Responsabilidad por lesiones de pasajera. Falta de prueba de que la causa de la caída hubiera sido un bache

shutterstock_84518368Partes: Iusifidis Laura Andrea c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 20-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88233-AR | MJJ88233 | MJJ88233

Responsabilidad del transportista por las lesiones sufridas por una pasajera, y rechazo de la demanda contra el Gobierno de la Ciudad por falta de prueba de que la causa de la caída hubiera sido un bache en la calzada. 

 

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Sumario:

1.-De conformidad con el art. 184 del Ccom., que tiene por fundamento la obligación contractual del transportador de llevar sano y salvo al pasajero a su lugar de destino, en caso de lesión de un pasajero, acaecida durante el transporte, la empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable; extremos que no fueron demostrados en el sub examine, pues, al haberse comprobado que la actora sufriera lesiones al descender del colectivo donde era transportada en carácter de pasajera, conforme lo dispuesto por el art. 1113 del Cciv. y la presunción establecida en el art. 184 del Ccom., que consagra el deber de seguridad que tienen las empresas transportistas, esta deberá responder civilmente por los daños que la actora sufrió.

2.-Si bien la responsabilidad primaria de los daños causados por el vicio o mal estado de las calles, como cosa riesgosa, compete al Gobierno de la Ciudad, en su carácter de titular del dominio público de dichos bienes, pues el Estado detenta en forma genérica el poder de policía y el deber de control y vigilancia para asegurar que su transitabilidad sea segura sin riesgos y sin posibilidad de causar daños a los particulares, son requisitos ineludibles para la procedencia de un reclamo fundado en la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita, la ejecución irregular de un servicio, la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar del Estado y el perjuicio.

3.-No basta con probar la existencia del daño y la falta de servicio de la actuación estatal para que nazca la responsabilidad del Estado, es menester, además, demostrar que existe una serie de sucesos encadenados que conectan la actuación ilegítima del Estado con el daño o perjuicio. Se trata de indagar la causa eficiente que origina, y en autos, la causa que el actor invoca debe haber influido decisivamente en la dirección del resultado operado, sin embargo, del relato efectuado por los testigos no se puede conocer con el grado de convicción suficiente si el hecho obedeció a las alegadas deficiencias de la calzada. Ninguno de los testigos en sede penal hizo referencia alguna a la existencia de pozos y/o baches en la parada de ese colectivo, ni tampoco que a causa de ello la actora se cayera.

4.-El litigante que incurriere en pluspetición inexcusable es condenado en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto de la demanda hasta el límite establecido en la sentencia. En autos, no se configura esta circunstancia.

Fallo:

Ciudad de Buenos Aires, 20 de agosto de 2014.

Estos autos caratulados “IUSIFIDIS LAURA ANDREA c/ GCBA y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS ( excepto resp. médica)” de los cuales;

RESULTA:

I) A fs. 1/14vta. se presenta Laura Andrea Iusifidis Gabras, por su propio derecho, promoviendo demanda de daños y perjuicios contra Cardenas S.A. Empresa de Transporte (Línea 126) y el Gobierno de la Ciudad por la suma de pesos ciento treinta y siete mil ciento noventa y ocho ($ 137.198) o lo que en más o en menos resulte de la prueba, con sus intereses y costas.

Manifiesta que el día 16 de mayo de 2008, siendo las 11,55 horas, avisa a través del timbre que se disponía a descender del colectivo línea 126, interno 74, en la parada existente sobre la avenida San Juan altura 3200 y 24 de noviembre, de esta ciudad. Esgrime que “.el chofer Sr. Carlos Bravo, a pesar de su insistencia, para a 2,5 metros distante de la calzada, donde debe estacionar, de acuerdo a las normas de tránsito vigentes; con tan mala suerte que al apoyar [su] pie izquierdo en la capa asfáltica [se encontró] con un pronunciado desprendimiento de banquina que provocó la torcedura de ese pié y [su] caída instantánea.” (fs. 1/vta).

Agrega que “.el chofer arrancó sin prestar la debida atención con lo cual su doble falta de solidaridad (mal detenido y su ida) agrava la responsabilidad extracontractual.” (fs. 1vta).

Luego, afirma, fue “.auxiliada por un taxista que vio lo ocurrido y [la] ayudó a trasladarse hacia un umbral vecino, y desde allí a pocos metros en una tintorería que también [la] socorrió.” (fs. 1vta).

Señala que debió esperar los primeros auxilios y el traslado al Centro Médico Santa Cecilia donde se le diagnosticó: traumatismo tobillo izquierdo con fractura avulsión peroné distal.

Explica que la responsabilidad también se traslada al Gobierno de la Ciudad, pues la avenida San Juan, a la altura del 3200 (la parada de ómnibus) no estaba en condiciones normales para transitar.Posteriormente se le colocó bota de yeso a fin de inmovilizar la zona afectada, debiendo hacer reposo y controles durante 40 días, sin poder desarrollar actividad laboral alguna.

