por causa un vínculo laboral, y determinan la operatividad de la presunción del art. 23 de la LCT. que no está enervada por prueba en contrario alguna; y en efecto, está reconocido por la demandada que el actor prestó servicios en el ámbito de su actividad empresaria.

2.-Toda vez que la demandada no acreditó el carácter empresario ni autónomo de la labor que el actor desplegó en el marco de la actividad de la empresa demandada, habida cuenta la presunción que emana del art. 23 de la LCT., corresponde admitir que la vinculación entre las partes fue de índole laboral.

3.-Puesto que mediante los concordantes testimonios producidos a instancia de la parte actora se encuentra acreditado que el actor prestó servicios de venta de planes de capitalización en beneficio de la demandada que hacían a su actividad normal y especifica, corresponde admitir que existió relación laboral entre las partes.

4.-Corresponde concluir que la prestación del actor en favor de la empresa demandada tuvo por causa la existencia de un contrato de trabajo (conf. art. 21 , 23, 25 y 26 LCT), pues se encontraba sujeto a las facultades de dirección y coordinación ejercidas por la demandada y debía cumplir con directivas emanadas de ésta, sin perjuicio de cierta flexibilidad en el desempeño de sus tareas, que no alcanza para calificar a su prestación como trabajo independiente .

5.-Siendo que las operaciones que el actor concertaba establecieron un vínculo entre el cliente captado y la demandada, y no entre el cliente y el actor, es evidente que la beneficiaria de su actividad era la accionada, y por lo tanto, no puede admitirse que el actor contara con una auto-organización económica que permita calificarlo como un empresario autónomo de los servicios que prestó en el ámbito de la actividad en la que trabajó para la empresa demandada.

6.-La asunción de riesgos económicos por parte de quien presta un servicio es definitoria de una actividad por cuenta propia, y por el contrario, la ajenidad en los riesgos de quien ejecuta una determinada tareas es una nota definitoria de una relación subordinada; por lo tanto, al no haberse acreditado que el actor auto organizara su actividad ni que se encontrara unido a la sociedad demandada por algún vínculo de naturaleza extra-laboral, es obvio que la mera afirmación de la accionada o la invocación del convenio colectivo que cita, carecen de aptitud para desplazar la operatividad de las normas de orden público que rigen el contrato de trabajo (conf. art. 7 , 8 , 12 y 13 de la LCT. y art. 8 Ley 14.250).

7.-La relación establecida por las partes no estuvo regida por la Ley 14.546 y por lo tanto, no resulta exigible a la demandada la indemnización por clientela que prevé el art.14 de esa ley, ya que las operaciones que el actor concertaba en favor de la accionada no eran compraventas aún cuando con un sentido excesivamente genérico y vulgar se asocie dicha gestión a la venta de un plan de ahorro o capitalización .

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 28-11-2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar,parcialmente, a las pretensiones deducidas en el escrito inicial y condenó a la demandada a abonar al accionante algunos rubros salariales e indemnizatorios reclamados. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte demandada, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios. A su vez, la perito contadora a fs. 266 apeló los honorarios que le fueron regulados por considerarlos bajos.

La demandada se agravia porque el sentenciante consideró que era ella quien debía acreditar que el vínculo no era laboral y argumenta que se le exigió probar hechos negativos. Se queja por la forma en la que el Sr Juez valoró la prueba rendida en autos y, en especial porque, en base a ella, concluyó que existió vínculo laboral entre las partes. Critica que el Sr Juez haya aplicado la presunción contenida en el art. 23 LCT. Cuestiona que, además, se haya reconocido los beneficios derivados del régimen de viajantes de comercio. Finalmente, objeta la base de cálculo tenida en cuenta por el Sr. Juez a efectos de determinar las sumas diferidas a condena. Por otra parte, la demandada apela los honorarios que le fueron regulados al perito calígrafo por juzgarlos altos (ver fs. 270).

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios expresados en el orden que se detalla en los considerandos subsiguientes.

Al fundamentar el recurso, la parte demandada cuestiona que la Sra.Juez a quo haya tenido por acreditada la naturaleza laboral del vínculo que unió a las partes.

En orden a ello, cabe memorar que el actor aseveró en la demanda que ingresó a trabajar para la demandada el 2/5/08 y que su tarea consistió en la gestión y venta de planes de capitalización y ahorro que la demandada ofrecía al público en general. Señaló que existían tres coordinadoras generales (María Teresa Ordóñez, Mónica Bruno y Emilia Ordóñez) y que cada una de ellas tenía coordinadores de venta y que, a su vez, cada coordinador de venta al que se le asignaba un auto (entre ellos el actor) tenía de tres a cinco vendedores a su cargo. Contó que debía realizar sus ventas en la vía pública con el material que la demandada Plan Ambo SA le proporcionaba, esto es contratos de adhesión, formularios de adhesión al débito automático y folletería varia. Refirió que, cada día viernes, todos los vendedores y coordinadores del grupo, entre ellos el actor, debían concurrir a la sede de la demandada sita en Humberto Primo 1117, Capital Federal a efectos de rendir las ventas concertadas ante su supervisor general, para el caso del actor la Sra. María Teresa Ordóñez. Manifestó que allí debían adjuntar el listado de las ventas concertadas y copias de los contratos de adhesión, contratos que debían adjuntar el ticket de saldo de la cuenta objeto de débito bancario y que, efectuada esa presentación y corroborada que fuera por la supervisora general, el viernes siguiente a las 14 hs su coordinadora general le liquidaba la comisión, previa entrega de una factura por el monto liquidado. Dijo que los montos liquidados por la demandada eran abonados a través de cheques y que, a partir de septiembre de 2012, se acreditaron en una cuenta a su nombre.Describió los porcentajes de comisiones y señaló que, a cada coordinador de grupo, se le abonaba una suma fija de $ 1.500, que los gastos que generaba el automóvil que conducía debían ser soportados por el coordinador de grupo (combustible, peajes, etc) con excepción del seguro del vehículo. Contó que a todos los vendedores se les exigía la venta de al menos 10 planes de capitalización y ahorro por semana, que no tenían un horario fijo de trabajo puesto que cumplían tus tareas en un horario muy amplio comprendido entre las 8.00 AM y las 20.00 PM usualmente los días lunes a viernes pero en oportunidades también lo hacía los fines de semana. Adujo que, en marzo de 2012, comenzó a recibir malos tratos por parte del dueño de la empresa y su hijo y que directamente el día 26/3/12 le indicaron que se retirara a su domicilio para no retornar por lo que en esa misma fecha remitió la CD 12289032 intimando, -entre otras cosas-, para que registre en debida forma la relación laboral (ver fs. documental obrante en el sobre nro. 3362, rec a fs. 46). La demandada negó la existencia del vínculo laboral (ver manifestación del actor a fs. 8 y 26 y 32 y sgtes) por lo que, mediante TCL del 05/04/12, se consideró injuriado y se colocó en situación de despido indirecto (ver documental obrante en el sobre 3362 y rec fs. 46).-

La empresa demandada, en el responde, señaló que el actor jamás fue dependiente suyo y afirmó que era productor independiente. Sostuvo que con fecha 1/10/10 el actor suscribió un contrato de producción independiente, cuya cláusula séptima establece y determina la total independencia entre Plan Ambo y el productor.Dijo que el actor desarrolló siempre su actividad en forma independiente y autónoma, sin régimen disciplinario ni limitación horaria y que sus ingresos dependían exclusivamente de los contratos que suscribía.

En atención a los términos en los cuales ha quedado trabada la litis, reconocido como está por la demandada que el actor prestó servicios en el ámbito de su actividad empresaria, resta dilucidar si la vinculación era o no de índole laboral; y, a mi entender, las pruebas producidas en autos llevan a concluir en forma afirmativa.-

Analizada la prueba testimonial producida en autos, a mi juicio, está claramente demostrado que las labores que realizó el actor para la empresa demandada tuvieron por causa un vínculo laboral, pues determinan la operatividad de la presunción del art. 23 de la LCT que no está enervada por prueba en contrario alguna.-

