Se hizo lugar a la demanda de alimentos de una hija mayor de edad contra su madre, pues aquella demostró que estaba cursando estudios universitarios, y que era indispensable contar con dicha cuota para subsistir durante sus estudios.

AlimentosPartes: B. T. c/ F. A. M. s/ sumario

Tribunal: Juzgado de Familia de General Roca

Sala/Juzgado: 11

Fecha: 3-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-91130-AR | MJJ91130 | MJJ91130

Se hizo lugar a la demanda de alimentos de una hija mayor de edad contra su madre, pues aquella demostró que estaba cursando estudios universitarios, y que era indispensable contar con dicha cuota para subsistir durante sus estudios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda de alimentos iniciada por la hija respecto a su madre, por más que aquella ya cumplió la mayoría de edad, pues ha demostrado que está realizando estudios universitarios y por lo tanto necesita imperiosamente de una cuota alimentaria para subsistir, pero a su vez, y para no eternizar la etapa de estudio, corresponde establecer un límite temporal para el devengamiento de la mencionada cuota.

2.-Los alimentos configuran una obligación legal y natural y por tal razón debenprestarse de manera voluntaria, sin necesidad de litigar para tal fin, ahora bien, cuando los mismos no son brindados en forma espontánea por algún progenitor, se encauza el reclamo por la vía judicial, como en el presente caso, este principio no deriva ya de la responsabilidad parental, sino de razones humanitarias que el progenitor no puede eludir.

3.-Resulta penoso que la Justicia deba entender en casos en los que debería primar el afecto filial, tendiente a que los hijos puedan arbitrar por sus propios medios la superación en su formación, toda vez que arribada a la misma, su futuro será más promisorio y alentador.

4.-Si los hijos pretenden continuar con estudios superiores, ya sea universitarios, terciarios o técnicos, los padres deben contribuir y solventar tal instrucción, habida cuenta que la formación académica superior les otorgará mayores herramientas para desenvolverse en la vida de adultos, y de tal forma conseguir una mejor fuente laboral que asegurará su futuro, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado laboral es cada vez más competitivo.

5.-El tiempo que demanda una carrera universitaria o terciaria y su cumplimiento adecuado implica asignar una franja horaria similar a una actividad laboral, lo que trae aparejado la dificultad de conseguir un empleo y sostener los estudios a la vez.

6.-En el presente, el estudio terciario constituye una razón que habilita peticionar una cuota alimentaria a fin de poder dedicarse la hija al estudio, sin verse en la obligación de trabajar, desatendiendo -de tal forma-la primera actividad.

7.-No puede desconocerse que la responsabilidad de los padres, respecto de sus hijos, en la satisfacción de las necesidades alimentarias es, sin lugar a dudas, de origen legal y moral. Sin perjuicio de la edad de la actora, quien alcanzó la mayoriía de edad, normas que emanan de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional incorporados en virtud del art. 75, inc. 22 de nuestra Carta Magna , establecen la protección de los derechos que aquí se peticionan, entre ellos el art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

8.-El Nuevo Código Civil y Comercial en su art. 663 , establece una suerte de prórroga automática de la cuota alimentaria para garantizar su continuidad a los hijos mayores de edad que prosigan estudiando con regularidad. Específicamente el art. 663 prevé: Hijo mayor que se capacita.La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco (25) años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente .

9.-Para la fijación del monto de la pensión alimentaria no es indispensable la demostración exacta, mediante prueba directa, de la capacidad económica del obligado, ya que para su apreciación bastan las presunciones que den una idea aproximada de dicho caudal, adquiriendo vital importancia la prueba indiciaria de los gastos realizados cuando concurre la imposibilidad de acreditar en forma cierta los ingresos del alimentante.

Fallo:

General Roca, 3 de noviembre de 2014.

Y VISTOS: Estos autos para dictar sentencia caratulados: “B.T. C/ F.A.M. S/ SUMARIO”‘ ‘(Expte. N° D-2RO-191-F11-13), de los:

I. – RESULTA: Que a fs. 11/12 se presenta la Srta. ‘T. A. B.’, con el patrocinio letrado de la Dra. Leonor Fabiola Sáez, promoviendo demanda por alimentos contra su madre Sra. ‘A. M. F.’, solicitando se fije una cuota alimentaria suficiente para cubrir sus necesidades básicas, atento estar cursando el último año de Profesorado en Nivel Inicial en la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias de la Educación de la ciudad de Cipolletti, y no contar con recursos para poder autosolventarse Manifiesta que tiene ’21 años de edad’, adjunta copia del acta de nacimiento para acreditar el vinculo filiatorio con su madre.

