El GCBA indemnizará a trabajadora que realizaba tareas “de carrera”, por haberla registrado bajo contrato por tiempo determinado

shutterstock_129618533Partes: D’Abate María del Carmen c/ GCBA s/ cobro de pesos

Tribunal: Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 10-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90421-AR | MJJ90421 | MJJ90421

Subsumir el vínculo laboral de la actora en el marco de contrataciones por tiempo determinado genera responsabilidad en la demandada pues la contratación fue realizada durante más tiempo del permitido y para realizar tareas que eran propias del régimen de carrera.

Sumario:

1.-Corresponde concluir que la demandada incurrió en una conducta ilegítima y por ello, resulta indudable la responsabilidad que le cabe y su deber de reparar los perjuicios ocasionados, pues la situación laboral por la que atravesó la actora era apta para generar en ella una legítima expectativa de permanencia laboral y por ello merecedora de la protección del artículo 14 bis de la CN que otorga al trabajador contra el despido arbitrario, tutela también impuesta por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2.-Corresponde concluir que la demandada incurrió en desviación del poder al subsumir el vínculo laboral que mantenía con la actora en el marco de contrataciones por tiempo determinado pues la contratación fue realizada durante más tiempo del permitido y para realizar tareas que eran propias del régimen de carrera.

3.-Sin perjuicio de que el art. 39 de la ley 471 habilita a la administración local a celebrar, en forma excepcional, contratos por tiempo determinado, corresponde concluir que respecto de la actora existió fraude laboral pues la parte demandada la mantuvo en el régimen excepcional de contratos a término en exceso del límite máximo permitido (conf. art. 39, ley 471).

4.-Corresponde admitir que existió fraude laboral respecto de la contratación de la actora toda vez que ha quedado demostrado que las tareas desarrolladas por la actora no pueden ser definidas como prestaciones de carácter transitorias o eventuales, no incluidas en el régimen de carrera , caracterización exige la ley para admitir la validez de una contratación transitoria.

5.-Corresponde concluir que las tareas que desarrolló la actora, mientras duró su vínculo con la demandada, eran propias del régimen de carrera y debieron ser efectuadas por personal de planta permanente, toda vez que la propia empladora las calificó en forma genérica como prestar servicios en la Secretaría de Cultura y como asistente de prensa y comunicación , y resultan ser el objeto perseguido por el ente donde la actora trabajaba.

6.-Corresponde fallar que la relación laboral que unió a la actora con la demandada estaba regida por la ley de empleo público local (conf. art. 4 , primer párrafo, ley 471), y la situación de quienes integran la denominada planta transitoria ha sido regulada en forma expresa por el legislador (conf. art. 39, ley 471), toda vez que Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene atribuciones para reglamentar el empleo público local (conf. art. 80 inc. 2 de la CCABA).

7.-Toda vez que el empleo público es considerado un instituto propio del derecho administrativo, el carácter local de este último supone la existencia de un régimen federal de empleo público (conf. art. 75 inc. 20 de la CN) y la de diversos sistemas locales en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. arts. 121 a 123 y 129 de la CN).

8.-Sin perjuicio de que tanto las relaciones de empleo desarrolladas en el ámbito público como aquellas concertadas en el ámbito privado conforman el sistema de los derechos sociales y les resultan aplicables sus principios, la facultad de reglamentar cada una de ellas se encuentra directamente relacionada con el régimen federal de gobierno que adopta la Constitución Nacional.

9.-Corresponde rechazar la pretensión de reparación de daño moral, ya que las molestias normales sufridas por el cese del vínculo deben ser consideradas incluidas en la reparación que le cabe en concepto de indemnización por despido.

Fallo:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de noviembre de 2014.

VISTOS:

Los autos citados en el epígrafe, de la Secretaría Nº 46 del Tribunal, en estado de dictar sentencia definitiva, de los que

RESULTA:

A fs. 1/9, se presenta la Sra. MARÍA CARMEN D´ABATE, representada por el Dr. CARLOS GUSTAVO ABUIN, e interpone demanda contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES -en adelante, GCBA-, por el cobro de la suma de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($62.440,16), en concepto de indemnización por despido y daño moral, con más intereses y costas.

