No procede la retractación de la denuncia contra el empleador pues se juzga que la voluntad del trabajador fue plena

reglamento-internoPartes: De Robles Enrique Alberto c/ Cooperativa de vivienda crédito y consumo Surikata limitada y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 9-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87574-AR | MJJ87574 | MJJ87574

Se juzga que las tres empresas demandadas son solidariamente responsables, pues se tuvo por probado que las personas jurídicas actuaron en forma conjunta e indistinta como “empleador” de la misma prestación del actor.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que el actor prestó servicios en favor del fideicomiso administrado por la sociedad codemandada toda vez que surge de las declaraciones testimoniales que dicha empresa se vio directamente beneficiada con la prestación de sus servicios, y por lo tanto, también cabe concluir que también resultó empleadora directa de los servicios del actor.

2.-Toda vez que la sociedad codemandada resultó ser beneficiaria en forma conjunta -como integrante de un sujeto empleador pluripersonal- de los servicios prestados por el actor, se trata de un caso en el cual varias personas jurídicas han utilizado en forma conjunta e indistinta, los servicios de un trabajador por lo que, aplicando analógicamente la solución que contempla el art.26 de la LCT, es evidente que las tres asumieron en forma conjunta el rol de empleador” (pluripersonal) que describe la norma y las consecuencias de su obrar como tal.

3.-Al tratarse de un empleador pluripersonal, no se trata de contratos diferentes ni de varios empleadores, sino de uno solo de carácter plural pues está integrado, -en el caso-, por tres personas; y, como la totalidad del objeto de las obligaciones laborales emergentes de ese único vínculo puede ser reclamado por el trabajador in solidum a cualquiera de ellos, es indudable que las tres deben responder en forma solidaria por las obligaciones emergentes del contrato (arg. arts. 690 y 699 del CCiv.).

4.-Sin perjuicio de que la rebeldía decretada respecto de dos de las codemandadas no puede ser extendida a la sociedad codemandada, lo cierto es que al haber sido ésta última demandada en litisconsorcio pasivo como codeudora solidaria de las mismas obligaciones, pudo haber aportado prueba que desvirtuara la afirmación del actor referida al salario que adujo como su mejor remuneración, mensual, normal y habitual y, sin embargo, ninguna prueba aportó; por lo tanto, esta última como integrante del sujeto empleador pluripersonal, tenía la obligación de llevar registro de la relación mantenida con el accionante (conf. art. 52 LCT); y, como no lo ha registrado, genera la presunción del art. 55 LCT en favor de la remuneración invocada en la demanda.

5.-Toda vez que el actor en forma explícita y concreta, planteó la inconstitucionalidad del tope emergente del artículo 245 de la LCT., no cabe duda del reconocimiento explícito de que la actividad de la demandada se encuentra comprendida en el marco regulatorio de un convenio colectivo y que de tal convenio emerge el tope cuya incidencia en la determinación de la indemnización por antigüedad se entiende vulneratorio de ciertas garantías constitucionales.

6.-Toda vez que no se han esgrimido causas que justifiquen la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del distracto, resulta procedente la admisión del incremento indemnizatorio reclamado con base en el art. 2º de la ley 25323, ello con la reducción que le corresponda en razón de la modificación propiciada respecto de la base de cálculo de la indemnización del art. 245 LCT.

7.-Puesto que el despido indirecto se produjo, -entre otras razones-, con motivo de la falta de regularización reclamada, resulta procedente la duplicación contemplada en el art. 15 de la LNE, y en consecuencia, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto viabilizó las indemnizaciones derivadas de los arts. 9ref:leg826.9), 10 y 15 de la Ley 24.013.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 9 DE JUNIO DE 2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continua- ción.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones deducidas en el escrito inicial y condenó, en forma solidaria, a las de- mandadas Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Surikata Limitada, Amis 10 Asociación Mutual 10 de Noviembre de Integración Social y a Cohen SA Sociedad de Bolsa a abonar al accionante los rubros salariales e indemnizatorios reclamados. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso sendo recurso de apelación la codemandada Cohen SA Sociedad de Bolsa, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios. A su vez, el letrado interviniente por la codemandada Cohen SA Sociedad de Bolsa recurre, por derecho propio, los regulados a su favor por juzgarlos bajos.

Al fundamentar la apelación, la recurrente sostie- ne que se agravia porque se la consideró empleadora del actor en los términos del art. 26 LCT. Cuestiona la base de cálculo adoptada por la Sra. Juez a quo para calcular la indemnización sustitutiva de preaviso y para la integración del mes de despido. Obje- ta la condena al pago de los haberes adeudados y del rubro vacaciones/2007 y sostiene que este último resulta improcedente. Objeta la condena al pago del incremento del art. 2 de la ley 25.323 y de las indemnizaciones de los arts. 9,10 y 15 de la Ley

24.013. Critica la viabilización de las indemnizaciones de los arts. 80 y 132 bis de la LCT.Finalmente, apela la forma en que fueron impuestas las costas y los honorarios que le fueron regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora y del perito contador por juzgarlos altos.

Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo ar- gumental, estimo conveniente analizar los agravios expresados en el orden que se de- talla en los considerandos subsiguientes.

Se agravia la recurrente porque se la condenó so- lidariamente por considerársela empleadora directa del actor en los términos del art. 26 LCT. Sostiene que el propio actor al momento de iniciar la demanda la pretendió responsabilizar en el marco de lo previsto por el art. 30 LCT. Afirma que en ningún momento del relato el actor indica que recibiera órdenes e instrucciones de trabajo de persona alguna vinculada a Cohen SA Sociedad de Bolsa y que tampoco se desprende de la prueba testimonial que el actor haya prestado tareas para ella. Manifiesta que el actor efectuó tareas como empleado de la Cooperativa en el marco del contrato de fi- deicomiso, lo que es muy distinto a ser dependiente de Cohen SA Sociedad de Bolsa. Refiere que el actor la notificó del despido en los términos del art. 30 LCT, según puede advertirse del intercambio telegráfico. Considera que la sentencia resulta desa- certada en cuanto la responsabiliza según lo dispuesto por el art. 26 LCT ya que de los términos del Contrato de Gestión, de Cobro, Administración y Custodia se desprende que el actor era empleado de la fiduciante.