Relata, que durante el ‘año 2011’ su padre en representación de hermana menor y la presentante iniciaron la causa ‘B.J.E. y B.T. A. c/ F.A. M. s/ Alimento’, Expte.36-11, y que en el mes de ‘diciembre del año 2012’ el juez resolvió el cese de la cuota con respecto a ella, por haber alcanzado la mayoría de edad, ante ello su madre no contribuyó más con aportes alimentarios.

Prosigue, que esta cursando el cuarto año de carrera de Profesorado de Nivel Inicial (Jardín de Infantes) en la Facultad de Ciencias de la Educación de Cipolletti, que debe asistir todos los días a clases (adjunta certificado de alumna regular y rendimiento académico).

Que no puede trabajar atento los horarios de estudio, que en vacaciones cuida niños -algunos fines de semana-, con ese dinero afronta gastos que le demandan sus estudios, tales como traslados, fotocopias, pero los mismos resultan insuficientes.

Continúa, que actualmente vive en su casa paterna, con su padre y hermana menor, se dedica hacer quehaceres domésticos, cocina, estudia y viaja a Cipolletti, cuyo costo de (ida-vuelta) ronda los $15, los que no puede cubrir porque no consigue un trabajo que le permita autoabastecerse.

Aclara, que solicita una cuota alimentaria hasta que termine sus estudios universitarios. Agrega que lleva la carrera al día, que está cursando el último año, que necesita una ayuda económica acorde a sus necesidades y la capacidad económica del alimentante, y que su madre está en condiciones de brindársela.

Respecto del nivel económico de su madre, señala que administra ‘cuatro departamentos en Las Grutas’, con capacidad para 4, 5 y 6 personas, uno de ellos está alquilado durante todo el año en forma permanente y percibe la renta de la totalidad de lo inmuebles, además trabaja en negocio llamado ‘Casa Tila’. Razón por la cual, estaría en condiciones de afrontar una cuota alimentaria, Solicita se fije una cuota provisoria de $1.500 toda vez que necesita dinero con inmediatez para hacer frente a los gastos que le irrogan sus estudios. Funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.

Que a fs. 13 se corre traslado de la demanda y se deniegan los alimentos provisorios.

Contra dicha denegatoria -la actora- a fs.15 plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Denegado en primera instancia se concede la apelación, la que es rechazada por la Excma. Cámara de Apelaciones a fs. 20/22.

A fs. 24/26 la actora denuncia hecho nuevo para acreditar la capacidad económica de la demandada y acompaña copia de escritura pública de venta de un inmueble de fecha 28 de junio de 2013, el que le fuera adjudicado a la demandada en la liquidación de la sociedad conyugal.

A fs. 29 contesta demanda la accionada, con el patrocinio letrado del Dr. Miguel Parra Segura, solicitando el rechazo de la acción. Niega los hechos articulados en la demanda, desconoce la documental adjunta, a excepción del acta de nacimiento acompañada.

Expresa, que las manifestaciones de la actora tales como, que cursa estudios terciarios, que no puede trabajar porque tiene que viajar a Cipolletti todos los días -lo que le impide cumplir con un empleo-, queda en una mera manifestación de la accionante, ya que no dice que horario cumple ni que carreras se encuentra cursando, que no aporta prueba alguna, ni ofrece prueba para acreditarlo, colocándola en un estado de indefensión.Considera, que no es suficiente invocar el estado de necesidad y la imposibilidad de lograr los medios económicos para culminar su carrera.

Afirma que no posee la capacidad económica que se le atribuye en la demanda, que posee un inmueble en ‘Las Grutas’ en el que vive y en el que construyó -antes de divorciarse- con el padre de la actora tres departamentos chicos que alquila en temporada, los que atiende personalmente lavando la ropa de cama y limpiando diariamente los departamentos.

Que es falso que trabaja en el negocio ‘Casa Rila’, que el mismo es propiedad de sus actual pareja, hecho que tal vez confundió a la actora.

Describe, que en la actualidad abona la cuota alimentaria de su hija menor de edad N.S.B., la que aumentó voluntariamente al decretarse el cese de los alimentos de la accionante por haber accedido a la mayoría de edad.

Afirma, que la accionante oculta hechos esenciales en el reclamo, esto es que su padre Sr. J.E.B., le suministra vivienda, comida y colabora con sus gastos diarios y estudio. Como asimismo que ha trabajado o trabaja en un comercio de esta ciudad.