Ello así por cuanto está reconocido por la demandada que el actor prestó servicios en el ámbito de su actividad empresaria. Habida cuenta de la presunción que emana del art. 23 de la LCT, correspondía a la accionada enervarla a través de la acreditación de que la prestación tuvo por causa el carácter autónomo de los servicios del actor (art. 377 CPCCN), por lo que, contrariamente a lo manifestado en el memorial de agravios, no tenía a su cargo la prueba de hechos negativos sino la acreditación de circunstancias asertivas que evidenciaran que el actor trabajó por su propia cuenta y riesgo. Como he señalado, no ha arrimado a estos autos prueba alguna que acredite el carácter «empresario» ni «autónomo» de la labor que el actor desplegó en el marco de la actividad de la empresa demandada.-

En efecto, la testigo Falbo (fs. 109/110 vta), dijo que conoció al actor cuando ingresó en la demandada y contó que ambos eran vendedores, y que «trabajaban juntos en el mismo auto». Dijo:»el actor era nuestro supervisor de grupo y tenía a cargo personas como en este caso me tenía a mí y a otras personas». Sostuvo que «Plan Ambo otorgaba autos a la gente que trabajaba, en este caso le otorgaron un auto a Marcelo y cuando se lo otorgan trabajo yo con él». Señaló que «tenían una carpeta, folletería de Plan Ambo y todo lo que es el packaging» y en lo que respecta a la jornada de trabajo aclaró que «siempre dependía de las ventas, teníamos un límite de ventas por semana, eran 10 por semana sí o sí que teníamos que presentar, y eso variaba, mañana, tarde y noche, no teníamos un horario fijo.» y que «todo el tiempo nos hinchaban para que hiciéramos las 10 ventas semanales». Adujo que «no tenían un lugar específico para trabajar, siempre trabajábamos en diferentes empresas.». También declaró que «por ser supervisor, tener el auto a cargo. cobraba plata extra que eran $1.500», que era «por el tema de tener el auto y demás» y que se «cobraba los viernes de cada semana con un cheque’. Agregó que «todo el grupo debía tener Monotributo, que lo abonaba Plan Ambo».

Paules (fs. 175) dijo haber sido compañera de trabajo del actor y que trabajó «como vendedora, vendía planes de ahorro, y que el actor también pero era superviso». Señaló que se cruzaban en puntos comunes de trabajo pero, sobre todo, «cuando cobraban todos los viernes, presentaban las ventas y cobraban, les presentaban las ventas a las coordinadoras». Declaró que «el actor se movilizaba en auto, cada grupo tenía un auto.» y que «la empresa les daba planillas, carpetas, todos los materiales necesarios».

Los restantes testigos propuestos por la parte actora si bien no revisten la entidad de los precedentemente transcriptos pues no fueron compañeros de trabajo del actor (Cassara -ver fs. 108- dijo conocer al actor por haber trabajado en un cyber cercano a la empresa Ambo y Sertucha -ver fs.113- dijo conocer al actor por cruzárselo en distintos puntos de trabajo en los que vendían productos similares ya que manifestó haberse ido de Ambo en el 2006 para trabajar en otra empresa similar que es «La Monumental SA») declaran sobre ciertos hechos que resultan coincidentes con la versión dada en el escrito inicial. Obsérvese que el primero de los mencionados dijo que el actor «vendía planes Ambo» y que lo sabe porque «lo vio haciéndolo», que lo vio «trabajando en la cuadra del cyber en la que funciona un centro logístico de Correo Argentino, que se ha parado allí más de una vez vendiendo a los empleados, los planes de ahorros al personal del Correo»; en tanto el segundo no sólo declaró haber visto al actor trabajar para Ambo sino que también describió la metodología de trabajo llevada a cabo por la demanda en la etapa en la cual él prestó servicios para ella y dicha mecánica se asemeja a la descripta por el actor pues también refirió que «le liquidaban los viernes, presentaba las ventas de mi grupo y me liquidaban con un cheque y nada más, lo iba a cobrar al banco y después me encargaba de pagarle a la gente que tenía a cargo.».Desde esta perspectiva, es evidente que valorada la prueba testimonial precedentemente analizada, a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN y 90 LO) estimo que mediante los concordantes testimonios producidos a instancia de la parte actora se encuentra acreditado que el actor prestó servicios que hacían a la actividad normal y especifica de la demandada Ambo SA «venta de planes de capitalización» en beneficio de ésta.