Manifiesta que efectuó denuncia por lesiones ante la comisaría n° 20, tomando intervención la justicia criminal y correccional.

Relata que “.contrató, a través del respectivo boleto, el transporte hasta la parada de Av. San Juan y 24 de noviembre, lugar donde debió descender con absoluta normalidad en forma paralela a la acera y junto a ella, no a 2,5 metros y en un desprendimiento más del asfalto en la avenida, que a esa altura, se encontraba en muy mal estado.” (fs. 2vta/3).

Reclama en concepto de indemnización los rubros daño emergente, lucro cesante, daño moral y estético, incapacidad sobreviniente y daño psíquico.

Funda su derecho y ofrece prueba.

II) A fs. 41/50vta. se presenta “Cardenas Sociedad Anónima Empresa de Transportes”, por apoderada, contestando la demanda. Niega todos y cada uno de los hechos como así también la existencia del hecho y que la actora hubiese contratado a través de un supuesto boleto un contrato de transporte con su representada.

Ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda, con costas.

III) A fs. 56/74vta. se presenta el Gobierno de la Ciudad por intermedio de su letrado apoderado y contesta la demanda. Niega todos y cada uno de los hechos. Señala que la actora, al describir los hechos, no es clara en el lugar donde supuestamente ocurrió el accidente. Indica que el siniestro es total responsabilidad no solo del chofer del interno nº 74 de la línea 126, sino también de la propia actora quien decidió descender del colectivo en lugar prohibido, es decir, que asumió el riesgo con las consecuencias del caso. Aduce que debió bajar del colectivo en la vereda y si no lo hizo, no puede endilgársele responsabilidad alguna. Plantea plus petitio inexcusable.

Ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda, con costas.

IV) A fs. 101/vta.se abre la causa a prueba y una vez producida la misma, se ponen los autos para alegar (fs. 385), haciendo uso de esa facultad la parte actora (fs. 396/399) y el Gobierno de la Ciudad (fs. 401/405vta).

V) En esas condiciones quedan los autos en estado de dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1°) Que de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis, se encuentra controvertido la existencia del hecho y la mecánica del accidente como así también la calidad de legitimada de la actora y las responsabilidades imputadas a cada uno de los demandados. Ello, a tenor de lo dispuesto por el artículo 279 del CCAyT.

2°) Que en primer término, habré de atender la defensa opuesta por ambos accionados, quienes han controvertido el carácter de pasajera de la actora en el colectivo implicado, lo cual importa el desconocimiento de su legitimación para obrar en autos.

Al respecto, la doctrina ha sostenido que la legitimación para obrar constituye un requisito esencial de la pretensión y, por ende, un extremo que ha de ser examinado aún de oficio por los jueces (conf. Morello y otros; “Cód. Proc. Civ. y Com. de la Pcia. de Bs. As. y de la Nación”, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1990, T IV-B, p. 221 pto. “f”, y la doctrina que allí se cita con el nº 45).

Por su lado, la jurisprudencia se ha pronunciado en el mismo sentido, al sostener que es deber del juzgador analizar la legitimación sustancial del actor, ya que de no ser así se lesionaría el principio de congruencia, estableciéndose un indebido enriquecimiento en detrimento del presunto deudor (conf. C.N.E.C. y C., Sala V, 03/09/81, citado por Daray, Accidentes de Tránsito, Astrea, Bs. As, 1981, p. 37 nº 2).

Tengo para mí que la legitimación de la accionante debe tenerse por suficientemente probada con lo que surge del boleto acompañado con la demanda (conf. documental de fs.29). Es que, si bien fue negada su autenticidad y la demandante no ofreció prueba al efecto, estimo relevante ponderar las declaraciones testimoniales de Américo Cruz y Marcelo Zabolinsky quienes dijeron verla el día 16 de mayo de 2008 descender del colectivo de la línea 126 y caerse. También ambos testigos la asistieron inmediatamente luego de acaecer el mencionado episodio (conf. fs. 195/vta. y 196). En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, la actora se encuentra legitimada para reclamar en este proceso.

3°) Que en relación con la existencia del hecho y la mecánica del accidente estimo pertinente efectuar las siguientes consideraciones.

De la compulsa de la causa nº 9.246/2009, venida ad efectum videndi et probandi, que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 5, secretaría n° 73, seguida contra “Bravo, Carlos Alberto s/ lesiones culposas” surge que concluyó con el sobreseimiento del imputado, conductor del colectivo involucrado (conf. fs. 84/85vta).