Cita Jurisprudencia y solicita se rechace la demanda, atento no encontrarse la actora en estado de necesidad y no poseer la accionada capacidad económica para brindarle alimentos, toda vez que su único ingreso lo constituye el alquiler de los departamentos en temporada, de los que debe detraer el monto de los alimentos de su hija menor de edad y solventa sus gastos diarios.

Formula oposición a la prueba informativa ofrecida por la accionante, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.

A fs. 32 se corre traslado del hecho nuevo, el que es contestado a fs. 35. La accionada niega la procedencia del hecho nuevo por no corresponder a la etapa procesal cursada, como asimismo, que con el mismo se pueda probar el caudal económico de la accionante.

A fs. 36 se fija audiencia de conciliación, la que es celebrada a fs. 40. A la audiencia la demandada no comparece justificando su inasistencia con un certificado médico.En el acto se dispone pasar los autos a despacho a proveer la prueba ofrecida por las partes.

A fs. 42 se provee la prueba ofrecida por ambas partes y se deniega la oposición de la prueba informativa formulada por la demandada, en el entendimiento que la misma deviene necesaria para acreditar los ingresos del alimentante.

A fs. 45/48 se producen la testimoniales ofrecidas por la actora.

A fs. 50 se celebra nueva audiencia conciliatoria, la que resulta frustrada por la incomparecencia de la demandada.

A fs. 52 el letrado patrocinante de la demandada desiste de las testimoniales ofrecidas.

A fs. 53 la accionada expresa haber tomado conocimiento de que la actora ha finalizado de cursar su carrera terciaria en el mes de ‘noviembre de 2013’ y que en la actualidad se encuentra trabajando, por lo que entiende que la cuestión de fondo se ha tornada abstracta.

A fs. 57 se agrega informativa de la Empresa KO-KO S.R.L.

A fs. 61 la actora niega las afirmaciones de la accionada, alega que aun le falta rendir la última materia de la carrera (inglés), desiste de la prueba pendiente de producción y solicita se dicte sentencia.

A fs. 64 se agrega informativa de la Universidad Nacional del Comahue -Facultad de Ciencias de la Educación.

A fs. 68 obra informe de la inmobiliaria ‘Landivar de las Grutas’.

Por providencia de fs. 71 se dispone el pase de los autos para dictar sentencia.

II. – CONSIDERANDO:Puesta en condiciones de decidir y reseñada la plataforma fáctica, se aprecia que ‘T de 21 años de edad’ reclama alimentos a su madre ‘A.M.’, toda vez que la joven necesita continuar y terminar sus estudios terciarios y no cuenta con fondos suficientes para costearse los mismos.

La pretensión se centra en una ayuda económica para solventar los gastos de traslado hacia la ciudad de Cipolletti (sede de la facultad), refrigerio que insuma su estadía diaria y fotocopias o material bibliográfico necesario para su carrera.

Los alimentos configuran una obligación legal y natural y por tal razón deben prestarse de manera voluntaria, sin necesidad de litigar para tal fin, ahora bien, cuando los mismos no son brindados en forma espontánea por algún progenitor, se encauza el reclamo por la vía judicial, como en el presente caso.

Este principio no deriva ya de la responsabilidad parental, sino de razones humanitarias que el progenitor no puede eludir.

Resulta penoso que la Justicia deba entender en casos en los que debería primar el afecto filial, tendiente a que los hijos puedan arbitrar por sus propios medios la superación en su formación, toda vez que arribada a la misma, su futuro será más promisorio y alentador.

Es que ser padres no consiste sólo en procrear hijos, sino especialmente en educarlos, amarlos, procurarles todos los medios necesarios para que crezcan, maduren y vivan en un ambiente propicio y adecuado para su correcto desarrollo como personas.

Si los hijos pretenden continuar con estudios superiores, ya sea universitarios, terciarios o técnicos, los padres deben contribuir y solventar tal instrucción, habida cuenta que la formación académica superior les otorgará mayores herramientas para desenvolverse en la vida de adultos, y de tal forma conseguir una mejor fuente laboral que asegurará su futuro, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado laboral es cada vez más competitivo.

El tiempo que demanda una carrera universitaria o terciaria y su cumplimiento adecuado implica asignar una franja horaria similar a una actividad laboral, lo que trae aparejado la dificultad deconseguir un empleo y sostener los estudios a la vez.

Es sabido que la obligación alimentaria -en principio se extiende los 21 años-, por imperio del Artículo 3° de la ley 26579 ’’Agrégase como segundo párrafo del artículo 265 del Título III, Sección Segunda del Libro I del Código Civil, el siguiente: ‘La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo.” Pero tal obligación puede extenderse en caso de que medien razones que así lo ameriten. En el presente, el estudio terciario constituye una razón que habilita peticionar una cuota alimentaria a fin de poder dedicarse la hija al estudio, sin verse en la obligación de trabajar, desatendiendo -de tal forma¬la primera actividad.

