La suspensión del trabajador por motivos que fueron debidamente probados, no habilita el despido indirecto del mismo

despido 4Partes: Zakian Lucía c/ Cobensil S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 9-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87733-AR | MJJ87733 | MJJ87733

La suspensión impuesta por la demandada no consituye injuria suficiente que impida la prosecución del vínculo, habida cuenta que los hechos en los que se fundó la sanción, fueron corroborados y reconocidos por la actora.

Sumario:

1.-No corresponde admitir la legitimidad del despido indirecto en que se colocó la trabajadora como consecuencia de haber sido suspendida puesto que, en efecto, quedó acreditado el hecho en el que se basó la suspensión, ya que efectivamente sucedió que la madre de la accionante concurrió a consultas médicas en la empresa accionada en turnos reservados a nombre de la actora, contrariando normas empresarias.

2.-La actora no obró a derecho al considerarse despedida luego de que fuera sancionada, habida cuenta que tenía otros medios para obtener el pago de los días cuyo descuento consideraba indebidos; máxime teniendo en cuenta que se trataba de escasos días de suspensión, por un monto de poca cuantía como para considerar extinguido el vínculo, y que el proceder endilgado por la empleadora a la accionante ha sido debidamente corroborado.

3.-Puesto que la actora reconoció que su madre fue atendida en el consultorio de la accionada sin pagar las consultas y en un turno que no era el suyo, y que procedió de dicha forma en virtud del cuadro severo de hipotensión y deshidratación que padecía su mamá, y en atención a que la médica de cabecera de aquella se encontraba de vacaciones, la inconducta se encuentra corroborada, y el proceder de la demandada (aplicarle una sanción disciplinaria ante las inconductas de la empleada), no configura una injuria grave que no consienta la prosecución de la relación laboral.

4.-La ilegitimidad de la suspensión disciplinaria oportunamente impugnada por la trabajadora daría lugar -en principio-, únicamente al reclamo de los salarios caídos durante los días objeto de la medida, pero no a resolver el vínculo, puesto que la ratificación de la suspensión decidida por la empleadora, ante el hecho injurioso no constituye un incumplimiento por parte de la demandada de gravedad tal que imposibilite la continuación del vínculo, ni que su postura configure una injuria que justifique desplazar el principio de conservación del contrato (art. 10 de la LCT).

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 9 de junio de 2014, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia dictada en Primera Instancia a fs.186/188 vta., se alza la parte demandada, a tenor del memorial que luce a fs. 191/194, cuya réplica obra a fs. 201/202. A su vez el perito contador, a fs. 189 cuestiona sus emolumentos, por considerarlos bajos.

La accionada se agravia del tratamiento que otorgó el Sr. Juez a quo a la sanción disciplinaria aplicada a la actora y que se haya considerado justificado el despido indirecto causa fuente de la pretensión. Se queja de lo decidido en origen respecto al reclamo fundado en el art. 2 de la ley 25.323. Cuestiona la base de cálculo que tuvo en cuenta el judicante de grado, para determinar el monto de condena. Objeta la imposición de costas, y los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito actuante, por estimarlos elevados.

Por razones de orden metodológico analizaré, primeramente, la queja de la accionada, quien impugna que se haya considerado que el despido en el que se colocó la trabajadora resultó ajustado a derecho.

Adelanto que, luego de un pormenorizado análisis de las constancias de la causa y de las probanzas producidas, efectuado a la luz de la sana crítica, propiciaré hacer lugar a la objeción introducida por la demandada.

