Sanción a abogada por ejercer como mediadora sin la matrícula correspondiente

demanda-indemnizacionPartes: L. N. c/ CPACF (EXPTE 24953/10) s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 6-ago-2014

Cita: MJ-JU-M-88096-AR | MJJ88096 | MJJ88096

Sanción a una abogada por ejercer como mediadora sin contar con la matrícula correspondiente ni estar inscripta en el registro pertinente.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sanción impuesta a un abogado por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pues se comprobó que ejercía como mediador sin estar inscripto en el registro correspondiente y sin contar con la pertinente matricula.

2.-Las sanciones que impone el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los títulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos.

3.-No obsta la conducta reprochada la invocación del carácter privado de las mediaciones, pues no existe distinción en el marco de la ley invocada por la letrada respecto de las exigencias que le caben al profesional que ejerció la actividad de tal manera o que hubiere sido designado por sorteo oficial.

4.-De la prueba documental acompañada surge que la letrada no ha observado el cumplimiento de las leyes que regulan la actividad de mediación, así, más allá de la interpretación que pretenda hacer la profesional respecto del marco normativo, surge con meridiana claridad que todo letrado que quiera desarrollar la labor del mediador debe estar inscripto en el registro que a tales efectos se creó en la órbita del entonces Ministerio de Justicia de la Nación (conf. art. 15 y 16 de la Ley 24.573), y la actora no lo estaba.

5.-Para ser mediador se requiere -entre otros exigencias- que el abogado haya aprobado las instancias de capacitación y evaluación que exija la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (conf. art. 16 del dec. 91/98), y de las constancias de la causa surge que la recurrente pretendió dar el examen, pero que obtuvo la calificación final de desaprobado y que pese a ello actuó como mediadora con expresa mención del procedimiento establecido en la ley 24.573 y su decreto reglamentario, como ser, la notificación con la cita de sus artículos y la inclusión de la nómina de mediadores y la confección de actas en las que se consignaba que la audiencia se llevaba en los términos de la ley citada.

Fallo:

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014.

VISTO:

El recurso de apelación deducido a fs. 165/171 contra la resolución obrante a fs. 159/160 vta.; y CONSIDERANDO:

I. Que la presente causa tuvo su origen en la copia certificada del expediente iniciado ante la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos y de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal respecto del pedido de informe formulado por una letrada sobre el número de matrícula que le correspondía a la doctora N.L. (conf. fs. 1 y 3).

Por nota del 6 de septiembre de 2009, la citada Dirección informó que la letrada no se encontraba registrada como mediadora habilitada ante el Registro de Mediadores y que la matrícula Nº . que utilizaba, pertenecía a otro colega (fs. 4).

II. Que la Sala III del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, mediante sentencia del 14 de agosto de 2012, impuso a la doctora N.L. multa prevista en el art. 45, inc. c, de la ley 23.187, por la suma de $ 5.000, por entender que la conducta analizada encuadraba en lo establecido por los arts. 6º, incs. a y b y 10, inc. a, de la ley 23.187 y 10, inc. a y f, del Código de Ética de ese Colegio (fs. 159/160).

Para resolver de ese modo, el tribunal señaló que se encontraba debidamente acreditado con la prueba producida y las constancias remitidas por la Dirección Nacional de Métodos de Participativos de Resolución de Conflictos que la doctora L.se atribuyó la calidad de mediadora, que instó a la prosecución de mediaciones y emitió actas en el marco de la ley 24.573 y su decreto reglamentario y que para ello invocó una matrícula que pertenecía a un colega.

Agregó que por resolución SSRPJ Nº 1 la profesional obtuvo la calificación de “desaprobado” razón por la cual no contaba con la habilitación requerida para desarrollar la actividad y demostraba su conocimiento sobre los requerimientos de la ley 24.573 y, por tanto, su incumplimiento.

Por lo demás, destacó que si bien el Instituto . le otorgó una credencial y un número de registro a la denunciada ella no reviste el carácter oficial requerido para ser mediadora.

Concluyó que no se podía aceptar como excusa válida que las mediaciones eran particulares y que por error involuntario se incluyó la mención de artículos del decreto 91/98 en las citaciones y la ley 24.573 en las actas respectivas en un intento de deslindar la responsabilidad que como profesional le cabe.

III. Que, contra dicha sentencia, la doctora L. dedujo recurso de apelación (fs. 165/171).

Considera -en síntesis- que en la sentencia recurrida se invoca la violación a una serie de normas, sin relacionarlas con los hechos y desatendiendo a las argumentaciones esgrimidas en la defensa.

En tales términos, sostiene que se omitió tratar los argumentos relativos a su interpretación de la ley 24.573 y del decreto 91/98, se hizo una consideración genérica de la prueba y no se tomó en cuenta que no se iniciaron causas en las mediaciones en las que intervino.Asimismo, destaca que las partes conocían los alcances de su intervención y que en las audiencias sólo se presentaban los letrados.

Señala que los trámites de matriculación los inició para poder realizar mediaciones oficiales y que se limitó a realizar audiencias privadas ante la imposibilidad de obtener la autorización necesaria.

Agrega que siempre obró de buena fe y que la matrícula que utilizó se correspondía con la otorgada por el I., con expresa invocación de la autorización del Ministerio de Justicia, y que fue con motivo del expediente administrativo que advirtió que el instituto se había excedido al otorgar tales registros, extremo que debió controlar.

