Participar en una empresa del mismo rubro no implica pérdida de confianza pues la exclusividad no es típica del contrato de trabajo

shutterstock_161103986Partes: Landeira Irene Violeta c/ AV & MV S.R.L. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 31-mar-2014

Cita: MJ-JU-M-86082-AR | MJJ86082

La exclusividad de la prestación por parte del trabajador no es una nota típica del contrato de trabajo, por lo tanto, la participación de la actora en otra empresa del mismo rubro no constituye pérdida de confianza.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que la extinción del vínculo laboral con la actora no ha sido de modo eficiente habida cuenta que es necesario cumplir con la concurrencia de una causal actual, pues de lo contrario, no puede excluirse la idea de que la falta ha sido consentida, es decir que se la ha perdonado o que no se la considerado como un impedimento para la prosecución del vínculo laboral.

2.-Más allá de la calidad de accionista en otra empresa de la actora, no puede arribarse a la conclusión de que los intereses se encontraban superpuestos, pues cabe recordar que la exclusividad de la prestación por parte del trabajador no es una nota típica del contrato de trabajo, no existiendo inconveniente alguno en que una persona trabaje para dos o más patronos o tenga participación en otro emprendimiento.

3.-Atento que la demandada estaba informada sobre la participación de la actora en el armado de la otra empresa, -a través de su Curriculum Vitae-, al no estar acreditado que ambas empresas hayan comercializado los mismos productos a los mismos mercados, no cabe tener por configurado por parte de la actora comportamiento injuriosos para los intereses de la empleadora que sean hábiles para generar péridad de confianza; máxime siendo que el hecho que se dediquen al mismo rubro no implica identidad de productos y clientes.

4.-Corresponde confirmar el módulo remuneratorio a los fines del cálculo de la indemnización por antigüedad toda vez que en la medida en que la demandada alega que las sumas abonadas fuera del recibo no corresponden a salarios, lo cierto es que no se acreditó que las probanzas de autos que fueran abonadas dicha suma por una causa distinta al contrato de trabajo que unía a las partes (conf. art. 103 y 115 de la LCT.); máxime siendo que dicha situación da cuenta de una modalidad de abonar sumas sin registrar.

5.-Corresponde confirmar la extensión de la responsabilidad a la persona física de la codemandada pues el armónico juego de los arts. 59 y 274 de la LSC. es muy claro en cuanto contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los administradores, representantes y directores que a través de sus conductas u omisiones, al margen de su comportamiento en relación a la normativa interna del ente societario, violen la legislación vigente, y en el caso, quedó acreditado de salarios fuera de todo registro.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2.014, para dictar sentencia en los autos: “Landeira Irene Violeta c/ AV & MV S.R.L. y otro S/DESPIDO”; se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 7/15 se presenta la actora IRENE VIOLETA LANDEIRA y entabla demanda contra AV & MV SRL y MARTIN ALLERA en procura del cobro de unas sumas y rubros a los que se considera acreedora con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Manifiesta que comenzó a trabajar el 7 de septiembre de 2009, cumpliendo tareas de jefa de ventas con categoría de Supervisora de lunes a viernes de 9 a 18 , aunque podía laborar mayor cantidad de horas.

Arguye que el 17 de diciembre de 2010 intima a fin que se regularice su relación laboral dado que alega percibía sumas que se encontraban sin registrar, emplazamiento que debe reiterar dado que la accionada rechaza la misiva.

Sostiene que con fecha 23 de diciembre de 2010 recepciona la comunicación de la demandada por la cual dispuso el despido la despiden alegando a su criterio una falsa causal consistente en la pérdida de confianza.

Practica liquidación y reclama las indemnizaciones correspondientes al despido incausado y multas previstos en el ordenamiento laboral.

A fs.80/85 contesta la acción AV & MV SRL y MARTIN ALLERA quienes niegan los hechos expuestos en la demanda y da su versión de lo acontecido.

Da su versión de los hechos y afirma que el despido dispuesto ha sido a causa de una injuria de gravedad tal que impide la prosecución del vínculo, y detalla que se encuentra acreditado que la actora es idónea de la empresa de turismo TC TANGO y a la vez socia accionista de dicho emprendimiento, del mismo rubro e idéntico mercado que su parte, hecho que la actora no puso en conocimiento, situación que generó la pérdida de confianza, junto a otros hechos que detalla.