Ahora bien, la extensión de la cuota alimentaria es reducida, puesto que importa cubrir los gastos mínimos del alimentado y es dable evaluar la capacidad económica del alimentante.

Sostiene Grosman que “el menor que inicia estudios universitarios tiene derecho a que se respete el desarrollo de su proceso educativo, obviamente tomando en consideración las posibilidades paternas. Se trata de una ‘necesidad’ del hijo que la ley no ha instrumentado en relación al derecho alimentario. El ordenamiento encierra en sí mismo una contradicción, ya que si implícitamente surge de un precepto que cuando el padre está en condiciones de solventarlo, el hijo puede continuar una educación superior (art. 265 Cód. Civ.) al mismo tiempo registra otro que hace cesar la obligación alimentaria a una edad en que normalmente tales estudios no han concluido. El problema se plantea precisamente en los sectores de mayores recursos económicos, donde son los mismos padres los que han creado este tipo de ‘necesidad’ al haber posibilitado la continuidad del proceso educativo.Resulta entonces visiblemente injusto interrumpir la asistencia al arribo de la mayoría de edad, desconociéndose de este modo la responsabilidad por las consecuencias del hecho voluntariamente querido” (“El Derecho Alimentario del hijo mayor en relación a su formación profesional”, ED, t. 97, págs. 883/888).

La Jurisprudencia al respecto ha dicho: “entendemos que una interpretación dinámica del art. 265 del Código Civil permite sostener que cuando -insistimos- las circunstancias del caso así lo ameritan, puede establecerse la continuidad de la cuota establecida durante la minoría de edad con fundamento en dicha norma y en tanto el concepto de alimentos no solo comprende los recursos indispensables para la subsistencia de una persona, sino también los medios que le permiten un desarrollo íntegro. En el caso de los progenitores la asistencia material hacia sus hijos tiene un carácter autónomo de la originada en los deberes inherentes a la patria potestad, teniendo su causa en la solidaridad que incumbe a los miembros de una familia, lo que incluye la culminación de la educación de los hijos, conforme a la condición y fortuna de los progenitores según edicta la norma en examen. . “establecido en el caso la continuidad de la pensión alimentaria, debe establecerse un tope razonable para su mantenimiento, que, mas allá de la época que culmine la carrera universitaria que eligiera, estimo prudente fijarlo hasta la fecha en que alcanzó la edad de veinticinco (25) años (v. Grosman, ob. cit., p. 887)” ( Tribunal: Camara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea.- Fecha: 4-nov-2008 – Cita: MJ- JU-M-40325-AR | MJJ40325 | MJJ40325 ).- En el mismo sentido puede leerse en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2001-1, Alimentos, ps. 186/187.