Al respecto, cabe señalar que, más allá del encuadramiento legal efectuado en las comunicaciones telegráficas a las que hace referencia la recurrente, lo cierto es que en autos Cohen SA Sociedad de Bolsa fue demandada en los términos del art. 26 de la LCT y, eventualmente, de conformidad a lo que prevé el art. 29 primer párrafo del citado cuerpo legal (ver fs.41vta y sgtes), por lo que el argumento de la recurrente vinculado con al supuesto desacierto que revestiría la sentencia porque la responsabilizó por el art. 26 de la LCT cuando el actor le imputó responsabilidad por el art. 30 de la LCT carece de sustento y debe desestimarse.

Por otra parte, cabe poner de relieve que la Sra Juez concluyó que la recurrente integraba un sujeto empleador pluripersonal, para lo cual tuvo en cuenta que el experto destacó que “el Fideicomiso Surikata I no posee Libro de Actas, con lo cual no puede haber ningún contrato registrado”, ello en referencia al Contrato de Fideicomiso celebrado entre la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Surikata, la Asociación Mutual de Integración Social 10 de Noviembre (AMIS 10) y Cohen SA Sociedad de Bolsa que invocó la recurrente.

Asimismo, la sentenciante de grado también tuvo en cuenta lo informado por el experto contable en torno a que “en el Contrato de Gestión de Cobro Administrativo y Custodia de fecha 12/09/06 consta en el punto 4.2 inc. c) último párrafo la designación del actor Enrique De Robles como responsable de gestionar las obligaciones de mora”.

También valoró que “los testimonios de fs.150/151 (Iraneta Luciana Laura), Cobas (fs. 152), Irañeta Marcela (fs. 153), Matías Gui- llermo Daniel (fs. 156), López Horacio Daniel (fs.157), Siuffi (FS.158), Scagliarino (fs.160), evidencian la prestación de servicios del actor para el fideicomiso administrado por Cohen S.A.” y, en especial rescató los dichos del testigo López quien traba- ja en la firma y sostuvo que “el actor participaba en las operaciones propias del fideicomiso donde la codemandada era el agente fiduciario y tenía la administración”.

Sostuvo la sentenciante que “en el caso, se dieron determinadas circunstancias que habilitan a considerar la existencia de un fraude laboral en la relación laboral habida con el actor en los términos del art. 14 de la L.C.T.que obligan a responsabilizar por la misma a todos los integrantes del contrato fiduciario”. Expresamente señaló “…nótese que la codemandada Cohen SA Sociedad de Bosa”, única firma que se presentara en estos autos, guardó silencio ante el informe del perito contador donde determina claramente la previsión sobre el nom- bramiento del actor en el mismo contrato fiduciario en la fecha que el demandante comenzó a prestar servicios. Es más, llama la atención de la suscripta el informe del perito contador presentado en el mes de marzo del año 2012, en cuanto sostiene que, según lo establecido en la contabilidad del Fideicomiso Surikata, la Empresa posee un crédito reflejado en la cuenta 11900100 Crédito c/ Fiduciante Coop. Surikata por la suma de $1.224.188,03 correspondiente al adelanto N º 5 del 22/05/2007 más in- tereses devengados hasta marzo del año 2008″ (ver fs. 283/284), no impugnada por la codemandada Cohen SA, fecha esta última en que el actor dejó ser remunerado”. También puso de relieve la sentenciante que “…a fs. 126/ 267, obran agregadas co- pias certificadas del acta de inscripción y estatuto social de la entidad demandada Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Surikata Limitada, Matricula NBº

24.179 como así también del Memorando Nº 433 de la Coordinación de Fiscaliza- ción Cooperativa de este Organismo y, asimismo, el Memorandun 2708 de la Coor- dinación del Registro Nacional de Mutuales e Informe Nº763 de la Coordinación de Fiscalización Mutual de la codemandada Asociación Mutual 10 de Noviembre de In- tegración Social AMIS 10 (ver prueba ofrecida por la demandada reservada en anexo nro. 3308), instrumentos que en modo alguno permiten exonerar de responsa- bilidad en la presente acción a la codemandada Cohen SA Sociedad de Bolsa.La misma, ejerció sus facultades propias como fiduciario, tanto en ejecución de instruc- ciones del fideicomitente, durante la cual se designó al actor como agente responsa- ble de gestionar las obligaciones de mora y asumió la calidad de empleador en or- den al cumplimiento del actor de órdenes impartidas por la misma en la ejecución de su propio cometido”.

Estos argumentos esenciales no fueron objeto de crítica concreta y razonada alguna por parte de la recurrente, por lo que no pueden juzgarse rebatidos por ésta en los términos previstos por el art. 116 de la LO. Desde esa perspectiva, corresponde considerar que dichas conclusiones llegan firmes a la Alzada y, por lo tanto, resultan irrevisables en esta instancia.

Obsérvese que la recurrente se limita a señalar que de los dichos de los testigos Iraneta, Suiffi y Moreno no se desprendería que el actor hubiese recibido órdenes o instrucciones de trabajo de persona alguna vinculada a ella; sin embargo, nada dice respecto de los restantes testimonios valorados por la Sra Juez, ni objetó la especial consideración que hizo ésta del testimonio rendido por López, ni efectuó critica alguna respecto de las consideraciones que hizo la sentenciante de grado en torno a lo informado por el perito contador.

En el marco descripto, entiendo que las manifestaciones vertidas en el memorial traducen simples discrepancias subjetivas con lo resuelto que no alcanzan a satisfacer la clara previsión contenida en el citado art. 116 de la LO.

