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Se juzga ilegítimo el despido de un trabajador al que no se le imputó falta alguna en la misiva rescisoria

Despido2Partes: Fernández José María c/ Elisabel S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 20-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88805-AR | MJJ88805 | MJJ88805

No corresponde reputar legítimo el despido pues la comunicación extintiva no tiene los elementos suficientes como para que el trabajador ejerciera el debido derecho de defensa.

Sumario:

1.-No corresponde admitir la legitimidad del despido dispuesto por la empleadora habida cuenta que no surge en ningún sentido, del texto de la misiva rescisoria, qué conducta se atribuye al actor que justifique el despido, simplemente, se registra un faltante de caja, por tanto se despide al trabajador.

2.-Toda vez que el despido con causa constituye la expresión máxima del poder disciplinario del empleador, el despido es, entonces, el despido- sanción, en tal inteligencia, participa del requisito esencial de toda penalidad: la existencia de una acción, voluntaria y final atribuible a un sujeto al menos a título de dolo o culpa.

3.-Toda vez que en el caso se trata de imputar un accionar defraudatorio tendiente a sustraer diferencias de facturación mediante un ardid con una impresora, según lo descripto por la demandada, requeriría la comprobación de la existencia del factor de imputación subjetivo doloso, y al no haberlo logrado, corresponde juzgar que el despido resultó ilegítimo.

4.-El despido dispuesto por la demandada resultó ilegítimo puesto que no se puede establecer en el sub lite la existencia de un hecho dañoso tal que haya puesto en peligro un bien jurídico, ya que la escasa descripción y la sencillez del supuesto ardid, es a todas luces una maniobra burda que no logra configurar un riesgo suficiente ni significativo en cuanto al impacto patrimonial que debiera tener para constituir un daño al menos potencia; máxime teniendo en consideración la desproporción existente entre el sujeto pasivo de la acción y el actor.

5.-Si no se demuestra la finalidad, no existe una acción injuriosa y, por ende, no puede existir punición constitucionalmente válida; por lo tanto, de no acreditarse este factor, entra a jugar el estado de inocencia, de raigambre constitucional, que veda todo ejercicio de poder disciplinario de acuerdo al adagio nulla poena sine culpa .

6.-Dado que con los elementos aportados por la comunicación extintiva no bastaría para poder realizar una efectiva defensa toda vez que obsta informar elementos que circunstancien la acusación, -día y horarios en que se hubieran producido los hechos denunciados, montos o cómo se alcanzó la certeza referida a su participación de los mismos o la finalidad del accionar descripto-, e hicieren posible realizar un efectivo descargo, no corresponde reputar legítimo el despido.

7.-Corresponde admitir el pago de la multa del art. 2 de la Ley 25.323 pues si el empleador despide sin causa y no paga las indemnizaciones luego de la intimación se hace deudor de la misma; sin perjuicio de que debe observarse que un despido con falsa causa es un despido sin causa pues la causa a la que se refiere la norma es, precisamente, la causa de justificación del hecho materialmente prohibido por la constitución que es el despido.

8.-Corresponde admitir el daño moral pues se ha colocado al actor en un estado de sospecha ominosa ya que se lo ha vinculado con una situación delictiva sin la más somera invocación de la participación de este en el hecho y ello, en lugar de resguardar al actor lo coloca en un estado agravado de injuria e indefensión ya que ni siquiera sabe de qué está acusado.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 20 días del mes de agosto de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I-Contra la sentencia de fs. 198/200, que rechazó la demanda, apela la parte actora a tenor del memorial que luce a fs. 202/204, cuyo traslado fue contestado por la contraria a fs. 214/216. Asimismo, a fs. 205 y 207/ 208 vta. se quejan la letrada apoderada de la demandada y la perito contadora, respectivamente, por considerar bajos los honorarios regulados por sus participaciones en estas actuaciones.

II-Se queja la actora por considerar errada la sentencia de grado en cuanto entiende que se han cumplido los recaudos previstos por la ley de contrato de trabajo para habilitar un despido con justa causa. Adelanto que, a mi entender, corresponde hacer lugar a la queja.

En primer término, debe precisarse que el despido intentado con relación a la «pérdida de confianza», al tiempo que es una decisión de extinguir el contrato fundado en el incumplimiento de la contraria, es también la máxima expresión del poder disciplinario que la ley acuerda al empleador. Los poderes empresarios de dirección, organización o disciplinarios, exorbitantes al régimen común de los contratos, se alejan del esquema obligacional para manifestarse como la posibilidad de crear normas unilaterales sin intervención del dependiente.

Esta facultad de crear normas que la ley atribuye al empleador no se encuentra seccionada del sistema jurídico general en el que el régimen normativo empresario está inserto. Las normas empresarias deben ser analizadas en cuanto a su validez y eficacia desde el punto de vista del ordenamiento general, de los derechos elementales de los ciudadanos y de las razones tenidas en vista por el legislador para acordar esta potestad normativa al empleador (art.1071 Código Civil).

Por ello, es necesario que el contenido normativo se ajuste a los principios elementales del derecho positivo argentino, en especial los que tienen raigambre constitucional. La legitimidad de origen es solo una de las pautas para determinar si una norma de conducta tiene validez jurídica, es menester analizar su congruencia con el esquema normativo general.

En particular debe señalarse que para nuestro derecho sólo pueden constituirse análisis jurídicos a partir de la existencia de hechos jurídicos, aquello que no es objeto de percepción como el estado subjetivo del demandado no es causa, si bien pueden ser causa los hechos (externos, positivos, perceptibles) que motivan este estado subjetivo. El hecho/causa de la responsabilidad civil (resarcitoria o punitoria) es siempre externo a la subjetividad pues las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados (art. 19, C.N.).

No surge en ningún sentido, del texto de la misiva rescisoria, qué conducta se atribuye al actor que justifique el despido dispuesto por el empleador. Se registra un faltante de caja, por tanto se despide al trabajador.

Aun extremando la amplitud de significado de la expresión «pérdida de confianza», si esta no significa un mero estado subjetivo puede implicar: a) Un estado de sospecha sobre un grupo determinado o indeterminado de personas o; b) una forma de «culpa objetiva» como presupuesto de la punición.

La regla del art. 243 cit. consagra, por una parte, la inalterabilidad de la motivación invocada para legitimar el despido con justa causa derivada de incumplimientos del trabajador, lo que permite juzgar dicha legitimidad con apego a la situación existente al tiempo de la denuncia, y por otra, la predeterminación de la materia sobre la que versará, en caso de controversia, la actividad probatoria.Así, la norma legal aludida establece un régimen marcadamente formal, en resguardo de la buena fe y del derecho de defensa en juicio, por lo que se consideran inoficiosas las enunciaciones ambiguas o amplias, que no permiten conocer con certeza la motivación del empleador y que le posibilitan modificarla al contestar demanda.

En caso que hubiese habido una investigación interna (ver testimonio de García Filho a fs. 121/3), como parecen sugerir las constancias de autos, resulta fundamental para el trabajador efectuar su descargo y demás aclaraciones que estime pertinentes en el transcurso de la misma para, poder contribuir al esclarecimiento de lo investigado. Esto crea la obligación del empleador de respetar el derecho de defensa del dependiente, ya que se pone en movimiento un procedimiento, aunque no sea reglado, en el que el imputado debe ejercer la garantía de defensa conforme todas las disposiciones de derechos humanos previstas en nuestro más alto ordenamiento (arts. 18, 19 y 75, inc. 22, Constitución Nacional y concs. de tratados y convenciones de derechos humanos con jerarquía constitucional). Lo cierto es que se procedió a la máxima sanción, el despido, sin haber pedido un mínimo descargo a su dependiente.

Surge palmariamente de la letra de la comunicación de la demandada una descripción del supuesto procedimiento que se habría orquestado constitutivo de la violación de la confianza mas dichas referencias no se encuentran contextualizadas.Tal como señala el actor en su queja, con los elementos aportados por dicha comunicación, no bastaría para poder realizar una efectiva defensa toda vez que obsta informar elementos que circunstancien la acusación -día y horarios en que se hubieran producido los hechos denunciados, montos o cómo se alcanzó la certeza referida a su participación de los mismos o la finalidad del accionar descripto- e hicieren posible realizar un efectivo descargo.

