Extienden la responsabilidad al presidente de una empresa por las deficiencias registrales de un dependiente

CertificadoPartes: Pracanica Verónica Yamile c/ Empresa Distribuidora Sur S.A. EDESUR S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 25-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89112-AR | MJJ89112 | MJJ89112

Existió continuidad de prestación de servicios con posterioridad al acuerdo de extinción, pues inmediatamente después de suscripto, las partes mantuvieron la relación de trabajo con otra denominación pero con las mismas notas de ajenidad, dependencia, onerosidad de los servicios prestados.

Sumario:

1.-Corresponde admitir que existió continuidad de prestación de servicios con posterioridad al acuerdo de extinción por muto acuerdo suscripto entre las partes, pues inmediatamente después de suscripto mantuvieron la relación de trabajo, -aunque formalmente a través de una modalidad diferente-, lo que torna operativa la presunción establecida en el art. 23 de la LCT., que determina la existencia de una relación laboral de carácter dependiente entre las partes.

2.-Cabe admitir que con posterioridad al acuerdo extintivo la actora continuó desempeñándose para la demandada en forma subordinada, tal como lo había hecho hasta ese momento, sin que el mencionado acuerdo celebrado por escritura pública alcance a modificar dicha conclusión toda vez que fue una exigencia formal que pretendió soslayar la aplicación de normas laborales que resultan irrenunciables (conf. art. 12 , LCT.).

3.-No habiéndose acreditado una vinculación independiente ni una organización propia de la accionante con medios materiales o recursos humanos de su propio manejo y, con fundamento en el art. 23, LCT., corresponde admitir la continuidad de la prestación de servicios de la actora de manera dependiente desde la firma del acuerdo extintivo en adelante (cfr. art. 21 LCT.); máxime teniendo en cuenta que continuaron las notas de ajenidad, dependencia, onerosidad de los servicios de la actora y el carácter personal e infungible de estos últimos para la configuración del contrato y la relación de trabajo en los términos de los arts. 21 y 22 de la LCT.

4.-El desconocimiento expreso formulado por la demandada ante la intimación cursada por la actora para que la registraran debidamente constituyó injuria suficiente -en los términos del art. 242 LCT.- que legitimaron la decisión de la demandante de considerarse despedida, por lo que corresponde viabilizar la acción respecto a las indemnizaciones previstas en los arts. 232 , 233 y 245 LCT., 2º de la Ley 25.323 y multas arts. 8 y 15 LNE.

5.-Si bien la accionante era abogada de la empresa demandada, no se encontraba comprendida dentro de la excepción del art. 3 inc. a) de la Ley 11.544 (en su redacción anterior a la modificación introducida por la Ley 26.597 ) ya que no revestía un cargo jerárquico dentro de la empresa, ni tenía personal a su cargo, por lo que las horas extras son procedentes.

6.-La doctrina fijada por el más Alto Tribunal en el caso Vizzoti resulta aplicable al presente caso, puesto que no resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el párr. 1º del art. 245 LCT pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de sus párrs. 2º y 3º.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 25 días del mes de septiembre de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y El DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I.Contra la sentencia de fs. 635/652, que rechazó la demanda, interponen recurso de apelación ambas partes a tenor de los memoriales que lucen a fs. 653/674 (actora) y 680/vta. (demandada), que mereciera réplica de la contraria a fs. 684/685 y 689/694 vta.

A fs. 682, la perito contadora apela los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajos.

II.En el caso, arriba cuestionada la decisión de grado que consideró que la relación laboral se extinguió de mutuo acuerdo el 30/6/08, cuando la accionante suscribió su desvinculación por escritura pública en los términos del art. 241, L.C.T., sin perjuicio que continuara prestando idénticas funciones para Edesur -aunque bajo una figura diferente a la que venía manteniendo- y que la jueza calificara como “.un reconocimiento de la empresa a la excelente labor que hasta la culminación de la relación laboral, obligada, desempeñaran los integrantes del área legal, entre ellos la actora.”.

Disconforme con tal conclusión apela la parte actora quien sostiene que la sentenciante de grado no tuvo en cuenta el hecho probado de la continuidad de la relación de trabajo después de la suscripción del acuerdo extintivo en los términos del art. 241, L.C.T. Entiende la apelante que resulta indispensable dilucidar la naturaleza de la actividad de la accionante desde el 30/6/08 al 16/6/10 en cuanto a su carácter dependiente, en los términos de la L.C.T., con respecto a Edesur S.A.

Adelanto que el planteo recursivo de la parte actora, en mi opinión, debe tener favorable recepción. Me explicaré.

La jueza de grado señaló que:”.el examen de los relatos supra aludidos evidencian claridad y concordancia, en lo relativo a que la actora, y un grupo de abogados que se desempeñaban bajo relación de dependencia de la demandada en la sede sita en San José 140 fueron desvinculados a través de la exigencia por parte de la demandada de la suscripción de un retiro voluntario con fundamento en que la empresa debía cumplir con ciertos “ratios”, en materia de cantidad de personal que le fijaba su controlante Endesa de España . También está eficazmente demostrado que la totalidad del personal así desvinculado continuó prestando idénticas tareas, con mobiliario y muebles de propiedad de Edesur en las oficinas sitas en la calle Paraná, desempeñando tareas en forma exclusiva para la misma, bajo su dirección y vigilancia, novándose la forma de abonar la retribución que pasó de depósito bancario a emisión de cheques a favor de la doctora Ciancio quien a su vez participaba a los abogados, entre ellos la actora. No se discute que la actora se desempeñó para la demandada realizando tareas como abogada en el área laboral; probado está que detentó la calidad de gerenta; esto le permitía, entre otros actos, absolver posiciones, conciliar juicios hasta un millón de pesos sin previa autorización, contestar demanda en representación de la empresa. En tal orden de ideas el ofrecimiento que se formulara a tal área de continuar desempeñando las mismas tareas, con exclusividad en vez de contratar los servicios de un estudio jurídico, estimo, un reconocimiento de la empresa a la excelente labor que hasta la culminación de la relación laboral, obligada, desempeñaran los integrantes del área legal, entre ellos la actora, y fue por esa razón que se propuso permitirles continuar con las mismas tareas bajo una figura diferente a la que venían manteniendo hasta la desvinculación.”(fs.649/650).

Sentado ello, no comparto la conclusión arribada en grado pues considero que ha sido acreditado con suficientes argumentos fácticos y jurídicos el hecho de la continuidad de prestación de servicios de la demandante para la demandada con posterioridad al acuerdo suscripto el 24/6/08 (v. fs. 43/45), que torna operativa en el caso la presunción establecida en el art. 23 de la L.C.T., que determina la existencia de una relación laboral de carácter dependiente entre las partes.

En efecto, encuentro demostrado que inmediatamente después de suscripto el mencionado acuerdo extintivo, ambas partes mantuvieron la relación de trabajo, aunque formalmente a través de una modalidad diferente a la anterior (v. fs. 55/84).

Ello también resulta ratificado por los testimonios brindados en autos quienes fueron contestes en manifestar que, si bien en julio de 2008 la sede de la gerencia de legales se trasladó a la calle Paraná 257, de hecho no cambió nada y los profesionales siguieron haciendo las mismas tareas, con los mismos jefes, las mismas herramientas de trabajo y los mismos poderes, aunque previo a la mudanza los intimaron a presentarse en la oficina de recursos humanos para firmar una gratificación o, en caso contrario, tenían que irse (v. testimonios de Gil a fs. 577/579, Pandiani a fs. 581/582, Fudim a fs. 583/586, Garone a fs. 587/589, González a fs. 592/593 y Guala a fs. 594/595)

Por otra parte, surge de la presentación de la tercera citada Cristina Carmen Ciancio (v. fs. 210/221) que Edesur S.A. le impuso la nómina de empleados a transferirse externamente, que era la totalidad del departamento contencioso de dicha empresa y que la misma empresa organizó la mudanza a las oficinas de Paraná 257 y continuó controlando la actividad realizada en dicho estudio (v. fs. 212, párrafos tercero y cuarto).