Como reiteradamente lo ha señalado esta Sala es carga del apelante demostrar punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador a fin de habilitar la instancia revisora (cfr. esta Sala, S.D. Nº73117, del 30/03/94 in re: “Tapia, Román c/ Pede- laborde, Roberto”, íd. Sentencia Definitiva Nro.100.101 del 9/2/12 in re “Fernández Rebeca Vidita c/ Verblan SRL s/ Despido”, entre otras) y esa carga, reitero, no ha sido cumplida en modo alguno por la recurrente.

Si bien la insuficiencia formal apuntada bastaría para desestimar -sin más- la procedencia de este segmento del recurso, a fin de no privar a la recurrente del acceso a esta instancia de revisión y para dar el más amplio campo de operatividad posible a la garantía constitucional al derecho de defensa en juicio, analizaré -seguidamente- el contenido de su presentación.

Valorada la prueba producida en autos respecto de las circunstancias alegadas por el accionante, conduce a una conclusión coincidente con la de la sente nciante de grado.

En efecto, los testigos Iraneta, Suiffi y Moreno -contrariamente a lo sostenido por la recurrente- evidencian que el actor prestó servicios para el fideicomiso administrado por Cohen SA. Obsérvese que Iraneta (fs. 150/151), compañera de trabajo del actor, dijo que “conoce a Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, que la conoce porque armaban las carteras en ese momento con Surikata para presentar en Cohen, y estaban en todo momento en la oficina controlando los créditos”. Dijo respecto de Cohen SA que “… cuando se preparaban los créditos para presentarles, esta demandada venía a analizar para ver si los créditos estaban preparados para vender como cartera” y que “los créditos se presentaban ante Cohen para que esta demandada les diera el pago total de los créditos y ellos gestio- naban la cobranza de las cuotas de estos créditos. Que la relación entre Cohen, Suri- kata y Amis era simplemente la venta de cartera de créditos, la cual se hacía a través de Cohen y se gestionaba con ellos, Cohen les daba el dinero a Surikata y Amis, y Cohen se quedaba con el dinero de las cuotas hasta cubrir los créditos vendidos”.

Siuffi (ver fs. 158/159), compañero de trabajo del actor, dijo que “trabajaron juntos en Surikata desde el año 2006 al año 2008.Que conoce a Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, que la conoce porque trabajaba con Surika- ta, tenía un convenio firmado” y que “entre Surikata y Cohen tenían firmado un fi- deicomiso, Cohen se hacía cargo de los legajos, financiaba la venta de carpeta, de legajos, las ventas en general, tenían venta de cartera que funcionaba como garantía del Banco de Chubut, no recuerda bien, si que funcionaba como fideicomiso. Que en Surikata el dicente hacía tareas administrativas, ingresos al sistema, viajes a Corrientes y Tucumán a dar capacitación para llenar los legajos, que las carpetas que mencionaba el dicente eran los legajos para darles el crédito a los asociados”.

Moreno (ver fs. 297/298), compañero de trabajo del actor declaró que “”… conoce al actor porque trabajó con él, que conoce a Cohen S.A. Sociedad de Bolsa por trabajar con ellos” y que “venía el Sr. Horacio López en representación de Cohen a supervisar, revisar, la parte del fideicomiso, puede ser que se llame relevamiento, que lo sabe porque los que trabajan en la parte administrativa les alcanzaban al actor la papelería para que la revise, porque tenía un despacho en la sala de reuniones hacían todas las tareas administrativa del fidei- comiso…”. Precisó que “el actor era el encargado general del fideicomiso, preparar todas las carteras, contratos, documentación pertinente al fideicomiso, era la perso- na responsable, por parte de Surikata, que la plata de los créditos del fideicomiso venían de la sociedad de bolsa…” y que “el fideicomiso tenía auditoria por parte de Price, obviamente también era supervisada por la gente de Cohen, que estaba tam- bién supervisada por el Sr.López …” . Expuso que “el contador DE ROBLES estaba encargado de toda la parte administrativa, contable y operativa de todo lo concer- niente al fideicomiso Surikata 1, este era el nombre que tenía, que entre todas las funciones que tenía el actor estaba atender a todas las personas de …COHEN…,que lo sabe porque lo veía pasar y se los informaron los directivos de Surikata y porque lo asistían administrativamente al actor, que sabe que llevaban la documentación porque en una de las funciones de la parte administrativa era acercarle a la sociedad de bolsa, a Cohen…la documentación que tenía que ver con el fideicomiso…que sabe que la plata de los créditos del fideicomiso venían de la sociedad de bolsa por di- chos de los directivos de la cooperativa”.

Irañeta (ver fs.153), propuesta por el actor, declaró que “conoce al actor por haber sido contador de Surikata”, que “conoce a Cohen SA Sociedad de Bolsa, que la conoce porque Surikata preparaba las carpetas de crédito para el fideicomiso” y que “entre Cohen SA y Surikata tenían un fideicomiso donde había carpetas de crédito a favor de Cohen SA, que los créditos eran proporcionados desde Surikata a favor de Cohen SA…”

Los dichos de los testigos ofrecidos por Cohen también dan cuenta de la prestación de servicios del actor en favor del fideicomiso administrado por Cohen por cuanto Cobas (ver fs.152), Director de la firma Cohen SA, precisó que “Cohen SA es fiduciario de un fidecomiso que oportunamente orga- nizó o armó Surikata”. En tanto, López declaró que “Cohen SA era el fiduciario de un fideicomiso con Surikata” y que -como bien lo destacar la sentenciante de grado- el actor participaba “en las operaciones propias del fideicomiso, que entre Cohen y Surikata solo había un fideicomiso, que Cohen tenía la administración del fideicomi- so, agente fiduciario”.

