No puede un CCT disponer el caracter no retributivo de sumas abonadas al trabajador

DineroPartes: Gasparini Sandra y otros c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ diferencia de salarios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 13-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87503-AR | MJJ87503 | MJJ87503

Mediante un acuerdo sindical no puede atribuirse carácter no retributivo al pago de sumas de dinero en beneficio de los dependientes, aunque tal acuerdo hubiere sido homologado.

Sumario:

1.-Resulta inaceptable sostener que por imperio de un acuerdo sindical pueda atribuirse carácter no retributivo al pago de sumas de dinero en beneficio de los dependientes, ya que la directiva del art. 103 LCT tiene carácter de indisponible, y esto no puede ser modificado por la posterior homologación emitida por el Poder Ejecutivo, que no puede purgar un acto viciado, puesto que los convenios colectivos de trabajo sólo resultan operativos y vinculantes en todo cuanto no violen el orden mínimo legal o el orden público laboral.

2.-Las sumas que han sido otorgadas a los trabajadores -respetando una pauta de normalidad y habitualidad- como consecuencia del desempeño laboral de estos últimos, deben entenderse -al menos prima facie – pagos efectuados en concepto de remuneración.

3.-Dado que no se verifica en el caso ningún elemento que permita tener por demostrado que el pago de las sumas acordadas en concepto de compensación mensual por viáticos y compensación tarifa telefónica no obedeció a una contraprestación a cambio del desempeño de la labor de cada uno de los trabajadores dependientes demandantes, cabe concluir que aquéllas debieron ser consideradas parte de la remuneración a todos los fines legales.

4.-Corresponde modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, y desestimar las diferencias salariales reclamadas sobre el rubro productividad , pues sin perjuicio del carácter salarial de las asignaciones abonadas a los trabajadores que fueran admitidas en el fallo de grado, que no puede afirmarse válidamente que las mismas deban ser incorporadas al salario básico, pues ello sólo puede ser determinado por acuerdo colectivo de las partes.

5.-Cabe acoger la queja esgrimida por ambas partes en torno a la condena a ingresar los aportes y contribuciones devengados en base a las diferencias salariales reconocidas, puesto que el trabajador carece de legitimación para reclamar los aportes omitidos por la empleadora, toda vez que estos deben ser abonados a la ANSES por intermedio de la AFIP, organismo encargado de deducir la acción correspondiente.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 13-6-14 para dictar sentencia en los autos caratulados: “GASPARINI SANDRA Y OTROS C/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS” se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Álvaro E. Balestrini dijo:

I.- Contra la sentencia de primera instancia se alzan las partes a tenor de los memoriales obrantes a fs. 914/916vta. (actora), y fs. 917/925 (demandada).

Corridos los pertinentes traslados, las mismas los contestan a mérito de las piezas obrantes a fs.934/937 (demandada), y fs. 938/942 (actora).

II.- Por razones de orden metodológico, me abocaré preliminarmente a analizar el recurso deducido por la parte demandada.

En el primer y segundo agravio, la apelante se queja porque la magistrada de grado omitió analizar la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por su parte.

Considera que la sentencia que cuestiona afecta arbitrariamente toda la negociación colectiva habida entre su parte y el sindicato, y que la homologación de los acuerdos por parte del Ministerio de Trabajo fue una decisión final y se encuentra consentida, “lo que determina que el planteo incoado resulte extemporáneo, existiendo cosa juzgada respecto de lo reclamado”.

En tal sentido, sostiene que la vía intentada por los actores resulta desacertada, toda vez que “no iniciaron acción administrativa alguna, no impugnaron las actas por medio idóneo…”; y cita jurisprudencia para sustentar su postura.

Al respecto destaco que, a mi modo de ver, no puede otorgarse el efecto de cosa juzgada administrativa a la homologación ministerial del convenio colectivo de trabajo, al mismo tiempo que no puede serle requerida al trabajador la impugnación de tales acuerdos, en los términos que surgen del recurso bajo análisis.

En efecto y tal como he tenido oportunidad de expedirme anteriormente en relación a este tópico, la cuestión sujeta a debate en esta causa debe ser, a mi juicio, resuelta con prescindencia del análisis de la validez constitucional (o de la inexistencia de un planteo de nulidad en sede administrativa) ya sea de las cláusulas del Convenio suscriptoentre las partes signatarias o bien, del acto que homologó el convenio, toda vez que, más allá de la idoneidad de la vía elegida para efectuar el cuestionamiento, la cuestión debe resolverse a la luz de los preceptos que constituyen el orden público laboral y como tal, el piso mínimo inderogable que constituye el plexo de derechos de los trabajadores.