A fs.404/407, obra la sentencia de primera instancia. En ella, el “a quo”, luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, considera que el despido resultó ajustado a derecho y en consecuencia rechaza en lo principal la demanda incoada por el actora.

El decisorio es apelado por la parte actora conforme surge de la presentación de fs. 411/418 que replican las demandadas a fs. 431/432.

Asimismo el fallo es cuestionado por las demandadas en su presentación de fs. 420/424 que contesta la actora a fs. 426/428.

Por su parte el perito contador a fs. 419 apela los honorarios regulados por considerarlos bajos.

Por una cuestión de orden metodológico trataré en primer término el recurso interpuesto por la actora.

Cuestiona la agraviada la decisión de la sentenciante en cuanto concluyó que se acreditó la causal invocada por la demandada para disponer el despido de la demandada, a saber pérdida de confianza por haber tomado conocimiento que la actora era idónea y accionista de otra empresa de turismo.

Sostiene que la decisión no tuvo en consideración el elemento temporal de la causal invocada por la accionada. Asimismo el juez funda su decisorio tomando como cierto que la actora expresó en su demanda que en el CV presentado a la empleadora figuraba su calidad de socia, pero este hecho sostiene el apelante no fue argüido por su representada. Finalmente alega que no se encuentra acreditado que la otra empresa compitiera con la empleadora en el mismo mercado y que no se tuvo en cuenta la proporcionalidad de la sanción.

A fin de evaluar la decisión rupturista en principio resulta relevante analizar el tiempo en el cual se tuvo conocimiento o sucedieron los hechos que se imputan.Y ello para decidir acerca de la contemporaneidad de la medida, ya que entre el hecho injurioso y la sanción debe existir una relación de contemporaneidad que justifique el nexo causal entre ambas.

Entonces la idea de exigir la concurrencia de una causal actual deviene necesaria para excluir la idea de que la falta ha sido consentida, es decir que se la ha perdonado o que no se la considerado como un impedimento para la prosecución del vínculo laboral.

Y es el caso que el telegrama rescisorio no hace mención alguna a la época que se tomó conocimiento de los hechos que se le imputan a la trabajadora que generan la pérdida de confianza alegada.

Una primera conclusión es que el vínculo no se ha extinguido desde dicha óptica en forma eficiente.

Sin perjuicio de ello trataré seguidamente la causal invocada por la demandada para disolver el contrato de trabajo.

En primer lugar, deseo recordar que producido el despido directo, la carga de la prueba de la causa del mismo queda en cabeza del demandado y de no ser así cae la justificación de rescisión del vínculo más allá de la existencia o no de actividad probatoria del actor. Ello es así, en los términos del art. 377 del Código Procesal y del art. 499 del Código Civil.

Es función del jurista reconstruir el pasado para ver quien tiene razón en el presente y según se haya distribuído la carga de la prueba, será la actividad que deba desarrollar cada uno.

Esa carga determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el éxito en el proceso y debe apuntar al objeto de la prueba, es decir los hechos no admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos, sean conducentes a la dilucidación del litigio.

En el caso que nos convoca, la demandada tuvo a su cargo la prueba de los hechos que le imputa a la actora en su misiva rescisoria, que en la parte pertinente transcribo, a saber que:”era idónea y socia de la agencia de viajes y turismo “TC TANGO” de la cual, según el acta de constitución presentada al Ministerio de Turismo de la Nación, cuenta con acciones, sin nunca haber notificado lo previamente mencionado. La posición que Ud. ocupa en el área de ventas, manejando información confidencial de nuestra empresa es totalmente incompatible con la que ocupa en “TC TANGO S.A.”, ya que ambas comercializan los mismos productos a los mismos mercados. El habernos ocultado su condición previamente mencionada nos ha generado pérdida de confianza.”.

Veamos, llega firme a esta Alzada que la actora se desempeña como idónea de turismo en la firma TC TANGO y que además era socia y accionista de dicha empresa.

Entonces lo que se debe analizar es si dicha situación era conocida por la demandada y si además fue hábil para generar la pérdida de confianza.

Debemos recordar que la pérdida de confianza constituye un factor subjetivo que justifica la ruptura del contrato de trabajo sólo si se deriva de un hecho objetivo incompatible con el principio de buena fe.

La sola existencia del factor subjetivo, resulta irrelevante para el ordenamiento jurídico, resultando imprescindible la acreditación prístina de los hechos alegados y justificantes del sentimiento subjetivo, hechos estos que como se señaló supra se encuentran acreditados en autos, es decir que la actora era idónea de turismo en la firma TC TANGO y que además era socia y accionista de dicha empresa.

