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El despido por fuerza mayor no obsta de ningun modo el reclamo por encuadramiento convencional

Despido empleadoPartes: De La Cruz Fernández Z E LBA Gabriela c/ Radio Emisora Cultural S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 18-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-89739-AR | MJJ89739 | MJJ89739

Viabilidad del reclamo de la actora para ser encuadrada dentro del Estatuto del Periodista, no obstante haber sido despedida por falta de trabajo en los términos del art. 247 LCT.

Sumario:

1.-Sin perjuicio de la forma en que se produjo la extinción del vínculo laboral habido entre las partes -despido directo con fundamento en lo normado por el art. 247 de la LCT-, ello no impedía a la actora demandar el cumplimiento de las obligaciones pertinentes que por derecho consideraba le correspondían, entre ellas, el reconocimiento de la categoría profesional que revistió durante el transcurso de aquél con sustento en las reales tareas efectuadas, y por ende, el encuadramiento convencional pertinente que viabilizara el reclamo indemnizatorio pretendido en el marco del régimen especial del Estatuto del Periodista Profesional.

2.-No obstante que no se adjuntó el supuesto contrato de trabajo a tiempo parcial que habría suscripto la trabajadora, para apreciar los términos que con relación a él describió el perito contador, las alegaciones recursivas en orden al debido y oportuno registro no bastan para demostrar la correcta calificación profesional que consignó la empleadora en la documentación laboral pertinente, toda vez que son los jueces quienes están obligados a efectuar la calificación jurídica, prescindiendo de las formas que las partes le hayan dado y de las tipificaciones que éstas hayan efectuado.

3.-La falta de reclamos por parte de la trabajadora durante el transcurso de la relación laboral habida con la demandada, no puede en modo alguno constituir una presunción desfavorable a sus pretensiones, como pretende la recurrente, toda vez que en el ámbito del derecho del trabajo la teoría de los actos propios debe ponderarse con suma estrictez, por cuanto la manifestación de consentimiento del dependiente hay que analizarla a la luz del principio protectorio y de irrenunciabilidad de los derecho.

4.-Debe desestimarse la indemnización especial solicitada por despido discriminatorio, pues la simple afirmación del malestar que habría producido en su empleadora la comunicación de su intención de afiliarse a determinado gremio -extremo que no fue probado- o haber adherido circunstancialmente a alguna medida de fuerza según se alegó genéricamente en la demanda, no permitiría considerar que la trabajadora se hubiese constituido en una activista gremial de hecho, constituyéndose como portavoz de un grupo de trabajadores, de modo tal de vislumbrar el ejercicio de una cierta representatividad de los operarios en el ámbito laboral, que mereciera en su caso el reproche negativo de la accionada.

5.-A la luz de las graves consecuencias que derivan de calificar como discriminatoria la decisión rupturista asumida por la empleadora, que conlleva a apartarse de la normativa que sanciona el despido arbitrario con el pago de una indemnización tarifada, la parte actora debía extremar los recaudos en orden al relato de los presupuestos fácticos que avalaran su pretensión, en tanto los hechos expuestos en la demanda no permitiría colegir la existencia de la conducta reprochable atribuida a la empleadora, cual es la discriminación de un trabajador con sustento en el ejercicio por parte de éste de los derechos que conlleva la libertad sindical.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 18 DE JULIO DE 2014 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así, la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La doctora Graciela E. Marino dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 282/283, se alzan la parte actora a fs. 289/290 y la parte demandada a fs. 299/310, ambas con réplica de su contraria a fs. 312/vta. y 314/321, respectivamente. Asimismo, el perito contador y la representación letrada de la parte actora, cuestionan la regulación de sus honorarios por considerarlas reducidas (fs. 284 y 291).

II. Por una cuestión de orden expositivo, considero prudente abocarme en primer término al estudio de los agravios que vierte la demandada.

Luego de transcribir íntegramente el fallo apelado, la recurrente se agravia en torno a la condena allí dispuesta, sin haberse considerado las circunstancias expuestas en su defensa, ni el debido registro de la relación, según se constató en el informe pericial contable, de la categoría profesional de «locutora suplente» que revistió la actora durante todo el transcurso del vínculo, con arreglo a las previsiones del CCT Nº215/75.Destaca que la calificación aludida proviene de la propia convención colectiva aplicable, según el artículo que transcribe, «lo cual debió inhibir al juzgador «a quo» de ponderar nociones subjetivas e interesadas en la suerte del litigio que fueran declamadas por los testimonios que se citan para justificar la condena», y en este sentido, reitera las impugnaciones a las declaraciones de Amado, Pérez, Constanzo, Cáceres y Nadaf, que a su entender, fueron «cuidadosamente pre- elaboradas con la intencionalidad de favorecer la postura de la accionante». Considera que la actora revirtió el objeto del juicio como si se tratase de un «despido indirecto», «el cual no aplica si nos atenemos al intercambio epistolar habido entre las partes litigantes (conf. Art. Art. 243 LCT, «comunicación. Invariabilidad de la causa del despido»)». Señala que el peritaje contable demostró el correcto registro del vínculo, que conforme sus tareas de locutora suplente de un locutor estable deviene inapropiado el encuadramiento convencional en la normativa específica del llamado «Estatuto del Periodista Profesional» (ley 12.908), contexto en el cual subraya la ausencia de reclamos por parte de la trabajadora.Agrega que el sentenciante ponderó de modo parcial y arbitrario la declaración de Núñez ofrecida por su parte, y que frente a la comunicación del despido decidido por la empleadora el 15/4/2011, «no habilita a dar por válida la conversión de los términos verdaderos de la litis, al grado de focalizar lo ocurrido, sólo desde la óptica de un supuesto e incorrecto encuadramiento de la categoría laboral (.) remarcándose que a la actora le está restringido variar la causa del despido so pretexto de otros planteos o reivindicaciones que NO fueron previamente articulados bajo la forma de un reclamo a su empleadora». Por ello, considera que todo el desarrollo posterior de la sentencia apelada adolece de un desvío significativo en el eje del debate, que le causa agravio de magnitud por la cuantía económica que deriva del equívoco encuadramiento de una locutora como si fuese una periodista profesional.