Por otra parte, incluso los testigos propuestos por la accionada abonan la tesis expuesta en el escrito inicial. Ello así por cuanto Do Nascimiento Gómez (fs. 104/vta) y Ordoñez (fs.106/107) dijeron que «los días viernes los promotores iban a la empresa y entregaban una factura para recibir la comisión» y que «las operaciones se presentan semanalmente, vos presentás la liquidación los días viernes y al viernes siguiente se liquida al porcentaje que le corresponde al productor». Aclaró en especial el testigo Ordóñez que, para realizar su trabajo «el actor contaba con una carpeta con folletería y con solicitudes de inscripción de Plan Ambo, con eso hacía el trabajo». También refirieron los testigos la fijación de determinados objetivos vinculados a la cantidad de ventas, de la provisión de un auto en el que se movilizaba para llevar a cabo sus tareas, y la rendición de cuentas en un día prefijado por la empresa como requisito para que le fueran abonadas las operaciones concertadas.

Brun (fs. 111) quien dijo ser amigo de una de las socias y que él trabajaba para las señoras como chofer, dijo conocer a la Sra.Emilia y la Sra Mónica Bruno y que éstasle ofrecieron trabajar como «chofer» y «que es una mano que le están dando» y en particular declaró conocer a Verón por haberlo en varias oportunidades en el coche que «le asignaron para llevar a las promotoras», «que lo veía a Verón los viernes en la empresa cuando entraba a la empresa para ayudar a las chicas a cargar la folletería que es pesada o a veces entraba para ir al baño.».

Todo ello permite concluir que el actor se encontraba sujeto a las facultades de dirección y coordinación ejercidas por la demandada, que debía cumplir con directivas emanadas de ésta, sin perjuicio de cierta flexibilidad en el desempeño de sus tareas, que no alcanza para calificar a su prestación como trabajo «independiente».

En consecuencia, en el caso no cabe sino compartir el criterio del criterio del sentenciante de grado en cuanto concluyó que la prestación del actor en favor de la empresa demandada tuvo por causa la existencia de un contrato de trabajo (conf. art. 21, 23, 25 y 26 LCT).-

En resumen, la concordancia y uniformidad de los testimonios precedentemente reseñados y la valoración conjunta de sus dichos a la luz de las reglas de la sana crítica (conf. art. 386 C.P.C.C.N. y 90 L.O.), llevan a concluir que el actor prestó servicios en el ámbito de la actividad de la empresa demandada. Además, del testimonio de Brun se desprende que los viernes, el actor concurría al domicilio de la demandada, por lo que, indudablemente, una parte de su prestación laboral se concretó, incluso, en el establecimiento de la sociedad demandada. Esta última circunstancia, aún para la posición doctrinaria más restrictiva respecto del alcance que corresponde otorgar a la presunción del art.23 de la L.C.T., implica la prueba directa de la subordinación de los servicios pues, éstos, en definitiva, se llevaron a cabo en un ámbito sujeto a un poder jurídico de organización y de dirección ajeno (conf. Justo López, «La presunción del contrato de trabajo. Art. 23 LCT» en L.T.XXIX, pág. 481).-

De los elementos de juicio antes reseñados se desprende inequívocamente que la prestación del actor constituyó uno de los medios personales que la empresa demandada organiza y dirige en el marco de la actividad que desarrolla. Por otra parte, observo que, pese al esfuerzo argumental de la accionada -referido a un supuesto desempeño independiente y autónomo del accionante-, no ha logrado acreditar fehacientemente tal circunstancia (conf. art. 377 CPCCN). En efecto, no se produjo prueba alguna que llegue a evidenciar que el actor contara con una auto- organización económica que permita calificarlo como un «empresario» autónomo de los servicios que prestó en el ámbito de la actividad en la que trabajó para la empresa demandada. No se ha demostrado que los servicios llevados a cabo por el actor formaran parte de una prestación que se brindara por su propia cuenta y riesgo a terceros, ni que haya asumido riesgo o carga económica alguna inherente a la actividad que desplegó. Por el contrario, el auto, los materiales y la folletería eran suministrados por la demandada (ver testimonios de Falbo y de Paules) y; además, Falbo sostuvo que el monotributo también era abonado por la empresa.Por otra parte, también se desprende de las declaraciones reseñadas que las operaciones que el actor concertaba establecieron un vínculo entre el cliente captado y la demandada; y no entre el cliente y el actor, por lo que es evidente que la beneficiaria de su actividad era la accionada.