Resta dirimir entonces si la posición de idónea y socia eran incompatible con el puesto de trabajo que la actora tenía en el área de ventas, por manejar información confidencial de la empresa y si “TC TANGO S.A.” y la accionada comercializan los mismos productos a los mismos mercados.Por otra parte resta dilucidar si tal situación fue ocultada por la trabajadora.

Es preciso en este punto recordar que la evaluación de la injuria es tarea reservada a los jueces teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad, al igual que la culpa del derecho Civil, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, lugar y persona (art. 513 del Código Civil).

Analizada la prueba testimonial la testigo BASSI TERRERO – ver fs. 299/300-, quien dejó de trabajar con anterioridad a la actora en al año 2010, da cuenta que la condición de idónea de Landeira en la empresa TC TANGO era conocida por los que trabajaban en la oficina Sras. Alexandra Tansuk, Ximena Austgariz, Carina Ale, Patricia y Martín Allera, este último codemandado en autos. Y esta declaración luce concordante, pormenorizada y objetivas en los hechos narrados, no encontrando motivos conducentes que disminuyan su fuerza convictiva, y dada su elocuencia, alcanzan los fines suasorios perseguidos (conf. Arts. 90 L.O. Y 386 C.P.C.C.N.), máxime cuando no fue impugnada por las partes.

Por otra parte la propia demandada acompaña el currículum de la actora en la cual ésta dio cuenta que formó parte del armado de la empresa desde el inicio de las actividades. Y si bien no se encuentra acreditado que la actora dio a conocer su calidad de accionista, lo cierto es que tampoco obra probado en autos que ambas empresas hayan comercializado los mismos productos a los mismos mercados, ya que el hecho que se dediquen al mismo rubro no implica identidad de productos y clientes.

Desde esta óptica más allá de su calidad de accionista no puede arribarse a la conclusión que los intereses se encontraban superpuestos. Por otra parte cabe recordar que la exclusividad de la prestación por parte del trabajador no es un elemento determinante del contrato.La exclusividad de trabajo para un sólo empleador no es una nota típica del contrato de trabajo, no existiendo inconveniente alguno en que una persona trabaje para dos o más patronos o tenga participación en otro emprendimiento.

Lo anteriormente analizado me lleva a concluir a la luz de las reglas de la sana critica (art. 386 C.P.C.C.N), que no se configuraron por parte de la actora comportamientos injuriosos para los intereses de la actora que sean hábiles para generar la pérdida de confianza.

Es por lo anteriormente analizado que propongo la modificación del fallo, pues considero injustificado el despido dispuesto por la empleadora.

Como consecuencia de lo resuelto precedentemente corresponde hacer lugar al agravio vertido por la actora quien se queja porque se rechazaron los rubros Indemnización por antigüedad y la Indemnización sustitutiva del preaviso.

Asi mismo progresará la indemnización del artículo 2 de la Ley 25.323, ya que esta norma deviene aplicable a las consecuencias jurídicas o efectos contractuales que no hayan sido cumplidos por el empleador debidamente intimado. Ergo, son requisitos para su procedencia: la intimación fehaciente y el inicio de acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas.- La norma parece apuntar a morigerar el daño que se produce al trabajador cuando no se cumple lo debido y a poner un marco diferencial entre el empleador que cumple con las indemnizaciones previstas en la ley y aquél que se toma los tiempos judiciales, aún sabiendo que debe pagar (ver trabajo publicado en ERREPAR, Nº 185, enero/01, T. XV,”Nuevo Regimen de Indemnizaciones Laborales Establecido por la Ley 25.323″, Dra. Estela M.Ferreirós). La actora intimó fehacientemente (ver telegramas cuyas copias obran a fs. 144/145 de cuya autenticidad y recepción da cuenta el informe de fs.147) y debió iniciar el presente juicio para poder obtener el cobro, en consecuencia corresponde hacer lugar a este rubro.

A fin de establecer el módulo remuneratorio corresponde tratar el agravio de la demandada quien se queja por cuanto el juez de grado declaró que al actor se le abonaban fuera del recibo la suma de $ 3901, pues de la prueba pericial contable surge que sólo fue abonado mediante cheques en forma esporádica sumas que además no correspondían a salario.

Adelanto que el agravio no tendrá favorable acogida. Ello en la medida que si bien la demandada alega en su memorial que las sumas detectadas por el perito contador abonadas fuera del recibo no corresponden a salarios, lo cierto es que no se acreditó que las probanzas de autos que fueran abonadas dicha suma por una causa distinta al contrato de trabajo que unía a las partes. (conf. art. 103 y 115 de la L.C.T.)

Por otra parte el hecho de haberse acreditado pagos fuera del recibo legal, más allá que documentados sólo se haya referido a los realizados durante cuatro meses, lo cierto es que dicha situación da cuenta de una modalidad de abonar sumas sin registrar. En consecuencia y teniendo en cuenta además que el cargo que ostentaba la actora de supervisora de ventas, que tenía personal a cargo y la jornada que cumplía, la sumatoria de los montos percibidos tanto las registradas como las que se encontraban fuera del recibo legal resultan acordes para retribuir la labor de la actora (conf. art. 56 de la L.C.T.).

En consecuencia propongo confirmar el fallo en este punto.

Siendo ello así y tomando como mejor remuneración la de

$ 6771,07 la actora resulta acreedora a una indemnización por antigüedad de $ 13.542,14, ya que se deben computar dos períodos por ser su antigüedad de un año y fracción mayor de tres meses (1 año, 3 meses y 24 días ver certificado de fs.91) y preaviso de

$ 6771,07.

Asimismo corresponde hacer lugar a la indemnización del artículo 2 de la Ley 25.323, la que prosperará por la suma de $ 10.156,60.

También prosperará entonces la indemnización prevista en el artículo 15 de la Ley 24.013, ya que la actora fue despedida sin causa justificada dentro de los dos años desde que cursó de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11 de la Ley 24.013, que asciende a la suma de $ 20.313,21.

II. RECURSO DE LA DEMANDADA:

1) Se agravia la demandada porque entiende que al momento que la actora despacha el telegrama intimatorio por la ley de empleo el vínculo se encontraba extinguido razón por la cual no corresponde la intimación del artículo 10 de la Ley 24.013 y la prevista en el artículo 45 de la Ley 25.345.

No se encuentra discutido en autos que el distracto se produce mediante la carta documento Nro. 146106629 remitida por la empleadora con fecha 21 de diciembre de 2010 y que recibe la actora el 23 de diciembre del mismo año.

Entonces dado que la trabajadora efectuó el emplazamiento con fecha 17 de diciembre de 2010 y fue rehusado por la demandada y lo reiteró el 20 de diciembre de 2013, no cabe dudas que fue efectuada encontrándose vigente la relación laboral.No modifica lo decidido el hecho que efectivamente no haya entrado en la órbita de conocimiento de la demandada, ya que la falta de recepción le es imputable por cuanto la trabajadora dirigió los emplazamientos en forma diligente al domicilio en el cual después la propia accionada consigna como su domicilio al remitir la misiva rescisoria a la parte actora.

En consecuencia, encontrándose acreditado los pagos sin registrar cabe confirmar lo decidido en primera instancia respecto de la multa prevista en el artículo 10 de la Ley 24.013.

Adelanto que tampoco tendrá favorable acogida el agravio relativo al artículo 45 de la Ley 25.345, ello en la medida que en mi opinión el recurso no puede prosperar en tanto dista de constituir una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia cuya revocatoria persigue (conf. Art. 116 L.O.). En ese sentido, destaco que el recurrente no tiene en cuenta ni refuta los argumentos y pruebas en la que se basó el sentenciante para hacer lugar al rubro que pretende cuestionar, hechos estos que resultan insuficientes para motivar la revisión de lo actuado.

2) Se agravia la demandada porque que se hace lugar a la extensión de la responsabilidad a la persona física de la codemandada Sr. Martín Allera. Entiende que no se da el caso de encubrimiento de fines extras societarios ya que no hay velo que descorrer y que no se utilizó la SRL como pantalla.

En este punto deseo resaltar que llega firma a esta instancia el carácter de socio gerente de la demandada (ver poder de fs. 89/90), por lo tanto teniendo en cuenta la solución que dejo propuesta en el apartado anterior, en cuanto encuentro acreditado que la actora ha sido registrada en forma deficiente con relación a su salario, no encuentro argumentos fácticos ni jurídicos que me permitan apartar de lo resuelto en la instancia anterior.

En efecto:”. la norma en cuestión impone a los administradores y representantes de la sociedad que deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión (.) las obligaciones de los directores, administradores, etc se pueden consignar de la siguiente manera (.) Obligación de cumplir la ley: en este apartado se hace referencia no sólo a la ley de sociedades, sino a las leyes en general y a las normas comerciales y laborales sobre documentación, etc.”(Estela Milagros Ferreiros “Responsabilidad Personal e ilimitada de Gerentes y Directores en Sociedades Comerciales por Créditos Laborales” ERREPAR- DEL- N°169 Septiembre/99)

Así entonces, dado el carácter de los codemandados dentro de la sociedad recuerdo que el armónico juego de los arts. 59 y 274 de la LS es muy claro en cuanto contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los administradores, representantes y directores que a través de sus conductas u omisiones, al margen de su comportamiento en relación a la normativa interna del ente societario, violen la legislación vigente.

He señalado antes que ahora que la forma societaria es una suerte de cobertura otorgada como técnica jurídica a la empresa y que la misma la torna a esta última, un sujeto de derechos condicionado al cumplimiento de sus fines y respeto de su objetivo social. En los últimos tiempos se ha podido observar un alto índice de incumplimientos y, en algunos casos, se puede advertir claramente el uso de las sociedades comerciales, no orientadas a la realización de su objeto sino como medio de incumplimiento de obligaciones laborales derivadas de leyes imperativas, con un cierto desdén por el orden público.

El tercer párrafo del art.54 de la ley de sociedades hace mención expresa a la inoponibilidad de la persona jurídica y se refiere concretamente a las actuaciones de la sociedad que encubran la consecución de fines extrasocietarios, constituyan un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, y determina que, en el caso se imputará directamente a los socios o a las controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Algunas veces no será fácil demostrar que la sociedad fue utilizada con el fin de no cumplir o de violar la ley. En rigor de verdad no sería necesaria la prueba de la intencionalidad de utilizar la sociedad como escudo de incumplimiento, sino que es suficiente por ejemplo, con la demostración de la violación de las normas de orden público por parte de la sociedad. No es una transformación de la obligación ni tampoco su novación sino una privación parcial de efectos frente a terceros. La sociedad siempre seguirá siendo el sujeto obligado sólo que se extiende la relación pasiva por un accionar abusivo que hace caer su cobertura técnica condicionada que le proporciona esa personalidad limitada (ver trabajo publicado en Doctrina Laboral-Errepar, septiembre de 1999, pág. 700).

Es por todo lo expuesto que propongo confirmar lo decidido en primera instancia en este punto.

III- Agrego, en cuanto a las restantes consideraciones vertidas en las piezas recursivas sobre las cuestiones abordadas precedentemente, que -tal como la Corte Suprema de justicia de la Nación ha sentado criterio- el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf.CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas

jurisprudenciales en “Código Procesal.” Morello, Tº II-C, Pág.

68 punto 2, Editorial Abeledo – Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: “Bazaras, Noemí c/ Kolynos”; S. D. 32.313 del 29.6.99).

IV. La nueva solución que dejo propuesta impone dejar sin efecto todo lo resuelto en primera instancia en materia de costas y honorarios y determinarlo en forma originaria (art. 279 del Código Procesal).

En tal tesitura propicio que las costas, en ambas instancias sean soportadas por la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal) y se regulen honorarios a la representación letrada de la parte actora en un 17%, de la demandada en un 14% y del perito contador 6 %, porcentajes a calcularse sobre el monto definitivo de condena, con inclusión de intereses.

Por los trabajos de alzada propicio se regulen honorarios a la representación letrada de la actora 30% y demandada en el 25%, para cada una de ellas de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

EL DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que

antecede.

LA DOCTORA NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar el fallo apelado y elevar el monto de condena a la suma de $ 86.096,23(pesos ochenta y seis mil noventa y seis con veintitrés) más intereses según se han dispuesto en el respectivo considerando. 2) Regular honorarios a la representación letrada de la parte actora en un 17% (diecisiete por ciento), de la demandada en un 14% (catorce por ciento) y del perito contador 6% (seis por ciento), porcentajes a calcularse sobre el monto definitivo de condena, con inclusión de intereses. 3) Regular honorarios de alzada a la representación letrada de la actora 30% (treinta por ciento) y demandada en el 25% (veinticinco por ciento), para cada una de ellas de los determinados para la primera instancia. 3) Declarar las costas en ambas instancias a cargo de la demanda vencida. 4) Confirmar en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravio 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1ª de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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