Tal como surge de la prueba documental que acompañaron las partes, de las transcripciones que efectuaron en el escrito de inicio y en el responde, y de la prueba informativa que obra a fs.137/141, el día 12/03/11 la empleadora le remitió un telegrama a la trabajadora, a fin de notificarle la aplicación de una medida disciplinaria “suspensiva sin goce de haberes por el término de cinco días”. Justificó dicha sanción en los siguientes términos: “debido sustento y legal fundamento en los hechos acaecidos el día 24/02/11, momento en el cual se observa a una persona que concurre a consulta médica, en un turno reservado a vuestro nombre. En tal entendimiento y siendo la situación contraria a la normativa vigente, se procede a identificar a tal persona, quien resulta ser -luego Ud. lo corrobora- su señora madre. Dicho accionar, sin mediar autorización ni estar en conocimiento de su empleadora, constituye grave falta a su débito laboral y se encuentra en discordancia con lo prescripto por el art. 63 LCT -buena fe- a más de causar serio perjuicio a esta parte en punto a la administración de los recursos humanos. Realizado el pertinente pedido de informes -finalizado el 03/03/11, que confirma lo acaecido, sus dichos no conforman elemento alguno que permita justificar su disvalioso actuar. Entendemos que ello asimismo, implica una abierta violación a los deberes de realizar el trabajo (art. 21 LCT), de diligencia (art. 84 LCT), en especial con dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios (art. 86 LCT), no ajustando su proceder a lo que es propio de un buen trabajador (art. 63 LCT) y no obrando con criterio de colaboración y solidaridad.” Por su parte la actora, el 16/03/11, impugnó dicha medida disciplinaria, expuso que ratificaba el descargo formulado por escrito el 25/02/11, e intimó a la accionada para que dejara sin efecto la sanción dispuesta, rectificara las imputaciones efectuadas y se abstuviera de realizar descuento de salario alguno por dicho concepto.La demandada a su turno ratificó la sanción establecida, y la accionante decidió darle fin al vínculo por los siguientes fundamentos “no habiendo rectificado las falsas y graves imputaciones efectuadas y surgiendo de la ratificación de la medida aplicada que procederán a efectuar descuentos de mi salario por los días de suspensión injustificada, hago efectivo el apercibimiento de mi comunicación anterior y me considero injuriada y despedida por vuestra exclusiva culpa”.

Sabido es que al encontrarnos ante un despido indirecto, pesaba sobre la demandante la carga de acreditar que su decisión rupturista resultó ajustada a derecho, pero considero que no lo logró (arts. 377 y 386 del C.P.C.C.N.).

Al respecto, es oportuno señalar que la gravedad del incumplimiento que se requiere para dar por justificado el distracto debe tener entidad suficiente para imposibilitar por sí mismo la continuación del vínculo. Es decir que para que se encuentre habilitada la facultad de rescindir el contrato de trabajo con causa, el agravio dirigido de una parte hacia la otra debe ser de una total gravedad que destruya los fundamentos de la relación obrero- patronal y resulte incompatible con su carácter. Se trata de un obrar contrario a derecho o incumplimientos que asuman una magnitud suficiente como para desplazar el principio de conservación del contrato, regido por el art. 10 de la LCT. En el presente caso estimo que no se encuentran configuradas dichas circunstancias.

En efecto, de las probanzas rendidas en autos, se extrae que el hecho en el que se basó la demandada, para aplicarle la precitada sanción a la actora, sucedió, pues la madre de la accionante concurrió a consultas médicas en la accionada -empresa dedicada a la prestación de servicios médicos- en turnos reservados a nombre de la actora. Además, tal como reconoció la propia trabajadora, dichas consultas no fueron abonadas oportunamente.

A su vez estimo que la trabajadora, al considerarse despedida, no obró conforme a derecho (art.242 LCT) pues tenía otros medios para obtener el pago de los días cuyo descuento consideraba indebidos, máxime teniendo en cuenta que se trata de cinco días de suspensión, por un monto de poca cuantía como para considerar extinguido el vínculo, y que el proceder endilgado por la empleadora a la accionante ha sido debidamente corroborado en la lid.

En este sentido, cabe destacar que la deponente González, a fs. 146, expuso que el documento que obra glosado a fs. 35 en los presentes actuados, “es la presentación que hizo la testigo ante Cobermed, ante las anormalidades que había visto en el transcurso de una licencia que la testigo estaba cubriendo en Cobermed Olazábal, para la empresa de seguridad Organización Anselmi. La firma inserta al pie es de la testigo. La documental en reconocimiento estaba dirigida a Cobermed, la obra social.” El precitado documento, de fs. 35, da cuenta de la siguiente situación: la deponente informó que en tres oportunidades verificó que una persona fue atendida por el Dr. Salazar y la Dra. Andreoli, pero que en el sistema no figuraba el real nombre de la paciente, sino que aparecía anotada otra persona en lugar de quien se hizo atender, y que quien surgía consignada era la accionante de marras.