En síntesis, las declaraciones transcriptas evi- dencian que el actor prestó servicios en favor del fideicomiso administrado por Cohen SA Sociedad de bolsa, la cual se vio directamente beneficiada con la prestación de sus servicios por lo que cabe concluir que también resultó empleadora directa de los ser- vicios del actor.

Desde esa perspectiva, resulta evidente que Cohen SA Sociedad de Bolsa resultó ser beneficiaria en forma conjunta -como inte- grante de un sujeto “empleador” pluripersonal- de los servicios prestados por el actor. Creo necesario recordar que, tal como lo expuse en mi trabajo “Aspectos procesales de la responsabilidad solidaria” (en Revista de Derecho Laboral 2001-1 Ed. Rubinzal- Culzoni, pág.397), se trata de un caso en el cual varias personas jurídicas han utiliza- do en forma conjunta e indistinta, los servicios de un trabajador por lo que, aplicando analógicamente la solución que contempla el art.26 de la LCT (cuando actúan con- juntamente varias personas físicas), es evidente que las tres asumieron en forma con- junta el rol de “empleador” (pluripersonal) que describe la norma y las consecuencias de su obrar como tal. No se trata de tres contratos diferentes ni de tres empleadores, sino de uno solo de carácter plural pues está integrado por tres personas; y, como la totalidad del objeto de las obligaciones laborales emergentes de ese único vínculo puede ser reclamado por el trabajador in solidum a cualquiera de ellos, es indudable que las tres deben responder en forma solidaria por las obligaciones emergentes del contrato (arg. arts.690 y 699 del Código Civil). Algunos precedentes jurisprudencia- les también llevan a considerar que, cuando dos o más personas físicas o jurídicas actúan en forma conjunta e indistinta como “empleador” de una misma prestación, debe admitirse la responsabilidad solidaria de todas ellas (CNAT, Sala III, 17-5-99, “Robert, Andrea K. c/ Carmio, Jorge y otros s/despido”, en T y SS, 1999, pág. 1078; CNAT, Sala IV, 27-10-95, “Esteves, Adalverto c/ Asistencia Odontológica Integral SA”, en D.T. 1996-A, pág. 439; Sala II, 21-4-97, S.D. Nº 80.867, “Hechem, Es-

tela c/ Mapro SA”. También surge, a contrario sensu, de: CNAT, Sala III, 31-5-96, “Ríos, Héctor c/ Simpro SRL y otros” en D.T. 1996-B, pág. 2761; íd. Sentencia Defi- nitiva Nro. 96544 del 31/3/09 in re “Koladycz Esteban Ariel c/ Louriño Alfredo Ri- cardo y otros s/ Despido”; íd. Sentencia Definitiva Nº 97.361 del 6/11/09 in re “San- za Daniel c/ Meypacar S.A. s/despido”; íd. Sentencia Definitiva Nro. 103090 del 28/4/14 in re “Sosa Patricia c/ Arena de Doto Felisa Lucía y otro s/ Despido” del re- gistro de esta Sala).

Por las consideraciones expuestas, propicio deses- timar este segmento del recurso y confirmar lo resuelto en la instancia de origen.

La codemandada se agravia por la base de cálculo adoptada por el Sra Juez a quo. Considera que no corresponde hacer extensiva a su parte la presunción recaída en contra de las otras codemandadas rebeldes. Critica que la sentenciante se haya apartado del tope previsto en el art. 245 LCT y expone, en forma subsidiaria, que la declaración de inconstitucionalidad del citado art. 245 LCT no encuentra apoyo en la sentencia dictada por la Corte Suprema en el precedente “Vizotti” y que la aplicación sistemática de la doctrina allí fijada sin atender la situa- ción particular constituye una exorbitancia judicial.Critica que se haya considerado la suma de $ 7.500 para el cálculo de la indemnización sustitutiva de preaviso y para la integración de mes de despido pues considera que el actor no acreditó haber percibido esa suma.

Al respecto, cabe señalar que si bien el efecto de la rebeldía decretada respecto Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Surikata Limitada y Amis 10 Asociación Mutual 10 de Noviembre de Integración Social no puede ser extendido a la codemandada Cohen SA Sociedad de Bolsa, lo cierto es que, al haber sido ésta última demandada en litisconsorcio pasivo como codeudora solida- ria de las mismas obligaciones, pudo haber aportado prueba que desvirtuara la afir- mación del actor referida al salario que adujo como su mejor remuneración , mensual, normal y habitual y, sin embargo, ninguna prueba aportó. Es más, Cohen SA como integrante del sujeto “empleador” pluripersonal, tenía la obligación de llevar registro de la relación mantenida con el accionante (conf. art. 52 LCT); y, como no lo ha re- gistrado (dado que negó injustificadamente ser empleadora de los servicios del actor y lo expuesto por el contador a fs. 284), tal circunstancia genera la presunción del art. 55 LCT en favor de la remuneración invocada en la demanda. Dicha presunción tam- poco ha sido desvirtuada por la recurrente por prueba en contrario.

Ahora bien, la queja vinculada con la no aplica- ción del tope establecido por el artículo 245 de la L.C.T debe tener favorable acogida en los términos que seguidamente explicaré.

No puede soslayarse que la previsión legal referida a la aplicación de un tope en la base de cálculo de la indemnización por antigüedad, es considerada por la jurisprudencia del más Alto Tribunal como inherente al sistema tarifario que contempla la ley general como sistema de protección contr a el despido arbitrario.En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Vizzoti Carlos Alberto c/ AMSA SA s/ despido”, V.967.XXXVIII de fecha 14.09.2004, sostuvo que no hay dudas en cuanto a la validez constitucional de un ré- gimen tarifado de indemnizaciones por despido sin justa causa, esto es, un sistema que resigne la puntual estimación del daño en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquéllas; y que dadas las características del régimen en debate, no todo apartamiento por parte de éste de los aspectos de la realidad a los que remite, justificaría el reproche constitucional. En tal oportunidad, el Máximo Tribunal expresó que si es válido como principio, que la in- demnización por despido sin justa causa pueda ser regulada por la ley con carácter tarifado, sin admitir prueba de los daños en más o en menos, también lo será, que aquélla someta la evaluación de los elementos determinantes de la reparación a ciertos límites cuantitativos.

