Obligación de la concesionaria de sustituir el vehículo adquirido por el actor por otro de iguales características más los gastos que ello irrogue

Auto lujoPartes: Llorens Alberto c/ Chevromax S. A. y o s/ incumplimiento contractual

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 27-oct-2014

Cita: MJ-JU-M-89790-AR | MJJ89790 | MJJ89790

Obligación de la concesionaria de sustituir el vehículo adquirido por el actor por otro de iguales características más los gastos que ello irrogue, al presentar el auto desperfectos durante el tiempo de garantía no reparados por la demandada en tiempo y forma.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a las demandadas a sustituir el vehículo adquirido por el actor por otro de iguales características al momento de adquisición del rodado con más los gastos que ello irrogue (patentamiento, flete, etc.), toda vez que resultó acreditado que luego de adquirir el actor el rodado en la concesionaria oficial demandada fabricado por la codemandado, durante el plazo de garantía comenzó a evidenciar desperfectos técnicos que motivaron su ingreso al taller de la concesionaria en ocho oportunidades, según las respectivas órdenes de reparación (que daban cuenta de un problema de desvío en la dirección).

2.-La falta de una solución tempestiva respecto de los desperfectos del automóvil, torna procedente la pretensión del actor de sustitución del vehículo adquirido por uno de iguales características con más los gastos que ello ocasionare, correspondiendo e rechazo del resarcimiento reclamado relativo a la privación de uso y a la depreciación del automóvil, por resultar insuficiente la prueba producida en relación a esos rubros.

3.-Tratándose de la comercialización de cosas muebles no consumibles, en el caso, un automóvil, según la normativa de protección de consumidores aplicable al caso, los vendedores y los fabricantes o productores se encuentran obligados solidariamente (en rigor, de modo concurrente o in solidum) al otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal por defectos o vicios de cualquier índole de la cosa comercializada, como asimismo por su debida reparación en los términos de dicha garantía, debiendo responder ante el consumidor por los daños resultantes del vicio y de las reparaciones eventualmente insatisfactorias.

4.-Constituye una reparación es satisfactoria a los fines de dar cumplimiento por la comercialización de un automóvil a la normativa de defensa de los usuarios, la que deja al bien de que se trate en un estado idéntico al producto original que normalmente se comercializa, no pudiendo considerarse satisfactoria la reparación si resulta inconducente para solucionar las fallas detectadas, tal lo que sucedió en el caso, y que obliga a los demandados -concesionaria vendedora y fabricante- a restituir al actor un automóvil idéntico al adquirido .

5.-La sola afirmación de las apelantes – concesionaria vendedora y fabricante del automóvil en cuestión – en el sentido de que los defectos constatados por el perito podrían no deberse a un vicio de fabricación del automóvil ni a la ineficacia de las reparaciones efectuadas, sino a un uso desgastante o a vicisitudes propias del tránsito vehicular tales como un pozo, un llantazo, roces contra el cordón, etcétera, no pasan de ser argumentaciones de índole meramente conjetural, abstractas, imprecisas e hipotéticas, carentes de todo respaldo probatorio.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 27 días del mes de Octubre de dos mil catorce, se reunieron en Acuerdo los señores miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, doctores María Mercedes Serra, Ariel Carlos Ariza y Ricardo A. Silvestri, para dictar sentencia en los autos caratulados «LLORENS, Alberto contra CHEVROMAX S.A. y otra sobre INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL» (Expte. Nº 13/2014), venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 12 de Rosario para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos contra el fallo número 2.889 de fecha 27 de septiembre de 2013.

Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?

Segunda: En su caso, ¿es ella justa?

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Sobre la primera cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:

Los recursos de nulidad deducidos a fojas 269 y 271 no han sido mantenidos en esta instancia. Por ello y no advirtiéndose irregularidades en el procedimiento que justifiquen un pronunciamiento de oficio, corresponde su desestimación.

Voto, pues, por la negativa.

Sobre la misma cuestión, el señor vocal doctor Ariza, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que adhiere a los fundamentos expuestos por la señora vocal doctora Serra y vota por la negativa.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Silvestri, a quien le correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que coincide con lo manifestado por la señora vocal doctora Serra y vota negativamente a esta cuestión.

Sobre la segunda cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:

1. La sentencia de primera instancia.

Mediante la sentencia número 2.889 de fecha 27 de septiembre de 2013 (fs.257/265), el juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, condenó a Chevromax S.A. y a General Motors de Argentina S.R.L.a sustituir el vehículo adquirido por el actor Alberto Juan Llorens por otro de iguales características al momento de adquisición del rodado con más los gastos que ello irrogue (patentamiento, flete, etc.), más los intereses fijados en los considerandos.

En sustento de su decisión, el juez consideró probado que en fecha 24.02.2010 el actor adquirió a la concesionaria oficial Chevromax S.A. un automóvil nuevo marca Chevrolet modelo Agile, fabricado por General Motors Argentina S.R.L.; y que durante plazo de garantía el automóvil comenzó a evidenciar desperfectos técnicos que motivaron su ingreso al taller de la concesionaria en ocho oportunidades, según las respectivas órdenes de reparación (que daban cuenta de un problema de desvío en la dirección).

Señaló que resultaba de aplicación al caso la ley 24.240 y sus modificatorias y expuso que conforme a los artículos 10, 10 bis, 13, 17, 18 y concordantes de la mencionada ley protectoria, se establecen distintas alternativas para el consumidor. Remarcó asimismo que en virtud de la garantía legal, todos los integrantes de la cadena de comercialización de la cosa están obligados solidariamente frente al consumidor.

Expuso que conforme al peritaje mecánico producido de modo anticipado, el automóvil mostraba una tendencia permanente a desviar la dirección de avance, estimando el perito que ello obedecía a una incorrecta alineación. Indicó asimismo que según el nuevo peritaje producido durante el período probatorio en los autos principales, el vehículo continuaba presentando inestabilidad en la dirección de avance pese a las reparaciones efectuadas por el servicio técnico oficial.

Puso de resalto lo expuesto por el perito en el sentido de que, según las órdenes de reparación obrantes en autos, la concesionaria codemandada había procedido a corregir la alineación y a calibrar los neumáticos.Observó que, según el experto, la calibración respetaba los valores recomendados por el fabricante pero no era factible la regulación o corrección de la comba o caída debido a las características de la suspensión. Resaltó la conclusión pericial de que no era posible determinar las causas por las cuales la comba o caída estaba fuera de las especificaciones de fábrica, no pudiendo descartarse que se tratara de un vicio redhibitorio de la unidad.

Concluyó que ante la falta de una solución tempestiva respecto de los desperfectos del automóvil, resultaba procedente la pretensión actoral de sustitución del vehículo adquirido por uno de iguales características con más los gastos que ello ocasionare.

En cuanto al resarcimiento reclamado, el juez rechazó la pretensión relativa a la privación de uso y a la depreciación del automóvil, juzgando insuficiente la prueba producida en relación a esos rubros.

Estableció la aplicación de intereses para el supuesto de incumplimiento de la sentencia una vez que estuviere firme, calculados a una vez y media la tasa activa de descuento de documentos a treinta días del Nuevo Banco de Santa Fe -sin capitalización- hasta el efectivo pago, sobre la base del valor de la unidad al día de incumplimiento de la sentencia.

Distribuyó las costas en un 90% a cargo de la parte demandada y en un 10% a cargo del actor.

2. Los recurso de apelación.

Contra el pronunciamiento interpusieron recursos de apelación la codemandada Chevromax S.A. (a fs.269) y la codemandada General Motors de Argentina S.R.L. (a fs.271, concedidos a fs.273). Elevados los autos y radicados en esta Sala, expresó agravios en primer lugar la codemandada Chevromax S.A. (a fs.334/336). A su turno expresó agravios la codemandada General Motors de Argentina S.R.L. (a fs.342/343). Los agravios de ambas codemandadas fueron contestados por el actor (a fs.345/349). A foja 351 se expidió la Fiscalía de Cámaras con arreglo al artículo 52 de la ley 24.240 (modif. por ley 26.361). Consentido el llamamiento de autos (fs. 354/359), quedó la causa en estado de dictar resolución.

No se han efectuado objeciones al relato de los antecedentes del caso que ha reseñado el fallo (a fs. 257/259 vta.), por lo que en este aspecto corresponde remitirse a la sentencia de grado por razones de brevedad.

2.1. Los agravios de la codemandada Chevromax S.A.

2.1.1. Sostiene que en autos no se demostró en modo alguno la existencia de un vicio en la unidad adquirida por el actor y, menos aún, un vicio que pueda ser calificado como redhibitorio o como reparación no satisfactoria.

Expresa que en un automóvil existen elementos sujetos a desgaste por el uso y que además su utilización puede generar anomalías sin que éstas puedan ser reputadas como defectos o vicios ocultos.

Indica que, de acuerdo con las constancias de autos, el actor ha utilizado su automóvil a razón de setecientos ochenta kilómetros mensuales desde su adquisición, como asimismo que no se realizó el servicio de mantenimiento pautado para los veinte mil kilómetros según el manual de garantía.

Precisa que al momento de realizarse el peritaje, en fecha 22 de marzo de 2013, el vehículo contaba con más de veintiocho mil kilómetros recorridos y agrega que el último servicio de mantenimiento se había efectuado a los casi diez mil kilómetros.

Asevera que la alineación de un rodado es una tarea de mantenimiento, según surgiría de las pruebas testimonial y pericial producidas en autos.Añade que, conforme a esas mismas probanzas, las desviaciones del vehículo se producirían por diversas causas derivadas de su uso, falta de alineación y balanceo, mal estado de los neumáticos, golpes en el tren delantero.

Menciona que, de acuerdo con las órdenes de reparaciones agregadas en autos, el vehículo fue alineado de conformidad con las especificaciones de fábrica. Indica también que el rodado fue atendido en el marco de la garantía y que incluso con posterioridad al service de los diez mil kilómetros se le solicitó al actor que presentara su rodado para verificación, habiéndosele ofrecido incluso el cambio de amortiguadores como cortesía.

Pero expresa que lo que no se acreditó en modo alguno es el vicio o defecto del rodado. Afirma que el a quo hizo lugar a la demanda de sustitución de la unidad con base en una pericial técnica observada por las partes que, a su juicio, es tendenciosa y carece de fundamentación. Señala que el peritaje no logró establecer si la unidad se encontraba desalineada y que el perito no pudo determinar la causa por la cual el vehículo se desbalanceaba o desalineaba.

Afirma que la pericial no determinó la existencia de un vicio o defecto constructivo del rodado. Destaca que la tendencia de desviación no siempre es hacia el mismo lado. Manifiesta que han sido los diversos componentes del tren delantero de la unidad, sujetos a desgaste, los que generaron las desviaciones en uno u otro sentido.

Señala que al momento del peritaje el vehículo presentaba golpes en llantas y tasas y que existía desgaste en las bandas de rodamiento de los neumáticos. Indica que tales circunstancias fueron expresamente constatadas por los peritos de parte pero desconocidas o minimizadas tendenciosamente por el perito oficial.

Sintetiza que el desbalanceo de la unidad se debe a la falta de mantenimiento adecuado y no a un defecto constructivo.Insiste en que el vehículo tuvo un uso superior a lo normal, de setecientos ochenta kilómetros mensuales en promedio, sin que se le realizara el servicio de mantenimiento de los veinte mil kilómetros indicado por el fabricante, ni alineación y balanceo por más de diecinueve mil kilómetros.

Afirma que no ha existido reparación insatisfactoria en los términos del artículo 17 de la ley 24.240, sino que el problema de tironeo del rodado se generó en su uso y por la falta de alineación y balanceo, no por un defecto constructivo. Afirma que las alineaciones efectuadas fueron conformes a las especificaciones de la fabricante. Señala que al momento del peritaje el rodado carecía de un mantenimiento adecuado por más de diecinueve mil kilómetros.

Recuerda que la norma citada y su reglamentación permiten al responsable de la garantía evitar la sustitución del bien en la medida en que pueda reemplazar las piezas defectuosas para una reparación satisfactoria.Y que la sustitución ordenada por el a quo a raíz de un problema de mantenimiento no se compadece con la normativa vigente, máxime cuando el problema no imposibilitó el uso de la unidad.

Agrega que la negativa del actor a permitir la inspección del vehículo, requerida en el intercambio epistolar previo a los presentes, así como su negativa a aceptar el cambio de amortiguadores ofrecido por la fabricante, demostrarían una conducta obstructiva del actor respecto de las prestaciones de garantía, pese a lo cual demanda con base en el alegado incumplimiento de ésta.

Destaca también la oposición del actor a realizar los exámenes periciales de autos con adecuado control de las codemandadas, entendiendo que ello no tenía otro fin que evitar que se demostrara que el vehículo tuvo una utilización normal y que no se le realizaron las tareas de mantenimiento indicadas por el fabricante, como asimismo que la unidad presentaba golpes en llantas y tasas y que los neumáticos tenían las bandas de rodamiento deterioradas.

Resume que la sustitución ordenada en el fallo implica un enriquecimiento sin causa para el actor, en perjuicio de Chevromax S.A. que habría dado cumplimiento en cada oportunidad a la atención del rodado, cuando los desperfectos se generaron por el uso de la unidad y su falta de mantenimiento.