Por su parte, la testigo Galluzzo (fs. 150/vta.) expresó que “la actora había hecho atender a su madre por lo menos en tres oportunidades en los consultorios de Villa Urquiza, donde trabajaba la accionante. Lo anormal no fue que se haya atendido sino que la actora no ingresó a su madre como correspondía, para ser atendida por el Dr. Salazar. Como la actora era empleada administrativa hizo atender a su madre directamente con su historia clínica (la de la actora). Salazar atiende a la madre de la actora y anota los datos de la consulta en la historia clínica de la accionante, en vez de haber abierto una historia clínica a nombre de la madre.” La deponente al enterarse de lo acontecido fue a “hablar con el Dr.Salazar, quien le dijo que sí, que había atendido en varias oportunidades a la madre de la actora, habiendo concurrido ambas a la consulta. Además la testigo lo vio en la historia clínica de Zakian porque se lo mostró el Dr. Salazar. Lo grave es que si a la mamá de la actora le hubiese pasado algo y de un Juzgado hubiesen requerido la historia clínica, no tendría qué darle. La sanción la decidieron en conjunto la testigo, Crasso y el gerente general que es Emilio Zalis. La actora estaba en la recepción de la sucursal Villa Urquiza. Hacía la recepción de los pacientes, cobraba cuotas, habilitaba las historias clínicas para los turnos de los afiliados, hacía autorizaciones, daba turnos y atendía el teléfono. Básicamente era la atención al socio su función. Lo sabe porque es la gerente administrativa de la demandada. La vio trabajando a la actora porque va de recorrida a todas las sucursales. La forma de ingresar normalmente a la madre de la actora hubiese sido como cualquier otro que va a hacer una consulta particular: se anuncia en recepción, paga la consulta y se le habilita la historia clínica.” Cabe señalar que la impugnación de fs. 151/152 no logra inhabilitar los dichos de la testigo, pues no se observan ni la enemistad manifiesta, ni la falta a la verdad, ni las contradicciones que aduce la accionante. A su vez dicha declaración se condice con lo expuesto por la deponente González -cuyo testimonio

no fue impugnado-, y el hecho en cuestión (haberse atendido la madre de la actora y figurar registrada la accionante) también fue reconocido por la propia actora, más allá de las disculpas que pidió al respecto por escrito. Por lo expuesto, corresponde otorgarle plena eficacia convictiva a las declaraciones que anteceden (art. 90 L.O.), en los aspectos señalados.

Por su lado, a fs. 36/vta., obra un manuscrito (v. reconocimiento de fs.123), que es el descargo al que aludió la trabajadora al impugnar la sanción dispuesta por la empleadora. A través de ese instrumento la accionante refirió que se presentó con su madre al consultorio de la accionada, que el Dr. Salazar revisó a su progenitora y le solicitó que regresara el 24/02. A su vez, en dicho documento la actora pidió disculpas y expresó que procedió de dicha forma en virtud al cuadro severo de hipotensión y deshidratación que padecía su mamá, y en atención a que la méd ica de cabecera de aquella se encontraba de vacaciones. Asimismo redactó: “reiteramos nuevamente nuestra decisión de que los honorarios correspondientes a las consultas médicas sean abonadas, como corresponde, en forma inmediata…” Además allí dejó sentado: “se cargó a mi nombre ya que mi madre no es socia (pero fue aclarado al profesional)”. Y en ese escrito asegura que el Dr. Salazar se negó a percibir los honorarios correspondientes.

Tal como se observa de las pruebas rendidas en autos, la inconducta endilgada por la empresa a la empleada, que motivó la sanción disciplinaria, se encuentra corroborada. La madre de la testigo concurrió a consultas médicas, en turnos reservados a nombre de la actora. A su vez la propia accionante (más allá de las disculpas que pidió, y que luego se ofreció a pagar) asumió que no abonaron los importes correspondientes.

Desde esta perspectiva y frente a las circunstancias del caso concreto, estimo que el proceder de la demandada (aplicarle una sanción disciplinaria ante las inconductas de la empleada, en los términos que emanan del respectivo telegrama), no configura una injuria grave que no consienta la prosecución de la relación laboral.

Al respecto, cabe memorar que el art. 218 de la LCT establece que toda suspensión dispuesta por la empleadora, para ser considerada válida, debe fundarse en justa causa, tener plazo fijo y ser notificada por escrito al trabajador. Según el art.219 del citado cuerpo sustantivo, la suspensión obedece a justa causa si se debe a falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, a razones disciplinarias o a fuerza mayor debidamente comprobada. Asimismo, las suspensiones fundadas en razones disciplinarias o debidas a falta o disminución de trabajo no imputable al trabajador, no podrán exceder de treinta días en un año, conforme art. 220. Finalmente, el art. 223 dispone que si el empleador no observare las prescripciones de los arts. 218 a 221 sobre causas, plazos y notificación, en el caso de sanciones disciplinarias, el trabajador tendrá derecho a percibir la remuneración por todo el tiempo que estuviere suspendido si hubiere impugnado la suspensión, salvo que se hubiese excedido el plazo total previsto para las suspensiones y se optare por la solución prevista por el art. 222 de la LCT.