El análisis precedentemente efectuado genera, a mi criterio, la convicción de que la Dra.Pracanica, con posterioridad al 30/6/08, continuó desempeñándose para la demandada en forma subordinada, tal como lo había hecho hasta ese momento, sin que el mencionado acuerdo celebrado por escritura pública alcance a modificar dicha conclusión toda vez que fue una exigencia formal que pretendió soslayar la aplicación de normas laborales que resultan irrenunciables (conf. art. 12, L.C.T.).

En esas condiciones, y no habiéndose acreditado una vinculación independiente ni una organización propia de la accionante con medios materiales o recursos humanos de su propio manejo y, con fundamento en el art. 23, L.C.T., encuentro probada la continuidad de la prestación de servicios de la actora de manera dependiente desde julio de 2008 en adelante (cfr. art. 21 L.C.T.).

Debe tenerse presente también que continuaron las notas de ajenidad, dependencia, onerosidad de los servicios de la actora y el carácter personal e infungible de estos últimos para la configuración del contrato y la relación de trabajo en los términos de los arts. 21 y 22 de la L.C.T.

Por tal motivo, arribo a la conclusión de que desde julio de 2008 la accionante continuó desempeñándose subordinadamente para Edesur S.A. aunque prestando tareas en otro lugar físico hasta junio de 2010 cuando, ante la negativa injustificada de la demandada a regularizar el vínculo, se consideró en situación de despido.

En ese contexto, no coincido con el criterio adoptado por la sentenciante de grado respecto a las circunstancias ocurridas con posterioridad a junio de 2008, por lo que propiciaré revocar la decisión de grado y admitir la queja de la parte actora.

Por dicha razón, el desconocimiento expreso formulado por la accionada ante la intimación cursada por la actora (v. intercambio telegráfico transcripto a fs. 7/11) constituyó injuria suficiente -en los términos del art. 242 L.C.T.- que legitimaron la decisión de la demandante de considerarse despedida, por lo que corresponde viabilizar la acción respecto a las indemnizaciones previstas en los arts.232, 233 y 245 L.C.T., 2º de la ley 25.323 y multas arts. 8 y 15 L.N.E., como así también los salarios de mayo y junio de 2010 cuyo pago en legal forma no surge acreditado.

III) En el presente caso, la demandante reclama, entre otros rubros: “SAC período no prescripto”, “Bono Anual período”, “vacaciones período”, “horas extras impagas” que calcula por 24 meses, “matrículas profesionales CALZ (08- 09- 10)”, “aportes caja de abogados Pcia. Bs.As.” y diferencias salariales por categoría laboral que revestía (v. fs. 17 vta./18 vta.). Por otra parte, la accionada interpuso excepción de prescripción -a todo evento- por entender que la demandante no indicó, en ningún caso, a qué períodos concretos correspondía lo reclamado (v. fs. 113).

En virtud de ello, la interpelación emitida por la accionante el 4/6/10 (ver transcripción a fs. 7vta./8, reconocida a fs. 92 vta.) produjo en el sub lite la suspensión de la prescripción por un año (conf. arts. 3986, párr. 2º, C. Civ.) por lo que el plazo de suspensión comenzó el 4/6/10. En ese contexto, teniendo en cuenta que la demanda que dio origen a este litigio fue iniciada el 29/12/10 (v. cargo mecánico inserto a fs. 21 vta.) considero que, en virtud de la mencionada interpelación telegráfica del 4/6/10, se encuentran prescriptos los créditos salariales anteriores al 4/6/08 toda vez que transcurrió el plazo de dos años establecido en el art. 256, L.C.T. (t.o.).

IV.De acuerdo a las tareas profesionales desarrolladas por la accionante y los importes que surgen de fs. 359/379 (v. informe del Banco Galicia a fs. 331/380), encuentro atendible la remuneración denunciada al inicio ($ 11.500, v. fs. 17 vta., conf. arts. 55 y 56, L.C.T. -t.o.- y 56, L.O.).

En cuanto al reclamo por horas extras, la accionante explicó haber trabajado de lunes a viernes de 8 a 19 (v. fs.4 vta. y 12 vta.) y que, de esa forma, realizaba tres horas extras diarias. La accionada sostuvo que la actora, por su condición de abogada, se encontraba excluida de la normativa sobre jornada de trabajo (v. fs. 103 vta.)

Del análisis de las constancias de la causa, considero que resulta procedente el reclamo por horas extras. Me explico.

La testigo Gil (fs. 577/579) afirmó que era compañera de trabajo de la actora, la veía todos los dí as, y que tenían una jornada laboral desde las 8 hasta que terminaba, podía ser 19, 20 ó 21. Fudim (fs. 583/586) señaló que el horario de trabajo de la actora era el mismo en ambas sedes, desde la apertura de Tribunales a las 7.30, donde la veía, hasta habitualmente 19.30 ó 20 cuando salían todos juntos de la oficina. Por su parte, Garone (fs. 587/589) declaró al respecto que el horario de trabajo durante toda la relación laboral fue de 8 a 19.30 ó 20 y le constaba porque la veía en Tribunales y hacía las mismas tareas que la accionante. González (fs. 492/493) dijo que tanto en las oficinas de la calle San José como en las de Paraná trabajaban de 9 a 19. A su vez, el testigo Guala (fs. 594/595) señaló respecto al horario que comenzaban la actividad tribunalicia en las primeras horas de la mañana y luego continuaban en horarios que variaban entre las 19 y las 21.

Por otro lado, la accionante no se encontraba comprendida dentro de la excepción del art. 3 inc. a) de la ley 11.544 (en su redacción anterior a la modificación introducida por la ley 26.597), como sostuvo la demandada (v. fs.103 vta.) ya que no revestía un cargo jerárquico dentro de la empresa, ni tenía personal a su cargo.

Las declaraciones reseñadas precedentemente son coherentes y convincentes, porque basan sus dichos en un conocimiento directo de los hechos sobre los que deponen, y permiten demostrar el horario de trabajo denunciado en el inicio (conf. arts. 386, C.P.C.C.N.; 90 y 155, L.O.).

Por otra parte, aunque la demandada negó el horario de trabajo invocado al demandar (ver negativas a fs. 90 vta.), no dijo cuál era, según su postura, el efectivamente desempeñado por la accionante y esa omisión -ante la existencia de un reclamo con dicho sustento- verifica un incumplimiento de la parte a la carga que impone el art. 356 inc. 2º del código procesal en cuanto exige que en la contestación de demanda se expliciten claramente los presupuestos fácticos de la defensa.

Consecuentemente, haciendo un análisis integral y conjunto de los elementos de prueba existentes en la causa y de las posturas asumidas en juicio por los litigantes, considero que se ha evidenciado que la jornada de la actora coincide esencialmente con la denunciada en el escrito de inicio (de 8 a 19, v. fs. 4 vta.).

De acuerdo a lo expuesto, encuentro demostrado que el actor cumplía 2 horas extras diarias, a razón de 44 horas extras mensuales al 50% por lo que, de prosperar mi voto, será admitido el reclamo por la suma de $ 91.080 ($ 11.500 / 200 = $ 57,50 + 50% valor hora extra = $ 86,25 x 44 horas mensuales = $ 3.795 x 24 meses).

También considero atendible el reclamo por el bono anual que, de acuerdo a lo informado por la perito contadora (v. fs. 437/438), también era abonado a la actora. En consecuencia, propiciaré admitir el bono anual 2009 y 2010 de acuerdo al cálculo efectuado a fs. 451 ($ 16.215).

En cuanto al reclamo de la multa dispuesta por el art.80, LCT encuentro admisible el mismo por las razones que seguidamente expondré. De acuerdo al requerimiento efectuado -a tal efecto- por la actora el 18/6/10 (v. transcripción a fs. 9/vta.), a fin que le entreguen los certificados previstos por el art. 80, L.C.T., el reclamo debe admitirse porque no encuentro que la accionada haya puesto a disposición de la trabajadora tales certificados ni que los consignara judicialmente (conf. art. 756, C. Civil) y los acompañados al responder la acción (v. fs. 85/88) no reflejan las verdaderas circunstancias de la relación laboral. Por tal motivo, y conforme a las razones expuestas, propicio declarar la procedencia de la multa dispuesta por el art. 80 L.C.T.

Por el contrario, no encuentro admisible el reclamo por diferencias salariales respecto al cargo de gerente. Ello así, por cuanto la parte actora no formula cuestionamiento alguno respecto a las consideraciones de la magistrada de grado relativas al cumplimiento de funciones como Abogada del área laboral y que la condición de gerente fue otorgada para absolver posiciones y conciliar juicios hasta un millón de pesos, sin autorización previa. Tampoco admitiré el reclamo por los importes correspondientes a la matrícula profesional y los aportes a la caja de abogados de la prov. de Buenos Aires toda vez que advierto que la pretensión de la demandante, en este aspecto, no encuentra sustento normativo y la sola mención que la empleadora se encargaba de abonarlo no alcanza para viabilizar el mismo.

V.De acuerdo a lo dicho, el importe de la remuneración mensual, normal y habitual de la actora -incluyendo horas extras- alcanza a $ 15.295 ($ 11.500 + 3.795).

A su vez, a los fines previstos por el art. 245, L.C.T. corresponde expedirse respecto del planteo de inconstitucionalidad del tope previsto en la referida norma, formulado por la parte actora a fs.14/15 de su escrito de demanda, expresando que sin perjuicio de la aplicación al sub lite de la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el fallo “Vizzoti” se debería estimar el total de la mejor remuneración normal y habitual de la actora, pretensión que fue replicada por la accionada en los términos que lucen a fs. 110/111 vta. de su escrito de responde.

Considero viable el planteo de inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 245 LCT que formula la parte actora en la demanda. Me explico.

El tope de la base remuneratoria para el cálculo de la indemnización por antigüedad asciende a $ 9.502,86 (conf. res. ST 947/08 y C.C.T. 725/05 “E”, aplicable al sub lite, invocado por la actora a fs. 25 y por la accionada, v. fs. 110 vta.).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado: “.Que, por cierto, dadas las características del régimen en debate, no todo apartamiento por parte de éste de los aspectos de la realidad a los que remite, justificaría el reproche constitucional. Si es válido como principio, de acuerdo con lo ya expresado, que la indemnización por despido sin justa causa, i.e., sin admitir prueba de los daños en más o en menos, también lo será, con análogos alcances, que aquélla someta la evaluación de los elementos determinantes de la reparación a ciertos límites cuantitativos.”

“.es cuestión, entonces, de establecer un criterio que, sin desconocer el margen de apreciación del legislador -y los equilibrios, balances y objetivos que motivaron a éste-, señale los límites que impone a todo ello la Constitución Nacional mediante las exigencias de su art. 14 bis: “el trabajo (.) gozará de la protección de las leyes”, y éstas “asegurarán al trabajador (.) protección contra el despido arbitrario”. Máxime cuando su art.28 enuncia el principio de supremacía de aquélla, al disponer, claramente, que “.los principios, garantías y derechos” reconocidos constitucionalmente, `no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.”.

“.Asimismo, los derechos constitucionales tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia constitución. De lo contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que, a la par, echaría por tierra el mentado control: que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, lo que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último.”

“.Que el art. 14 bis, cabe subrayarlo, impone un particular enfoque para el control de constitucionalidad. En efecto, en la relación y contrato de trabajo se ponen en juego, en lo que atañe a intereses particulares, tanto los del trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos debe ser descuidado por las leyes. Sin embargo, lo determinante es que, desde el ángulo constitucional, el primero es sujeto de preferente tutela, tal como se sigue de los pasajes del art. 14 bis anteriormente transcriptos, así como de los restantes derechos del trabajador contenidos en esta cláusula.”

“Más aún. Al doble orden de exigencias mencionadas en el segundo párrafo del precedente considerando, corresponde añadir un tercero, puesto que, cuando el art. 14 bis dispone que las leyes “asegurarán: condiciones (.) equitativas de labor” (itálica agregada) enuncia un mandato que traspasa este último marco. Al modo de un común denominador, se proyecta sobre todos los restantes contenidos de la norma que, sin perder su identidad y autonomía, también son susceptibles de integrar el concepto de condiciones de labor. Entre ellos se incluye, sin esfuerzos, la protección contra el despido arbitrario. Y “equitativo”, en este contexto significa justo en el caso concreto.”