El magistrado interviniente sostuvo en su resolución que la causa se iniciaba a raíz de que el día 16 de mayo de 2008, alrededor de las 11,55 horas, en la parada existente en la calle 24 de noviembre y avenida San Juan, de esta ciudad, el conductor del colectivo de la línea 126, interno 74, “.en forma imprudente habría reiniciado la marcha, sin advertir que la pasajera Laura Andrea Iusifidis, no había terminado de descender, provocando que se cayera al pavimento; lo que le habría causado lesiones graves” (conf. fs. 84 de la referida causa penal).

Luego de valorar la prueba producida en dicha causa, consideró que “.los elementos probatorios existentes no permiten determinar que haya existido por parte del inculpado una violación al debido deber de cuidado que le sea exigible, siendo dable destacar que un resultado dañoso no implica la responsabilidad de su autor” (conf. fs. 85 del citado expediente).

En virtud de ello, cabe dilucidar la cuestión planteada sin que obste al dictado de la presente las disposiciones de los artículos 1101 y siguientes del Código Civil.Ello de acuerdo a los alcances del sobreseimiento recaído en sede penal (conf. Llambias. J.ED 84-780, citado por Daray, H. “Accidente de tránsito”, Astrea, Bs. As., 1984, p. 13 y su cita nº 36) donde esa doctrina ha sostenido que “la circunstancia que el demandado haya sido sobreseído provisionalmente en el proceso penal no constituye un antecedente que pueda ser invocado válidamente en sede civil, ya que son distintos los principios que conducen a determinar la culpabilidad penal, de los que regulan la responsabilidad civil” (conf. autor y obra citada, p. 14/15, “B” 5 y su cita nº 4).

Al respecto se ha sostenido que los alcances de dicha decisión dejan intacto lo atinente al estudio de la responsabilidad civil, según coinciden en señalar Cazeaux- Trigo Represas, Leonardo Colombo y Llambías, citados a su vez por Daray (“Accidentes de Tránsito”, Astrea, Bs. As. 1984, La Cosa Juzgada Penal y La Responsabilidad Civil, p. 13, citas nº 37, 38 y 39).

4°) Que de tal modo, habré de determinar en primer término si le cabría responsabilidad al Estado local con fundamento en el art. 1113 del Código Civil y en su carácter de dueño de la cosa riesgosa -calle en posible mal estado de transitabilidad- o bien, en la falta de servicio.

El art. 1113, apartado 2º, párrafo 2º del Código Civil al regular la responsabilidad por los daños causados por las cosas, prescribe la responsabilidad del dueño o guardián de la misma si el daño hubiera sido causado por el riesgo o vicio de ella, señalando que sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

La responsabilidad primaria de los daños causados por el vicio o mal estado de las calles, como cosa riesgosa, compete al Gobierno de la Ciudad, en su carácter de titular del dominio público de dichos bienes, de conformidad con lo prescripto en los artículos.2339 y 2340 del Código Civil.

Al respecto, se ha sostenido que: “La vía pública (aceras y calles) y el espacio aéreo que se encuentra sobre ella son bienes del dominio público, por lo que el Estado detenta en forma genérica el poder de policía y el deber de control y vigilancia para asegurar que su transitabilidad sea segura sin riesgos y sin posibilidad de causar daños a los particulares” (conf. CNCiv. Sala J, en la causa “Lanua S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, del 14/11/2002).

5°) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en numerosas oportunidades, ha sostenido que son requisitos ineludibles para la procedencia de un reclamo fundado en la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita la ejecución irregular de un servicio, la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar del Estado y el perjuicio (Fallos 331:1690, entre otros).

De acuerdo con esos recaudos, el Tribunal Superior de Justicia señaló las condiciones que habrán de tenerse presente -en situaciones como las que aquí se plantean- las cuales estimo pertinente transcribir a los efectos de su ulterior tratamiento en la presente causa. Al respecto, señaló que: “[p]ara que se configure un supuesto de responsabilidad civil, es necesario que se reúnan los siguientes presupuestos:a) antijuridicidad o ilicitud, consistente en la violación del ordenamiento jurídico, entendiendo por ello no solo la infracción a deberes impuestos por la ley -en sentido amplio- sino también por la voluntad de las partes; b) la existencia de un daño -patrimonial y/o moral- cierto, concreto y actual; c) relación de causalidad entre el daño sufrido y el hecho -acto u omisión- que lo provocó; d) factor subjetivo -culpa o dolo- u objetivo -sin reproche moral al autor de la conducta- de atribución de la responsabilidad a un determinado sujeto”.

A su vez, remarcó que “la relación de causalidad es imprescindible para atribuirle la responsabilidad a un sujeto determinado, ya que no es suficiente la existencia de ilicitud, daño y factor de atribución”.