En el segundo capítulo de su expresión de agravios («Arbitrariedad del encuadramiento, rubros e importes de la liquidación»), formula ciertas consideraciones sobre la validez probatoria del informe pericial contable, y critica puntualmente la viabilidad de la reparación especial dispuesta por el magistrado en concepto de despido discriminatorio, para lo cual cita jurisprudencia en aval a su postura.

Finalmente, en el tercer capítulo («Inaplicabilidad al caso del Estatuto del Periodista Profesional») reitera la improcedencia del encuadramiento convencional pretendido por la contraria, para lo cual transcribe las normas pertinentes de cada convención colectiva en pugna en las presentes actuaciones (ley 12.908 y CCT Nº 301/75 y CCT Nº 215/75), y destaca que, según el estatuto profesional cuya aplicación se pretende, el «redactor» no sólo prepara y lee las noticias, sino que agrega una apreciación subjetiva o comentario objetivo de índole general, aspecto que no era cumplido por la demandante.

Conforme lo expuesto, la recurrente concluye que la sentencia apelada carece de fundamentación y se aparta de los hechos y temas objeto de debate, configurándose una severa violación al principio de congruencia, por lo quesolicita se revoque, «reduciéndose la indemnización por despido a sus justos límites (cfr. arg. Art. 247 LCT) (.) se deje sin efecto el inicuo y abusivo resarcimiento fijado en concepto de «despido discriminatorio» (cfr. capítulo III a fs. 309/vta.).

Ahora bien, de los escritos constitutivos de la litis y de las pruebas producidas en la causa, surge que:

1) En el escrito inicial la actora manifestó que la demandada «es una empresa periodística radiofónica» (licenciataria de LS5 Radio Rivadavia), que ingresó el 1/1/2010 en carácter de «locutora redactora de noticiero» suplente, y que la relación laboral estuvo regida por el Estatuto del Periodista Profesional (EPP o ley 12.908) y el CCT Nº 301/75. Describió en detalle cuáles eran las tareas a su cargo, que implicaban la selección de las noticias nacionales e internacionales de las distintas fuentes puestas a su disposición para el cumplimiento de aquéllas, tales como publicaciones en internet, agencias de noticias que remiten los denominados «cables», comunicación con movileros en el lugar del hecho, información vertida por los distintos canales de televisión, para luego redactarlas al lenguaje de radio, especialmente en el estilo del «Rotativo del Aire». Agregó que los boletines se redactaban seleccionando por lo regular 5 noticias, número que podía modificarse según las necesidades de la jornada, como así también, que su duración dependía de la oportunidad de su emisión, pues en el entretiempo de un partido de fútbol, el rotativo sale al aire con un «flash» que consta de los dos títulos más importantes en ese momento, en tanto los panoramas informativos están pautados en determinados horarios y poseen una duración mayor aproximada de 7 a 9 minutos.Su trabajo no sólo exigía la lectura permanente de las novedades que emitieran las agencias de noticias, y su posterior redacción, sino que además, debía estar atenta al despliegue de los corresponsales para requerir, en su caso, el traslado adecuado a otro punto en que se estuviese desarrollando una noticia de mayor relevancia para su empleadora. Una vez conocido el material obtenido por el movilero, titulaba la noticia en el boletín próximo a emitir, la clasificaba en el sistema puesto a disposición del informativo en la computadora, donde se redactaba y se remitía al operador técnico para que la incluyera en el registro de audio que luego utilizarían en la lectura al aire. Dependiendo del tramo horario a cubrir, podía tener hasta 4 movileros desplazándose a diario por la ciudad, incluyendo los enviados especiales destinados al interior del país, o los apostados de rutina en Tribunales, Legislatura Porteña, etc. También se ocupaba de chequear constantemente el «levantar» información relacionada con la noticia, que pudiese surgir de testimonios de invitados que asistían a la radio para los distintos programas de la emisora, y chequear el material televisivo que pudiese aportar mayores datos sobre aquélla. Incluso podía ocurrir que en plena lectura del informativo llegara un cable, o que observara una noticia en los monitores del estudio de AM, por lo que debía resolver «al aire» la inclusión de lo acontecido a fin de no perder la primicia. De igual modo, podía participar en el programa que estaba al aire, colaborando con información concisa sobre el tema en debate. Los boletines redactados por cada profesional quedaban registrados en el programa que Sistemas había realizado especialmente en esa área, con las iniciales del redactor y el horario previsto para salir al aire, como por ejemplo: GABYDLC 18.30= Gaby De La Cruz, boletín de las 18.30 hs. (cfr. capítulo «4. Hechos», a partir de fs. 5 vta.y sgtes.).

Si bien la accionada efectuó la negativa genérica y específica de los hechos expuestos en la demanda, especialmente con relación a las tareas esgrimidas (véase capítulo «II. Negativa Genérica»), lo cierto es que no desconoció el carácter de empresa «periodística» que le asignó la demandante, extremo que cabe ponderar también a la luz de la contestación de oficio remitida por UTPBA a fs. 109/123, que no fue objeto de impugnación alguna (cfr. art. 403 CPCC y 155 LO) de la cual se desprende que aquélla aplica en su establecimiento los dos convenios en pugna: el CCT Nº 215/75 correspondiente a la Sociedad Argentina de Locutores («SAL») y el CCT Nº 301/75 correspondiente a los periodistas profesionales, según la actividad que desarrollan sus dependientes (véase nota a fs. 112/113 y audiencia por conflicto gremial ante el Ministerio de Trabajo, según da cuenta fs. 114/117). Asimismo, se limitó a esgrimir que la actora había ingresado a sus órdenes «bajo la calificación profesional «locutor suplente» (CCT Nro. 215/75 locutores) según se acredita mediante duplicado de recibos de haberes adjunto» (que no acompañó), luego de lo cual transcribió el intercambio telegráfico habido entre las partes, sin mencionar siquiera cuáles habrían sido las tareas desempeñadas por aquélla, a fin de desvirtuar el encuadramiento convencional pretendido al inicio, incumpliendo de tal modo la carga procesal que le incumbía en los términos del art. 71 de la LO. La mera negativa, por precisa que sea, no basta para satisfacer la exigencia que dimana del dispositivo legal citado, toda vez que puntualmente remite al a rt. 65 de la LO y al art. 356 del CPCC en orden a los requisitos que debe reunir la presentación, por lo que, además de aquélla, deviene palmario que en la contestación de demanda la accionada debía efectuar la manifestación de los hechos en los que funda la declinación de la responsabilidad que se le atribuía por el reclamo de autos.Ello es así, en tanto no puede válidamente desconocerse la relevancia que reviste el escrito de contestación de demanda, dado que los términos de la respuesta integran la litis y configuran la base fáctica de la controversia sometida a la potestad jurisdiccional del juez. La omisión apuntada permitiría entonces presumir la veracidad de los extremos referidos por la parte actora en orden a las tareas efectivamente cumplidas por la Sra. De La Cruz Fernández.