Relata que es escritora y que dedicó gran parte de su obra al barrio de Barracas.

Señala que durante el año 1993 su proyecto “Historia de los barrios en las escuelas”fue declarado de interés municipal. Afirma que, en dicho contexto, se vinculó con el GCBA a partir del 1° de junio de 1994. Destaca que la relación se formalizó en sucesivos contratos de locación de servicio hasta junio de 2005.

Sostiene que sus tareas consistían en organizar eventos culturales, tales como ateneos, conferencias y mesas redondas. Asimismo, recorría diferentes escuelas de Barracas a efectos de narrar a los alumnos historias, leyendas y tradiciones del barrio.

Manifiesta que durante casi dieciséis años -desde el 1° de junio de 1994 hasta el 31 de enero de 2010- desarrolló una intensa labor de promoción histórica, social y cultural en Barracas, siendo declarada por el Jefe de Gobierno “Vecina Ejemplar”y por la Legislatura “Personalidad Destacada de la Cultura”.

Afirma que a pesar de su largo trabajo, la demandada resolvió despedirla en un momento en que se encontraba amenazada por un cáncer de intestino delgado. La decisión le fue comunicada vía telefónica por funcionarios de la Secretaría de Cultura quienes le hicieron saber que el último de los contratos no sería renovado.

Manifiesta que frente a la situación descripta, envío una carta documento a la demandada y que ésta última guardó silencio.Califica el trato recibido de “denigrante, humillante y vejatorio”, razón por la que reclama también una reparación en concepto de daño moral.

Respecto al vínculo que la uniera con el GCBA, señala que más allá de que fuera formalizado hasta el 2005 como una locación de servicios, constituyó una verdadera relación de empleo público. Dicha situación fue finalmente reconocida por el GCBA en el último año mencionado, no obstante que las tareas que realizó a partir de dicha fecha fueron las mismas que desarrollaba con anterioridad.

Afirma que la demandada la registró a partir de entonces como empleada transitoria, violando lo dispuesto por la ley 471. En este sentido, interpreta que la contratación de trabajadores por tiempo determinado sólo puede tener por propósito la prestación de servicios de carácter “transitorio o eventual”, mientras que sus tareas eran permanentes y habituales.

Por tal razón, entiende que poseía legítimas expectativas de permanecer en su cargo más allá del vencimiento del último contrato.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorable a su postura y sostiene que la indemnización que debe conferírsele no puede resultar inferior a un mes de sueldo por cada año de servicio prestado. En tal sentido, plantea la inconstitucionalidad del régimen vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reduce en un cincuenta por ciento dichas proporciones.

Reclama en concepto de indemnización por despido injustificado la suma de

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS

($32.440,16). Para llegar a dicho importe, toma en consideración una antigüedad de 15 años y siete meses y una remuneración normal y habitual a la fecha del despido de DOS MIL VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($2027,51).

En concepto de reparación por el daño moral que sufriera, reclama la suma de

TREINTA MIL PESOS ($30.000).

Finalmente, ofrece prueba y hace reserva de caso federal.

A fs.315, se declara habilitada la instancia y se ordena el traslado de la demanda instaurada.

A fs. 324, se declara la rebeldía del GCBA, quién no se presentó ni contestó demanda en tiempo oportuno.

A fs. 334 obra el acta de la audiencia celebrada en los términos del artículo 288 del CCAyT, oportunidad en que se presenta el GCBA.

A fs. 640 se ponen los autos para alegar.

A fs. 647/650 obra el alegato de la actora y a fs. 654/657 vta., se encuentra agregado el alegato de la demandada.

A fs. 664/667 obra el dictamen del Ministerio Público Fiscal. A fs. 668 pasan los autos a sentencia.

CONSIDERANDO:

Corresponder recordar que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas las argumentaciones, ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas incorporadas a la causa, sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones (conf. art. 310 del CCAyT y Fallos: 310:2278; 325:1992; entre otros).