Agregó que “[l]a determinación, en un caso concreto, de cuáles fueron las causas eficientes del resultado dañoso, suele ser una tarea difícil, ya que los hechos son fenómenos complejos por la concurrencia o concatenación de distintas circunstancias que actúan como condición del resultado. Sin embargo, no todas las condiciones -negativas y positivas- que contribuyeron a la producción de un resultado pueden generar responsabilidad civil en su autor”.

Sostuvo que “[p]ara determinar, en el ámbito de la responsabilidad civil, a qué causas atribuirles el resultado dañoso, se han elaborado distintas teorías. Nuestro Código Civil adopta una de ellas: la teoría de la causalidad adecuada, según la cual la causa sería aquella que según el `curso natural y ordinario de las cosas´ es idónea para producir el resultado (doctrina art.901 Cód.Civ.)”.

Por último, añadió que “para establecer la causa de un daño es necesario formular un juicio de probabilidad, es decir considerar si el acto u omisión del presunto responsable era idóneo para producir regular o normalmente ese resultado; y ese juicio de previsibilidad debe hacerse en función de lo que un hombre de mentalidad normal, juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto u omisión” (Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría general de la responsabilidad civil”, 7ª ed. ampl. y puesta al día, nº 591/592, pág. 252, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As.)”; votos de los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás, en los autos caratulados “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en `Bertilotti, Marta Rosa c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)´” [expte. Nº6.584/09], sentencia del 16/07/2010 y en “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Bonicelli, María Vanesa c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)'” [expte. Nº6.583/09], sentencia del 17/03/2010).

6°) Que conforme lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente “Vadell” (Fallos: 306:2030) la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilegítima reposa en la idea objetiva de la “falta de servicio” contenida en el art.1112 del Código Civil, según la cual “quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución”. Se trata de un supuesto de responsabilidad directa, toda vez que “la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de estas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas” (Fallos 306:2030). Y la determinación de la falta de servicio en cada caso particular “entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño” (Fallos 321:1124).

7°) Que de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, los litigantes deben probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y tal imposición no depende de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso.

En ese contexto, corresponde analizar la actividad probatoria desplegada por las partes, a fin de acreditar la existencia de los hechos denunciados en la demanda y, en su caso, la causa eficiente de los pretensos daños cuya reparación se reclama.

Sobre el punto, es dable puntualizar que en la causa penal se cuenta con la declaración de la parte actora y de los testigos Marcelo Alejandro Zabolinsky y Américo Cruz, quiénes también prestaron declaración en el presente, todo lo cual -junto con el resto de las probanzas aquí producidas- habré de valorar para elucidar la existencia y mecánica del accidente.Al respecto, no puedo soslayar que la versión de los hechos denunciada en sede penal difiere de la relatada en el escrito de demanda. En esa sede, manifestó la actora que “.el día 16 del actual [mayo de 2008] siendo las 11.55 horas aproximadamente, en circunstancias que viajaba en el colectivo de la línea 126 int. 74, al llegar a la intersección de las calles 24 de noviembre y San Juan, toca timbre a fin de bajar en la parada allí ubicada. [.] que el rodado detiene su marcha y en momentos que la dicente estaba descendiendo, el colectivo se pone en marcha bruscamente y como consecuencia quien declara cae sobre la calle, aproximadamente a DOS (02) mts. de la acera, golpeándose fuertemente la pierna, fracturándosela.” (conf. fs. 1/vta. de dicha causa).

En los presentes obrados, la accionante relata que en la fecha y hora indicadas, avisa a través del timbre que se disponía a descender del colectivo línea 126, interno 74, en la parada existente sobre la avenida San Juan altura 3200 y 24 de noviembre, de esta ciudad y que “.[e]l chofer Carlos Bravo, a pesar de su insistencia, para a 2,5 metros distante de la calzada, donde debe estacionar, de acuerdo a las normas de tránsito vigentes; con tan mala suerte que al apoyar [su] pie izquierdo en la capa asfáltica [se encontró] con un pronunciado desprendimiento de banquina que provocó la torcedura de ese pié y [su] caída instantánea.” (fs. 1/vta). Agrega que “.[e]l chofer arrancó sin prestar la debida atención con lo cual su doble falta de solidaridad (mal detenido y su ida) agrava la responsabilidad extracontractual.” (fs.1vta).

El testigo Marcelo Alejandro Zabolinsky, no resulta claro en cuanto a la mecánica del accidente pues, en sede penal, al ser preguntado acerca de si pudo apreciar el motivo por el cual la actora cayó de la unidad, respondió “.que no, ya que él cuando se acercó la vio en el piso”. Y a la pregunta referida a “.si se percató de que el chofer de la unidad hubiera efectuado alguna maniobra previo a la caída de la mujer responde que no ya que el colectivo estaba detenido” (conf. fs. 48/vta. de la citada causa).

