El “abandono de trabajo” no es tal si se encuentra discutida la enfermedad alegada por el trabajador ausente

shutterstock_53558290Partes: Ramírez Paula Romina c/ INC S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 10-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-91175-AR | MJJ91175 | MJJ91175

Resulta precipitado finalizar el vínculo laboral por “abandono de trabajo” ante una enfermedad alegada por el trabajador, pues el empleador podría haber obtenido una tercer opinión médica al respecto.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que el despido dispuesto por la empleadora fundado en abandono de trabajo resultó ilegítimo y cabe admitir las indemnizaciones derivadas del distracto toda vez que al existir una disparidad de criterios entre los profesionales médicos que trataban a la actora y los que ejercieron el control por parte de la empleadora conforme la faculta el art. 210 de la LCT., se podría haber sancionado a la actora por las inasistencias, más no despedirla.

2.-Aún cuando se diere preeminencia al informe del servicio médico de la empresa, sólo podría llevar a considerar injustificadas las ausencias de la actora y, en consecuencia, a descontar los salarios y aplicar las sanciones pertinentes, pero no a disolver el vínculo por abandono de trabajo en tanto la actitud de la actora, quien pretendió que se le reconociera una licencia por enfermedad con sustento en recomendaciones de sus médicos, no podía llevar a considerarla incursa en tal situación.

3.-No corresponde admitir que se haya transgredido el principio de congruencia, pues tal como lo establece el art. 163 inc. 6 del CPCCN., se determinó que en el caso se advierte una disparidad de criterios entre los facultativos que atendieron a actora por parte de la patronal y los que atendieron aquélla en el Centro Privado pero que no se configuró el animus abdicativo de la actora tal que de esa forma se pudiera configurar la causal que dispone el art. 244 de la LCT.

4.-Toda vez que del juego armónico de los arts. 209 y 210 de la LCT. la empleadora tenía la facultad de convocar una tercer opinión médica en caso de duda, no corresponde admitir la procedencia del despido fundado en abandono de trabajo, pues ante la disparidad de opiniones entre los médicos actuantes, la tercera opinión hubiera resultado aconsejable, de conformidad con los lineamientos que prevén los arts. 10 , 62 y 63 de la LCT.

5.-No corresponde admitir que la actora quedó incursa en la causal que contempla el art. 244 de la LCT. pues, sin perjuicio de sus inasistencias, las reiteradas comunicaciones resultaron claramente demostrativas de su intención de no abandonar la relación laboral habida, si no más bien, explicar su razón.

6.-Cabe memorar que la jurisprudencia en general considera que no se verifica la hipótesis del abandono de trabajo cuando el dependiente no se presenta pero invoca una situación de enfermedad impediente aún cuando el empleador niegue su existencia ya que, en estos supuestos, más allá del debate, no se advierte el ánimo de abandono del dependiente que reclama la norma.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 10-11-2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

ÇContra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda incoada (fs. 291/2) se alza la demandada a mérito del memorial obrante a fs. 291/2, replicado a fs. 303.

La accionada cuestiona la procedencia del reclamo inicial señalando que ello deviene de una errónea consideración de las circunstancias habidas en la lid. En tal sentido sostiene que el sentenciante de grado fundó su decisión en circunstancias que no habrían sido denunciadas por el actor en la demanda, lo cual, a su ver implicó una afectación del principio de congruencia. Finalmente cuestiona la imposición de las costas procesales y los estipendios fijados a favor de la representación letrada de la parte actora y de los peritos contador e ingeniero por considerarlos altos.

A su turno, la representación letrada del actor y el contador (fs. 290 y fs. 293) recurren los estipendios regulados a cada uno de ellos por considerarlos bajos.

Anticipo que, en mi propuesta, la queja de la demandada en cuanto al fondo de la cuestión no tendrá favorable acogida.

El sentenciante de grado, tras analizar las posturas asumidas por las partes en los escritos constitutivos del proceso, el intercambio telegráfico habido entre las partes y las pruebas obrantes a fs.178, consideró que no existe controversia entre las partes en cuanto a que la demandada el 01/12/09 extinguió el vínculo indicando que “toda vez que la actora se encuentra ausente sin aviso ni justificación desde el día 28/10/2009 hasta la fecha, hacemos efectivo el apercibimiento quedando incurso en la abandono de trabajo”. Asimismo consideró que del informe emanado del Centro Privado de Psicoterapias resultó que la actora fue tratada desde el año 2007 hasta el 01/12/2009, que en el último período fue atendida por la Dra. Morán quien recetó medicación por padecer aquélla trastorno de angustia con agorafobia.

Frente a dicho marco fáctico, a juicio del Dr. Ramonet la cuestión planteada no se ha circunscripto a un abandono de tareas, sino a una disparidad de criterios entre los profesionales que trataban a la actora y los que ejercieron el control por parte de la empleadora conforme la faculta el art. 210 de la LCT.

A su vez consideró el sentenciante de grado que aún cuando se diere preeminencia al informe del servicio médico de la empresa, ello sólo podría llevar a considerar injustificadas las ausencia y, en consecuencia, a descontar los salarios y aplicar las sanciones pertinentes pero no a disolver el vínculo por abandono de trabajo en tanto la actitud de la actora, quien pretendió que se le reconociera una licencia por enfermedad con sustento en recomendaciones de sus médicos, no podía llevar a considerarla incursa en tal situación.Consecuentemente, al estimar ilegítimo el despido decidido por la patronal, hizo lugar a la acción, admitiendo las indemnizaciones derivadas del distracto reclamadas al demandar.

Contra este segmento medular del decisorio se alza la demandada.

Tras tildar de arbitrario el decisorio de grado, sostiene que en la anterior instancia se ha transgredido el principio de congruencia por cuanto alega que del intercambio telegráfico habido entre las partes surge que la actora no cuestionó los informes de los médicos que la atendieron al concurrir a los controles sino que se limitó a insistir en que continuaba enferma.

Sostiene además la apelante que se equivoca el sentenciante al sostener que la circunstancia planteada no se circunscribe a un abandono de tareas sino a la disparidad de criterios entre los profesionales que trataron a la actora y los que la atendieron por su parte cuando ejerció el control del art. 210 de la LCT por cuanto esta circunstancia no fue alegada en la demanda.

Sin embargo la queja deviene estéril a los fines pretendidos.

Para así decidir considero conveniente señalar que delprofuso intercambio telegráfico habido entre las partes transcripto en la demanda a fs. 4 vta/8 se desprende que la actora comunicó su enfermedad a la empleadora, que se sometió a los controles médicos ejercidos por aquélla los cuales, según alegó arrojaron que la actora se encontraba en condiciones de prestar tareas.

La trabajadora negó dicha circunstancia sosteniendo que aún continuaba enferma con certificado médico de la Dra. Morán que acreditaba que se encontraba con un cuadro de agorafobia con angustia, que por ello se le estaba suministrando medicación y que se reincorporaría cuando le diera el alta dicha profesional.

La demandada negó y desconoció los términos del cartular de la trabajadora, insistiendo en que el facultativo de la empresa diagnosticó que ya se encontraba en condiciones de prestar tareas y, por ende, la intimó a retomar tareas bajo apercibimiento de considerarla incursa en abandono de tareas.

La reclamante negó dicha causal, sostuvo que continuaba enferma y con tratamiento psiquiátrico por orden de la Dra.Morán y que todo ello fue puesto en conocimiento del médico psiquiatra de la empleadora donde ella se presentó en la localidad de Villa Ballester.

Finalmente la demandada rechazó los términos del cartular de la trabajadora haciendo efectivo el apercibimiento dispuesto en el colacionado anterior por faltas sin aviso y considerándola incursa en la causal de abandono de tareas.

De la prueba de informes emanada del Centro Privado de Psicoterapia obrante a fs. 178/9, cuya eficacia probatoria arriba firme a esta sede, surge que la actora fue atendida desde el año 2007 por la licenciada Fons, a partir del 2009 por la licenciada Marnotes y a partir del 2009 por la Dra. Morán, tal como señaló en el colacionado enviado a la patronal, quien le diagnosticó trastorno de angustia con agorafobia y le suministró medicación.

Frente a este marco fáctico y, atento el modo en que quedó trabada la litis, no se advierte que el sentenciante de grado haya transgredido el principio de congruencia, como pregona la apelante en el memorial, por cuanto dadas las circunstancias narradas y probadas en el presente, tal como lo establece el art. 163 inc. 6 del CPCCN, el Dr. Ramonet determinó, con criterio que comparto, que en el caso se advierte una disparidad de criterios entre los facultativos que atendieron a actora por parte de la patronal y los que atendieron aquélla en el Centro Privado de Psicoterapia pero que no se configuró el animus abdicativo de la actora tal que de esa forma se pudiera configurar la causal que dispone el art. 244 de la LCT.

Cabe señalar que la señala norma procesal impone que la sentencia difinitiva deberá contener .”la decisión expresa positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicios, calificadas según correspondiere por ley declarando el derecho el derecho de los litigantes.” indicando luego que el juez “podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos”.(cfr. inc.6).

Desde esta perspectiva, es evidente que la postura de la apelante trasunta en una mera discrepancia dogmática propia de la parte vencida que, como tal, no cabe más que desestimar por infundada (cfr. art. 116 de la L.O).

Asimismo surge a todas luces inconducente que la accionada invoque que los certificados médicos sobre los que la actora pretendió invocar su licencia por enfermedad no fueron entregados a su parte, dado que no manifestó en concre,to dicha circunstancia en el intercambio telegráfico ni tampoco lo hizo en la defensa donde solamente se limitó a negar genéricamente que los certificados médicos hayan estado a su disposición y a pretender fundar la mendacidad de unos supuestos instrumentos ajenos a las circunstancias debatidas en el presente (cfr. fs. 142/vta y considerando I de fs. 285 vta).

Como se advierte hasta aquí, la queja de la accionada en cuanto al fondo de la cuestión en modo alguno constituye la crítica concreta y razonada del decisorio apelado, lo que impone su desestimación, en orden a lo dispuesto por el art. 116 de la L.O.

Sin perjuicio del señalado escollo formal, no menor por cierto, a fin de salvaguardar el derecho de defensa de la accionada, de todas formas me abocaré a su tratamiento, no sin antes dejar sentada mi postura adversa a las pretensiones de la apelante.

Es que, tal como lo sostuvo el sentenciante de grado en su decisión, atento el marco fáctico descripto supra, del intercambio telegráfico habido entre las partes surge que la actora se presentó a los controles médicos impuestos por la patronal -quien informó que se encontraba apta para reintegrarse a sus labores- sin perjuicio de lo cual manifestó que su facultativo tratante le habría recomendado reposo por el trastorno psiquiátrico que diagnosticó y merced a lo cual se encontraba medicada.

Conviene memorar a esta altura que del juego armónico de los arts.209 y 210 de la LCT la empleadora tenía la facultad de convocar una tercer opinión médica en caso de duda, circunstancia que en el caso hubiera resultado aconsejable, de conformidad con los lineamientos que prevén los arts. 10, 62 y 63 de la LCT.

Lejos de ello, la patronal consideró a la actora incursa en la causal que contempla el art. 244 de la LCT sin perjuicio de que las reiteradas comunicaciones resultaron claramente demostrativas de su intención de no abandonar la relación laboral habida.

Cabe memorar que la jurisprudencia en general considera que no se verifica la hipótesis del abandono de trabajo cuando el dependiente no se presenta pero invoca una situación de enfermedad impediente aún cuando el empleador niegue su existencia ya que, en estos supuestos, más allá del debate, no se advierte el ánimo de abandono del dependiente que reclama la norma.

Desde este enfoque, las circunstancias apuntadas y las particularidades que se advierten de la causa bastan para determinar que la decisión de la demandada de finalizar el vínculo laboral en los términos del art. 244 de la LCT denota un obrar precipitado que torna a todas luces injustificada la medida rescisoria.

Consecuentemente, voto por desestimar la queja y confirmar el decisorio apelado en cuanto a lo principal que decide, lo que así dejo propuesto.

I. La misma suerte adversa tendrá la queja respecto de la imposición de las costas procesales, en tanto no advierto que las circunstancias debatidas en el presente, a tenor de lo dispuesto en la anterior sede cuyo resultado auspicio confirmar, conduzcan a apartarse del criterio rector en la materia que impone que la parte vencida, en este caso la accionada, asuma las costas del pleito (art. 68 del CPCCN).

Por ende, voto por confirmar el decisorio apelado también en este sentido.

II.Con relación a los estipendios regulados en grado a favor de la representación letrada de las partes actora y del perito contador (14% y 6%, respectivamente, del monto total de condena, que comprende los intereses), atento la extensión y la calidad de las labores desarrolladas durante el trámite de primera instancia, considero que son bajos, por lo que sugiero elevarlos en el 16% y 7%, respectivamente, del monto total de condena que más sus accesorios legales (conf. arts. 38 de la L.O., y arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 de la ley 21.839 y decreto 16638/57).

Resta señalar que en la sentencia en crisis no se advierte que el magistrado a quo haya efectuado la regulación de honorarios por la actuación del perito ingeniero, circunstancia que conduce a considerar desierta la queja de la accionada en cuanto a este punto (cfr. art. 116 de la L.O).

III. Para finalizar, atento el resultado de los recursos interpuesto, voto por imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada (cfr. arts. 68 del CPCCN) a cuyo fin, y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas desarrolladas en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, sugiero regular sus estipendios en el 25% para cada uno de ellos de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus labores en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo: Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que ha sido materia de recursos con excepción de los estipendios fijados a favor de la representación letrada del actor y los del perito contador que se elevan en el dieciséis por ciento (16%) y siete por ciento (7%), respectivamente, del monto total de condena que comprende los intereses; 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada; 3) Regular los estipendios a la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, por sus actuaciones en esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) para cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su desempeño en origen; 4) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por la ley 26856 y la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

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