En este sentido, es necesario destacar que no existe controversia entre las partes sobre la existencia de la relación laboral. Tampoco existen divergencias respecto del modo en que ella habría concluido.

Discrepan, sin embargo, acerca del régimen jurídico que resulta aplicable a dicho vínculo y las consecuencias que cabe asignar a la decisión de la demandada de darlo por concluido.

La relación laboral entre las partes fue reconocida por la demandada en su alegato (fs. 654/657 vta.).

A su vez, evacuada la prueba informativa, el GCBA reconoce que la actora prestó servicios a través de diferentes técnicas contractuales para ser luego incorporada a la planta transitoria. Ello, por el período “1”desde junio de 1994 hasta el 31 de enero del 2010 (conf. fs. 401/596, 606/616 y 617/627).

En particular, a fs.612, se informa que, en la última etapa del vínculo, la actora prestó servicios como “contratada bajo la modalidad de “relación de dependencia”. A su vez, se consigna que entre las misiones que desarrolló se encuentran la de “prestar servicios en la Secretaría de Cultura”y como “asistente de prensa y comunicación”también en dicha Secretaría.

Tal como se ha adelantado, las respuestas brindadas en los oficios mencionados, como así también lo expresado por la demandada en su alegato, excluyen de modo categórico toda duda en cuanto a la existencia del vínculo laboral y el modo en que se extinguió.

A efectos de avanzar en la solución del conflicto, resulta necesario determinar ahora el marco normativo que regía la relación laboral entre la actora y la demandada.

Cabe apuntar que los derechos que emergen de la relación laboral, con indiferencia de su calificación como empleo público o privado, integran el plexo de los derechos sociales.

Nuestra Constitución Nacional los garantiza en su artículo 14 bis, con expreso reconocimiento del derecho a la “estabilidad del empleado público”y a la “protección contra el despido arbitrario”.

La caracterización de este derecho se perfecciona a partir de la constitucionalización de una serie de tratados de derechos humanos que lo contienen (conf. art. 75 inc. 22, CN).

En particular, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 6, punto 1, el derecho a trabajar. El contenido que cabe reconocerle a la luz de dicho instrumento ha sido definido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General n° 18.En su artículo segundo afirma que éste “implica el derecho a no ser privado injustamente de empleo”.

Respecto de la relevancia constitucional de la hermenéutica citada, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha expresado que “el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que constituye el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano internacional y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las “condiciones de vigencia”de este instrumento que posee jerarquía constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional”(CSJN, Torillo, 2009, Fallos, 332:709).

Tal como se ha señalado, tanto las relaciones de empleo desarrolladas en el ámbito público como aquellas concertadas en el ámbito privado conforman el sistema de los derechos sociales y les resultan aplicables sus principios.

Sin embargo, la facultad de reglamentar cada una de ellas se encuentra directamente relacionada con el régimen federal de gobierno que adopta nuestra Constitución Nacional.

En efecto, el empleo público es considerado un instituto propio del derecho administrativo. El carácter local de este último supone la existencia de un régimen federal de empleo público (conf. art. 75 inc. 20 de la CN) y la de diversos sistemas locales en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. arts. 121 a 123 y 129 de la CN).

Por otra parte, la regulación del empleo privado es atribuida en forma exclusiva al Congreso de la Nación. En efecto, se trata de un poder expresamente delegado por las provincias (conf. art. 75 inc. 12). En ejercicio de tal misión ha sancionado la ley 20.744, cuya aplicación a estos actuados pretende la actora.

En el ámbito local, el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad dispone que “[l]a ciudad protege al trabajo en todas sus formas.Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo”. A su vez “[g]arantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad”imponiendo para gozar de este beneficio el ingreso “por concurso público abierto”. Finalmente, se ocupa de establecer claras pautas hermenéuticas, exigiendo que “[e]l tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo”.

