fbpx

Despiden por pérdida de confianza a empleado de un banco que daba de alta cuentas no solicitadas por los clientes

shutterstock_186823811 (1)Partes: Maya Cándida Mirta c/ HSBC BANK Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 14-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-88280-AR | MJJ88280 | MJJ88280

Resulta justificado el despido por pérdida de confianza respecto de un trabajador que dio de alta pólizas que no habían sido contratadas por los clientes de la entidad bancaria.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por despido y en consecuencia las sumas en concepto de indemnización dado que no existe controversia en relación a que el despido de la actora se materializó a través de acta notarial motivada en pérdida de confianza pues la trabajadora mostró un proceder que dañaba seriamente a la compañía frente a los clientes y configuró grave injuria laboral que impidió la prosecución del vínculo.

2.-Existió pérdida de confianza que motivó el despido dispuesto por la empleadora dado que quedó acreditado a través de una investigación interna que la actora en varias oportunidades dio de alta pólizas que no habían sido contratadas por los clientes del banco.

3.-Puesto que de la prueba documental reconocida por la parte actora, surge que ella ha intervenido en el evento investigado por la empleadora, -dar de altas pólizas que no han sido contratadas por los clientes del banco-, cabe rechazar la demanda y tener por justificado el despido.

4.-Toda vez que los clientes cuestionados informaron que no solicitaron el alta de las pólizas de seguros de vida que fueron generados por la actora, y sumado al reconocimiento que la propia actora hace de la investigación interna del banco, el despido dispuesto por la demandada luce ajustado a derecho y las indemnizaciones reclamadas deben rechazarse.

5.-La defensa que esboza la actora a los fines de justificar su accionar consistente en que se vio obligada a efectuar el alta de los productos porque recibía presión de sus superiores, no resulta suficiente a los fines de justificar su incumplimiento laboral; máxime dada la función y antigüedad en la empresa, ya que no podía desconocer el procedimiento en cuestión, que resultaba por lo menos irregular y que provocaba perjuicio directo de los clientes de la institución y por consiguiente, la imagen del banco.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar el recurso deducido en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia (fs. 229/231 vta.) que hizo lugar al reclamo incoado se alza la parte demandada a mérito del memorial obrante a fs. 237/239 replicado por la actora a fs. 241/242 y estimo que le asiste razón en el planteo que efectúa por los argumentos que paso a explicar.

II. No existe controversia en relación a que el despido de la actora se materializó a través del acta notarial del día 25/08/09 por pérdida de confianza a través de la cual la demandada alegó que la trabajadora mostró un proceder que dañaba seriamente a la compañía frente a los clientes y configuró grave injuria laboral que impidió la prosecución del vínculo pues, luego de efectuar una investigación interna se comprobó que en cuatro oportunidades dio de alta pólizas que no habían sido contratadas por los clientes del banco (ver sobre que obra a fs. 72).

La actora rechazó la imputación que le hizo la demandada explicando que las operaciones en las que intervino para la contratación de los seguros en cuestión se efectuaron con el debido respaldo documental y/o el consentimiento del cliente del banco (ver fs.16).

En cuanto al procedimiento para el alta de las pólizas explicó la trabajadora que los datos de los clientes eran ingresados en una computadora mediante el sistema DMS y enviados a la sede central del banco siendo, más tarde, remitida por correo la documentación respaldatoria, esto es, los contratos de los clientes desde la sucursal de Lanús hasta la sede central en C.A.B.A.También explicó que luego de este procedimiento se emitía la póliza que era enviada al domicilio que había denunciado el cliente en el contrato.

El análisis de la prueba obrante en la causa, en particular la documental obrante a fs. 89 cuya existencia es reconocida por la actora (ver fs. 129), da cuenta de que habría intervenido en un evento de las características que la demandada invocó para despedirla.

Es que fue reconocido por la accionante que los clientes afectados fueron empleados de la empresa Payrroll que cobraban el sueldo en la entidad y que habían solicitado productos que ofrece el banco pero admitió que tales seguros no debieron haber sido cargados en el sistema por los inconvenientes que este proceder podría ocasionar.

Para más, refirió textualmente que «el inconveniente surge al momento de tener que cumplir con los objetivos que tenemos desde la plataforma comercial ya que si bien no tenían que ser cargados porque los productos no habían sido dados de alta, la presión recibida desde las personas superiores a mi, me obligaron a realizar dicha carga. Entiéndase por esto, una orden de cargarlos, sin pensar los problemas que podría ocasionarse».

Además de tal confesión, a fs.156/159 declaró el señor Ortiz de Rozas, gerente de la sucursal Lanús de HSBC desde abril a diciembre del año 2009, quien dijo en relación al hecho investigado que mientras la actora estaba de licencia le fueron reclamadas unas solicitudes de clientes cuyas ventas había hecho aquélla y sobre las que faltaba la solicitud física firmada por el cliente y, que al comunicarse con aquéllos a efectos de que volvieran a firmar o bien que dieran su consentimiento de haber tomado el producto, los clientes negaron haber firmado o aceptado un producto como el involucrado, por lo que decidió dar intervención a su jefe y a recursos humanos pues había un indicio de una mala venta es decir, una venta que no tuvo el consentimiento del cliente sobre un seguro que estaba vigente y que se cobraba y debitaba de la cuenta de éste. También dijo que como consecuencia de este hecho la recomendación de recursos humanos fue visitar la curtiembre donde trabajaban esos clientes junto con la escribana Agustina Perez Izquierdo y que a partir de este hecho el banco decidió poner fin a la relación laboral con la actora.