En este punto es necesario recordar que, en los términos contenidos en nuestra Constitución, en tanto se recepta el Pacto de San José de Costa Rica, la garantía de defensa comprende «.b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente.» (art. 8, P.S.J.C.R.). Dicha garantía, si bien alcanza a la jurisdicción estatal, es también obligación del estado hacerla cumplir por cualquier organización económica en el marco en que se esté siendo observada la conducta de un ciudadano -trabajador dependiente en este caso- e imponiéndose sanciones por la misma, toda vez que la responsabilidad del Estado por el cumplimiento de sus responsabilidades internacionales no se puede agotar en el marco de los trabajadores dependientes de este sino que debe alcanzar a todos los ciudadanos.

Entonces, no puede olvidarse que el despido con causa constituye la expresión máxima del poder disciplinario del empleador. El despido es, entonces, el despido- sanción. En esta inteligencia, participa del requisito esencial de toda penalidad: la existencia de una acción, voluntaria y final atribuible a un sujeto al menos a título de dolo o culpa. En el caso en autos, se trataría de imputar un accionar defraudatorio tendiente a sustraer diferencias de facturación mediante un ardid con una impresora, según lo descripto.Por ende, requeriría la comprobación de la existencia del factor de imputación subjetivo doloso.

Para entender descripta la acción que sea capaz de afectar propiamente un bien jurídico debe representarse la existencia de un daño real y material causado por una acción realizada con dicha finalidad. Lo cierto es que no se puede establecer en el sub lite la existencia de un hecho dañoso tal que haya puesto en peligro un bien jurídico. Según la escasa descripción y la sencillez del supuesto ardid, es a todas luces una maniobra burda que no logra configurar un riesgo suficiente ni significativo en cuanto al impacto patrimonial -el cual tampoco se hubo invocado suficientemente- que debiera tener para constituir un daño al menos potencial, máxime teniendo en consideración la desproporción existente entre el sujeto pasivo de la acción y Fernández.

Si no se demuestra la finalidad, no existe una acción injuriosa y, por ende, no puede existir punición constitucionalmente válida. De no acreditarse este factor, entra a jugar el estado de inocencia, de raigambre constitucional, que veda todo ejercicio de poder disciplinario de acuerdo al adagio «nulla poena sine culpa».

Es necesario que se encuentre demostrada al menos una acción imputable a título de culpa pues no es posible sancionar por la duda o mera sospecha, aun así esta duda o sospecha fuera razonable. Desde esta perspectiva entonces, y ateniéndonos a la norma del art. 243 RCT, la aplicación de la máxima sanción disciplinaria por un estado de duda o por una culpa objetiva contraviene las bases mismas del sistema constitucional argentino.

Por lo expuesto, considero que corresponde dejar sin efecto lo resuelto en primera instancia y hacer lugar al reclamo de la actora en cuanto se consideró despedida en los términos del art. 242, L.C.T. tornando operativas las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245, L.C.T.(t.o.).

III-Si el empleador despide sin causa y no paga las indemnizaciones luego de la intimación se hace deudor de la multa del artículo 2 de la ley 25.323, debe observarse que un despido con falsa causa es un despido sin causa pues la causa a la que se refiere la norma es, precisamente, la causa de justificación del hecho materialmente prohibido por la constitución que es el despido. Del mismo modo, cuando el empleador, como en el caso, provoca la situación de despido, no admitir la procedencia del reclamo importaría la forma velada de cohonestar la conducta punida que consiste en despedir sin pagar lo adeudado.

IV-En cuanto al daño moral no se puede sino hacer lugar a la queja en tanto se ha colocado al actor en un estado de sospecha ominosa. Se lo ha vinculado con una situación delictiva sin la más somera invoc ación de la participación de este en el hecho. Ello, en lugar de resguardar al actor lo coloca en un estado agravado de injuria e indefensión ya que ni siquiera sabe de qué está acusado.

El cuadro descripto constituye una ilicitud escindible del mero incumplimiento contractual, por lo que su sanción jurídica no se agota con la indemnización prevista en el art. 245, L.C.T. (t.o.), y genera el derecho de Fernández a la reparación del daño moral pertinente ante las evidentes angustias y padecimientos derivados de la inconducta del empleador y las angustias de la referida indefensión (conf. arts. 522 y concs., C. Civ.).

Por las razones expuestas, sugiero la imposición de una condena en este sentido por la suma de solicitada en el escrito de demanda (fs. 18 vta./19) que deberá adicionarse al monto total toda vez que.

V-Corresponderá, pues, practicar la liquidación correspondiente por las indemnizaciones devengadas del despido producido tomando como base de cálculo la mejor remuneración normal y habitual que arroja el peritaje contable (v. fs.85) -$ 3.396,22.-

De lo anterior se desprende que el monto de condena adeudado a la actora será de $ 14.824,49.- suma que llevará intereses calculados desde que cada suma es debida hasta el efectivo pago la tasa de interés establecida en Acta CNAT 2601.

VI-De suscitar adhesión mi voto, deberá dejarse sin efecto lo decidido en primera instancia en materia de costas y honorarios para adecuarlo al nuevo resultado del pleito (cfr. art. 279 CPCCN), por lo que devienen abstractos los recursos impetrados al respecto.

Con relación a las costas considero que, teniendo en cuenta el resultado del recurso, las costas de ambas instancias se deben imponer a cargo de la demandada (conf. arts. 68 y 71 C.P.C.C.N. y 155, L.O.9).

En cuanto a los honorarios correspondientes a las representaciones y patrocinios letrados de parte actora, parte demandada y perito contador por las labores llevadas a cabo en primera instancia, propongo regular sus honorarios en el 16%, 11% y 6%, respectivamente (conf. arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39, 47 y concs. ley 21.839; 3 y 12 del dec. ley 16.638/57).

Los correspondientes a los trabajos llevados a cabo ante esta alzada propongo que se regulen para la representación letrada de la actora y las codemandadas en el 25 % de lo que les corresponda por la instancia anterior (cfr. art. 14, ley citada).

El DOCTOR OSCAR ZAS manifestó:

I)- Por análogos fundamentos adhiero al primer voto en todas aquellas cuestiones relacionadas con la desvinculación del actor -puntualmente en lo relativo a la falta de precisión y circunstanciación suficientes respecto de la causa invocada para despedir, en orden a lo dispuesto por el art. 243 RCT (t.o.)- y conceptos y montos que se difirieron a condena, sin perjuicio de las aclaraciones que a continuación señalo.

II)- En primer lugar, considero pertinente efectuar una aclaración con respecto a la condena a abonar la multa contemplada por el art.2 de la ley 25.323, en el sentido de que corresponde confirmar lo decidido en la instancia anterior, en tanto el actor cumplió con la intimación prevista en la norma.

En efecto, de la pieza postal del 26 de junio de 2009, TCL 784396662, CD 79896635 (ver fs. 16, in fine), respondida por la demandada según se desprende del texto de la comunicación que ella le remitiera al actor el 30/06/2009, surge demostrado que el Sr. Fernández, luego de rechazar el despido dispuesto por la empleadora, la intimó

-entre otras cosas- para que le abone las indemnizaciones por antigüedad, preaviso, SAC sobre el preaviso, integración del mes de despido.

En lo que respecta al daño moral diré que la actitud de la demandada de colocar al actor en una situación de sospecha en tanto se lo pretendió involucrar directa o indirectamente en un accionar delictivo, constituye una vulneración al derecho a la dignidad y honra del trabajador imputable a aquélla, y conlleva el derecho del actor a la reparación del daño moral sufrido (conf. arts. 62, 63, 68 y concs., L.C.T. -t.o.-; 522, 1.113, párr. 1º y concs., C. Civ.).

III)- En lo atinente al cálculo de los intereses, propongo que al capital indicado en el primer voto se le aplique la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, conforme lo dispuesto por la Resolución 2601, de la C.N.A.T. de fecha 21 de mayo de 2014.

IV)- Con la precisión señalada, en lo demás adhiero al voto de mi colega preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE : 1) Revocar la sentencia de primera instancia, hacer lugar a la demanda y condenar a ELISABEL S.R.L. a pagar a José María Fernández la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($14.824,49.-), estableciendo la tasa de interés conforme indica el primer voto. 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada. 3) Dejar sin efecto la regulación de honorarios dispuesta en grado. 4) Regular los honorarios de las representaciones y patrocinios letrados de la actora, la demandada y los del perito contador, por las tareas desarrolladas en primera instancia, en el 16%, 11 % y 6%, respectivamente, del monto de condena con intereses. 5) Por los trabajos de alzada regúlense los honorarios conforme se propone en el primer voto del presente acuerdo. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Conste que la vocalía 1 se encuentra vacante (art.109 R.J.N.) Enrique Nestor Arias Gibert

Juez de Cámara

Oscar Zas

Juez de Cámara

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