Así lo ha entendido la Excma. Cámara de Apelaciones local en los autos ‘PEREYRA CARLOS LUCAS C/ SEPULVEDA MARIA CRISTINA S/ Incidente Reducción Cuota Alimentaria’ (Expte. N° CA-20534), en fecha 18/05/2011, al expresar: “.Esta Cámara supo decir desde el precedente “LOBO y DELGADO” (Sent. 538 del 16/09/2003, Expte.16183-CA-03), luego ratificado por la Sent. 68 del 7/10/2003 en “CHIAPPANO c/CHIAPPANO” (Expte. 16175-CA-03) que: “Es cierto que existe una corriente en la doctrina de los jueces y de los autores que admite la fijación de alimentos a favor del hijo que alcanza la mayoría de edad (hoy veintiún años). Esto es, como modo de continuar con el régimen alimentario determinado durante la minoridad. Y ello importa transformar una obligación natural en una obligación civil en los términos del art. 515 del Código Civil. Esto es, que lo que fue una obligación con imperio jurídico (arts. 265 y 267 CC) y continúa luego de la mayoría de edad como una obligación fundada sólo en el derecho natural (principios de solidaridad familiar), se mantenga como un deber cuyo cumplimiento puede serle demandado al declarado deudor (obligación civil). Todo diferenciado del deber alimentario entre parientes que consagra el art. 367 inc.1 del Cód. Civil, por responder a presupuestos notoriamente diferenciados a los alimentos debidos al hijo menor de edad.-.La excepcionalidad propuesta se ha fundado jurídicamente en el entendimiento de que importaría un ejercicio abusivo del derecho (art. 1071CC), esgrimir la caducidad que emana del art. 129 en armonía con el inc.3° del 306 CC para concluir con la prestación alimentaria, desde el presupuesto de que llegar a la mayoría de edad (hoy veintiún años) provoca la extinción de la patria potestad y con ello la pérdida del derecho alimentario que consagra el art. 265 CC. Esta interpretación reposa básicamente en juzgar que aparece inaceptable desentenderse del deber de cumplir el aporte económico comprometido durante la minoría de edad y como presupuesto de una carrera universitaria, sólo fundado en el hecho de haber llegado a la mayoría de edad.De ser así se legitimaría vulnerar el proyecto educativo con sentido mientras el hijo era menor y sostenido económicamente, provocando su frustración por el acaecimiento de un hecho futuro y cierto, como es llegar a la edad de 21 años del hijo estudiante, que como tal no pudo ser desconocido por el alimentante. El haber consentido el ingreso a la universidad (pudiéndose haber opuesto o limitado en el tiempo), mediante el ejercicio de la patria potestad de que era titular, aportando los recursos necesarios para el desarrollo de la educación terciaria, importa un compromiso de aporte hasta su finalización que no resulta admisible su simple repudio sólo a partir de haberse arribado a la mayoría de edad. De lo contrario se vulnera el fin que tuvo la norma al reconocer y consagrar el deber alimentario de los hijos menores a la vez que contradice la buena fe con que debe ejercerse toda prerrogativa legal, de la que no resulta exenta el deber alimentario en tiempo de la minoridad de los hijos. ” Renombrada Doctrina comenta, que desde el ambiente académico hace varios años se viene propiciando una interpretación amplia y armónica de los arts. 3790 (legado de alimentos hasta los 18 años) y el 372 (prestación de alimentos y su comprensión) del Código Civil, conforme a la cual el deber alimentario de los padres para con los hijos menores de edad continúa después de alcanzar estos la mayoría si la asistencia económica es necesaria para su formación laboral y profesional, y siempre que no exceda las posibilidades de los obligados, propiciándose la incorporación de una norma en el Código Civil que lo contemple.La Jurisprudencia por su parte también ha considerado estas situaciones, con argumentos tales como que los padres tienen la obligación de asistir a sus hijos, a fin de que puedan lograr una autonomía que les permita en su oportunidad realizarse en la vida, que no se vea vulnerado un proyecto educativo, también se ha invocado el principio de solidaridad familiar, y que las contingencias matrimoniales no deben incidir sobre la educación de los hijos (conf.: GROSMAN, C.P.: “La Mayoría de edad y la Responsabilidad Alimentaria de los Padres”, Revista Derecho de familia, N°47, p., 33, Abeledo Perrot).

“.La norma del art. 3790 resulta incompleta pues solo alude al legado realizado en beneficio de un menor de 18 años. . Pero, ¿qué sucede cuando el legatario es mayor de 18 años?. En este caso los autores son contestes en afirmar que dicho legado se extenderá mientras subsistan las circunstancias personales y/o económicas del beneficiario que fueron tenidas en cuenta por el testador al instituir el legado.” Conf. Graciela Medina, en Código Civil Comentado, Sucesiones Tomo II, Segunda edición actualizada, pag. 524, Editorial Rubinzal Culzoni.

Sumado a todo lo expuesto, no puede desconocerse que la responsabilidad de los padres, respecto de sus hijos, en la satisfacción de las necesidades alimentarias es, sin lugar a dudas, de origen legal y moral. Sin perjuicio de la edad de la actora, normas que emanan de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional incorporados en virtud del art. 75, inc. 22 de nuestra Carta Magna, establecen la protección de los derechos que aquí se peticionan, entre ellos el art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La joven, que requiere de su madre una cuota alimentaria para asegurar la continuidad de sus estudios de Profesorado de Nivel Inicial -próximos a finalizar- cuenta con un óptimo rendimiento académico, con un promedio de 7.69 (acreditado a fs.4).

La necesidad alimentaria de ‘T (hoy de 23 años de edad, conforme certificado de nacimiento obrante a fs. 2)’ y la imposibilidad de procurarse por sus propios medios -los ingresos imprescindibles para su estudio- se aprecia manifiesta y la encuentro configurada, en primer lugar, en el hecho de que la joven está finalizando el último año de sus estudios terciarios, lo que implica una merma en su disponibilidad laborativa, debido a que ha desempeñado su carrera con regularidad, lo que implica haber asistido a clases, tal se desprende del certificado de regularidad de fs. 3. A lo que hay que sumarle las horas de viaje y traslado hasta la sede de la Facultad y las que demanda el estudio propiamente dicho. Adviértase que solo le resta rendir su última materia (in gles), para finalizar la misma.