Subsidiariamente solicita la reducción de la sanción pues considera que no surge de manera clara la conducta reprochada que debe ser subsumida en el encuadre de una falta grave, como tampoco se observa de qué manera las circunstancias afectan a todos los abogados.

V. Que corrido en esta alzada el pertinente traslado al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, éste lo contestó solicitando el rechazo de la apelación deducida (fs. 190/197).

V. Que, a fs. 203, emitió su dictamen el señor Fiscal General subrogante.

VI. Que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo en aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 297:140; 301:970, entre otros).

VII. Que, en el caso, el Tribunal de Disciplina consideró que la conducta de doctora L. no había observado fielmente la legislación dictada y desacreditaba a todos los abogados, por ello concluyó que había incurrido en una falta grave.

VIII.Que, sentado ello, es preciso recordar que las sanciones que impone el Tribunal de Disciplina remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los títulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que los envuelve a todos (confr. Sala III, “Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF”, sentencia del 27/07/09, esta Sala “Ponce Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)”, sentencia del 4/08/11, “Fudim, Ángel Alberto c/ CPACF (Expte 21592/07)”, sentencia del 18/10/12, “Carvallo D´Onofrio Luis Felipe c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/Recurso Directo de Organismos Externos” resolución del 18/03/2014, entre otras).

Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica profesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar comportamientos que precisamente pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. Sala V, causa “Álvarez, Teodoro c/ CPACF”, del 16 de agosto de 1995, esta Sala “Ponce” ya citada, entre otras).

IX. Que, así las cosas, cabe reseñar que de las constancias acompañadas a la causa se observan que la doctora L.se desempeñó como mediadora en diversas oportunidades, que en las citaciones invocaba el carácter privado de las audiencias y que se reseñaban los artículos de la ley 24.573 y su decreto reglamentario.

Asimismo, también se acreditó que en las actas la letrada consignaba el número . respecto de su registro en la matrícula y que en algunos casos se utilizaban formularios que consignaban la leyenda “Mediación previa ley 24.573” (ver fs. 11, 13, 37, 41, 43, 122, 125, 129, 144, 145, 146 y 148).

X. Que, en ese entendimiento, los agravios expuestos no pueden prosperar. En efecto, en la prueba documental acompañada surge que la letrada no ha observado el cumplimiento de las leyes que regulan la actividad.

Así, más allá de la interpretación que pretenda hacer la profesional respecto del marco normativo, surge con meridiana claridad que todo letrado que quiera desarrollar la labor del mediador debe estar inscripto en el registro que a tales efectos se creó en la órbita del entonces Ministerio de Justicia de la Nación (conf. art. 15 y 16 de la ley 24.573).

Para ello, se requiere -entre otros exigencias- que el abogado haya aprobado las instancias de capacitación y evaluación que exija la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (conf. art. 16 del decreto 91/98).

En ese orden de ideas, de las constancias de la causa surge que la doctora L. pretendió dar el examen, pero que obtuvo la calificación final de “desaprobado” (conf. fs. 51) y que pese a ello actuó como mediadora con expresa mención del procedimiento establecido en la ley 24.573 y su decreto reglamentario, como ser, la notificación con la cita de sus artículos y la inclusión de la nómina de mediadores y la confección de actas en las que se consignaba que la audiencia se llevaba en los términos de la ley citada.

XI.Que, sentado ello, no obsta la conducta reprochada la invocación del carácter privado de las mediaciones, pues no existe distinción en el marco de la ley invocada por la letrada respecto de las exigencias que le caben al profesional que ejerció la actividad de tal manera o que hubiere sido designado por sorteo oficial.

Por el contrario, impone iguales exigencias y otorga entidad suficiente para tener por cumplida la etapa previa que se requiere para el inicio de las acciones patrimoniales en las que la letrada intervenía.

XII. Que, en cuanto al número de matrícula habilitante, se observa de las distintas actas que la letrada utilizaba el registro Nº . sin referencia a que su registro correspondía al de un instituto privado (conf. fs. 11,13, 37, 41, 43, 122, 125, 129, 144, 145, 146, y 148), circunstancia que induce a error a las partes y hace creer que pertenece a un registro oficial y, por tanto, se corresponde con el procedimiento de mediación previa exigido.

Por otro lado, en algunas actas directamente se hizo referencia al número de matrícula con la sigla “MJN”, como si se hiciera referencia al entonces denominado Ministerio de Justicia de la Nación (conf. fs. 123 y 126).

XIII. Que, por lo demás, las faltas sancionadas se configuran con la comprobación objetiva del incumplimiento a las obligaciones impuestas y para eximirse de ella, la defensa debía acreditar causas que lo exculparan; hecho no se ha configurado en autos pues solamente ha ensayado argumentos que no logran conmover las conclusiones arribadas por el Tribunal de Disciplin a del Colegio profesional, circunstancia que sella la suerte de la contienda.

XIV.Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8° – modificado por el artículo 12, inciso e, de la ley 24.432-, 9°, 19 -por analogía lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida -la sanción impuesta al profesional denunciado- y la calidad y eficacia de la labor desarrollada ante esta instancia (conf. contestación de traslado de fs. 186/197), corresponde regular en la suma de ($.) los honorarios del doctor Darío Ángel Busso, quien se desempeñó como letrado apoderado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

1)Confirmar la resolución apelada, con costas.

2) Regular en la suma de ($.) los honorarios del doctor Darío Ángel Busso.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

ROGELIO W. VINCENTI

JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY

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