Dado que dicha limitación está prevista en la ley, los jueces, al calcular la indemnización por antigüedad, tienen la obligación de aplicar el tope previsto en el art. 245 (o el que estimen pertinente si fuera planteada su in- constitucionalidad), tanto cuando el C.C.T. es individualizado por su número como cuando, por la descripción de los hechos que conciernen a la actividad desplegada por la empleadora, es indudable la aplicación de un determinado convenio, al que las par- tes, aun sin indicar su número, hacen referencia explícita a través de sus argumenta- ciones.En el caso de autos, el actor en forma explícita y concreta, planteó la inconsti- tucionalidad del tope emergente del artículo 245 de la L.C.T., por lo que, a mi enten- der, no cabe duda alguna que en el propio planteo inicial existe un reconocimiento explícito de que la actividad de la demandada se encuentra comprendida en el marco regulatorio de un convenio colectivo y que de tal convenio emerge el tope cuya inci- dencia en la determinación de la indemnización por antigüedad se entiende vulnerato- rio de ciertas garantías constitucionales. De otro modo, no resultaría explicable que la parte actora planteara la inconstitucionalidad de un tope, emergente de un convenio, si dicho convenio no resultara aplicable a la actividad desarrollada por la demandada.

La demandada, a su vez, contestó el planteo de inconstitucionalidad y sostuvo expresamente la aplicabilidad del tope indemnizatorio que prevé el art. 245 L.C.T. más allá de que el actor no se encontraba alcanzado por el convenio; por lo que, a mi entender, es evidente que ninguna de las partes entendió que no era aplicable el tope emergente del referido artículo (salvo -claro está- que, en cuanto a su magnitud, el actor lo entendió lesivo de sus derechos constitucionales). En igual sentido, se ha pronunciado esta Sala -por mayoría- en la Sent. Def. Nro.95.344 del 29/10/2007 en autos “Kelly de da Fonseca Mirta Elsa c/ HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. y otros s/ despido” y en la Sent. Def Nro. 95.695 del 23/4/08 in re “D´Uva Marcela Lorena c/ Máxima SA AFJP s/ despido”.

En tal contexto -en el que se ha invocado la exis- tencia de la limitación a la base de cálculo de la indemnización por antigüedad – entiendo que corresponde dar tratamiento al planteo de inconstitucionalidad contra el tope que deriva del convenio aplicable a la demandada, que, según lo invocado en la demanda, no es otro que el 130/75 (conf. art. 356 del CPCCN).

Considero que el art.245 L.C.T. no condiciona la aplicación del tope a la encuadrabilidad de un vínculo específico en un convenio co- lectivo, sino que, simplemente, remite para su cálculo al promedio remuneratorio que surja del convenio que rija la actividad -aun cuando el trabajador despedido no se encontrare comprendido en él-. En consecuencia, la supuesta e hipotética no vigencia personal del convenio con respecto a la prestación de servicios de la accio- nante, tampoco implicaría que deba quedar excluida de la limitación que impone el art. 245 L.C.T. a la base de cálculo de la indemnización por antigüedad.

Ahora bien, de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Martinelli, Oscar H. y otros c/ Coplinco SA” (CSJN, 16-12-93, en D.T. 1994-A pág. 713), la aplicación de un tope indemnizatorio a la base de cálculo de la indemnización por antigüedad no debe traer como consecuencia la violación del principio de buena fe ni la desnaturaliza- ción de la protección que el art. 14 bis de la Constitución Nacional otorga al tra- bajador contra el despido arbitrario. Como ha señalado con acierto el Dr. Gui- bourg al votar en la causa “Zurueta, Héctor c/Maronese Sebastián e Hijos SA” (CNAT, Sala III, 19-7-96, en D.T. 1997-A, pág. 732), la mencionada garantía constitucional “requiere cierta proporcionalidad entre el resarcimiento y el ingreso del trabajador despedido; y tal proporcionalidad no se satisface cuando el módulo de cálculo es inferior al 50% del salario computable”. Tanto en la causa mencio- nada como en otro precedente (CNAT, Sala III, 31-5-96, “Cuevas, Guillermo c/Tres Cruces SA”, en D.T.1996, B, pág.2390), esta Cámara desechó la aplicabilidad del referido tope por considerar que, dada la limitación que imponía sobre el real nivel remuneratorio alcanzado por el dependiente, se producía una afectación a la garantía constitucional a una adecuada protección contra el despido arbitrario. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al pronunciarse en la causa “Vizzoti, Carlos c/ AMSA SA s/ despido” (el 14-9-04), señaló que, a la luz de la garantía consagrada en el art.14 bis de la Constitución Nacional, no resulta razonable, justo ni equitativo que la remuneración que debe servir para el cálculo de la indemnización por antigüe- dad se reduzca en más de un 33%; y, a la luz de la doctrina sentada en ese fallo, cabe concluir que es inconstitucional toda limitación que genere una reducción de la base de cálculo superior al porcentaje indicado.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, se impone efectuar el cotejo entre la base salarial que derivaría de la aplicación de la normativa impugnada -es decir, con el tope- y de la que correspondería al trabajado- ra con abstracción de la limitación impugnada. Sentado lo expuesto, observo que en estos autos se presenta una situación sustancialmente análoga a la analizada en los precedentes antes referenciados, porque la limitación que deriva de aplicar el tope impuesto por el art. 245 L.C.T. ($4.557,24, según lo denunció el actor a fs. 49 pto VIII no negado por la contraria conf. art. 356 inc 1º del CPCCN) reduce, en un por- centaje mayor al 33% la mejor retribución mensual, normal y habitual devengada por el actor durante el último año (que alcanzó a $7.500 conforme denunciara el deman- dante y se tuvo por acreditado en autos) y, por consiguiente, la indemnización que derivaría de ella.En tales condiciones, con remisión a los fundamentos que emergen de los fallos precedentemente citados -que doy aquí por reproducidos en mérito a la brevedad-, concluyo que la limitación originada en esa norma afecta la garantía otor- gada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y que, por lo tanto, debe prescin- dirse de su aplicación en la presente causa. En igual sentido esta Sala en su anterior composición in re “Campos, C c/ Caurier Lix” del 30-6-97 en T y SS 1997, pág.914).