Sin embargo, dicho testigo en el presente proceso declaró lo siguiente: “.[v]í que por la puerta trasera descendía una pasajera y, que antes de terminar de hacerlo, el colectivo arrancó y la señora se cayó” (conf. declaración de fs. 196). Queda claro, entonces, que ni de dicho testimonio ni de las constancias obrantes en la causa penal, puedo tener por acreditado que los daños alegados por la actora se produjeron con motivo de que el chofer del colectivo arrancó sin prestar la debida atención.

Ahora bien, como analizaré seguidamente, encuentro que esa declaración es conteste con la prestada por el señor Américo Cruz en cuanto señalan que el colectivo en donde viajaba la actora paró a dos o tres metros del cordón. Ambos testigos también son concordes en cuanto a que la demandante se cayó al bajar del colectivo y que “[e]n la parte del asfalto había baches, estaba roto.” (conf. fs. 195) y “.el asfalto estaba seco y bacheado” (conf. fs. 196). Las condiciones en que se encontraba al pavimento donde la actora cayera, según versión de los testigos, no pudieron ser demostradas por cuanto, fue negada la autenticidad de las fotografías acompañadas y el perito ingeniero informó que “.no es posible establecer dimensión y niveles del desprendimiento de banquina mencionado por la demandante, habida cuenta que el pavimento se halla en buen estado de transitabilidad” (conf. informe de fs.339/342).

Del informe producido por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral del Gobierno de la Ciudad, con fecha 9 de diciembre de 2009, surge que “1.A la fecha 16 de Mayo de 2008 no se tenía constancia del estado de la capa asfáltica en la Av. San Juan casi esquina 24 de noviembre. 2.Se deja constancia que la citada arteria se encuentra actualmente en buenas condiciones de transitabilidad” (conf. fs. 134/139, que no fu e impugnado).

El perito ingeniero se expide sobre el mismo, destacando que “’actualmente’ debe interpretarse como al 9 de diciembre de 2009, o [sea] 18 meses después de la fecha del hecho que motiva estos actuados” y que “.las reparaciones tuvieron lugar unos 9 meses después de la fecha del hecho que motiva estos actuados” (conf. fs. 339/342).

8°) Ello me impone efectuar un particular y minucioso análisis de la relación de causalidad entre el daño sufrido y el hecho -acto u omisión- que lo provocare.

Al respecto, se ha sostenido que “.El nexo de causalidad es un elemento esencial del supuesto de hecho que origina la responsabilidad estatal y, entonces, no basta con probar la existencia del daño y la falta de servicio de la actuación estatal sino que para que nazca la responsabilidad del Estado, es menester demostrar que existe una serie de sucesos encadenados que conectan la actuación ilegítima del Estado con el daño o perjuicio. Se trata de indagar la causa eficiente que origina el daño alegado por la parte y determinar si las consecuencias dañosas se siguen necesariamente de ese acto o hecho u obedecen a otras causas, ya que para que exista causalidad suficiente, la causa que el actor invoca debe haber influido decisivamente en la dirección del resultado operado.” (del voto del juez Coviello, cons. VI, “García Pablo y Otro c/ EN -M° del Interior- Dirección Nacional de Migraciones s/daños y perjuicios”, expediente nº 12.993/97, 18/06/10 Cám. Nac.Contencioso Administrativa Federal).

En ese sentido, es necesario reunir prueba suficiente acerca de las circunstancias de la caída alegada, ya sea del lugar en que se habría producido y la causa de la misma, es decir, que exista vínculo causal de aquella con la obligación incumplida que se le endilga al demandado.

Si bien puede tenerse por probado en las actuaciones que a la altura de avenida San Juan al 3200 y 24 de noviembre, la calzada se encontraba en mal estado de conservación y podría haber influido en la seguridad de su transitabilidad, debe valorarse con la prueba producida en la causa si ello fue la causa de las lesiones que alega la parte actora.

El testigo Zabolinski refirió, en la causa penal, que no pudo apreciar el motivo por el que la actora cayó del colectivo y manifestó que cree que bajó por la puerta de “adelante” (fs. 48/vta. de la causa penal) y en este proceso manifestó que vio que por la puerta “trasera” descendía una pasajera y, antes de terminar su descenso, el colectivo comenzó su marcha y aquella cayó.

Es así que no puedo extraer de ello cuál fue la causa del accidente.

Del mismo modo, el testigo Américo Cruz explica que vio a una mujer bajar del colectivo, que hizo dos o tres pasos y, luego, se tambaleó y se agarró de la pared de la tintorería en la cual trabaja. Refirió que el colectivo estaba detenido cuando la actora se baja, reiniciando aquel su marcha cuando la Sra. Iusifidis había terminado de descender.

En suma, ninguno de los testigos en sede penal hizo referencia alguna a la existencia de pozos y/o baches en la parada de ese colectivo, ni tampoco que a causa de ello la actora se cayera.