2) Las observaciones articuladas por la apelante sobre los testimonios de Amado (fs. 162/163), Pérez (fs. 246/247), Constanzo (fs. 248/249), Cáceres (fs. 251/252) y Nadaf (fs. 255/256) no resultan suficientes para enervar la conclusión expuesta por el Dr. Pose en la instancia anterior, sobre las tareas que realizó la actora y su consecuente encuadramiento legal. En primer lugar, destaco que la simple reiteración de las impugnaciones vertidas en la etapa procesal anterior (cfr. art. 90 LO, véase escritos glosados a fs. 166/167 y 259/260) no satisface la exigencia que dimana del art. 116 de la LO, por lo que no configura agravio. En segundo lugar, el cuestionamiento introducido en esta alzada pierde virtualidad en la medida en que la quejosa estuvo presente en la audiencia respectiva, y omitió formular las preguntas o repreguntas que estimaba convenientes para evidenciar la mendacidad de aquéllos, y en su caso, de qué forma podía apreciarse la supuesta «pre-elaboración» de tales declaraciones, según esgrime en esta instancia, con el objeto de favorecer intencionalmente la postura de la contraria. En tercer lugar, la mera insistencia en la categoría profesional asignada por su parte a la trabajadora (locutora suplente) no rebate el hecho de las tareas efectivamente cumplidas por ella, según describieron en forma objetiva y coincidente todos los testigos citados, no sólo Nadaf que fue el único citado a tales efectos por el sentenciante. Aun de ponderar que Amado reviste el carácter de delegado gremial de UTBPA, entidad a la cual se encuentra afiliada la actora (véase fs.109), ello no permitiría descalificar por sí su declaración, sino en todo caso, analizarla con mayor rigor, y así apreciada, no advierto la parcialidad que insistentemente le endilga la recurrente ni la supuesta inexplicable subjetividad en su relato. Nótese que el testigo, empleado de la accionada desde el 2004, que actualmente se desempeña como cronista, sostuvo que conoció a la actora como compañera de trabajo, y que ésta comenzó como locutora comercial en enero de 2010, pero al mes y medio aproximadamente pasó a realizar tareas como locutora redactora, para lo cual explicó la diferencia entre una y otra categoría: «el locutor comercial es el que locuta la parte comercial, y locutor redactor realiza una tarea periodística, selecciona, redacta y locuta las noticias», extremos sobre los cuales tomó conocimiento por escucharla y verla. Ello, a su vez, resultó corroborado por Pérez y Constanzo, dado que la primera de ellas ingresó «como pasante en la radio en agosto de 2010 y la actora ya estaba trabajando en lo que era el rotativo en la parte de locución y redacción (.) que en ese momento la dicente estaba como productora en el programa de Enrique Llamas y la actora hacía los informativos de ese programa, en diciembre paso a estar en la producción de rotativo del aire donde ahí ya trabajamos juntas en lo que era la locución y redacción y yo en la producción del informativo (.) que las tareas de la actora consistían en principio la redacción es la selección de noticias más relevantes del momento, ya sea de la agencia de noticias, de diarios y medios web, también estar en contacto con los movileros, estar pendiente de las entrevistas en los programas que se realizaban en la radio para poder captar declaraciones al igual que nos noticieros de televisión, compaginar estas noticias para luego hacer esta locución en los períodos informativos, lo sabe porque lo hacía incluso estando yo ahí, la actora era la que se encargaba de hacer esta tarea (.) que la actora hacía latrasnoche los días domingos y locución comercial en algunos casos, lo sabe porque yo trabajaba con ella y la parte comercial se la pedía ahí mismo cuando trabajaba en el informativo»; circunstancias que también resultan acreditadas por la declaración de Constanzo, quien se desempeñó como locutora redactora del rotativo del aire, y describió las funciones de la actora en tal carácter, en sentido análogo al descripto por aquélla. Análoga conclusión cabe aplicar con relación a Cáceres, productor periodístico del programa «Campeones», y a Nadaf, locutor de éste, puesto que ambos presenciaron la realización de la actora de las tareas previamente enunciadas, correspondientes al informativo «el rotativo del aire».

En síntesis, de la lectura de las declaraciones citadas previamente, surge en forma clara y concisa que la tarea cumplida por la actora no se limitaba a la simple y mera lectura de las noticias provenientes de las agencias contratadas a tal efecto, como esgrime la empleadora, sino que, por el contrario, aquélla implicaba participar en el proceso de selección y determinación de la noticia y/o información que se divulgaría mediante el informativo denominado «el rotativo del aire», para lo cual debía redactarla en «lenguaje de radio», como así también, proceder a su actualización durante el transcurso de la jornada, según las distintas informaciones que sobre el tema en cuestión procedieran de distintos medios informativos con los que contaba para ello (agencias de noticias, publicaciones en la web, canales de televisión, información aportada por los movileros intervinientes, o entrevistas de los programas de la radio, etc.), o en su caso, la modificación de aquéllas según la aparición de una nueva noticia de mayor relevancia y trascendencia para el público radio escucha.

Frente a ello, la escueta afirmación vertida por Núñez (fs.244/245), gerente de personal de la accionada, respecto a que la actora era «locutora suplente» porque «en la oficina de personal le dimos el ingreso, el alta temprana del Afip», deviene absolutamente ineficaz para desvirtuar la evidencia que emana de los testimonios ofrecidos por la contraria, en cuanto presenciaron y tomaron conocimiento por sus propios sentidos de los hechos que relataron, brindando la oportuna razón del dicho, acreditando de tal modo la realización de las tareas invocadas al inicio, que excedían la mera función de una locutora.