A fs. 196/197 declaró el señor Rodríguez quien relató que se presentó gente de la demandada en la empresa y le preguntó si había accedido a una póliza de seguros y el dicente y sus compañeros le dijeron que no, que luego el banco le repuso el dinero que le habían descontado por la póliza. También dijo que nadie se comunicó con él para venderle el seguro sólo le llegó una carta de la demandada ofreciendo un seguro de vida pero el dicente no aceptó ni hizo ningún trámite ni nada.

Por otra parte a fs.72 obran tres actas notariales en las que consta que al serle requerido a los señores Arce, Rodriguez y Villalobos que informaran si efectivamente habían solicitado el alta de una póliza de seguro de vida y si suscribieron la documentación respectiva y, en su caso, si fueron contactados por personal del banco para acordar el alta de la póliza, respondieron en forma negativa.

La valoración de lo así declarado debe efectuarse en conjunto con el reconocimiento que la propia actora hace del documento agregado a fs. 89 a modo de descargo en tanto allí reconoce el hecho de que por indicación de la plataforma comercial del banco para cumplir con los objetivos impuestos cargó en el sistema las pólizas que aún no habían sido dadas de alta.

Ahora bien, frente a este hecho la actora esboza como toda defensa que se vio obligada a efectuar el alta de los productos porque recibía presión de sus superiores aduciendo que su único error consistió en permitir que hubiera ocurrido sin elevar el informe en el momento oportuno lo que hubiese dado a conocer la manera de operar de la sucursal (ver fs. 89).

Este planteo resulta de por sí inaceptable dado que por su función y antigüedad en la empresa, casi nueve años, no podía desconocer que dicho procedimiento resultaba por los menos irregular y que provocaba un perjuicio directo de los clientes de la Institución y por consiguiente de la imagen del banco.

Además no probó las presiones que dijo padecer de «las personas superiores» que por otra parte ni siquiera identifica, como así tampoco que la plataforma comercial del banco le indicara emitir pólizas no pedidas para alcanzar objetivos que tampoco refiere ni describe al demandar. No soslayo que en la demanda afirmó no haber cometido ninguna falta vinculada con el alta de los seguros -ver fs. 27 segundo párrafo- en franca colisión con lo declarado en el descargo que obra a fs.89, y estoy convencido del irregular comportamiento de la dependiente.

Frente a lo así comprobado las excusas y/o razones que esboza la actora con la finalidad de descalificar la decisión rupturista se exhiben insuficientes y reñidas con el deber de diligencia y responsabilidad de las funciones a su cargo. En definitiva, estimo que ha sido acreditada la existencia de injuria que impedía la prosecución del vínculo y que autorizó a la demandada a despedirla sin indemnizar, ya que la conducta admitida por la reclamante, y cuyos alcances fueron probados, resulta un incumplimiento grave de carácter doloso, máxime que esa inconducta provocó perjudicar a los clientes individuales y corporativos de su empleadora y afectó la imagen empresarial (arts. 62/63 y 242 L.C.T.).

III. Como consecuencia de la decisión que he dejado propuesta corresponderá revocar la decisión de la anterior instancia y rechazar la demanda por despido y en consecuencia las sumas en concepto de indemnización detalladas a fs. 231 cuarto párrafo, como así también la multa del art. 2 de la ley 25.323 , lo que así dejo propuesto.

IV. El resultado que impulso implica dejar sin efecto lo dispuesto en la instancia previa en torno a las costas y regulaciones de honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN), de modo que deviene abstracto la crítica de las partes en cuanto a dichos aspectos.

Respecto de las costas de ambas instancias propicio imponerlas a la parte actora por haber resultado vencida en la contienda (conf. art.68 del CPCCN) a cuyo fin, atento la extensión y la calidad de la labor desarrollada por los profesionales que intervinieron durante el trámite de primera instancia, corresponde regular honorarios a la representación y patrocinio letrado de la actora y a la representación y patrocinio letrado de la demandada y la perito contadora en mérito a la extensión y calidad de las tareas realizadas en la anterior sede en el 11%, 15% y 6% respectivamente del monto nominal reclamado sin intereses (cfr. arts. 6,7,8,9,19 y art. 38 de la ley 21.839 .

A su vez, y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, teniendo en cuenta el mérito y extensión de las tareas desarrolladas en esta instancia por la representación y patrocinio letrado del actor y por la representación y patrocinio letrado de la demandada, sugiero regular sus estipendios en el 25% y 35%, respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo: Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda interpuesta por CANDIDA MIRTA MAYA contra HSBC BANK ARGENTINA S.A.; 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en la instancia anterior en cuanto a la imposición de las costas y las regulaciones de honorarios; 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte actora; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y perito contadora, por su actuación en primera instancia en el 11%, 15% y 6% respectivamente del monto nominal reclamado sin intereses; 5)Regular los estipendios a la representación y patrocinio letrado de las partes acto ra y demandada, por su actuación en esta instancia, en 25% y 35%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su desempeño en origen; 6) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: