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Indemnizan a trabajador que se consideró despedido por haber sido colocado en «reserva de puesto» ante las disidencias respecto de su salud

RenunciaPartes: Franco Manuel Antonio c/ Fresenius Medical Care Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Fecha: 6-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-91336-AR | MJJ91336 | MJJ91336

Procede el despido indirecto de un trabajador que a causa de disidencias respecto de su estado de salud fue colocado en «reserva de puesto».

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho el despido indirecto decidido, pues ante la discrepancia entre los médicos dictaminantes sobre la salud del actor – su médico y el de la empresa-, ésta debió recurrir a una tercera opinión dirimente de la situación, en aras de la buena fe contractual, pero decidió estar al dictamen emitido por su médico y colocar al actor en reserva de puesto.

2.-De haber aceptado que el actor contaba con capacidad residual para cumplir tareas acordes a su estado, no demostró la empleadora que no contara con ellas, circunstancia que sí hubiera avalado la decisión de recurrir al art. 211 de la LCT, para conservar el contrato hasta que mejorara la salud del trabajador y pudiera así retornar a sus labores habituales.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- La Sra. Jueza «a quo», en la sentencia de fs. 300/307, hizo lugar a la demanda orientada al cobro de indemnización por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, resolvió que el despido decidido por el actor resultó justificado.

Tal decisión es apelada por la demandada a tenor del memorial de fs. 323/335. Dicha presentación mereció, a su vez, la réplica de fs. 341.

II.- La parte demandada, ataca el fallo: porque entiende que la Sra. Jueza de grado valoró en forma errónea la prueba de autos, con relación a la supuesta negativa de tareas. Se queja también, por la recepción favorable de la multa establecida en el artículo 80 de la ley 20.744. Finalmente, se alza contra la imposición de las costas a su parte.

III.- No se discute en autos que el actor se desempeñó como dependiente de la demandada desde el 1º de agosto de 2001, realizando tareas de desinfección de las máquinas de diálisis, percibiendo por ello una remuneración mensual de $4.367,57.-. Tampoco resulta un hecho controvertido en autos que el actor el 30 de septiembre de 2010 tuvo un accidente cerebro vascular, por lo que comenzó a gozar una licencia por accidente en los términos del art.208 de la LCT y que luego su médico personal a partir del 23 de septiembre de 2011 resuelve otorgarle el alta con tareas livianas, circunstancia notificada a la empleadora con fecha 5/11/11 (ver fs.132 y 136), lo que motivó que ésta le comunicara al trabajador el impedimento de otorgarle tareas y, en base a ello la empresa procedió a la reserva del puesto de trabajo, derivando en la finalización de la relación laboral, decidida por el actor.

El reproche efectuado por la demandada con relación a la apreciación de los elementos probatorios realizada por la Magistrada de grado, en cuanto sostuvo que el actor se consideró correctamente despedido cuando la demandada se negó a asignarle tareas

acordes a su estado físico, no será receptado favorablemente, pues no encuentro razones que permitan apartarme de la decisión adoptada en grado.

No puede soslayarse que la selección y valoración de las pruebas es una facultad exclusiva de quiénes juzgan, pues en virtud de lo prescripto en el art. 386 del CPCCN, pueden considerar las que estimen relevantes y conducentes para la mejor solución del litigio.

En el terreno de la apreciación de la prueba, el art. 386 del CPCCN exige que se realice el análisis de acuerdo con los principios de la sana crítica, siéndole totalmente lícito valorar si los testimonios le parecen o no ser conducentes para la dilucidación del litigio, pudiendo valerse las pruebas que estime correspondientes. En definitiva se trata de una facultad privativa del magistrado.

El material probatorio debe ser apreciado en su conjunto, por la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos acompañados.

Ante la discrepancia entre los médicos dictaminantes sobre la salud del actor – su médico y el de la empresa-, ésta debió recurrir a una tercera opinión dirimente de la situación, en aras de la buena fe contractual (art. 63 y conc. ley 20744). Decidió estar al dictamen emitido por su médico, y colocar al actor en reserva de puesto.Coincido con la Jueza de grado en que no correspondía otorgar preeminencia a una opinión por encima de la otra. Y de haber aceptado que el actor contaba con capacidad residual para cumplir tareas acordes a su estado, no demostró la empleadora que no contara con ellas, circunstancia que sí hubiera avalado la decisión de recurrir al art. 211 de la LCT, para conservar el contrato hasta que mejorara la salud del trabajador y pudiera así retornar a sus labores habituales.

Pero aun, sin soslayar los dichos de los testigos Ospital (a fs.191), Papasidero (a fs. 264) y Zarate de Sassone (a fs.271), todos empleados de la demandada, ninguna prueba en concreto se acompañó para así corroborar que la demandada cumplió con lo establecido por el artículo 212 de la LCT, esto es la obligación de asignarle al actor las tareas que pueda llegar a realizar conforme sus capacidades.

Por ello, y ante la discrepancia entre los dos criterios médicos, incumbía a Fresenius Medical Care Argentina S.A., la carga de probar en forma objetiva y concreta la falta de puestos con tareas adecuadas para el actor incapacitado. En consecuencia y a mérito de las consideraciones expuestas, lo resuelto por la Sra. Jueza de grado, debe ser mantenido.

Estas argumentaciones brindan un adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la que se omite el análisis de las demás cuestiones que se hubieran planteado en tanto resulten inconducentes para la solución del litigio. En tal sentido la C.S.J.N. ha señalado que «los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio» (conf. Fallo del 30.4.74 en autos «Tolosa Juan C. C/ Cia. Argentina de Televisión S.A:» pub. En La Ley, Tomo 155 pag. 750 número 385).

IV.- Corresponde viabilizar la multa prevista por el art. 45 de la ley 25.345, ya que si bien el art.3º del dto 146/01 establece que recién luego de transcurridos treinta días desde la extinción del vínculo, el trabajador está facultado para requerir la entrega de los mismos, considero que en el caso particular de autos- donde la empleadora rechazó la intimación a entregar los certificados previstos por el art. 80 LCT (ver telegrama 27311335 2 de fecha 22 de mayo de 2012, a fs. 18 obrante en el anexo de fs. 19), lo que evidenció una negativa a entregarlos, que luego quedó materializada al momento de la audiencia del SECLO y al contestar la demanda, por ello concuerdo con la sentenciante de grado en cuanto resulta procedente la multa prevista por el artículo 80 de la ley 20.744 (to art. 45 ley 25345).

Por último y en atención a la documentación agregada por la demandada a fs. 311/321, expedirme sobre el cuestionamiento a la entrega de los certificados de trabajo resulta abstracta.

V.- En cuanto a la imposición de las costas no encuentro mérito para liberar a la demandada del pargo de ellas (art. 68 CPCCN). Finalmente, los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en la causa, apelados por altos y bajos, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el artículo 38 de la ley 18.345 y normativa legal aplicable, estimo que lucen adecuados y deben ser confirmados (arts.1º, 6º, 7º, 8º, 9º y 37 de la ley 21.839 y art.3º inc. b y g del decreto 16638/57).

VI.- Propicio por último imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida (artículo 68 CPCCN) y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que le corresponda percibir por su labor en la anterior etapa (art. 14 Ley 21.839) VII.- En definitiva, de prosperar mi voto correspondería:1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recursos y agravios y 2) imponer las costas de alzada a cargo de la demandada (artículo 68 CPCCN) y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora e igual carácter de la demandada en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que le corresponda percibir por sus labores en la anterior etapa (art. 14 Ley 21.839).

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Por compartir los fundamentos adhiere al voto que

antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo,

SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de recursos y agravios y 2) imponer las costas de alzada a cargo de la demandada (artículo 68 CPCCN) y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora e igual carácter de la demandada en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que le corresponda percibir por sus labores en la anterior etapa (art. 14 Ley 21.839).

Regístrese, notifíquese, comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

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