No empece a la conclusión que se viene susten- tando la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Vi- llarreal, Adolfo c/ Roemmers” (10-12-97, en DT 1998- A, pág.515) porque existen diferencias en los presupuestos fácticos de uno y otro litigio. Veamos: el Supremo Tribunal, valorando las circunstancias propias de esa causa, entendió que la privación derivada del tope que correspondía aplicar en ese caso particular no generaba una ar- bitraria afectación al derecho de propiedad del reclamante. De las restantes conside- raciones vertidas en ese fallo se desprende que la aplicación del tope es convalidable en términos de constitucionalidad siempre que no implique la supresión o desnatura- lización del derecho que se pretende asegurar y que no traduzca la pulverización del real contenido económico del crédito indemnizatorio. A su vez, al pronunciarse en los autos “Mastroiani, Ricardo A.c/ Establecimiento Modelo Terrabusi SAIC” el máximo Tribunal señaló que la protección contra el despido arbitrario debe consistir en un cierto equilibrio entre el resarcimiento y el ingreso del trabajador; y sostuvo que dicha protección está sujeta a variaciones que no pueden ser materia de agravio constitucional, “salvo que se incrementen hasta la exorbitancia o se reduzcan hasta tornarla irrisoria” (C.S.J.N., 27-5-99, en T y SS, 1.999, pág.879). En el caso de autos, como se vio, la disminución que genera la aplicación del tope contemplado en el art. 245 L.C.T. es superior al 33% e implica, por tanto, una injustificada desna- turalización del derecho a una adecuada protección contra el despido arbitrario con- templado en el art. 14 nuevo de la Constitución Nacional y una afectación a la ga- rantía que consagra el art. 17 de la Ley Fundamental. En consecuencia, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por la Corte en los casos “Villarreal”, “Mastroiani” y “Vizzoti”, entiendo que, tal como adelanté, en la especie, cabe declarar la inconstitu- cionalidad del tope previsto en el citado art. 245 L.C.T.

Sin perjuicio de todo ello considero que, aún cuando en este caso particular la limitación que surge del convenio aplicable conduce a la afectación constitucional apuntada, no cabe duda que es inherente al sistema tari- fario que establece nuestra ley la fijación de un límite en la base de cálculo de la in- demnización por antigüedad y que prescindir de la aplicación del tope analizado no implica -necesariamente- soslayar la exigencia legal relativa a la fijación de una li- mitación sobre aquella base. A fin de compatibilizar la garantía constitucional que protege el derecho de la parte actora a percibir una indemnización razonablemente adecuada a su nivel de ingresos con la necesidad de limitar la base de cálculo de la indemnización por antigüedad que está ínsita en la télesis del art.245 L.C.T., estimo razonable adoptar el criterio seguido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Vizzoti” a través de la reducción del tope a un valor que arroje un resultado adecuado a la compatibilidad buscada, por lo que estimo prudencial y así lo propongo establecer en este caso que el tope legal debe quedar reducido al 67% del mejor valor remuneratorio mensual, normal y habitual (conf. C.S.J.N.14-9-04 “Viz- zoti, Carlos c/ AMSA”; CNAT, Sala VI 30-6-00, “Mogni, Laura B. C/ Establecimien- tos Agrícolo Ganadero Las Llanuras SCA”, en T y S.S. 2001, pág.433; en sentido si- milar: CNAT, Sala III 19-7-96, en D.T. 1997-A, pág. 732, T.Trab. San Miguel, “Cre- vani, Roberto c/ A.E. Goetze Ar.SA”, en T y S.S. 1999, pág.938).

En consecuencia, -en el caso particular de autos- en virtud de la limitación que surge de aplicar la pauta contemplada en el art. en el art. 245 L.C.T. a la base de cálculo de la indemnización por antigüedad, en resguardo de la finalidad perseguida por la norma y de la efectiva vigencia de la garantía consti- tucional señalada, estimo ajustado a derecho establecer que la indemnización por an- tigüedad total que devengó el trabajador debe alcanzar la suma de $5.025 ($ 7.500 x 67%.). Esta conclusión, como es obvio, impone el recálculo de los agravamientos indemnizatorios que contienen en su base de cálculo la indemnización por antigüe- dad. En cambio, no corresponde recalcular la indemnización sustitutiva del preaviso y la integración de mes de despido -como pretende la recurrente-, pues los arts. 232 y 233 LCT no prevén la aplicación de tope alguno en la base de cálculo de dichas in- demnizaciones.

La codemandada se queja porque se la condenó a abonar haberes adeudados y el rubro vacaciones/2007.Sostiene que este rubro es im- procedente porque no pueden ser compensadas en dinero.

El agravio referido a la condena al pago de los ha- beres adeudados, no constituye una crítica concreta y razonada de la decisión recurri- da (conf. art. 116 LO). Obsérvese que la sentenciante de grado se basó en “la falta de comprobantes de pagos en los términos del art. 138 de la LCT”; y con respecto a este argumento, no se advierte cuestionamiento alguno por parte de la recurrente, por lo que corresponde considerar que llega firme e incólume a esta Alzada.