2.1.2. Considera erróneo que el a quo haya juzgado probada la falta de solución tempestiva de los defectos reclamados por el actor.

Afirma que Chevromax S.A. procedió a la alineación del vehículo en cada oportunidad que correspondía.Remarca que el balanceo y la alineación de un rodado es propio de su mantenimiento y no hace a un vicio de la cosa; que el rodado puede desalinearse como consecuencia del uso, por un pozo, de un llantazo, de roces contra el cordón; que todo ello pudo ocurrir inmediatamente después de la última alineación, por lo cual no podría considerarse probado que no existió solución tempestiva de los desperfectos reclamados.

Concluye que no se acreditó un vicio en el rodado, que no se acreditó incumplimiento en las obligaciones asumidas por Chevromax S.A. en el contrato de compraventa, ni en las prestaciones de garantía; que tampoco se acreditó una reparación insatisfactoria; que el desperfecto reclamado se originó en el uso y la falta de mantenimiento del rodado.

Postula, en consecuencia, la revocación del fallo apelado.

2.2. Los agravios de la codemandada General Motors de Argentina S.R.L.

2.2.1. Considera la apelante que el a quo efectuó una errónea interpretación y aplicación de la ley 24.240 y que en base a ello le atribuyó responsabilidad.

Reseña que la ley 24.240 establece un régimen legal de garantía por vicios a favor del adquirente de bienes y servicios y que, a diferencia del derecho común, la legislación protectoria del consumidor tiende a la reparación del bien para que funcione normalmente, otorgándole al adquirente las opciones establecidas en el artículo 17 para el supuesto de que la reparación resulte insatisfactoria.

Afirma que la reparación efectuada sobre el vehículo permitió su uso normal, sin que de tal modo se vieran afectados los intereses del actor.De modo que, sostiene, mal podría haberse acreditado la existencia de un vicio oculto.

Expresa que, pese a haberse acreditado en autos el cumplimiento de las prestaciones atinentes a la garantía, el a quo arbitrariamente juzgó acreditado un vicio así como el incumplimiento de la garantía, condenando sin fundamento a la sustitución de la unidad.

Expresa que el fallo claramente le impone a las codemandadas, de modo arbitrario, la sustitución de un vehículo que funciona normalmente y, a todo evento, omitió considerar las falencias del propio usuario en el mantenimiento de su rodado.

Entiende que por ello resultaría inaplicable el artículo 17 de la ley 24.240. En tal sentido expresa que la reparación es insatisfactoria cuando luego de reparada la unidad no reúne las condiciones óptimas, es decir, las necesarias para un uso normal. Sostiene que ello no ocurrió en el caso, puesto que el vehículo funcionaría correctamente.

Expresa que, no existiendo vicios, no resulta de aplicación la ley 24.240 sino que el caso debe regirse por el Código Civil. Recuerda que el derecho común otorga al comprador dos posibilidades para el supuesto de vicios ocultos: la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato devolviendo la cosa al vendedor y restituyendo éste el precio percibido -lo cual, a juicio de la apelante, representaría un enriquecimiento sin causa para el actor-; y la acción quanti minoris, tendiente a la reducción del precio de la cosa en razón del vicio.

Señala que la atribución de responsabilidad solidaria a las codemandadas constituye un error del a quo. En tal sentido expresa que, no habiéndose probado que el vehículo funcionara incorrectamente por causa imputable a las codemandadas, no resultaría de aplicación el artículo 40 de la ley 24.240.

2.2.2.Se queja por cuanto el juzgador consideró probado el defecto de fabricación con base en el dictamen pericial mecánico, sin tener en cuenta las observaciones formuladas por la apelante respecto de dicho dictamen.

Afirma que la falta de respuesta a tales observaciones evidenciaría que la fuerza probatoria del dictamen resulta erosionada por carecer de principios técnicos y fundamentos científicos. Señala que el perito no detalló en modo alguno las operaciones técnicas realizadas ni los principios técnicos en los cuales fundó sus conclusiones, de modo que la atribución de vicios al vehículo carece de respaldo técnico.

Aduce que el perito describió superficialmente lo que observó, del mismo modo que podría hacerlo cualquier persona carente de conocimientos especiales. Asevera que lo constatado por el experto se corresponde con el uso y desgaste normal del vehículo y que no obedece a vicios de fábrica como postulara el actor.

Entiende que la ambigüedad y vaguedad de las opiniones del experto le quitan seriedad a su informe. De modo que el fallo no podría sustentarse válidamente en esa prueba sin incurrir en arbitrariedad.

2.2.3. Expresa que, por las razones expresadas, le causa agravio la condena a la sustitución del vehículo más los gastos, ya que a su entender no resulta de aplicación el artículo 17 de la ley 24.240.

2.2.4. Se queja finalmente por la distribución de las costas. En tal sentido peticiona que, en caso de que la sentencia resulte revocada, se impongan las costas al actor.

3. Sobre la procedencia de los recursos de apelación.

3.1.Liminarmente se advierte que las protestas de las demandadas, mediante las cuales le endilgan al fallo de primera instancia una serie de errores en la valoración de las pruebas y en la aplicación del derecho, intentando imponer su propio punto de vista respecto de las circunstancias fácticas y jurídicas del caso, configuran en rigor una mera discrepancia con la tarea efectuada por el juez anterior, sin entidad de agravio en los términos del artículo 365 del Código Procesal pues no trasuntan un enjuiciamiento crítico, concreto y fundado del razonamiento expresado en la sentencia que ponga en crisis los argumentos allí desarrollados.

Sin perjuicio de ello y a los fines de no generar eventuales cuestionamientos sobre el derecho de postulación, se abordará el tratamiento de las quejas de las apelantes. Los planteos de ambas codemandadas serán tratados conjuntamente teniendo en cuenta los similares contenidos en que se sustentan, poniéndose aquí de relieve que los jueces no están obligados a seguir a las partes en la consideración exhaustiva de todos y cada uno de sus alegaciones y planteos, bastando que lo hagan respecto de aquéllos que se estimen conducentes y decisivos para la correcta composición del litigio (C.S.J.N., Fallos: 300:522 y 1163; 301:602; 302:1191; 307: 2216; 310:1835; 311:836 y 1191; 324:3421; 326:4675; 329:1245, entre muchos otros).

3.2. Está fuera de debate en esta instancia lo expuesto por el a quo con referencia a que en fecha 24.02.2010 el actor adquirió un automóvil nuevo marca Chevrolet modelo Agile. Las apelantes General Motors Argentina S.R.L. y Chevromax S.A. no reniegan de sus respectivas condiciones de fabricante y concesionaria vendedora del vehículo en cuestión. Indudablemente se halla configurada en el caso una relación de consumo que cae bajo el ámbito de aplicación de la ley 24.240 definido en sus artículos 1, 2 y 3 (modif.según ley 26.361).

Tampoco está en discusión, por ausencia de agravios sobre el particular, el hecho constatado por el a quo de que mientras la unidad se encontraba alcanzada por la garantía de buen funcionamiento prevista en el artículo 11 de la ley 24.240, según el plazo convencionalmente pactado, fue ingresada en reiteradas ocasiones al taller de Prost S.A. para la reparación de cierto desperfecto técnico que producía un desvío en la dirección de marcha.

Las apelantes cuestionan la valoración de la prueba efectuada por el a quo y su conclusión acerca del carácter insatisfactorio de las reparaciones efectuadas o, correlativamente, sobre la persistencia del desperfecto y su imputabilidad, pero sin aportar fundamentos suficientes que justifiquen la revisión del fallo.

3.3. Tal como fuera señalado recientemente por esta Sala en un caso análogo y con criterio trasladable al sub iudice (Acuerdo N° 64 del 26.03.2014, causa «Iborras c. Prost S.A. y otra», con voto preopinante del Dr. Ariza), en los supuestos de comercialización de cosas muebles no consumibles, a tenor de la normativa de protección de consumidores aplicable al caso, los vendedores y los fabricantes o productores se encuentran obligados solidariamente (en rigor, de modo concurrente o in solidum) al otorgamiento y cumplimiento de la «ga rantía legal» por defectos o vicios de cualquier índole de la cosa comercializada, como asimismo por su debida reparación en los términos de dicha garantía, debiendo responder ante el consumidor por los daños resultantes del vicio y de las reparaciones eventualmente insatisfactorias (arg. arts.11, 12, 13, 17 y 40, ley 24.240).

Y sólo habrá reparación satisfactoria cuando la cosa reparada reúna las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada (art. art.17, ley 24.240), entendiéndose por «condiciones óptimas» aquellas necesarias para un uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante (cfr.reglamentación del citado artículo 17, según decreto 1.798/94).