La mención acerca de esas irregularidades de la calzada surge recién de los testimonios que brindan en esta sede judicial; empero, reconocen que no vieron que la actora pisara sobre esas deformaciones de la calle al descender del transporte en el cual viajaba.Por su lado el testigo Zabolinski describe, en este proceso, otra versión de los hechos y, así, afirma que la actora descendió por la puerta trasera (en sede penal expuso que cree que fue por la delantera) y antes de terminar de hacerlo, el colectivo se puso en marcha y la actora se cayó

Esta circunstancia fáctica difiere del relato de los hechos que la demandante efectuó en el escrito inicial. A su vez, ese testigo refirió que el asfalto estaba seco y bacheado pero no indica que la actora pisara en él al descender del colectivo.

Según su versión, la caída habría acontecido a raíz de que ese transporte arrancó cuando aquella no había culminado su descenso.

Por su parte, el testigo Américo Cruz no recuerda por qué puerta bajó la actora (conf. fs. 83vta de la causa penal) y explica que la actora bajo y piso mal, pero no dice si ello ocurrió en el lugar donde -según sus dichos- “.había baches, estaba roto” (conf. fs. 195).

La ponderación de esos testimonios y el resto de las probanzas me llevan a considerar que esos dichos no resultan suficientes a fin de crear convicción en el suscripto sobre la relación de causalidad del accidente de autos. En otras palabras: del relato efectuado por los testigos no se puede conocer con el grado de convicción suficiente si el hecho obedeció a las alegadas deficiencias de la calzada.

9°) Que, en cambio, considero que la empresa de transportes resulta responsable de los daños sufridos por la actora, en virtud de las siguientes consideraciones.

De los testimonios brindados por Zabolinski y Cruz queda acreditado que la parte actora descendió del colectivo a metros del cordón de la respectiva parada de transportes y que, al bajar de él, se cayó sufriendo los consiguientes daños que da cuenta el informe médico legal obrante a fs. 8 de la causa penal y el dictamen del perito médico producido en estas actuaciones (conf. fs.239/242). Tengo para mí que fue la actitud del conductor del colectivo, que hizo descender a la actora sobre la calzada -cuya zona está destinada sólo a la circulación de vehículos- y a una distancia de dos o tres metros del cordón lo que provocó que pisara mal (conf. declaración de fs. 195), y luego de dar dos o tres pazos se tambaleara (conf. declaración de fs. 83 de la causa penal) y cayera produciéndole los consiguientes daños.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 54 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, establece para el transporte público que: “En el servicio de transporte urbano regirán, además de las normas del artículo anterior, las siguientes reglas: .d) En toda circunstancia la detención se hará paralelamente a la acera y junto a ella, de manera

tal que permita el adelantamiento de otros vehículos por su izquierda y lo impida por su derecha”, circunstancia que, de acuerdo con los testimonios referidos, no fue cumplida por la empresa de transporte.

En consecuencia, al haberse comprobado que la actora sufriera lesiones al descender del colectivo donde era transportada en carácter de pasajera, perteneciente a la empresa demandada, conforme lo dispuesto por el artículo 1113 del Código Civil y la presunción establecida en el artículo 184 del Código de Comercio -aplicable analógicamente al caso-, que consagra el deber de seguridad que tienen las empresas transportistas, esta deberá responder civilmente por los daños que la actora sufriera.

Al respecto, la jurisprudencia señala que “la ley establece una presunción de responsabilidad del transportador que, para liberarse de sus consecuencias, deberá probar que el accidente proviene de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no sea civilmente responsable” (C.N.Civ. y Com. Fed., Sala III, feb. 24/981; “Maccione de Daniele, T.c/ Expreso La Nueva Era S.A.; ED 93-408).

De tal modo, de conformidad con el artículo 184 del Código de Comercio, en caso de lesión de un pasajero, acaecida durante el transporte, la empresa estará obligada al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien la empresa no sea civilmente responsable; extremos que no fueron demostrados en el sub examine.

En efecto, esta norma – señala la doctrina – contiene una inversión de la carga de la prueba. Se funda en la obligación contractual del transportador de llevar sano y salvo al pasajero a su lugar de destino; por consiguiente, si el pasajero sufre algún daño la empresa debe repararlo a menos que pruebe que el daño ocurrió por fuerza mayor, culpa de un tercero o de la propia víctima (G.A. Borda, “Tratado de Derecho Civil”, tomo II, página 339/340).

En consecuencia, por todo lo dicho, cabe establecer que por la conducta seguida por el conductor del colectivo en cuestión, resulta responsable civilmente por el siniestro en debate CARDENAS S.A. EMPRESA DE TRANSPORTES (LINEA 126), atento lo dispuesto por los artículos 184 del Código de Comercio -respecto del deber de seguridad que le es impuesto- y el art. 1113 del Código Civil, en tanto resulta empleadora de aquel.