En ese contexto, confiere atribución a la Legislatura de la Ciudad para reglamentar el empleo público local (conf. art. 80 inc. 2 de la CCABA). Dicha delicada tarea fue realizada a través de la ley 471 (publicada el 13/IX/2000 en el BOCB A n° 1026), denominada “Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Respecto a su ámbito de aplicación, la norma establece que “[l]a presente ley constituye el régimen aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente descentralizados, y sociedades estatales y el personal dependiente de las comunas”(conf. art. 4, primer párrafo, ley 471). Ello se complementa con la referencia expresa a que “[n]o es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente ley el régimen de la Ley Nacional Nº 20.744 (t.o. 1976)”(conf. art. 4, segundo párrafo, ley 471).

Luego, impone un régimen jurídico básico de empleo público al que se ingresa “por concurso público abierto” (conf. arts. 2 y 6, ley 471). Integrar este sistema determina el goce de la garantía de estabilidad en el empleo (conf. arts. 9 inc. ñ, 36 y 37, ley 471).

A su vez, tolera, para situaciones excepcionales, un régimen de planta transitoria.La norma se preocupa en delimitar los casos en que resulta admisible el abandono por la administración del régimen jurídico básico de empleo para recurrir a las contrataciones por tiempo determinado.

En este sentido, afirma que “[e]l régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. En ningún caso dicha transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años”(conf. art. 39, ley 471 -texto según art. 1º de la ley 3.826, publicada el 27/VII/2011 en el BOCBA nº 3714).

A partir de la descripción efectuada, puede concluirse que la relación laboral que unió a la Sra. D´ABATE con el GCBA estaba regida por la ley de empleo público local (conf. art. 4, primer párrafo, ley 471). Por otra parte, la situación de quienes integran la denominada planta transitoria ha sido regulada en forma expresa por el legislador (conf. art.39, ley 471).

Una vez establecido el marco normativo por el que debió regirse la relación de empleo entre la actora y el GCBA resulta posible determinar las consecuencias del cese dispuesto en forma unilateral por la última.

En este sentido, cabe recordar que la actora pretende que se le confiera una indemnización por despido, mientras que la demandada sostiene que el régimen de derecho público aplicable no impone reparación alguna.

Es necesario, nuevamente, detenerse en la regulación establecida en el artículo 39 de la ley 471 que habilita a la administración local a celebrar, en forma excepcional, contratos por tiempo determinado.

Para que el ejercicio de dicha atribución pueda reputarse legítimo, es necesario que con la contratación celebrada se cubran servicios realmente transitorios

-no incluidos en las funciones del régimen de carrera y que, en todo caso, tampoco puedan ser cubiertos por personal de planta- y que no se exceda el límite máximo temporal permitido (conf. art. 39, ley 471). Acreditados dichos extremos, la decisión de la administración de no renovar el vínculo contractual no resulta pasible de reproche. En consecuencia, también inhibe toda pretensión resarcitoria fundada en dicha causa.

Ahora bien, la contratación por tiempo determinado que se celebre en ausencia de tales parámetros configura un caso de fraude laboral. Tal es la postura de la Corte Suprema, quién interpretó, frente a una hipótesis de este tipo, que la administración “utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado.”(CSJN, 06/IV/2010, “Ramos, José Luis c/ Estado Nacional”).

En conclusión, la pretensión de la actora resultará admisible en caso que se encuentre acreditado en autos que:

a.- Que el término en que ha permanecido como contratada supera el límite legal de cuatro (4) años (conf. art.39, ley 471).

b.- Que las tareas que le fueron asignadas durante dicho período carecen de toda nota de transitoriedad (conf. art. 39, ley 471).

En consecuencia de lo expuesto en el parágrafo precedente, corresponde examinar ahora si se encuentran reunidos los extremos necesarios para considerar que el GCBA incurrió en desviación de poder, encubriendo una designación permanente bajo la apariencia de un contrato a término.

A continuación se analizará cada uno de los parámetros identificados.

Lapso temporal en el que la actora se ha vinculado con el GCBA a través de contratos por tiempo determinado.