Jurisprudencialmente se ha señalado que una reparación es satisfactoria cuando ésta deja al bien de que se trate en un estado idéntico al producto original que normalmente se comercializa, no pudiendo considerarse satisfactoria la reparación si resulta inconducente para solucionar las fallas detectadas (CNCom, Sala D, 12.03.2009, «Giorgi c. Ford Argentina S.A.», L.L. 2009-D-299). Asimismo se ha precisado que las condiciones óptimas de uso normal deben considerarse en función de las legítimas expectativas del adquirente de acuerdo a las circunstancias de cada caso y así, quien compra un automóvil nuevo tendrá legítimamente las expectativas de sus prestaciones y disfrute en las mejores condiciones y no solamente de un uso regular que bien podría brindárselo un vehículo usado (MOISÁ, Benjamín, Garantía por producto defectuoso, L.L.N.O.A. 2012-129; v. tb. C1aCivComLaPlata, Sala III, 29.03.2007, «Hernández c. Ancona S.A.», J.A. 2007-III-237; CCCRos, Sala I, causa «Iborras c. Prost S.A.», cit.).

3.4. Establecido el marco jurídico de la controversia, corresponde pasar revista al conjunto de pruebas cuya valoración en la instancia anterior viene siendo objetada.

Se advierte ante todo que según el informe pericial mecánico practicado en mayo de 2011, de modo cautelar en los autos «Llorens, Alberto c. General Motors Argentina S.R.L. y otra s. Medidas cautelares – Aseguramiento de pruebas» (Exptes.N° 124/11 y 125/11 según numeración del juzgado de origen, agregados por cuerda a los presentes), el perito ingeniero evaluó el comportamiento dinámico del automóvil mediante prueba en ruta a diferentes velocidades de circulación, observando que la unidad mostraba una tendencia permanente a desviar la dirección de avance hacia el lado izquierdo, incluso en sectores de la calzada con pendiente hacia el lado derecho, forzando a una constante corrección de la dirección y generando cierta inestabilidad que se incrementaba a medida que aumentaba la velocidad de circulación.

El perito, mediante una inspección visual, descartó la existencia de impactos o deterioros en los componentes de los trenes delantero y trasero, así como en el mecanismo de dirección, verificando también el correcto inflado de los neumáticos, por lo que estimó que el defecto resultaba atribuible a una alineación incorrecta, sin perjuicio de lo que pudiera determinarse mediante un examen con instrumentos tecnológicos de precisión.

A su vez, a tenor del dictamen pericial practicado en estos autos principales en marzo de 2013 (a fs. 197/200, con aclaraciones y ampliaciones a fs.218/225), el automóvil continuaba mostrándose inestable en su dirección de avance, con tendencia a desviar su línea recta de marcha hacia ambos lados, mayormente el izquierdo, con la consiguiente tirantez del volante de dirección.

En este nuevo peritaje el automóvil fue sometido a un análisis por medio del equipo alineador computarizado instalado en el establecimiento de la concesionaria codemandada:el experto no observó irregularidades en los neumáticos, verificando una correcta calibración y presión de inflado según valores recomendados por la fabricante; tampoco se evidenciaron síntomas de desbalanceo de las ruedas; en cuanto a la alineación, las lecturas de los distintos valores en juego (avance, caída o comba, convergencia) arrojó como resultado que la caída y la convergencia de ambas ruedas delanteras estaban fuera de las especificaciones de fábrica.

Se procedió a la corrección de la convergencia individual y total, pero ello no produjo modificaciones en la marcha del rodado. Por otro lado, no resultó factible la regulación de la comba o caída en razón de las características de fabricación del rodado, siendo tal valor una resultante de la forma, dimensión y ubicación de las piezas de la suspensión delantera (principalmente amortiguador y brazo inferior). Estimó el experto que el reemplazo de las piezas componentes de la suspensión podría introducir modificaciones en los valores de comba, aunque sin garantizar la corrección del defecto. Concluyó que las diferencias de los valores de comba con las especificaciones de fábrica eran la causa de la tendencia al desvío direccional.

El perito mencionó además que el vehículo no presentaba golpes en las llantas, ni deterioros en los flancos y las bandas de rodamiento de los neumáticos; expuso que los roces de escasa profundidad observados en la zona inferior de la puerta y guardabarros trasero derechos, así como en las tazas, carecían de fuerza para afectar las llantas o los ejes, descartando que ello hubiese provocado la desalineación.

3.5.La argumentación de las quejosas referente a supuestas falencias de la prueba pericial no se sustenta más que en sus propias afirmaciones unilaterales, sin respaldo alguno en la opinión de expertos (ni siquiera de sus delegados técnicos) que demuestren que el dictamen pericial se halle reñido con principios lógicos o con máximas de la experiencia o con las circunstancias del caso y, menos aun, en pruebas provistas de mayor eficacia convictiva acerca de la verdad de la cuestión en disputa.

Es que, en primer lugar, a los fines de la elucidación de la cuestión no reviste interés la declaración testimonial de César Aníbal Copparoni, quien dijo ser empleado de la concesionaria demandada, con carácter de jefe de taller, ya que más allá de la cautela con que deben ser apreciadas las declaraciones del dependiente en razón de que su testimonio podría mejorar su situación (ascenso, trato, etc.) o exponerlo a perder el trabajo o a consecuencias adversas, sobre todo si pudiese tener alguna responsabilidad en el hecho sometido a juzgamiento (cfr. FALCÓN, Enrique M., Tratado de la Prueba, T.2, Astrea, 2003, p.324 a 325; CNCiv, Sala A, El Derecho 5-481; CNCiv, Sala D, Jurisprudencia Argentina 1969-II-393; v. tb. de esta Sala, Acuerdo N° 48 del 17.03.2014, causa «Lescano c. Martínez», Acuerdo N° 321 del 16.10.2012, «Castello c. Frontini», entre otros), lo cierto es que el testigo se refirió a las recomendaciones de mantenimiento sobre alineación y balanceo de vehículos en general y expuso diferentes motivos que en abstracto podrían causar desalineación, pero no se expidió puntualmente respecto del problema presentado por el actor ni acerca de las reparaciones efectuadas sobre el vehículo (v. respuestas de fs.152/153 al pliego de preguntas de fs.150), careciendo por tanto de relevancia para contrastar las conclusiones periciales.Tampoco es atendible la alusión a supuestas omisiones del actor con referencia a los servicios programados de mantenimiento y de alineación y balanceo, ya que de las órdenes de reparaciones obrantes en los autos conexos y reconocidas por ambas partes se desprende que el problema en la dirección del automóvil, constatado en ambos peritajes, ya se había manifestado a menos de un mes de su adquisición en condición de cero kilómetro (en fecha 17.03.2010, contando con sólo 514 kilómetros recorridos), reiterándose en las posteriores ocasiones en que, a lo largo de todo el plazo de garantía de post-venta y previo al primer servicio programado, el vehículo ingresó en el taller de la concesionaria para su reparación.

A su vez, la sola afirmación de las apelantes en el sentido de que los defectos constatados por el perito podrían no deberse a un vicio de fabricación del automóvil ni a la ineficacia de las reparaciones efectuadas, sino a un uso desgastante o a vicisitudes propias del tránsito vehicular tales como un pozo, un llantazo, roces contra el cordón, etcétera, no pasan de ser argumentaciones de índole meramente conjetural, abstractas, imprecisas e hipotéticas, carentes de todo respaldo probatorio.

Así pues, ante la falta de prueba que demuestre que el dictamen pericial incurrió en error, las objeciones de las apelantes carecen de entidad para revertir lo decidido en la sentencia recurrida. Se ha expresado reiteradamente, en doctrina aplicable al sub examine, que «habida cuenta de que se trata de la opinión de un técnico supuestamente dotado de los conocimientos científicos necesarios de su profesión, frente al simple disentir de la parte que no aportó los elementos de juicio suficientes para concluir en el error o en el uso inadecuado de esos conocimientos por parte del experto, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponerle elementos de juicio de mayor peso, decidir en base a las conclusiones de la pericial» (v. de esta Sala: Acuerdo N° 321 del 16.10.2012, «Castello c.Frontini», Acuerdo N° 298 del 26.09.2012, «Ibanchi c. Di.P.O.S.»; Acuerdo N° 152 del 29.05.2012, «Giosue c. Bini»; Acuerdo N° 407 del 11.11.2011, causa: «Fernández c. Wulfson», entre otros; cfr. PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 1972, T.IV, p.720; v. tb. CNCiv, Sala F, 05.10.2004, L.L. 2005-A-773; CCCSF, Sala III, Juris 87-356).

3.6. En suma, el problema en la dirección del automóvil presentado por el actor y constatado en ambos peritajes, manifestado desde el tiempo de vigencia la garantía legal, ha persistido pese a las reiteradas ocasiones en que el vehículo ingresó en el taller de la concesionaria para su reparación, no lográndose una solución d efinitiva del problema, por lo que mal podría calificarse a esas reparaciones como satisfactorias de acuerdo con la conceptualización antes expuesta, toda vez que la tendencia del rodado a desplazarse hacia uno u otro lado evidentemente impide su uso normal en condiciones óptimas (cfr. criterio de esta Sala en Acuerdo N° 64 del 26.03.2014, causa «Iborras c. Prost S.A. y otra»).

Configurado entonces el supuesto de reparación insatisfactoria previsto en el artículo 17 de la ley 24.240, se sigue que la norma brinda al consumidor el derecho de optar entre distintas alternativas, entre ellas la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características.

No basta con invocar, como pretenden las apelantes, la atención diligente de los reclamos del actor, pues el servicio de reparaciones contenido en la garantía involucra una obligación de resultado y, si las reparaciones no resultaron satisfactorias, entonces la sustitución del bien aparece como una de las legítimas opciones del perjudicado (art. 17, inc. a, ley 24.240; cfr. CNCom, Sala D, 12.03.2009, «Giorgi c. Ford Argentina S.A.», L.L. 2009-D-299; esta Sala, causa: «Iborras c. Prost S.A.y otra», cit.).

Con respecto a la posibilidad de reemplazar solamente los amortiguadores en lugar de sustituir íntegramente la cosa, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 4° de la reglamentación del artículo 17 de la ley 24.240 según decreto 1.798/94, corresponde señalar que aun soslayando los cuestionamientos que se han hecho en doctrina y en jurisprudencia en torno a la constitucionalidad de dicho tramo de la reglamentación (v. p. ej. MOSSET ITURRASPE, Jorge y WAJNTRAUB, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal Culzoni, 2008, p.143/144; CHAMATROPULOS, Demetrio A., Reparación no satisfactoria y sustitución de la cosa adquirida por otra de ‘idénticas características’, RCyS 2012-III-77; CNCom, Sala D, 12.03.2009, «Giorgi c. Ford Argentina S.A.», L.L. 2009-D-299; CNCom, Sala D, 16.04.2009, «Pereyra c. Fiat Auto Argentina S.A.», D.J. del 30.09.2009, p.2785), lo cierto y concreto es que en el sub iudice la parte interesada no aportó elemento alguno en orden a acreditar siquiera mínimamente su viabilidad en los términos exigidos por la citada normativa reglamentaria, es decir, no demostró que la postulada sustitución de piezas no alterará las cualidades generales de la cosa ni que ésta volverá a ser idónea para el uso al cual estaba destinada sino que, por el contrario, a tenor de la pericial producida en autos no hay certeza de que el reemplazo de los componentes de la suspensión corregirá el defecto.

En resumen, la disconformidad de las apelantes con la conclusión acerca del carácter insatisfactorio de las reparaciones realizadas y con la condena a la fabricante y a la vendedora responsables de la garantía legal a sustituir el rodado, no logra persuadir que el criterio del sentenciante anterior haya sido equivocado o desajustado a derecho.

3.7.Resta señalar que el agravio relativo a la imposición de las costas de primera instancia, en tanto se hallaba subordinado al éxito de las quejas precedentes, debe correr igual suerte que éstas.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, el señor vocal doctor Ariza dijo: Que coincide con lo expuesto por la señora vocal doctora Serra y vota de la misma manera.

Sobre esta segunda cuestión, el señor vocal doctor Silvestri dijo: Que hace suyas las razones expuestas por la señora vocal preopinante y vota en idéntica forma.

Sobre la tercera cuestión, la señora vocal doctora Serra dijo:

En atención al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde desestimar los recursos de nulidad y rechazar los recursos de apelación.

Las costas de esta segunda instancia se impondrán a las recurrentes vencidas (art.251, C.P.C.C.).

Los honorarios profesionales de alzada se fijan en el cincuenta por ciento (50%) de los que en definitiva corresponda regular en primera instancia (art.19, ley 6.767).

Así me expido.

Sobre esta tercera cuestión, el señor vocal doctor Ariza dijo: Que coincide con la resolución propuesta por la señora vocal preopinante, y vota en la misma forma.

Concedida la palabra al señor vocal doctor Silvestri, a esta cuestión dijo: Que concuerda con lo expresado por la señora vocal preopinante y vota en el mismo sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE:

1) Desestimar los recursos de nulidad.

2) Rechazar los recursos de apelación.

3) Imponer las costas de esta segunda instancia a las recurrentes.

4) Regular los honorarios profesionales de alzada en el cincuenta por ciento (50%) de los que en definitiva corresponda regular en primera instancia. Insértese, hágase saber, bajen y tómese nota marginal en el protocolo del juzgado de origen. (Expte. Nro. 13/2014).

mm.

SERRA

ARIZA

SILVESTRI

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