Ahora bien, en lo que respecta a las vacaciones/07 considero que le asiste razón. Ello así por cuanto de estar al contenido explícito del art. 162 de la L.C.T., las vacaciones no son compensables en dinero, principio que la norma ratifica cuando -como excepción – reconoce el derecho a su percepción, en ca- so de cese por el lapso durante el cual estuvo vigente el vínculo en el año en el que se produce la extinción, ya que la ruptura priva al trabajador del otorgamiento efectivo de las vacaciones correspondientes a ese período (art. 156 LCT). A través de esa di- rectiva legal, queda inequívocamente excluida toda posibilidad de que las vacaciones no gozadas correspondientes a años anteriores al de extinción, vencido el plazo que determina el art. 154 L.C.T., puedan dar lugar a un derecho patrimonial en favor del trabajador. En virtud de tales consideraciones propongo revocar la decisión de grado en cuanto viabilizó el reclamo por vacaciones del año 2007 según se desprende de fs. 339 vta in fine pese a que no fueron computadas en la liquidación de fs. 340 en la que sólo se calculó las vacaciones proporcionales que no son las del año 2007 como erró- neamente se consignara sino las del año 2008.

La codemandada cuestiona la viabilización del incremento previsto por el art.2 de la ley 25.323 porque no fue empleadora del actor ni intimada debidamente, ni puesta en mora en tiempo y forma.

El argumento vinculado a que no fue empleadora debe ser desestimado a la luz de las consideraciones hasta aquí efectuadas y de la so- lución que se propicia con relación a las cuestiones hasta aquí analizadas.

En lo que respecta al supuesto incumplimiento de los recaudos formales que impedirían considerar viable el incremento indemnizatorio pues, a su entender, no fue fehacientemente intimada por el trabajador para que pro- ceda al pago de las indemnizaciones que derivan de la ruptura contractual; señalo que, en caso de autos, el actor requirió -pese a que lo hizo en su carácter de responsable solidario con Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Surikata- para que le abo- nase las indemnizaciones correspondientes al despido incausado (TCL del 12.11.08 CD 984528916, ver fs. documental obrante en el sobre de fs. 38, transcripto en la de- manda); y la codemandada no se avino, en modo alguno, a abonarle dichas indemni- zaciones, circunstancia ésta que, sin lugar a dudas, colocó al accionante en situación de tener que promover esta acción para procurar su cobro. En consecuencia, y como no se han esgrimido causas que justifiquen la falta de pago de las indemnizaciones derivadas del distracto, entiendo que resulta procedente la admisión del incremento indemnizatorio reclamado con base en el art. 2º de la ley 25.323, ello con la reducción que le corresponda en razón de la modificación propiciada respecto de la base de cálculo de la indemnización del art. 245 LCT.

Se agravia la codemandada porque la Sra Juez de grado viabilizó las indemnizaciones de los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013. Insiste en que no fue empleadora del actor y subsidiariamente, impugna la liquidación practica- da por tales rubros. Sostiene que no fue intimada en los términos previstos por el art.11 ni remitió copia a la AFIP, razón por la cual afirma que el reclamante no cumplió con los recaudos formales exigidos por la ley para su viabilización, por lo que su pre- tensión resulta improcedente.

El argumento de que no fue empleadora no resulta atendible, a la luz de las consideraciones hasta aquí vertidas.

En cuanto al supuesto incumplimiento de los re- caudos formales, cabe señalar mediante TCL 72918312 CD 962144843 del 30/10/08 – agregada en el sobre de fs. 38- y la presunción en contra recaída contra los demanda- dos -no desvirtuada por la recurrente-, tengo por acreditado que, vigente la relación laboral, el actor hizo saber a la recurrente que intimó a otros integrantes del sujeto “empleador” pluripersonal el adecuado registro de la relación (ver TCL 72918309 CD 962144857, TCL 72918310 962144830 del 30/10/08 -agregadas en el sobre de fs. 38); y, obviamente, que al tratarse de un único “empleador”, la intimación cursada a cualquiera de las componentes, tuvo virtualidad respecto de todos los integrantes de ese sujeto pluripersonal. Por otra parte, la intimación cursada a la Cooperativa Vi- vienda, de Crédito y Consumo Surikata Ltada y el pedido de regularización de la rela- ción laboral se concretaron antes de la extinción del vínculo y se puso en conocimien- to de la AFIP la intimación dentro de las 24 horas de habérselo solicitado (ver TCL 72918314 CD 962144826 obrante en el sobre de fs. 38), tal como lo exigen el art. 11 de la ley 24.013 (texto según art. 47, ley 25.345) y el art. 3 del Decreto 2725/91, por lo que se ha dado cumplimiento al presupuesto formal de admisibilidad de las indem- nizaciones previstas en los arts. 9 y 10 de la ley 24.013. En este sentido, considero que la falta de respuesta de las empresas demandadas, torna innecesaria la espera dis- puesta por la norma.Asimismo, se ha configurado, el presupuesto sustancial, puesto que se ha acreditado la irregularidad registral en relación con la real fecha de ingreso del trabajador y remuneraciones no registradas (conf. arts. 9 y 10 de la ley 24.013), tal como surge de los efectos de la rebeldía decretada contra las otras codemandadas no desvirtuada en modo alguno por prueba en contrario por la recurrente y de la tampoco desvirtuada presunción que genera el art. 55 LCT por no haber llevado Cohen SA So- ciedad de Bolsa adecuado registro de la relación.

Por otra parte, el despido indirecto se produjo – entre otras razones- con motivo de la falta de regularización reclamada; y, desde esa perspectiva, también resulta procedente la duplicación contemplada en el art. 15 de la LNE.

En consecuencia, corresponde confirmar la deci- sión de grado en cuanto viabilizó las indemnizaciones derivadas de los arts. 9, 10 y 15 de la Ley 24.013.

La codemandada objeta las condenas concernien- tes a la entrega del certificado del art. 80 LCT y a abonar la indemnización prevista en dicha disposición legal. Argumenta que no fue empleadora del actor y que éste, por otra parte, no acreditó haber cumplido con la intimación en el plazo previsto por el art. 3 del Dto. 146/01.