En primer lugar, hay que destacar la peculiar situación que debió enfrentar la actora. En efecto, en un inicio fue “contratada con locación de servicios”. Posteriormente, fue reputada integrante de la “planta transitoria”.

Ahora bien, independientemente de la calificación atribuida a la relación jurídica, la actora prestó servicios para la demandada por un periodo superior a los quince (15) años.

Este hecho debe ser analizado a luz de la doctrina de la Corte Suprema en cuanto a que las instituciones jurídicas no dependen del nomen iuris que se les dé o asigne por los otorgantes del acto, sino de su verdadera esencia jurídica económica y entonces, cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda (cfrm. Fallos: 318:676), a lo que cabe agregarle que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los contratantes le atribuyan (Fallos: 303:1812; 334:398); cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen iuris sería inconstitucional (Fallos: 329:3680).

Cabe recordar que la ley local impone un límite de cuatro años para las contrataciones transitorias. Por ello, cabe concluir que el GCBA mantuvo a Sra. D´ABATE en el régimen excepcional de contratos a término en exceso del límite máximo permitido (conf. art.39, ley 471).

Caracterización de las tareas desarrolladas por la actora en su relación laboral.

En segundo lugar, a partir de la prueba producida en estos actuados, ha quedado demostrado que las tareas desarrolladas por la actora no pueden ser definidas como “prestaciones de carácter transitorias o eventuales, no incluidas en el régimen de carrera”caracterización que exige la ley para admitir la validez de una contratación transitoria.

En efecto, la Sra. D´ABATE desarrolló siempre tareas para la Secretaría de Cultura, a las que el propio GCBA calificó en forma genérica como “prestar servicios en la Secretaría de Cultura”y como “asistente de prensa y comunicación”(conf. fs. 612/612 vta).

Basta reparar en el objeto perseguido por la Secretaría de Cultura para concluir que dicha misión nunca podría ser considerada eventual o transitoria.

A partir de los antecedentes expuestos, corresponde concluir que las tareas que desarrolló la Sra. D´ABATE, mientras duró su vínculo con el GCBA, eran propias del régimen de carrera y debieron ser efectuadas por personal de planta permanente.

A partir de lo expuesto en el parágrafo precedente, cabe concluir que el GCBA incurrió en desviación del poder al subsumir el vínculo laboral que mantenía con la actora en el marco de contrataciones por tiempo determinado.

Tal como se ha adelantado, el vínculo se prolongó por un período mayor a los cuatro (4) años que establece la ley de empleo público local como límite máximo temporal a las contrataciones transitorias (conf. art. 39 ley 471).

A su vez, las tareas que la actora desarrolló fueron propias del régimen de carrera, y no transitorias o eventuales.

La situación descripta debe considerarse apta para generar en la Sra. D´ABATE una legítima expectativa de permanencia laboral y por ello merecedora de la protección del artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario.Tutela también impuesta por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que el reconocimiento que dicho instrumento efectúa sobre el derecho a trabajar “implica el derecho a no ser privado injustamente de empleo”(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n° 18, artículo segundo).

Cabe concluir que la demandada incurrió en una conducta ilegítima. Por ello, resulta indudable la responsabilidad que le cabe y su deber de reparar los perjuicios ocasionados.

Establecido que la actora tiene derecho a la reparación de los daños ocasionados por el actuar ilegítimo del GCBA, resulta necesario establecer su alcance.

Respecto de la reparación que pretende en concepto de indemnización por despido, es necesario recordar que la ley 471 establece los extremos exigibles para que la administración pueda recurrir al régimen de contratación a término de personal. Sin embargo, no ha regulado el alcance de la reparación de los daños que se originen en el incumplimiento de tal mandato.

Mientras dicha tarea no sea concretada, será necesario recurrir a la técnica de integración normativa a efectos de determinar tan relevante aspecto.

La solución puede encontrarse en la propia ley, aplicando en forma analógica la indemnización prevista para casos de disponibilidad.