3) De igual modo, las manifestaciones que ensaya la recurrente en torno a la prueba pericial contable, no permiten apartarse de lo resuelto en orden al encuadramiento convencional de la relación dispuesto por el Sr. Juez, frente al denominado principio de primacía de la realidad que rige en el Derecho Laboral, en virtud del cual no obsta a la real y verdadera naturaleza jurídica del vínculo, la calificación que de buena o mala fe le hayan atribuido las partes involucradas. En este orden de ideas, merece puntualizarse que resulta aceptado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia del Fuero, que los registros laborales constituyen manifestaciones unilaterales del empleador, que no están sujetas al control del trabajador, por lo que se impone el control judicial en cada caso concreto. La apreciación judicial que se efectúe deberá por lo tanto, ponderar la totalidad de las pruebas ofrecidas, con el objeto de evitar que, una documentación aparentemente ajustada formalmente a las exigencias legales, resulte la vía para instrumentar un fraude. De esta manera, sin perjuicio de señalar que no se adjuntó en autos el supuesto «contrato de trabajo a tiempo parcial» que habría suscripto la trabajadora, para apreciar los términos que con relación a él describió el perito contador, transcriptos en la expresión de agravios en estudio, las alegaciones recursivas en orden al debido y oportuno registro no bastan para demostrar la correcta calificación profesional que consignó la empleadora en la documentación laboral pertinente (libro especial art. 52 y recibos de haberes cfr.arts. 138 y sgtes. de la LCT), toda vez que son los jueces quienes están obligados a efectuar la calificación jurídica, prescindiendo de las formas que las partes le hayan dado y de las tipificaciones que éstas hayan efectuado.

Pero además, comparto el criterio expuesto por el magistrado, en cuanto a que el contenido de los recibos de haberes glosados a fs. 48/62, cuyas copias fueron acompañadas por el perito contador a fs. 210/227, según detalle descripto en el cuadro confeccionado por éste a fs. 209, da cuenta sin lugar a dudas que la mayor prestación de la actora correspondía a «locutora de informativo», resultando menor el cumplimiento de tareas en carácter de «locutora comercial», sin perjuicio de que las funciones que implicaba aquélla fuera descripta y acreditada por la prueba testimonial analizada en el acápite anterior. Por ello, a la luz de la clara directriz que emerge del art. 14 de la L.C.T., el basamento fáctico que proviene de los servicios efectivamente prestados y sus características, es el que realmente prevalece por sobre las formas que surgen de los registros unilateralmente llevados por la empresa, inscripción en obra social y aportes sindicales.

4) Cabe recordar que los convenios colectivos de trabajo, como instrumentos normativos, resultan aplicables de modo obligatorio en el ámbito específico establecido legalmente, para lo cual no puede soslayarse la existencia de una estrecha e indispensable vinculación entre la representación que asuma la unidad de negociación de aquéllos, y el ámbito de aplicación (ya sea por actividad, profesión u oficio, o por zona geográfica determinada, o por empresa, etc.), determinado con los alcances establecidos por el art. 8 del decreto 467/88, reglamentario del art. 16 incs. a) y b) de la ley 23.551.De igual modo, merece puntualizarse que, en principio, la aplicación de un convenio colectivo «de actividad» no depende de la profesión u oficio del trabajador, sino de la actividad del empleador para el cual se desempeña, que estuvo representado en la respectiva negociación colectiva.

Desde esta perspectiva, no puede desconocerse el ámbito en el cual prestó servicios la demandante (radio emisora periodística «LS5 Radio Rivadavia»), en el marco de una organización conducente a la difusión de información de toda índole (de investigación, espectáculos, informativa, etc.) hecho de público y notorio conocimiento (cfr. arg. arts. 163 inc. 5 y 386 CPCC), ni las concretas tareas realizadas por la trabajadora, que resultaron acreditadas por la prueba testimonial referida ut supra, que excedían ampliamente las correspondientes a un «locutor», según le atribuyó la accionada en el marco del CCT Nº 215/75, de acuerdo con la definición que consagra el art. 5º de esta convención colectiva, y la clasificación que formula en las siguientes disposiciones, según la jornada a cumplir y las tareas realizadas (véase especialmente arts. 11º «locutor suplente» y 13º «locutor de informativo»).

Por ello, conforme la clara directriz que emana del juego armónico de los arts. 1º y 2º de la ley 12.908 para circunscribir el ámbito de su aplicación, coincido con el Dr. Pose en cuanto concluyó que la relación laboral habida entre la Sra. De la Cruz Fernández y Radio Emisora Cultural S.A. debía encuadrarse en las previsiones del régimen legal específico citado, aun cuando no se hubiese invocado ni demostrado que la trabajadora cuente con el carnet profesional habilitante, pues su omisión no impide la inclusión en el estatuto profesional particular aludido, dado que ello sólo obedece a la naturaleza y entidad de las tareas desarrolladas, en tanto la omisión del carnet profesional o matrícula permitiría colegir la existencia de un contrato de objeto prohibido en los términos del art.40 de la LCT.

Destaco que recién en la oportunidad de expresar agravio, la recurrente introdujo el argumento de que el «redactor» debía agregar una apreciación subjetiva o un comentario objetivo de índole general, circunstancia a tenor de la cual, pretende descalificar el encuadramiento convencional admitido; extremo que no se advierte en la etapa procesal oportuna, como señalé en el primer acápite de este considerando. La omisión apuntada torna inviable la queja impetrada por la recurrente sobre dicho aspecto, en virtud de que tal circunstancia no fue expresamente invocada en la contestación de demanda, por lo que el fallo recurrido no podría resolver cuestiones que no fueron planteadas en tiempo y forma. Al respecto, creo necesario señalar aquí que, de acuerdo con lo establecido en el art. 277 primer párrafo del CPCC, el Tribunal de Alzada sólo puede emitir pronunciamiento respecto de aquellas cuestiones involucradas en la pretensión de la actora y en la oposición de los codemandados, por lo que su ámbito de conocimiento «se encuentra limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez inferior y no a lo resuelto por éste en su sentencia» (cfr. Palacio Lino Enrique «Derecho Procesal Civil», Tomo V, pto. 667, pág. 461 de la primera edición, Edit. Abeledo Perrot), extremo que obsta a la viabilidad del agravio en cuestión.Además, la escueta circunstancia esgrimida por la apelante no desvirtúa el hecho de que las tareas de la actora eran de neto corte periodístico, al efectuar la selección de las noticias que luego redactaba, para su posterior locución en el marco del «rotativo del aire», con la posterior actualización durante el transcurso de su jornada.