Sentado ello, cabe concluir que la ilegitimidad de la suspensión disciplinaria oportunamente impugnada por la trabajadora daría lugar -en principio- únicamente al reclamo de los salarios caídos durante los días objeto de la medida, pero no a resolver el vínculo, salvo que se trate del último de los supuestos mencionados, que no es el que aconteció en la lid.

En todo supuesto, no resulta de aplicación al caso lo previsto en el art. 66 apartado segundo de la L.C.T., según la modificación introducida por la ley 26.088, pues no se advierte configurado un ejercicio irrazonable del ius variandi que justifique el distracto.

Ello así pues, a diferencia de lo decidido por el Sr. Juez a quo, no considero que en el presente caso la sanción que le aplicó la accionada a la actora haya tenido singulares términos agraviantes que impidieran la prosecución del vínculo, en tanto la empleadora simplemente destacó los deberes a cargo de la trabajadora que consideró había transgredido con su inconducta. Además el hecho concreto que causó la suspensión, tal como surge de las pruebas analizadas, aconteció, según las pruebas producidas.Y, por otro lado, contrariamente a lo sentenciado en origen, tampoco estimo que modifique lo expuesto, que la accionada no haya referido qué conducta adoptó en relación al médico que atendió a la progenitora de la accionante, pues considero que dicha cuestión no fue objeto de controversia en el presente pleito.

A su vez, reitero que, en el presente caso, la ratificación de la suspensión decidida por la empleadora, ante el hecho injurioso -que, tal como destaca el judicante a quo, fue reconocido por la actora, y también se verifica con la prueba testimonial producida-, no constituye un incumplimiento por parte de la demandada de gravedad tal que imposibilite la continuación del vínculo, ni que su postura configure una injuria que justifique desplazar el principio de conservación del contrato (art. 10 de la LCT).

Asimismo, considero que carece de relevancia la falta de acreditación de sanciones anteriores pues lo esencial se centra en que no se advierte validada la conducta de la trabajadora en el marco normativo que regula el instituto de las suspensiones disciplinarias.

Por todo lo expuesto, concluyo que el despido en el que se colocó la actora no se fundó en una justa causa, por lo que propicio revocar lo decidido al respecto en la anterior instancia, lo que conduce a dejar sin efecto los rubros diferidos a condena. Consecuentemente resulta abstracto el tratamiento de la objeción de la demandada, relativa a la multa establecida en el art. 2 de la ley 25.323.

Por su parte, propiciaré también hacer lugar a la apelación deducida por la accionada, en cuanto cuestiona la base de cálculo que tuvo en cuenta el judicante de grado para liquidar los montos diferidos a condena.

En este sentido, de los recibos de haberes acompañados por la actora, y de la pericia contable de fs.169/172, se desprende, efectivamente, el carácter no remunerativo de los conceptos cuya integración al salario pretende la accionante, y al respecto cabe señalar que ningún planteo introdujo ésta en el inicio que controvierta la constitucionalidad de dichos conceptos.

Cabe considerar, en este sentido, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al pronunciarse recientemente en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios” (el 27/11/12; R. 401 XLIII), afirmó la facultad que tienen los jueces de todas las instancias para declarar de oficio la inconstitucionalidad de cualquier disposición normativa cuya aplicación implique la afectación concreta de las garantías emanadas de la Constitución Nacional o de los Tratados de igual jerarquía; y remarcó el consiguiente deber de efectuar dicha declaración ante la comprobación efectiva en cada causa de una vulneración de tales garantías, aun cuando la interesada hubiera omitido efectuar un planteo constitucional específico.

En esa misma causa, el más Alto Tribunal explicitó también las circunstancias y condiciones en las cuales resultaría admisible una declaración de inconstitucionalidad ex officio; y, a su vez, estableció los límites procesales dentro de los cuales puede ser ejercida dicha facultad. Sostuvo la Corte Suprema que: “… Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes.Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación”.

“En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera”.

“Como puede apreciarse, el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control”.