Esta técnica es, por otra parte, la utilizada por la Corte Suprema de Justicia en causas análogas a la presente (Fallos: 333:311, 334:398, entre otras), y es compartida también por la Sala I de la Cámara del Fuero (CCAyT, Sala I, 07/VI/2013, “Medus Rosenbrock Francisco Daniel c/ GCBA y Otros”, Expte: EXP 31602/0 y Sala I, 26/III/2013, “Otaño Claudia Elena c/ GCBA”, Expte:EXP 34149/0).

En consecuencia, teniendo en cuenta las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara del fuero, corresponde aplicar la indemnización prevista en la l ey de empleo público local en casos de disponibilidad, prevista en el artículo 58 de la ley 471, reglamentado por el artículo 11 del decreto 2182/2003, a la que debe adicionarse, por el modo intempestivo en que finalizó la demandada la relación de empleo y a fin de cumplir con el principio de suficiencia, la suma que debe percibir el trabajador durante el período de disponibilidad conforme el artículo 10 del decreto mencionado.

Con el alcance señalado, la indemnización otorgada es semejante a la pretendida por la propia actora, razón por la cual se impone el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del decreto 2182/03 que propusiera en su demanda.

Respecto de la indemnización en concepto de daño moral, la actora aduce que se funda en “la doble y agraviante negativa del G.C.B.A. a reconocer su condición de empleada permanente (primera) y a pagar la indemnización a la que tenía derecho por su intachable trayectoria laboral (segunda)”(conf. fs. 6 vta.).

Sostiene, también, que sus padecimientos se vieron agravados por el delicado estado de salud que sufría en ese entonces (conf. fs. 4).

Corresponde destacar que la indemnización por despido sólo compensa el daño causado por la pérdida del trabajo. De lo expuesto se infiere que dicha indemnización no es suficiente para resarcir el daño moral que padece quien es privado de su empleo con fundamento en la enfermedad que lo aqueja.

Ahora bien, no obstante que la actora ha intentado acreditar su estado de salud al momento en que se produjo la desvinculación (conf. fs.298/303), no ha desarrollado tarea probatoria que permita relacionar tal circunstancia con la actitud adoptada por el GCBA.

En este sentido, resulta de vital importancia que la carta documento que dirigiera a la demandada a efectos que aclarara su situación laboral no contiene mención alguna a su estado de salud ni a la relación que tendría con la decisión de no renovar su contrato (conf. fs. 270).

En consecuencia de lo expuesto, corresponde rechazar la pretensión de reparación de daño moral, ya que las molestias normales sufridas por el cese del vínculo deben ser consideradas incluidas en la reparación ordenada en concepto de indemnización por despido.

En cuanto a la tasa de interés, considero que debe aplicarse la doctrina plenaria dictada en los autos “Eiben Francisca c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)”expte. nº 30.370/0, del 31/V/2013, la cual establece que se debe “[a]plicar a los montos reconocidos en los decisorios judiciales el promedio que resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290). Ello, desde el momento de la producción del daño o inicio de la mora y hasta el efectivo pago (cumplimiento de la sentencia)”.

En atención al resultado del pleito, corresponde imponer las costas al GCBA en su calidad de vencido (conf. art. 62 CCAyT).

Por todo lo expuesto a lo largo de la presente, RESUELVO:

1º) Hacer lugar a la demanda incoada por la Sra. MARÍA CARMEN D´ABATE contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. En consecuencia, condeno a este último a abonar la indemnización solicitada por la actora en los términos del considerando VII. Hasta la fecha de su efectivo pago, deberán adicionarse los intereses calculados de acuerdo a lo establecido en el considerando VIII.

A los fines de la ejecución de sentencia, atento el carácter alimentario de la indemnización por despido, establécese el plazo de sesenta (60) días para el pago de las sumas contempladas en el segundo párrafo del artículo 395 del CCAyT.

2°) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (conf. artículo 62 CCAyT).

3º) Diferir la regulación de honorarios hasta el momento de practicarse liquidación definitiva.

4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.

Francisco J. Ferrer

Juez

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