“.Que sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art.14 bis, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (art. 75 inc. 22 CN). Son pruebas elocuentes de ello la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 7), a lo que deben agregarse los instrumentos especializados, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 32).”.

“.En consecuencia, a juicio de esta Corte, no resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el párr. 1º del citado art. 245 LCT, vale decir, “la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”, pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de sus párrs. 2º y 3º. De acuerdo con ellos, dicha remuneración no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas e n el convenio colectivo de trabajo aplicable. Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje (Fallos 209:114, 125/126 y 210:310, 320, consid. 6, entre muchos otros).”

“Permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el citado art. 14 bis, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor.Significaría, asimismo, un olvido del citado art. 28 CN.”

“.La razonable proporción que, según el tribunal, debe guardar la base salarial de la indemnización por despido sin justa causa con la mejor remuneración mensual normal y habitual computable, toma en cuenta que esta última, por resultar la contraprestación del empleador por los servicios del trabajador, pone de manifiesto, a su vez, la medida en que aquél, en términos económicos, reconoció y evaluó los frutos o beneficios que éste le proporcionó con su labor subordinada. Dicho salario, para el empleador, justipreció el esfuerzo y la importancia de las tareas desarrolladas por el dependiente, y se adecuó a las posibilidades económicas y al rendimiento que estimó al contratarlo o promoverlo.”

“.Que, esta Corte ha establecido que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional `cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad.” (cfr. C.S.J.N., 14/09/2004, Vizzoti, Carlos A. c/AMSA S.A.).

Por tales consideraciones, estimo que la doctrina fijada por nuestro más Alto Tribunal en el caso “Vizzoti” resulta aplicable al presente caso. Conforme las pautas de este fallo corresponde aplicar una limitación a la base salarial prevista en los párrs. 2º y 3º de la norma citada pero sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable.

De ahí que la remuneración que debe tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización por antigüedad asciende a $ 10.247,65 ($ 15.295 x 67%), por lo que el capital de condena será de $ 834.221,82 (indemnización por antigüedad ($ 10.247,65 x 16) $ 163.962,40 + indemnización sust. preaviso $ 30.590 + sac s/ preaviso $ 2.549,16 + integración mes de despido $ 6.118 + sac s/ integración $ 509,83 + salarios mayo 2010 $ 15.295 + salarios junio 2010 $ 9.177 + SAC 2º 2008 $ 7.647,50 + SAC 2009 $ 15.295 + SAC prop.1º 2010 $ 7.039,89 + bono anual 2009 $16.215 + bono anual 2010 $ 16.215 + vacaciones prop. 2010 $ 8.565,20 + sac s/ vacaciones $ 713,76 + horas extras $ 91.080 + multa art. 8, LNE $ 91.770 + multa art. 15, LNE $ 203.729,39 + multa art. 2 ley 25.323 $ 101.864,69 + multa art. 80, LCT $ 45.885), el que devengará intereses a la tasa establecida mediante el Acta 2601 CNAT del 21/5/14, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago.

VI.Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las restantes apelaciones al respecto.

En virtud de que en materia laboral no debe seguirse un criterio meramente aritmético sino jurídico, y conforme los términos en que fue trabado y resuelto el litigio, sugiero imponer las costas en ambas instancias a cargo de la demandada (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, así como lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes (arts. 38 de la ley 18.345, 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y art. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57) propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia a la representación y patrocinio de la parte actora, de la demandada, de la tercero citada y de la perito contadora en el 16%, 11%, 9% y 5%, respectivamente, a calcular sobre el capital de condena más intereses.

VI. Sugiero regular los honorarios a los profesionales actuantes en la alzada por la parte actora y demandada en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que le corresponda percibir a cada una de las representaciones letradas por su actuación en la anterior instancia (conf. art.14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT dijo:

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del Dr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE : 1) Revocar la sentencia de primera instancia y condenar a la demandada EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.) a abonar a VERÓNICA YAMILE PRACANICA la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 834.221,82.-) con más los intereses dispuestos en el primer voto. 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior. 3) Imponer las costas y regular los honorarios de los letrados intervinientes conforme lo propuesto en los puntos V y VI del primer voto. 4) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109, RJN).

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

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