A mi juicio, la crítica formulada por la demandada no puede prosperar. Ello así por cuanto de los instrumentos TCL 78438703 CD 015210337 del 27/3/09, TCL 78438701 CD 015210354 del 27/3/09 y TCL 78438702

CD 010636587 del 31/3/09 que obran en el sobre obrante a fs. 38, se desprende que el actor cumplió con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 ya que, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde la extinción del contrato (ocurrida el 12/11/08), requirió en forma concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 L.C.T., conforme la modificación que introdujo a esta norma el art.45 de la ley 25.345, sin que la requerida se aviniera a cumplir con ella dentro de los 2 días hábiles posteriores.

Por consiguiente, corresponde confirmar la senten- cia de grado anterior, en cuanto condenó a la accionada a abonar la indemnización del art. 80 LCT y a hacer entrega de un nuevo certificado de trabajo que refleje las verda- deras características de la relación.

La codemandada se agravia porqu e se la condenó a abonar la indemnización del art. 132 bis LCT. Sostiene que, por no haber sido em- pleadora, no retuvo suma alguna al actor y que, por otra parte, del intercambio tele- gráfico acompañado por el accionante no se desprende en modo alguno que haya cumplido con la intimación prevista en la mencionada disposición legal.

Estimo que, en el caso de autos, está suficientemen- te acreditado medió la intimación dispuesta en el art. 1 del dec. 146/01 (ver TCL 72918309 CD 962144857, TCL 72918310 962144830 del 30/10/08 -agregadas en el

sobre de fs. 38-), puesto que, a través de ellas intimó a las accionadas para que en el plazo de 30 días ingresen las sumas de dinero retenidas en concepto de aportes de las remuneraciones mensuales abonadas entre mayo y diciembre de 2007 con destino a los organismos de la Seguridad Social. Esa circunstancia, unida a que las empleadoras omitieron ingresar a los organismos de seguridad social importes efectivamente rete- nidos de la remuneración del trabajador en concepto de aportes ya que de la informa- tiva a la AFIP de fs. 333/336 se desprende que no se efectuaron aportes durante los meses comprendidos entre junio y diciembre/07 que, una de las integrantes del sujeto “empleador” pluripersonal, declaró como retenidos de la remuneración del actor torna procedente la imposición de la sanción que prevé el art.132 bis de la LCT.En tales condiciones, corresponde desestimar la queja y confirmar la sentencia de grado en este aspecto.

Por las consideraciones hasta aquí expuestas, con- sidero que corresponde, habida cuenta de los rubros que arriban firme a esta instancia -por falta de cuestionamiento concreto-, los que se propicia confirmar y el recálculo que corresponde realizar en función del progreso parcial de la apelación que propon- go, fijar los rubros de condena en los siguientes importes: $ 13.671,72 en concepto de indemnización por antigüedad; $ 8.125 en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso con la incidencia del SAC); $ 4.875 en concepto de integración del mes de despido con incidencia del SAC; $ 3.000 salarios correspondientes al mes de no- viembre (que la sentenciante de grado incluyó al determinar el rubro anterior); $ 4.062,05 por vacaciones proporcionales/08 (que la sentenciante consignó como vac prop/07) con incidencia del SAC: $ 6.818 en concepto de S.A.C. proporcional; $

75.000 en concepto de salarios correspondientes a los meses enero, feb, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sept, oct del año 2008 al/08; $ 13.335,86 por incremento del art. 2 de la Ley 25.323; $ 6.093,56 en concepto de indemnización del art. 9 LNE;

$ 43.125 por indemnización del art. 10 LNE; $ 34.500 por indemnización art. 15 LNE; $ 22.500 por indemnización del art. 80 LCT; $ 60.000 por indemnización del art. 132 bis LCT. Ello totaliza la suma de $ 295.106,19 (PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS);

suma a la cuál propongo reducir el monto de condena, que deberá ser abonada en el plazo fijado en el fallo apelado y llevará los intereses determinados en la instancia de grado y que llegan a esta instancia exentos de crítica.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art.279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposi- ción de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación; por lo que los agravios vertidos en torno a las costas y a los ho- norarios refieren a cuestiones que han devenido abstractas.

En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art.68 del CPCCN, estimo que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de las codemandadas por haber sido vencidas en los aspectos principales de la controversia.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432 y del art. 38 de la L.O., estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 14%, los de la representa- ción y patrocinio de la parte codemandada Cohen SA Sociedad de Bolsa en el el 11% y los del perito contador en el 5%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e in- tereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la codemandada Cohen SA So- ciedad de Bolsa y de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, propon- go que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25% y 25%, respectiva- mente, de lo que le corresponda percibir a cada una de ellas por lo actuado en la ins- tancia anterior.

El Dr.Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr.

Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1º) Modificar la sentencia de primera instancia y reducir el monto diferido a condena en favor del actor a la suma de $ 295.106,19 (PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL

CIENTO SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS), que deberán ser abonados, en el plazo y con los intereses fijados en el pronunciamiento de grado; 2º) Con- firmar la condena impuesta a las accionadas a hacer entrega del certificado del art. 80 LCT; 3º) Dejar sin efecto lo dispuesto en materia de costas y honorarios en el fallo apelado; 4°) Imponer las costas de ambas instancias a las demanda- das vencidas; 5º) Por lo actuado en primera instancia, regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 14%; los de la re- presentación y patrocinio letrado de la codemandada Cohen SA Sociedad de Bolsa en el 11% y los del perito contador en el 5%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la LO., deben aplicarse sobre el monto to- tal diferido a condena -capital e intereses-. 6º) Por lo actuado ante esta Alzada, regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la codeman- dada Cohen SA Sociedad de Bolsa en el 25 % y los de la parte actora en el 25% de las sumas que les corresponda percibir a cada una de ellas por lo actuado en la instancia anterior; 7º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

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