Además, refuerzan los extremos invocados, los que encuentro probados y acreditados, determinadas circunstancias de hecho que se exponen y prueban en autos, en especial con las declaraciones testimoniales de fs. 45/48, las que dan cuenta de la urgencia alimentaria en el rubro educación. En efecto, el testigo ‘Rubén Oscar Levio’, al interrogársele si sabe la causa por la que inició el juicio ‘T.’, afirmó : “lo inició porque al estar estudiando necesitaba que la madre la ayudara para poder estudiar, y la plata para los pasajes .Necesita el aporte de la madre para poder estudiar”. Continuó “.en este momento le falta una para recibirse y tiene todas las demás aprobadas y cursadas”. ” .sí, se trasladó en colectivo”. Al referirse a la situación económica de la actora dijo: “fue dura, porque había que conseguir el dinero necesario para el transporte. Además llegaba muy tarde porque cursaba hasta tarde y entonces debía quedarse a comer en Cipolletti, necesita plata para viajar y los materiales, estuvo complicada económicamente.” Al responder sobre quien le suministraba el dinero para los gastos de estudio y traslado, acotó: “en principio su papá, pero no llegaba porque estaba a cargo de muchos gastos, tuvo que recurrir a prestamos de amigos, de la familia, de hermanos, todos la fuimos ayudando para que pueda llevar sus estudios al día. Además al estar estudiando se le imposibilitaba conseguir trabajo por el escaso tiempo”.

A su turno el testigo ‘Federico Nicolás Garrido’, sobre los mismos interrogantes acotó: “.porque la madre le dejó de mandar dinero y ella necesitaba para viajar y poder continuar los estudios. “. creo que le queda una materia” . “.en colectivo” “.media apretada, andaba con lo justo” . “. y el padre cuando podía le daba.”.

Todo lo que me lleva a concluir que por las particulares circunstancias en el presente se encuentran cumplidos tales extremos, máxime cuando la necesidad de procurárselos no debe ser absoluta (arts. 370, 372 y concs. del Código Civil).

Si ambos progenitores venían realizando esfuerzos para contribuir a la manutención de su hija cuando esta era menor de edad (atento la denuncia del juicio de alimentos de fs. 11 y que tengo a la vista, toda vez que obra agregado por cuerda), resulta lógico y equitativo concebir que dichos esfuerzos continúan siendo necesarios, cuanto más, podrá prestar una mínima ayuda de toda necesidad a su hija estudiante terciaria, la que por otra parte es potencialmente alimentante conforme al curso normal de la vida, de acuerdo a la reciprocidad y solidaridad familiar que impone tal deber.

El Nuevo Código Civil y Comercial en su art. 663, establece una suerte de prórroga automática de la cuota alimentaria para garantizar su continuidad a los hijos mayores de edad que prosigan estudiando con regularidad. Específicamente el art. 663 prevé: “Hijo mayor que se capacita.La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco (25) años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente”.

Entiendo que en el presente tal prolongación es excesiva, ‘T.’ está culminando su carrera de profesorado de nivel inicial (restándole solo una materia), por lo que corresponde prolongar la obligación alimentaria de la madre hasta que la joven finalice la carrera, la que no deberá extenderse más allá del mes de ‘marzo de 2015’.

Resulta pertinente recordar que en los fundamentos redactados por los autores del Anteproyecto 2012 de Reforma al Código Civil (Dres. Lorenzetti, Highton y Kemelmajer), explicaron que también regularon el caso de los alimentos a los hijos mayores de 21 años que prosiguen sus estudios, por ser un supuesto especial que ya ha sido reconocido jurisprudencialmente, al que se brinda distintas soluciones en el derecho comparado, en algunos países, se otorgan sin límite de edad, como en Francia, Italia, Suiza, España, y en otros, se fija un tope etario como en Panamá, Chile, Nicaragua, Perú, San Salvador, Costa Rica, Ecuador, etc.Precisamente, el Anteproyecto -consignaron-, sigue esta última tendencia a los fines de lograr un equilibrio entre los derechos en pugna y el posible abuso en el mantenimiento de los hijos mayores de edad.

Como ya mencioné, respecto del monto peticionado deberá estarse a lo estrictamente necesario para la subsistencia de la actora en su etapa terciaria, y que si bien quedó demostrado que está próxima a finalizar, el juicio tuvo su inicio en plena etapa de estudios, debiendo recurrir a la ayuda y préstamos otorgados por amigos y familiares.

En sintonía a lo desarrollado y fundado en un principio de solidaridad familiar considero ajustado a derecho fijar como cuota alimentaria mensual la suma de $ 800 la que deberá ser abonada hasta la fecha señalada “ut supra” -esto es- la modalidad de la prestación y su cuantía se deben adecuar a cada caso particular.

Si bien, en los presentes no se acreditó el nivel de ingresos de la demandada, entiendo que la misma -aunque exiguos fueran- siquiera, puede afrontar la cuota alimentaria establecida en autos, desprendiéndose de las constancias de fs. 190 del Expte. N° 36-11, informe de Afip, que la Sra. ‘A. M. F. detenta la categoría de Monotributista B, Locación de Servicios’.

Sin perjuicio de lo expuesto considero, y tal como reiteradamente se ha dicho que, para la fijación del monto de la pensión alimentaria no es indispensable la demostración exacta, mediante prueba directa, de la capacidad económica del obligado, ya que para su apreciación bastan las presunciones que den una idea aproximada de dicho caudal, adquiriendo vital importancia la prueba indiciaria de los gastos realizados cuando concurre la imposibilidad de acreditar en forma cierta los ingresos del alimentante (conforme: CNCiv., Sala C, 23/11/89, L.L., 1990-C-251).

“Es deber elemental del padre cumplir con su obligación alimentaria.Esta obligación se genera por la responsabilidad asumida con el nacimiento de los hijos y exige la realización de los esfuerzos necesarios para obtener las entradas suficientes para su satisfacción” (CNCiv., Sala A, 5/10/87, LL 1989-B-212).

Dicho monto pecuniario permitirá a ‘T.’ costear los gastos que irrogue la finalización de los estudios, teniendo en cuenta que la joven -en la actualidad-, ya no cursa la carrera Profesorado en Nivel Inicial Plan 00886/97 Mod- 868/01, por ende los gastos de traslado han sido disminuidos, atento el informe de fs. 64, que da cuenta que solo le resta aprobar la asignatura de idioma extranjero.

No pasa desapercibido para la suscripta que la demandada desconoce la documental de fs. 3/4 -al ejercer su derecho de defensa y contestar demanda-, pero las mismas han quedado ratificadas por el informe de fs. 64 firmado por la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Dra. ‘Adriana Hernández’, que expresa que los certificados de regularidad y rendimiento académico de ‘B. T A., DNI N° ., legajo FACE-1222’, son auténticos en sus fechas y contenidos.

Hecho Nuevo: A fs. 26, la actora alega como hecho nuevo, adjuntando prueba relativa al mismo, la venta de un inmueble adjudicado a la Sra. ‘A. M. F.’ en la partición de bienes de la liquidación de la sociedad conyugal habida con su padre, Sr. ‘J. B.’ operación realizada en fecha ’28 de junio de 2013 por la suma de $180.000.’ Venta que reconoce realizada en fecha 23 de mayo de 2013, en oportunidad de plantear recurso de revocatoria y apelación subsidiaria frente a la denegación de los alimentos provisorios (fs. 15), lo que introduce a los fines de acreditar el caudal económico de la demandada.

A fs. 32 -ya trabada la litis- se corre traslado del hecho nuevo a la contraria, el que es contestado a fs. 35.

La demandada niega la procedencia del hecho nuevo en función de lo prescripto en el art. 365 del CPCyC.Afirma que el hecho nuevo alegado por la actora es anterior a la promoción de la acción y que la misma no manifiesta haber tomado conocimiento del mismo con posterioridad a la interposición de la demanda.

Agrega asimismo, que la venta del inmueble no significa en modo alguno acreditar su caudal económico, toda vez que su producto fue invertido para pagar deudas.

Sin perjuicio -de considerar- que la incidencia debería haber sido resuelta con anterioridad a esta sentencia definitiva, me avocaré a decidirla.

El art. 365 del CPCyC., reza: “Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriese o llegase a conocimientos de las partes algún hecho que tuviese relación a la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta la oportunidad de la audiencia del art. 361”. Esto es, la audiencia preliminar.

Observo que el trámite otorgado a los presentes actuados (proceso sumario, fs. 13), no se condice con lo establecido en el art. 30 inc. d) de la Ley 3934, que remite al procedimiento especial previsto en los arts. 638 al 651 del CPCyC. Sin perjuicio de ello, y en consonancia con el trámite asignado, tampoco se celebró la audiencia preliminar establecida para este tipo de proceso (art. 26 Ley 3934 por remisión al art. 6 de la misma norma) y en su lugar se fijo una audiencia conciliatoria del art. 8 inc. d) de la Ley 3934 a fs. 36, la que se celebró a fs. 40 y en la que se dispuso pasar a proveer la prueba ofrecida.

En consecuencia, entiendo que hasta esa audiencia las partes contaban con la posibilidad de ofrecer los hechos nuevos ocurridos con posterioridad a los escritos constitutivos de la litis, tal como sucedió en el presente.

Si bien el art.365 del CPCyC, ya transcrito, menciona “Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención.”, La ley admite la alegación de hechos con posterioridad a la traba de la litis, siempre que sean conducentes -encuadrándose en los términos de la litis y el objeto de la pretensión-, y que hubieren ocurrido o llegado a conocimie nto de quien los alega con posterioridad a la demanda, reconvención o sus contestaciones (el subrayado es propio); [Conf. comentario del art. 365 del CPCyC de Nación, Dirección Elena Highton y Beatriz Areán, Tomo 7,pag. 195, editorial Hammurabí].

Esto es, el hecho nuevo fue alegado con posterioridad a la interposición de la demanda en fecha 3/5/2013, fs. 12/vta., habida cuenta que se denunció el 2/7/2013, a fs. 24/26, poniendo en conocimiento de un hecho ocurrido el 28/6/2013 con posterioridad al inicio de la acción y que si bien fue reconocido el 23/5/2013, a fs.15, dicho hecho fue posterior a la interposición de la demanda.

Independientemente de que la oportunidad procesal haya sido la correcta, esto es la establecida en el art. 365 del CPCyC, el hecho nuevo denunciado llegó a conocimiento de la actora con posterioridad a la interposición de la acción y al ser conducente el mismo, debo considerarlo por su vinculación con el litigio -ya sea como hecho nuevo o como hecho sobreviniente art. 163 inc. 6°-, habiéndose respetado la defensa en juicio de la demandada, toda vez que se le corrió el pertinente traslado, el que pudo ser evacuado a a fs.35.

Dicho esto, entiendo que la denuncia de venta del inmueble y su producido a favor de la demandada, no cambia la resolución del decisorio, toda vez que la procedencia de los alimentos peticionados no se basa en un cambio del caudal económico de la misma, habida cuenta que han sido considerados elementos indiciarios para su procedencia y no la certeza de la cuantía económica de la accionada.

En consecuencia, entiendo razonable establecer la cuota alimentaria en la suma de $ 800, cuota alimentaria que resulta acorde con los gastos a cubrir y las necesidades de la joven accionante, la que se actualizará conforme la evolución del Jus, de acuerdo ha lo establecido la Excelentísima Cámara de Apelaciones en los autos N° 487-09.

Respecto a los alimentos atrasados (art. 645 CPCyC), corresponde fijarlos desde el 3 de mayo de 2013 (fecha de iniciación del juicio, toda vez que en el presente la instancia de mediación no resultó obligatoria atento lo establecido por el art. 55 de la ley 3847) y hasta la fecha en que se dicta la presente sentencia.

Por todo lo expuesto, Doctrina y Jurisprudencia citada y lo dispuesto en los arts. 265, 267 sgtes. y cctes. del Cód. Civil y art. 638, 639, 644, 645, 646 y cctes. del CPCyC, y los tratados internacionales, con jerarquía constitucional, contenidos en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III.

FALLO: 1) Haciendo lugar en su mayor extensión a la demanda por alimentos interpuesta por la Srita. ‘T A. B.’ contra la Sra. ‘A. M. F.’ y en consecuencia condenar a ésta última a abonar $ 800 en concepto de cuota alimentaria la que deberá abonarse hasta el mes de marzo de 2015, debiendo ser depositadas en la cuenta judicial que se abrirá expresamente en estos autos, del 1 al 10 de cada mes, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art.648 del CPCyC, actualizando la misma conforme lo dispuesto en los considerando.

Determínase la cuota suplementaria de alimentos en 40 cuotas iguales y consecutivas de $360,00, las que deberán adicionarse a la cuota alimentaria fijada en la sentencia que en este acto se dicta.

2) Costas a la alimentante.

Regulo los honorarios de la Dra. . por su actuación en el carácter de letrada patrocinante de la actora, en la suma ($.)(M.B. ($.) x 14%) y los del Dr. . en su carácter de letrado patrocinante de la demandada en la suma de $1.152 (M.B. ($.) x 12%); (Arts. 6, 7, 8, 26 y 42 de la Ley 2212). Los honorarios se regulan conforme a la naturaleza, complejidad, calidad, eficacia, extensión del trabajo desempeñado y etapas cumplidas por cada una de ellas. Cúmplase con la ley 869.

3) Regístrese y Notifíquese.

Dra. Daniela A. C. Perramón -Jueza Sustituta de Familia-

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