10°) Que establecida la responsabilidad de la empresa de transportes, corresponde determinar la indemnización correspondiente.

La actora reclama todas las erogaciones que hizo a consecuencia del hecho acaecido, que consisten en movilidad, fotos, ortopedia, remis, medicamentos, sin contar con las facturas de gastos.

Al respecto, los gastos de asistencia médico farmacéutica y otros, deben presumirse cuando resulta razonable su reclamo de acuerdo a las circunstancias del caso, las lesiones padecidas y el tratamiento de que fueron seguidas estas (conf. Daray, Hernán, “Accidente de tránsito”, Astrea, Bs. As., 1984, págs.469 y ss.).

Teniendo en cuenta la índole de las lesiones que da cuenta el informe médico el cual describe que a la actora le colocaron una bota de yeso, le indicaron antiinflamatorios y controles, que permaneció con yeso aproximadamente un mes y medio, comenzando luego rehabilitación de la marcha en el Centro Médico Santa Cecilia, donde hubo recibido también los primeros tratamientos, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y lo dispuesto por los arts. 148 y 384 del CCAyT, estimo justo y equitativo admitir prudencialmente el rubro solicitado por la suma de $ 1.000.

11°) Que en relación con el pretenso lucro cesante, fundado en que debió permanecer en reposo y ello le trajo aparejado la falta de ingresos como profesora de francés y la pérdida de sus alumnos, cabe efectuar las siguientes consideraciones.

Sobre el particular la par te actora no ofreció prueba tendiente a acreditar ese daño invocado. De las declaraciones testimoniales obrantes en el beneficio de litigar sin gastos n° 32825/1, surge que la accionante se desempeña como docente del Gobierno de la Ciudad en el programa de escuelas plurilingües y en el Instituto Lenguas Vivas. Sin embargo, con ello no se logra acreditar que con motivo del accidente la actora haya dejado de percibir sus remuneraciones del Gobierno de la Ciudad. La copia del recibo de sueldo que adjunta a fs. 5 de dicho incidente da cuenta de la fecha de su ingreso el 18 de febrero de 2008 y acredita el pago del mes de octubre de ese año, sin demostrar que a partir del accidente, ocurrido el 16 de mayo de 2008, y por el tiempo en que debió permanecer en reposo, no percibió remuneración alguna. Si a lo que se refiere la actora es a un ingreso extra como profesora particular, tampoco surge de las declaraciones testimoniales, ni de otra probanza, cuáles serían esos ingresos, ni cuántos alumnos particulares tenía o bien, dejaron de concurrir a sus clases.En razón de ello, corresponde rechazar la indemnización pretendida por el rubro en cuestión (conf. art. 301 del CCAyT).

12°) Que en cuanto al daño moral, de las constancias de autos, queda acreditado que según informa la perito médica Dra. Laura Peretti, de la Dirección de Medicina Forense, “.[s]egún constancias obrantes en autos la actora presentó una fractura unimaleolar de tobillo izquierdo, presentando en la actualidad una leve disminución en la flexión dorsal del pie” (conf. pericia de fs. 239/242vta). También refiere la perito que la actora permaneció con yeso aproximadamente un mes y medio, comenzando luego con rehabilitación de la marcha.

Ello debió haber generado en la accionante padecimientos espirituales que conducen a su reconocimiento.

Para su estimación cabe recordar que no debe necesariamente guardar relación con el daño material pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 308:698; 318:1598 y causa L.114.XXXV “Lema, Jorge Héctor c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios” sentencia del 20 de marzo de 2003). Para establecer su monto debe tenerse en cuenta su carácter resarcitorio, la índole del hecho generador de la responsabilidad, las lesiones padecidas y la entidad del sufrimiento causado. En función de tales pautas y las circunstancias apuntadas del caso, se cuantifica la reparación en la suma de $ 10.000.

13°) Que se reclama una indemnización en concepto de daño estéticocon fundamento, según refiere la actora, “.a raíz del accidente, yeso y posterior tratamiento a la cual debí someterme, y hacia el futuro por los dolores que aún padezco [.] me generan molestias en mi cuerpo imputables a los demandado en autos, que resultan también imprescindibles si las mismas desaparecieran” (fs. 8vta/9).

Ahora bien, ni de los puntos de pericia ofrecidos en la demanda ni, tampoco, del informe pericial médico surge que la parte actora presente lesiones de carácter estético que ameriten un resarcimiento, por lo cual el rubro pretendido no podrá prosperar.14°) Que respecto de la incapacidad sobreviniente alegada por la accionante, cabe efectuar las siguientes consideraciones.

La perito médica informó que “.la actora presentó una fractura unimaleolar de tobillo izquierdo, presentando en la actualidad una leve disminución en la flexión dorsal del pie” y que “.presenta una incapacidad parcial y permanente del 4% de la TO y TV” (conf. pericia de fs. 239/242vta).