Asimismo, la falta de reclamos por parte de la trabajadora durante el transcurso de la relación laboral habida con la demandada, no puede en modo alguno constituir una presunción desfavorable a sus pretensiones, como pretende la recurrente, toda vez que en el ámbito del derecho del trabajo la teoría de los actos propios debe ponderarse con suma estrictez, por cuanto la manifestación de consentimiento del dependiente hay que analizarla a la luz del principio protectorio y de irrenunciabilidad de los derechos -art. 14 bis C. N. y 12 y 58 LCT- (CNAT, Sala VI, 7/11/02, S.D. 55.481, «Wdoviak, Vicente c/ Ermoplast SRL y otro s/ accidente-acción civil» ). En esta inteligencia, la omisión aludida no puede interpretarse como un consentimiento de la situación, ni puede derivar en la aplicación de la teoría de los actos propios, puesto que de aceptarse tal postura se vulneraría el principio de irrenunciabilidad que mereció consagración legislativa en el art. 58 de la LCT (CNAT, Sala X, 11/3/03, 11.518 «Petrone, José c/ OAC SRL y otro s/ despido»; esta Sala, 28/2/07, S.D. 92.096, «Orlando, Alfredo Tomás c/ HSBC Argentina Holdings S.A. y otro s/ despido»; íd. SD Nº 95.862 del 31/10/2011, «Sosa Pedro Bartolomé c/ El Rápido Argentino Compañía de Micro Ómnibus S.A. y otros s/ diferencias de salarios»; íd. S.D. 95.875 del 31/10/2011, «Rajuan Daniela c/Ineba S.A.y otro s/despido»; entre otros).

Por lo demás, no advierto la vulneración del principio de congruencia que expresa la apelante, pues sin perjuicio de la forma en que se produjo la extinción del vínculo laboral habido entre las partes (despido directo con fundamento en lo normado por el art. 247 de la LCT), ello no impedía a la actora demandar el cumplimiento de las obligaciones pertinentes que por derecho consideraba le correspondían, entre ellas, el reconocimiento de la categoría profesional que revistió durante el transcurso de aquél con sustento en las reales tareas efectuadas, y por ende, el encuadramiento convencional pertinente que viabilizara el reclamo indemnizatorio pretendido en el marco del régimen especial del Estatuto del Periodista Profesional.

Por lo expuesto, propongo confirmar la sentencia en cuanto determinó la aplicación al sub exámine de las disposiciones de la ley 12.908.

5) Ello, a su vez, torna improcedente la queja de la accionada en cuanto pretende escuetamente la adecuación de la indemnización por despido en los términos del art. 247 de la LCT, por cuanto «el estatuto del periodista profesional no contempla la indemnización reducida por falta o disminución de trabajo, por lo que no es aplicable a dicha actividad la normativa del art. 247 de la LCT»(CNAT, Sala III, 29/3/06, «Toni, Luis P. c/ América TV S.A.»; íd., Sala VI, 30/9/93, «Chirico, Ricardo c/ A Z Editora S.A. s/ despido -voto del Dr. Fernández Madrid, por la mayoría; Arese, César, «El estatuto del periodista profesional: desde el dictáfono a internet», Revista de Derecho Laboral, 2004-I,

p. 389; citado por esta Sala, SD Nº93.873 del 10/2/2009, «Beber Eduardo Alejandro c/ Editorial Sarmiento SA s/ diferencias de salarios»). Pero aun cuando, por vía de hipótesis, se entendiera lo contrario, tampoco mejoraría la postura de la demandada, dado que ésta no acreditó la concurrencia de todos los requisitos exigidos por el citado art.247 de la LCT, tal como puntualizó el magistrado de grado anterior (véase fs. 282, párrafo que inicia «Ahora bien» y sgtes.), extremos que permanecen firmes en esta alzada (art. 116 LO), y sellan la suerte adversa del agravio.

6) Por otra parte, con relación al despido discriminatorio, la demandada manifiesta que la Sra. De La Cruz Fernández no revestía cargo gremial alguno, no demostró haber realizado actividad sindical de entidad tal que permitiese inferir que el despido decidido por su parte fundado en lo normado por el art. 247 LCT habría encubierto en realidad una conducta discriminatoria antisindical que motivó a adoptar tal decisión por su parte, ni menos aún los supuestos dichos atribuidos al gerente artístico de la emisora (Mauro Viale) en febrero de 2011, en razón de lo cual era «vox populi» en el establecimiento que la trabajadora había sido despedida por participar en una huelga. Cita la doctrina de nuestro Máximo Tribunal en el conocido precedente «Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo» (15/11/2011) respecto a la carga probatoria en un despido que se califica como discriminatorio, a tenor de la cual considera que los argumentos del juez para admitir la procedencia de la reparación especial carece de asidero, frente a la ausencia de precisión mínima e indispensable acerca de los actos que permitirían endilgar a la empleadora la discriminación alegada al inicio. Finalmente, critica la cuantía de la reparación otorgada por dicho concepto (90.049,55 = 13 salarios correspondientes a la mejor remuneración devengada por la actora), por desmesurada e injustificable.

Sobre el tema en debate, he tenido oportunidad de expedirme en casos de aristas similares al presente (esta Sala, SD Nº 96.803 del 27/12/2012, «López, Ezequiel Darío c/ Frávega SA s/ medida cautelar»; íd.SD 97.597 del 27/12/2013, «Musin, Ricardo Adolfo c/ Aguas Danone de Argentina SA s/ Reinstalación») en los que sostuve que, para admitir la procedencia de la reparación por despido discriminatorio con fundamento en el art. 1º de la ley 23.592, debe tenerse presente la clara directriz fijada por nuestra Corte Suprema en el precedente «Pellicori», citado por la recurrente, en el cual concluyó que «resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno y otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de l a sana crítica» (el subrayado no pertenece al original). Sin perjuicio de ello, nuestro Máximo Tribunal también aclaró que la doctrina asentada no implicaba «la eximición de prueba a la parte que tilda de discriminatorio a un acto pues, de ser esto controvertido, pesa sobre aquélla la carga de acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido».