A esta altura del análisis, cabe recordar que la asunción de riesgos económicos por parte de quien presta un servicio es definitoria de una actividad por cuenta propia; y que, por el contrario, la ajenidad en los riesgos de quien ejecuta una determinada tareas es una nota definitoria de una relación subordinada. En autos, no se acreditó que el actor auto organizara su actividad ni que se encontrara unido a la sociedad demandada por algún vínculo de naturaleza extra-laboral, por lo que es obvio que la mera afirmación de la accionada o la invocación del convenio colectivo que cita a fs. 18 vta y a fs. 262 vta, carecen de aptitud para desplazar la operatividad de las normas de orden público que rigen el contrato de trabajo (conf. art. 7, 8, 12 y 13 de la LCT y art.8 Ley 14250). La manifestación de la accionada de que era un «productor independiente», por sí sola, no permite sustraer a la relación del ámbito propio de las prestaciones de servicios subordinadas; sobre todo, cuando la declaración de los testigos antes reseñados acreditan la existencia de las características inherentes a un vínculo laboral.

Tampoco resulta relevante la circunstancia de que se haya exigido al actor que facturara para percibir su remuneración, porque la modalidad implementada por la empleadora para el pago del salario no incide en la determinación de la naturaleza del vínculo que constituye la causa fuente de la relación.-

En virtud de las consideraciones expuestas, estimo que corresponde desestimar este segmento del recurso y confirmar el decisorio dictado en la instancia anterior en cuanto admitió que las partes estuvieron unidas por un contrato de trabajo.

Se queja la demandada porque se consideró que la prestación del actor encuadraba en el estatuto de los viajantes de comercio. De acuerdo con los términos en los cuales quedó trabada la litis, a cargo del actor se encontraba acreditar los hechos que justificarían encuadrar su situación en dicho estatuto (ley 14.546, conf. art. 377 CPCCN); y, a mi entender, no lo ha logrado.

Por lo pronto, observo que del propio relato inicial se desprende claramente que Verón no se desempeñó como viajante de comercio. En efecto, de los términos de la demanda y de la prueba testimonial ofrecida por la demandada en autos se desprende claramente que la función del actor consistía en la venta de planes de capitalización y ahorro a través de la demandada.Aún cuando la actividad de quien concierta tales operaciones tenga algunas similitudes con las que despliega habitualmente un viajante de comercio y aún cuando en la concertación de operaciones de adhesión a un determinado sistema (o de locaciones de servicios o de obra), se utilicen vulgarmente frases tales como, por ejemplo «venta de servicios», o «venta de planes» o «venta de seguros» (utilizando esas expresiones para referirse a la