Si bien lo informado por la perito médica ha sido objeto de diversas impugnaciones (fs. 248/249, 250/255, 284/285 y 286/287, contestados a fs. 277/280 y 291/292), cabe puntualizar que ellas no alteran las categóricas conclusiones de la experta, quien señaló que el porcentual de incapacidad física otorgado lo extrae del examen practicado, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en estos obrados y ratificando que el accidente sufrido tiene relación de causalidad con el infortunio de autos. Por otra parte, afirma la perito que si bien los dichos de la actora se han tomado en cuenta a título referencial, son las constancias documentales las que aportaron los elementos de valor diagnóstico. A su vez, agrega que se solicitó placa radiográfica de la zona afectada que es el único estudio complementario que puede aportar datos de valor en relación con las secuelas alegadas (conf. fs. 291), lo cual se corresponde con los estudios complementarios requeridos oportunamente por la experta a fs. 221 y cumplimentado a fs. 237. Ello no mereció objeciones por la parte demandada.

En consecuencia, valorando las precedentes conclusiones, la edad de la actora a la fecha del evento de autos (44 años) y las constancias de la causa, fijo prudencialmente el monto en cuestión en la suma de $ 20.000 (conf. art. 148 del CCAyT).

15°) Que en relación con el daño psíquico reclamado, cabe señalar que el informe médico no da cuenta de esa lesión en la actora. Por su parte, de la pericia psicologica surge que “.[n]o se ha determinado grado de discapacidad alguno en el estado de salud actual de la actora” (conf. fs.170/176vta, la cual no fue impugnada por las partes).

A esa conclusión arriba la experta luego de efectuar una evaluación general de la demandante y de emplear una serie de técnicas psicológicas para producir su informe. En particular, señala que algunos puntos de la pericia “.no se contestan a partir de la manifestación de la actora de no tener intenciones de efectuar psicoterapia ‘por el momento’ y que de realizarla acudiría a su obra social o prepaga”. Como se deja expuesto, de la lectura de dicho informe y, en especial, de la pericia médica, no surgen que la actora padezca una lesión psíquica que amerite un resarcimiento económico, motivo por el cual, este rubro será rechazado.

16°) Que en relación con los intereses reclamados, corresponde aplicar el criterio fijado en el plenario de la Cámara de este fuero en la causa “Eiben”, del 31/05/2013, exp. 30.370/0. En consecuencia, deberán aplicarse a los conceptos que se reconocen en este decisorio, un coeficiente que resulte del promedio de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290). Esos intereses se deberán calcular a partir del 16 de mayo de 2008, excepto el correspondiente al daño moral que se fija a valores actuales.

17°) Que por último, resta analizar el planteo de plus petición inexcusable formulado por el Gobierno de la Ciudad al contestar demanda (conf. fs. 57/59, apartado II).

El art. 66 del CCAyT dispone, en su primer párrafo, que:”El/la litigante que incurriere en pluspetición inexcusable es condenado en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia.”. Resulta clara la referida normativa en el sentido de que sólo será aplicable cuando el demandado hubiese admitido el monto de la demanda hasta el límite establecido en la sentencia, circunstancia que no se configura en el sub discussio.

Al respectola jurisprudencia ha sostenido que “la pluspetición inexcusable no se ha configurado porque la demandada no admitió en la contestación de la demanda el monto que en definitiva reconoce la sentencia, por lo que su actitud hizo necesaria la tramitación del juicio a fin de que la actora obtuviera lo que en derecho corresponde, máxime si se advierte que en la demanda se supeditó el reclamo a lo que en definitiva resultare corresponder” (confr. CNCiv., Sala M, 31/8/99 in re “Montilla, Agustina c/ Roldán, Víctor H. s/ daños y perjuicios). Como quedo expuesto al comienzo del presente pronunciamiento, el reclamo indemnizatorio de la accionante quedo supeditado a “.lo que más o menos resulte de la prueba [a] producirse” (conf. fs. 14), por lo que el planteo propuesto resulta inadmisible.

Por las consideraciones expuestas, FALLO:

1) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Laura Andrea Iusifidis Gabras contra “Cardenas S.A. Empresa de Transportes” (Línea 126), condenándolo a pagarle dentro del plazo de diez días la suma de pesos treinta y un mil ($ 31.000), más los intereses que se liquidarán en la forma indicada en el considerando n° 16). Con costas (art. 62 del CCAyT);

2) Rechazar la demanda seguida contra el Gobierno de la Ciudad, con costas (art. 62 del CCAyT);

3) Rechazar el planteo del Gobierno de la Ciudad por “plus petitio inexcusable”;

4) Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada la liquidación definitiva.

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y oportunamente archívense.

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