“… en tal sentido, cabe recalcar la jurisprudencia de esta Corte según la cual la declaración de inconstitucionalidad al importar el desconocimiento de los efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye un remedio de ultima ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos:14:425; 147:286). Además, cuando exista la posibilidad de una solución adecuada del litigio, por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de estas últimas para su resolución (Fallos:300:1029; 305:1304)”.

“En suma, la revisión judicial en juego, por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal, solo es practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, de manera que no debe llegarse a una declaración de inconstitucionalidad sino cuando ello es de estricta necesidad…”.

Sin perjuicio de los fundamentos del Máximo Tribunal, en el caso concreto de autos, más allá de que en el escrito constitutivo no se introdujo una petición concreta de inconstitucionalidad, lo cierto es que no se efectuó planteo ni desarrollo argumental alguno tendiente a sostener la afectación concreta de una garantía o derecho emanado de la Constitución Nacional, como para que, ante la comprobación de esa afectación, el Tribunal pudiera declarar la inconstitucionalidad de oficio de la norma que la origina (aun cuando tal declaración no hubiera sido pedida en forma específica por el interesado). En otras palabras, la omisión de “planteos argumentales” concretos y la consiguiente ausencia de prueba que demuestre que la aplicación del precepto en cuestión implica en el caso concreto de estos autos un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución”, obsta decisivamente a la posibilidad de que sea declarada su inconstitucionalidad en el marco de esta causa.

Sentado ello, y en virtud al nuevo resultado propiciado, cabe efectuar una nueva liquidación de los rubros debidos, teniendo en cuenta el salario del mes de enero de 2011 (v. fs. 169), sin considerar los rubros no remunerativos, es decir, la suma de $2.276.

En este entendimiento, es oportuno señalar que no han sido adunados a la causa recibos que acrediten el cobro de la liquidación final por parte de la actora (art.138 L.C.T.), y que la información que emane de los registros contables de la empleadora resulta insuficiente como para considerar acreditado el pertinente pago, por ser una declaración unilateral de la accionada, a la vez que no resulta acreditado en autos que la accionante se haya ausentado.

Entonces, propongo diferir a condena los siguientes rubros y montos: Salario marzo 2011 (menos los cinco días de suspensión) $ 1.908,90; días abril de 2011 hasta el distracto (4) $ 303,47; vacaciones proporcionales con sac $346,18; sac proporcional $569. Los que totalizan la suma de $ 3.127,55, que devengará los intereses fijados en el fallo recurrido que no fueron materia de cuestionamiento alguno.

Como consecuencia de la modificación que propongo, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y regulaciones de honorarios, y adecuarlos al nuevo resultado del litigio (conf. art. 279 C.P.C.C.N.), resultando abstractos los recursos interpuestos al respecto.

De acuerdo al modo en el que quedó resuelto el litigio, y teniendo en cuenta que no corresponde efectuar un cálculo matemático sobre la base del monto reclamado y de aquél diferido a condena, a la vez que las partes incurrieron en vencimientos parciales y mutuos, propongo que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 71 CPCCN, las costas se distribuyan proporcionalmente en función de la suerte obtenida por las partes en el pleito, por lo que propicio que las costas de ambas instancias se impongan en un 10% a la parte demandada y un 90% a la actora.

Por su parte, habida cuenta las labores realizadas, el valor económico del pleito y las pautas arancelarias que emergen de los arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 de la ley 21.839 y dec.16.638/57, propongo regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la demandada, y los del perito contador, por su actuación en la anterior instancia, en las sumas de $4.840, $6.000 y $2.640, respectivamente, todos a la fecha del presente decisorio.

Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, propongo que se regulen sus honorarios en el 25%, para cada una, de las sumas que les corresponda percibir respectivamente por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

Miguel Ángel Pirolo dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Modificar la sentencia de grado y reducir el monto de condena a la suma de $ 3.127,55 (tres mil ciento veintisiete pesos con cincuenta y cinco centavos); 2°) Dejar sin efecto lo decidido en origen en materia de costas y honorarios; 3º) Imponer las costas de ambas instancias en un 90% a cargo de la actora, y en un 10% a cargo de la demandada; 4º) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y accionada, y los del perito contador en las sumas de $4.840, $6.000 y $2.640, respectivamente, a la fecha del presente decisorio; 5º) Fijar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes accionante y demandada por los trabajos de Alzada en el veinticinco por ciento (25%) para cada una, de las respectivas sumas que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 6º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

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