comercialización de servicios o de locaciones) lo cierto es que, técnica y jurídicamente, las prestaciones derivadas de un contrato de adhesión a un sistema de ahorro y capitalización brindado a través de la demandada no constituyen una «cosa» ni una mercadería susceptible de ser considerada objeto de una «compraventa» (conf. arts. 1.323, 1.326, 1.493, 1.499, 1.623 y 2.311 del Código Civil). Así lo ha entendido esta Cámara al pronunciarse a través de sus diversas Salas en casos de aristas similares al presente vinculados a promotores de paquetes turísticos, o de planes de ahorro, o de tarjetas de crédito, o de servicios de medicina prepaga -entre otros ejemplos- o los que promueven afiliaciones a una AFJP, casos en los cuales se consideró que no se encontraban incluídos dentro del régimen especial regulado por la ley 14.546 desde el momento que sus respectivas actividades no están dirigidas a concertar operaciones de venta de mercaderías (CNAT, Sala VI, 30-11-90, «Shanahan, Timoteo c/Organización Turística Guimell SA», voto del Dr. Morando, TySS, 1991, pág. 149/150; Sala VIII, 31-5-93, «Rapalla, Jorge F. c/Vanderbilt SA» TySS, 1993, pág. 724; Sala III, S.D. Nº 66.171 del 29-11-93, «Alcuati, Ernesto c/Serypron SA»; Sala VI, voto del Dr. Morando en S.D.Nº 40179 del 29-4-94, «Houssay, María c/Qualitas Médicas SA»; Sala I, S.D.Nº 66.293 del 9-3-95, «Manchado, Ángel c/Carta Franca SA»; Sala III, 18-9-95, «Isola, Liniana c/Bycart Promociones» en D.L.agosto/96, Nro.132, pág. 723; y Sala IV, 9-3-99, S.D.Nº 83.156, «Oyarzun C. c/ Activa AFJP SA», Sala IX Expte n° 4707/04 sent. 13432 9/6/06 «Maydana, Mirta c/ Consolidar AFJP SA s/ diferencias de salarios», Sala III Expte n° 25376/99 sent. 82936 12/11/01 «Núñez, Daniel c/ Or ígenes AFJP SA s/ despido», esta Sala Sent. 94226 del 17/5/06 «Mallades, Susana Beatriz c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Diferencias de salarios» , entre otros). No desconozco que existen algunos fallos en los que, aplicando la directiva que emana del art. 2 del C.C. Nº 308/75, invocado por el actor a fs. 18vta del escrito inicial, se consideró incluidos en la disposición estatutaria a quienes «venden» servicios, a pesar de que la ley 14.546 sólo parece referirse a la venta de «mercaderías»; pero estimo que tal conclusión no es aplicable al caso que nos ocupa. Como se vio, las operaciones que el actor concertaba en favor de la accionada no eran «compraventas» aún cuando con un sentido excesivamente genérico y vulgar se asocie dicha gestión a la «venta de un plan de ahorro o capitalización» -que, dicho sea de paso, tampoco es una «venta» en sentido propio-. Demás está decir que la denominación que le dan las partes no es definitoria de una determinada relación jurídica; y que su calificación depende del posible encuadre de ésta en la tipificación normativa. En consecuencia, concluyo que la relación establecida por las partes no estuvo regida por la ley 14.546 y que, por lo tanto, no resulta exigible a la demandada la indemnización por clientela que prevé el art.14 de esa ley.En síntesis y a la luz de las circunstancias precedentemente reseñadas, es evidente que el actor carece de derecho sustancial a la mencionada indemnización y que, por los fundamentos expuestos, corresponde acoger este segmento del recurso y revocar el decisorio de grado en cuanto se encuadró al actor en el régimen de la ley 14.546 y viabilizó la indemnización referida, la que debe ser descontada del importe diferido a condena (conf. art. 499 Código Civil).

Se queja la demandada por la remuneración tenida en cuenta como parámetro para calcular los rubros diferidos a condena. Sostiene que se tomó una remuneración de $ 16.134,71 cuando, las declaraciones testimoniales, dan cuenta que el importe por producción podía ser de $ 2.000 a o $ 5.000 aproximadamente. Señala que la facturación estaba en poder del actor por lo que podía éste completar los formularios con números irreales. Manifestó que, de la pericial contable, se desprende que lleva sus libros en legal forma y que posee empleados que se encuentran registrados. Insiste en que se concluyó en forma errónea en la existencia de una relación laboral ya que, según afirma, el actor no percibía salario ni recibía órdenes de la accionada ni cumplía horario fijo ni tenía lugar de trabajo.

El argumento vinculado a la supuesta errónea consideración del sentenciante de grado respecto del tipo de vínculo que unió a las partes, a la luz de las consideraciones antes expuestas y de la solución propiciada respecto a las cuestiones hasta aquí analizadas, debe ser desestimado.

Ahora bien, el Sr.Juez a quo sobre el particular sostuvo que tenía «en cuenta que el salario del actor consistía exclusivamente en comisiones» y que «el perito contador informó en su anexo II que la mejor percibida fue la de diciembre de 2012 por la suma de $16.134,71, y que el promedio de los últimos 6 meses asciende a la suma de $7.447,21». A su vez, puso de relieve que en virtud de «lo dispuesto por el plenario Nº 298 («Brandi Roberto Antonio c/ Lotería Nacional S.E. s/ despido») consideraba la mejor remuneración y no su promedio» y tales conclusiones no fueron objeto de crítica concreta y razonada alguna por parte de la recurrente conforme lo exige el art. 116 de la LO. Desde esa perspectiva, corresponde considerar que dichas conclusiones llegan firmes a la Alzada y, por lo tanto, resultan irrevisables en esta instancia.

Obsérvese que la recurrente se limita, básicamente, a señalar que los testigos aludieron a un determinado importe por producción sin precisar concretamente de la declaración de cuál surgiría tal circunstancia. Por otra parte, aduce que la facturación estaba en poder del actor y que, por lo tanto, éste podía completarla con números irreales cuando, en realidad, de estar a lo que surge de fs. 170, la facturación informada por el perito, si bien era emitida por el actor, se corresponde con la que obra en poder de la demandada, lo que torna carente de sustento a la queja vertida por la recurrente sobre el particular. Tampoco se agravia por la consideración del Juez según la cual el salario del actor estaba integrado exclusivamente por comisiones, ni respecto a que la mejor «facturación» corresponde al mes de diciembre/2012 por un total de $ 16.134,71 ni respecto de la aplicación de la doctrina emanada en el fallo plenario «Brandi».

En el marco descripto, entiendo que las manifestaciones vertidas en el memorial traducen simples discrepancias subjetivas con lo resuelto que no alcanzan a satisfacer la clara previsión contenida en el citado art.116 de la LO

Como reiteradamente lo ha señalado esta Sala es carga del apelante demostrar punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador a fin de habilitar la instancia revisora (cfr. esta Sala, S.D. Nº73117, del 30/03/94 in re: «Tapia, Román c/ Pedelaborde, Roberto», íd. Sentencia Definitiva Nro. 100.101 del 9/2/12 in re «Fernández Rebeca Vidita c/ Verblan SRL s/ Despido», entre otras) y esa carga, reitero, no ha sido cumplida en modo alguno por el recurrente.

La insuficiencia formal apuntada basta para desestimar -sin más- la procedencia de este segmento del recurso.

Como consecuencia de la solución propugnada, considero que corresponde modificar parcialmente el decisorio apelado y reducir el monto total diferido a condena a la suma de $ 231.449,59 (pues a los $252.210,91 dispuestos en origen se debe deducir la suma de $ 20.761,32 correspondiente a la indemnización por clientela, que se propugna revocar); y esta suma llevará los intereses dispuestos en la instancia anterior y que arriban firmes a la Alzada.

En virtud de las argumentaciones ex-puestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones.

Al respecto, reiteradamente he sostenido que, en los supuestos en los que la demanda prospera parcialmente -como en el caso- aquéllas deben ser distribuidas en la forma que prevé el art. 71 del CPCCN pues, aún cuando puede considerarse que el demandante se vio obligado a litigar, ello es exacto únicamente en relación con la porción admitida de su reclamo; por lo que no habría fundamento objetivo para que quien sólo en parte es vencedor resulte eximido de las costas y éstas sean íntegramente soportadas por quien también obtuvo una victoria parcial (cfr. esta Sala, sent. 72.160, del 26/10/93 in re Soria, Carlos D.C/ Butomi SRL).

En orden a ello, y habida cuenta que la imposición de costas no responde necesariamente a una cuestión aritmética sino que debe contemplar también la importancia de los rubros que progresan, estimo que corresponde imponer las costas de ambas instancias en un 5% a cargo de la parte actora y en un 95% a cargo de la parte demandada.

A su vez, en atención al mérito y la extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 del art. 38 de la LO, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%, los de la representación y patrocinio de la parte demandada en el 11 %, los del perito contador en el 6% y los del perito calígrafo en el 6%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art. 132 LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena (capital e intereses).

Por otra parte, con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25% y 25 %, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE:1) Modificar parcialmente la sentencia apelada y consecuentemente reducir el monto total diferido a condena a la suma de $ 231.449,59 (PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS), suma que llevará los intereses dispuestos en la instancia anterior; 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en la instancia anterior en materia de costas y honorarios; 3) Imponer las costas, en ambas instancias, en un cinco por ciento (5%) a cargo de la parte actora y el restante noventa y cinco por ciento (95%) a cargo de la demandada; 4) Regular por las tareas llevadas a cabo en la instancia anterior, los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el quince por ciento (15%), los de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el once por ciento (11%), los del perito contador en el seis por ciento (6%) y los del perito calígrafo en el 6%, sobre el monto de condena con inclusión de intereses; 5) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada en el 25% y en el 25%, respectivamente, de la suma que les corresponda a cada una de ellas percibir por lo actuado en la instancia anterior; 6) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel M aza

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

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