En este sentido, también señalé con carácter previo que resulta inaceptable sostener que por imperio de un acuerdo sindical pueda atribuirse carácter no retributivo al pago de sumas de dinero en beneficio de los dependientes, ya que la directiva del art. 103 LCT tiene carácter de indisponible, y esto no puede ser modificado por la posterior homologación emitida por el Poder Ejecutivo -como parece sostener la demandada- que no puede purgar un acto viciado, puesto que los convenios colectivos de trabajo sólo resultan operativos y vinculantes en todo cuanto no violen el orden mínimo legal o el orden público laboral (esta Sala, “in re”, en autos “Longo Lidia Lucia y otros c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ diferencias de salarios”, SD Nº16.769 del 22/12/2010. Id., esta Sala, “in re”, en autos “Muñoz Julio César y otros. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Diferencias de salarios”, SD Nº17.983 del 29/6/12, entre otros).

Por otro lado, a pesar de que la quejosa sostiene que algunas de las sumas no remunerativas establecidas en dichos acuerdos resultaron “pagos por única vez”, y así fueron realizados, lo cierto es que no individualiza ni identifica concretamente cuáles son las sumas a las que hace referencia (art. 116 L.O.).

En tales condiciones, y sin que adquieran relevancia otras circunstancias que la apelante pretende enfatizar, considero que corresponde confirmar lo resuelto en el fallo de grado en cuanto pudo considerarse objeto de agravio en los aspectos hasta aquí tratados.Así lo voto.

III.- Tampoco prosperará, de confirmarse mi voto, el tercer agravio expuesto por la apelante, dirigido a cuestionar el fallo de grado en cuanto decidió calificar como “remuneratorios” a los rubros “viáticos” y “tarifa telefónica”.

Al respecto, teniendo especialmente en cuenta el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en autos “Pérez c/ Disco”, corresponde concluir que las sumas que han sido otorgadas a los trabajadores -respetando una pauta de normalidad y habitualidad- como consecuencia del desempeño laboral de estos últimos, deben entenderse -al menos “prima facie”- pagos efectuados en concepto de remuneración.

No se me escapa que dicho fallo versaba sobre el carácter remuneratorio que debe otorgarse a los vales alimentarios. Sin embargo, lo que debe tenerse en cuenta al momento de recurrir a la doctrina del Alto Tribunal es la argumentación que se ha brindado para arribar a la conclusión que se adopta, fundamentación esta que resulta plenamente aplicable al supuesto bajo examen, aun cuando los rubros por los que prosperó la demanda no se compadezcan exactamente con el “vale alimentario” al que refirió el fallo aludido.

Dicho en otros términos, y para dar acabada respuesta al planteo de la accionada, considero que el análisis de la cuestión debatida y los argumentos que ha esgrimido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver el precedente “Pérez”, resultan analógicamente aplicables al supuesto que nos convoca en la presente contienda, puesto que aun cuando los rubros por los que prosperó la demanda no sean los vales alimentarios, de todos modos luce plenamente operativa -para decidir la cuestión aquí debatida- la elaboración que se efectuara en el precedente aludido, al referir al carácter remunerativo o no que debe asignarse a una suma de dinero, que es habitualmente abonada por el empleador al trabajador dependiente como consecuencia indiscutible de su desempeño laboral, y que se compadece con la contraprestación a cambio de la tarea desarrollada por aquél, integrando, sin hesitación alguna, su remuneración.

En este sentidoresulta también ilustrativo lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 19/05/2010 al emitir pronunciamiento en los autos “Recurso de hecho, deducido por la actora en la Causa González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A. y otro” donde señaló que resultaban de aplicación a dicho caso las consideraciones y conclusiones expuestas por dicho Tribunal en “Pérez c/ Disco S.A.” (fallos: 332:2043).

La citada doctrina ha sido ratificada por el Máximo Tribunal a la luz de lo normado por el art. 1 del Convenio.

Por lo expuesto, dado que no se verifica en el caso ningún elemento que permita tener por demostrado que el pago de las sumas acordadas en concepto de “compensación mensual por viáticos” y “compensación tarifa telefónica” no obedeció a una contraprestación a cambio del desempeño de la labor de cada uno de los trabajadores dependientes aquí demandantes, no cabe sino concluir, de conformidad con lo resuelto por la magistrada que me precede, que aquéllas debieron ser consideradas parte de la remuneración a todos los fines legales.

Seguidamente, la quejosa se agravia en virtud de que en la sentencia se omitió excluir a los beneficios de “guardería” (art. 60 CCT 201/92) y “compensación escolaridad” (art. 61 CCT 201/92).

Afirma que los rubros citados no fueron incluidos en el escrito de demanda “…por lo que no pudo reconocerse diferencia salarial alguna sobre los mismos”; y agrega que “dichos beneficios son considerados en el informe pericial contable y la falta de precisión de la sentencia podría generar una violación al derecho de propiedad de mi mandante”.

Al respecto, considero que la sentencia cuestionada es lo suficientemente clara al disponer que “…corresponde acceder al reclamo de los aquí actores y decidir la calificación de remuneratorios de los rubros incluidos en la demanda…” (ver fs. 907). (Lo destacado me pertenece).

Luego, toda vez que delega al perito contador la tarea de detallar, en la ocasión del art.132 de la L.O., las sumas por las en definitiva prosperará la demanda, considero que el planteo efectuado no configura un agravio actual en cabeza de la recurrente (art. 116 de la L.O.), toda vez que no ha sido materializado aún el eventual perjuicio que hipotéticamente invoca.

Destaco, asimismo, que el rubro “guardería” se encuentra expresamente individualizado en el escrito de inicio (ver fs. 30vta.).

Por ello, de prosperar mi voto, corresponde también desestimar la queja en relación a este punto.

IV.- El cuarto agravio esbozado por la demandada será analizado conjuntamente con el tercer agravio expuesto por la parte actora, toda vez que tratan cuestiones similares.

La demandada se agravia en cuanto el fallo de grado hizo lugar a la incidencia de asignaciones no remunerativas sobre el rubro “turnos diagramados” y “productividad”.

Preliminarmente, aclaro que resulta abstracto expedirme con respecto al rubro “turnos diagramados”, toda vez que se equivoca la recurrente al sostener que la sentencia de grado hizo lugar a la incidencia de las sumas no remunerativas sobre el mismo.

En tal sentido, destaco que la magistrada que me precede acogió favorablemente el reclamo a abonar las diferencias existentes como resultado de calcular las incidencias de las sumas abonadas como no remunerativas en “aguinaldos, vacaciones, horas extras (en caso de haber sido abonadas) y bonificación por productividad…” (ver fs.907), sin hacer referencia alguna al rubro “turnos diagramados”.

Sentado ello, procederé a analizar si corresponde hacer lugar a la incidencia de sumas no remunerativas sobre el rubro “productividad” y, al respecto, adelanto que el agravio tendrá favorable andamiento.

Así pues, asiste razón a la apelante en cuanto a que el artículo 44° del CCT 201/92, establece que el adicional por productividad se calcula aplicando determinado porcentaje sobre el sueldo básico y la antigüed ad.

En tal sentido, sin perjuicio del carácter salarial de las asignaciones abonadas a los trabajadores que fueran admitidas en el fallo de grado, y cuya confirmación se propone en esta Alzada, lo cierto es que no puede afirmarse válidamente que las mismas deban ser incorporados al salario básico, pues ello sólo puede ser determinado por acuerdo colectivo de las partes.

Por ende, sólo cabe reputar que los mencionados rubros quedan comprendidos en el concepto de remuneración, la cual resulta género de la especie de los demás rubros que la integran, entre los que se encuentra también el salario básico.

Por ello, voto por modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, y desestimar las diferencias salariales reclamadas sobre el rubro “productividad”.

Por su parte, la accionante se agravia por cuanto, si bien admitió las diferencias salariales reclamadas, la judicante de grado “limitó los conceptos sobre los cuales habrán de calcularse las incidencias de las sumas no remunerativas”, omitiendo incluir “las licencias (por enfermedad, por accidente, por matrimonio, nacimiento, fallecimiento de familiar, examen, y demás reconocidas en el CCT aplicable), guardias pasivas y demás beneficios de convenio, conforme se demandara”.

Al respecto, advierto que la magistrada que me precede hizo lugar a las diferencias salariales “reclamadas” con relación a los conceptos detallados para cada actor en la liquidación practicada por la actora a fs.22/24 (ver Anexo II acompañado junto con el escrito de demanda).

Asimismo, tengo en cuenta que la quejosa no especifica concretamente en esta Alzada cuáles son los actores a los que, eventualmente, les correspondería percibir diferencias salariales en virtud de la incidencia de las sumas no remunerativas sobre “licencias, guardias pasivas y demás beneficios derivados del convenio” (art. 116 de la L.O.).

En tal contexto, sugiero desestimar el agravio bajo análisis, y confirmar la sentencia de grado en este punto que ha sido objeto de recurso.

V.- El quinto agravio deducido por la accionada será tratado conjuntamente con el cuarto agravio esbozado por la actora.

En tal sentido, cabe acoger la queja esgrimida por ambas partes en torno a la condena a ingresar los aportes y contribuciones devengados en base a las diferencias salariales reconocidas en autos, puesto que el trabajador carece de legitimación para reclamar los aportes omitidos por la empleadora, toda vez que estos deben ser abonados a la ANSES por intermedio de la AFIP, organismo encargado de deducir la acción correspondiente. (En el mismo sentido, esta Sala, “in re”, “Gould Carina Vanesa c/ Telefónica de Argentina S.A. y otros s/ Diferencias de salarios”, SD Nº17.148 del 15/7/11).

En esta inteligencia, corresponde dejar sin efecto la condena decidida en este sentido en la anterior instancia.

VI.- A continuación, corresponde analizar los restantes agravios expuestos por la parte actora.

El planteo efectuado en primer lugar, respecto de la aplicación del plenario Lafalce, no constituye agravio en los términos del artículo 116 de la L.O., toda vez que, como bien señala la propia recurrente, los actores desistieron en autos del reclamo por las diferencias salariarles resultantes de la calificación de los vales alimentarios o ticket canasta como “remunerativos” (ver fs.301).

VII.- En segundo lugar, la accionante cuestiona el fallo de grado en cuanto dispuso que la suma detallada en el punto b) de los acuerdos administrativos celebrados entre las partes debe descontarse, en cada caso, de las diferencias salariales admitidas en autos.

Al respecto, destaco que comparto la interpretación efectuada por la “a quo”, y considero que el planteo que realiza la actora no constituye más que una mera discrepancia subjetiva (art. 386 CPCCN).

En efecto, en el punto b) de los acuerdos administrativos en cuestión, las partes acordaron el pago de una suma determinada “en carácter de suma complementaria a la del punto a), la que se considerará a cuenta y/o será compensable con cualquier crédito laboral de carácter convencional que pudiese existir hasta la fecha a favor del reclamante…” (Lo destacado me pertenece).

Es así que, a mi modo de ver, dicha cláusula resulta ser lo suficientemente clara en cuanto a que la suma allí detallada, obedece a una causa diferente a la del punto a) – que alude a la suma que pudiera corresponder en virtud de considerar remunerativos a los vales alimentarios-, y es abonada “a cuenta”.

Por ello, y teniendo en cuenta que la recurrente no aporta en esta Alzada argumentos suficientemente relevantes a los efectos de rebatir el decisorio de grado, propongo desestimar el agravio bajo análisis y confirmar la sentencia de primera instancia en este punto que ha sido objeto de recurso. Así lo voto.

VIII.- Por último, de prosperar mi voto, corresponde hacer lugar a la queja de la actora con relación a la forma en que fueron distribuidas las costas en la instancia anterior.

En tal sentido, sugiero modificar parcialmente la sentencia de primera instancia e imponer las costas a la demandada, pues ha resultado vencida en lo principal (cf. art. 68. 1º párr., CPCCN).

IX.- El agravio esbozado por la accionante respecto a la omisión de la sentenciante de grado de expedirse sobre la fecha hasta la cual prospera la demanda y sus accesorios ha devenido abstracto, en virtud del dictado de la sentencia aclaratoria obrante a fs.933.

X.- Como corolario de lo expuesto, sugiero modificar parcialmente la sentencia apelada en los términos expuestos en los considerandos IV, V y VIII.

XI.- Atento al modo de resolverse las cuestiones planteadas ante esta Alzada y teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas, propicio imponer las costas en el orden causado, y a tal fin regulo los honorarios por las labores desplegadas ante este Tribunal por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, para cada una de ellas, que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la sede de origen (arts. 38 LO y 14 por ley arancelaria).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo que antecede, y de conformidad con el dictamen fiscal obrante a fs. 284/285, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia en los términos expuestos en los considerandos IV, V y VIII; 2) Confirmarla en lo demás que ha sido motivo de apelación y agravios; 3) Imponer las costas de alzada en el orden causado y 4) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada, por su actuación en esta instancia, en el 25%, para cada una de ellas, que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la sede de origen.

devuélvase.

Ante Mí Regístrese, notifíquese y oportunamente

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