Desde la perspectiva indicada, la recurrente impugna la valoración de la prueba testimonial en la que el sentenciante fundamentó su decisión, aspecto en el cual considero le asiste razón.

En efecto, cabe recordar que en la demanda la trabajadora refirió que en septiembre de 2010 manifestó a sus superiores -que no identificó puntualmente- su intención de afiliarse al gremio de prensa, recibiendo una manifiesta oposición del personal jerárquico de la accionada -a quien tampoco individualiza- que peligraba su nombramiento definitivo en caso de concretar tal propósito, no obstante lo cual, habría recibido promesas de regularizar su situación ante la falta de pago de aportes previsionales.Agregó que con motivo de diversos incumplimientos salariales por la patronal, el conjunto del personal periodístico con aval del gremio -UTPBA- decidió la realización de medidas de fuerza ante la falta de respuesta a los reclamos, a las que se adhirió, y que en oportunidad de realizarse una de tales medidas en febrero de 2011, al finalizar su jornada fue convocada a la redacción por el Gerente del informativo, Sr. Mauro Viale, quien le comunicó que no volvería a ser convocada a los turnos del informativo, en clara represalia por su actividad sindical en reclamo a sus derechos. A partir de ese momento, se redujo sensiblemente su convocatoria, ocasionándole un serio perjuicio económico, en tanto los turnos que habitualmente le eran adjudicados fueron dados a otra trabajadora -que no identifica- que no se adhería a las medidas de fuerza, confirmándose así el trato discriminatorio, que culminó con su despido el día 15/4/2011 (véase fs. 7 vta./8).

Ahora bien, el testigo Amado refirió diversos incumplimientos salariales en los que incurría la accionada, en razón de los cuales «las distintas organizaciones gremiales que representan en la radio a los trabajadores comenzaron por medidas de fuerza y denuncias ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, la compañera De La Cruz adhirió a estas medidas de fuerza y tras eso el gerente del informativo Sr. Mauro Viale, el Sr.Mauricio Golfar su verdadero apellido, decidió imprevistamente no darle más tareas sin ningún tipo de explicación, lo sabe porque yo soy delegado gremial de la radio, tras ello la actora pidió explicaciones, no se las dieron, en algún momento la actora me transmitió que porque se adhería a esos paros tomaron ese tipo de sanción o de medida». El dicente agregó que los locutores redactores tenían una doble afiliación, a la UTPBA -que él representa- y a la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), que la actora le había solicitado afiliarse a UTPBA y él le proveyó los formularios, pero la empleadora desconoció tal afiliación, extremo que fue denunciado ante el Ministerio de Trabajo; y que la última vez que vio a la actora fue en una asamblea de trabajadores en marzo de 2011. Aun soslayando el carácter de delegado gremial que reviste el testigo, extremo que impone valorar su declaración con mayor estrictez (args. art. 441 CPCC), la falta de razón del dicho o la insuficiencia de éste impide otorgarle eficacia probatoria a su relato sobre el aspecto en debate. En efecto, si bien el dicente refirió que la actora se habría plegado a medidas de fuerza, no indica en qué consistieron éstas, cuántas medidas fueron, en qué forma y fecha se llevaron a cabo, y cómo constató la presencia o la adhesión de la actora a ellas, a fin de apreciar si ésta era una activista sindical de hecho, sin perjuicio de la existencia de una afiliación o no al gremio pertinente, de modo tal que permitiese inferir la existencia del indicio al que alude nuestra Corte Suprema en los casos de despido discriminatorio, con el objeto de invertir la carga probatoria. La escueta explicación de su conocimiento sobre los hechos que relata porque es delegado gremial, resulta insuficiente para poder apreciar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aquéllos habrían acontecido, lo que resta convicción a su testimonio; en tanto la supuesta merma laboral por decisión del Sr.Viale le habría sido comentada por la propia demandante. Tampoco se adjuntaron a la causa las constancias objetivas que avalarían la afirmación de aquél respecto a la supuesta negativa de la empleadora con relación a la afiliación sindical de la trabajadora a UTPBA, y la posterior denuncia de tal conducta antisindical por parte de aquélla ante el Ministerio de trabajo. En definitiva, Amado sólo refirió concretamente haber visto a la actora en una asamblea de trabajadores en marzo de 2011, sin brindar mayores detalles sobre el lugar de celebración, en tanto su relato se basa mayormente en las referencias de terceros o de la propia actora, lo que impide atribuirle eficacia probatoria (cfr. args. arts. 386 y 456 CPCC y 90 LO).

Análoga conclusión cabe aplicar con relación a Pérez, quien sostuvo genéricamente que «en el período que yo estuve se hicieron paros donde algunos se adherían otros no (.) que la actora en algunas ocasiones se adhirió a esos paros», pero no indicó cómo lo sabe, pues de su declaración no surge que ella se hubiese plegado a tales medidas de fuerza.Agregó que «la actora quiso adherirse al sindicato de prensa lo cual le fue negado y a posteriori le redujeron las horas de trabajo, lo sabe porque yo estaba trabajando todavía en la radio y veía que no trabajaba tanto en radio, que lo sabe yo hablaba mucho con la actora (.) eran los comentarios del personal del informativo, que comentaban que por adherirse a los paros y a las huelgas que por ese motivo la actora había hecho los reclamos sindicales, fue eso lo que comentaban los otros empleados», términos que impiden apreciar de qué manera la testigo se enteró de que la actora habría querido afiliarse, que ello le fuese negado y en su caso por quién; en tanto la mera afirmación de que por ello le habrían reducido las horas de trabajo obedece a una suposición de la testigo con basamento en los comentarios que le habría realizado aquélla y terceras personas del informativo que no individualiza. De igual modo, Constanzo también refirió que por problemas salariales, se generaron conflictos y paros en la radio y «a partir de allí hubo algunos problemas con algunas personas del equipo, algunas sí otras no, hubo como una especie de discriminación», aunque no explicó en qué habrían consistido ésta en su caso; y que «algunas personas se fueron de la radio, al no poder alcanzar un entendimiento, otras como en el caso que conozco de la actora se le redujeron los turnos, las suplencias por adherir a las medidas de fuerza», pero sin indicar cómo tomó conocimiento de esta circunstancia, o en su caso, cuáles serían los hechos objetivos por los cuales adoptó tal conclusión como válida. La testigo también afirmó que «en el caso de la actora hubo cuestionamiento respecto de su elección de afiliarse a UTBA», no obstante lo cual, de su declaración no surge quién, cómo, cuándo y de qué manera se habría producido éste.A su turno, Cáceres sostuvo que «la actora no trabajó más en la demandada porque se adhirió a un paro, que la habían echado de su puesto de trabajo, la habían despedido (.) que sabe que la despidieron a la actora por comentarios de ella, era normal que si se hacía paro lo echaran», en tanto Nadaf también refirió que «en los pasillos de la radio era vox populi que hizo la actora reclamos y por eso no estaba más». En suma, si bien los testigos coinciden en afirmar genéricamente que la actora habría sido despedida por adherirse «a un paro» o a «medidas de fuerza» por reclamos salariales, la omisión de la pertinente razón del dicho, o la insuficiencia de éstos por sustentarse en los propios comentarios de aquélla o de terceros a los que ni siquiera identifican, impiden otorgarle la eficacia probatoria que el sentenciante les adjudicó a sus testimonios sobre el tema en debate. La referencia de aquéllos en torno al supuesto ilegítimo proceder que adoptaba la demandada con relación a otros trabajadores que supuestamente habrían adherido a medidas de fuerza, que no se individualizan, no permite vislumbrar razonablemente un indicio de la conducta persecutoria antisindical esgrimida con relación a la demandante, extremo que en definitiva es lo que aquí interesa para considerar que la extinción del vínculo se fundó en motivos discriminatorios.

En el contexto aludido, he sostenido en un caso de aristas similares (CNAT, esta Sala, S.D. Nº 96056 del 13/2/2012, «Sisterna, Juan César c/ Transtex S.A.s/ acción de amparo») que, para determinar si la decisión extintiva adoptada por la empleadora habría configurado una conducta discriminatoria en los términos de los dispositivos legales invocados para fundar el presente reclamo, tratándose de un «activista gremial», resultaba indispensable alegar en la demanda los actos a tenor de los cuales podría colegirse que, en la práctica, el trabajador ejercía en el ámbito laboral cierta representación de los derechos e intereses colectivos de sus compañeros, accionar que también debería revestir el carácter de público y notorio para la empresa, de modo tal que habilitara a inferir la causa oculta del empleador al disponer la cesantía de aquél. Al respecto, comparto la opinión del Dr. Maza, en cuanto sostuvo que «es necesario que, por lo menos, la actuación del trabajador haya involucrado intereses colectivos o que su labor haya tenido una incidencia de ese carácter puesto que, más allá de que el activismo que declama hubiere sido ejercido por fuera de la estructura orgánica de la asociación sindical, lo cierto es que para vincular al acto que se reputa discriminatorio con el factor sensible que se alega (activismo gremial) es necesario demostrar -al menos- la calidad que erigiría al actor en un sujeto especialmente vulnerable a eventuales actos disgregatorios o peyorativos, lo que no es posible predicar en la especie si no se ha demostrado la naturaleza colectiva o de representación desplegada», tal como acontece en el sub examine, pues el contexto aludido no surge de las declaraciones previamente analizadas.

Desde la perspectiva indicada, la simple afirmación del malestar que habría producido en su empleadora la comunicación de su intención de afiliarse a determinado gremio -extremo que no fue probado- o haber adherido circunstancialmente a alguna medida de fuerza según se alegó genéricamente en la demanda, no permitiría considerar que la trabajadora se hubiese constituido en una activista gremial de hecho, constituyéndose como portavoz de un grupo de trabajadores, de modo tal de vislumbrar el ejercicio de una ciertarepresentatividad de los operarios en el ámbito laboral, que mereciera en su caso el reproche negativo de la accionada.

A la luz de las graves consecuencias que derivan de calificar como discriminatoria la decisión rupturista asumida por la empleadora, que conlleva a apartarse de la normativa que sanciona el despido arbitrario con el pago de una indemnización tarifada, la parte actora debía extremar los recaudos en orden al relato de los presupuestos fácticos que avalaran su pretensión, en tanto los hechos expuestos en la demanda no permitiría colegir la existencia de la conducta reprochable atribuida a la empleadora, cual es la discriminación de un trabajador con sustento en el ejercicio por parte de éste de los derechos que conlleva la libertad sindical.

Como corolario de todo lo hasta aquí expuesto, cabe concluir que los elementos reunidos en la causa no resultan suficientes siquiera para constituir un indicio de una supuesta actividad antisindical por parte de la empleadora con relación a la actora, de modo tal de invertir la carga de la prueba, y menos aún que permita considerar que el despido de aquélla hubiese obedecido a la arbitraria discriminación por haberse afiliado a la UTPBA y haber realizado alguna medida de fuerza. Frente a la ausencia de elementos suficientes que permitan tener por configurada la actitud discriminatoria que la actora le endilgó a la accionada, sin perjuicio de la procedencia de las indemnizaciones pertinentes por despido directo arbitrario que le corresponden, sugiero modificar este segmento, rechazar la reparación especial pretendida con sustento en aquélla, y por ende, reducir el monto de condena en la suma de $90.049,55 que fue admitida por este concepto en la instancia de grado anterior.

III. La parte actora se agravia en torno al rechazo de la indemnización prevista por el art. 80 de la LCT (t.o.ley 25.345), que el juez de grado desestimó por considerar que «las certificaciones de servicios y aportes fueron puestas a disposición de la accionante al comunicársele el despido».

Corresponde admitir la queja en estudio, pues en la comunicación del despido, la empleadora puso a disposición «el certificado de trabajo (art. 80 LCT)» (cfr. CD del 15/4/2011, transcripta en la demanda, obrante a fs. 24/25, 64, e informativa a fs. 88/97) instrumento que difiere de la certificación de servicios y remuneraciones expedida en formulario P.S.6.2 de la ANSES que aquélla adjuntó a fs. 36/37. Conforme criterio mayoritario de esta Sala (ver SD Nº Sala IV, S.D. 90.947 del 21/11/2005, «González, Claudia Roxana c/ Cargos SRL s/ Certificados de Trabajo» , criterio al que adherí en la S.D. 95.314 del 18/4/2011, «Velázquez, María Luisa c/Confecciones Manuquin S.A. y otro»; í. S.D. 95.810 del 13/10/2011, «Monzón, César Jeremías c/ Callobre S.A.» ; SD 97.359 del 30/9/2013, «De Cesare, Diego Hernán c/ Garbarino SA s/ despido» ; entre muchos otros), no debe confundirse el «certificado de trabajo» del art. 80 de la LCT, con la «certificación de servicios y remuneraciones» de la ley 24.241, ya que: «Esta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2.) en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el citado art. 80 LCT. Además, la finalidad de uno y otro certificado es distinta:el primero le sirve al trabajador para conseguirse otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES»2.

Asimismo, el formulario P.S.6.2 tampoco sustituye a la constancia de aportes , pues, como lo ha sostenido la Sala VI, «Cabe señalar que, más allá de la costumbre imperante entre los empleadores, el certificado de servicios y remuneraciones no equivale a las constancias de los aportes depositados por el empleador en su momento o en la actualidad: la norma del art. 80 RCT es estricta al respecto, exigiendo que el empleador libre el certificado de trabajo en las constancias del caso, entre ellas la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajos desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación (ley 24576) y, al mismo tiempo, las constancias documentadas de los aportes: mientras ello no suceda, incumple con la norma y debe ser compelido a cumplimentarla»3. Sentado ello, no escapa a mi análisis que, pese a la sucesiva puesta a disposición efectuada en el intercambio telegráfico (véase misivas obrantes a fs. 24/33 y 64/67, e informe del Correo Oficial a fs. 88/97) la demandada no sólo omitió ofertar la entrega del certificado de trabajo y de la constancia de aportes puntualmente requeridos en forma sucesiva por la trabajadora durante el transcurso de aquél (cfr. telegramas del 19/4/2011, 27/4/2011, 6/5/2011 y 17/5/2011, obrantes a fs. 68/71, íd. ant.) en la oportunidad de la audiencia de conciliación obligatoria llevada a cabo ante el SECLO, tal como se desprende del acta glosada a fs.3, pese al puntual reclamo al respecto consignado en ella; sino que al contestar demanda tampoco acompañó tales instrumentos cuya entrega había sido expresamente reiterada según los términos del capítulo 8) del escrito inicial, a fin de acreditar su oportuna y efectiva confección conforme a derecho, y deslindarse del pago de la indemnización que consagra el art. 80 de la LCT frente a su incumplimiento.

Asimismo, observo que el Formulario ANSES P.S.6.2 aludido previamente, consigna como fecha de certificación de firma el 22/07/11, por lo que evidentemente dicho instrumento carecía de la eficacia cancelatoria que le atribuyó el magistrado en fecha anterior (15/4/2011) a la previamente indicada, pues omitía el requisito formal citado. Ello revela sin duda alguna que la sucesiva puesta a disposición que en tales condiciones efectuó la empleadora en las misivas remitidas con anterioridad, sólo configuró un mero ritualismo formal carente de asidero.

En consecuencia, toda vez que la accionada no hizo entrega del certificado de trabajo y de la constancia de aportes, no obstante la intimación fehaciente vertida por la trabajadora al respecto, corresponde admitir el agravio impetrado y hacer lugar a la acción en cuanto pretende el pago de la indemnización que establece el art. 80 de la LCT, que asciende al importe de $19.171,05 ($6930,35 -116 LO- x 3).

IV. De acuerdo con las argumentaciones vertidas en los considerandos anteriores, sugiero entonces modificar la sentencia apelada y reducir el monto total de condena a la suma de $96.466,58 ($167.345,08 – indemnización por despido discriminatorio cfr. Cons. II.6): $90.049,55 + indemnización art. 80 LCT cfr. Cons. III: $19.171,05), que deberá abonarse en el plazo, modo y con los intereses dispuestos en el fallo recurrido, aspectos que no han sido objeto de crítica alguna, por lo que permanecen firmes en esta alzada (art. 116 LO).

V.En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y regulación practicada en primera instancia, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCC), por lo que resulta abstracto expedirme sobre los agravios vertidos sobre tales aspectos.

En orden a ello, y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del CPCC, estimo que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de la parte demandada, por haber sido vencida en los aspectos principales de la controversia.

Por otra parte, de acuerdo al resultado del pleito, los trabajos realizados, y las pautas que emergen de las normas arancelarias vigentes (conf. art. 38 LO, Ley 21.839, Ley 24.432, Decreto 16638/57 y cctes.), corresponde fijar los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la parte demandada y del perito contador, en el 16%, 12% y 6%, respectivamente, sobre el monto total de condena (capital más intereses).

Asimismo, corresponde fijar los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada por sus actuaciones en esta alzada, en el 25% de lo que a cada una le corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia de grado anterior.

VI. Por ello, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada y reducir el monto de condena a la suma total de $96.466,58, que deberá abonarse en el plazo, modo, y con los aditamentos establecidos en el fallo recurrido. 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios efectuados en el decisorio de grado. 3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada, vencida en lo sustancial de la controversia.4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la parte demandada y del perito contador, en el 16%, 12% y 6%, respectivamente, sobre el monto total de condena (capital más intereses); y fijar los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada por sus actuaciones en esta alzada, en el 25% de lo que a cada una corresponda percibir por los trabajo s realizados en la instancia de grado anterior.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto de la doctora Graciela Marino. Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y reducir el monto de condena a la suma total de $96.466,58, que deberá abonarse en el plazo, modo, y con los aditamentos establecidos en el fallo recurrido. 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios efectuados en el decisorio de grado. 3) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada, vencida en lo sustancial de la controversia. 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la parte demandada y del perito contador, en el 16%, 12% y 6%, respectivamente, sobre el monto total de condena (capital más intereses); y fijar los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y demandada por sus actuaciones en esta alzada, en el 25% de lo que a cada una corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia de grado anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y oportunamente devuélvase.

HÉCTOR C. GUISADO

Juez de Cámara

GRACIELA ELENA MARINO

Juez de Cámara

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

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