Impuesto a las ganancias: AFIP debe reintegrar sumas retenidas de una indemnización más sus intereses

CalculadoraImpuestosPartes: Pérez Efraín c/ AFIP (DGI) s/ repetición de impuesto

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: II

Fecha: 11-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-86573-AR | MJJ86573

La AFIP debe reintegrar a un trabajador sumas de dinero indebidamente retenidas en concepto de Impuesto a las Ganancias -más intereses- sobre una suma percibida a raíz de la desvinculación por mutuo acuerdo con su empleador.

Sumario:

1.-Corresponde modificar la sentencia apelada y revocar la retención que hubo tenido lugar en concepto de Impuesto a las Ganancias de la suma percibida por el actor por parte de su empleador como consecuencia de la finalización por mutuo acuerdo de la relación laboral, con la salvedad de la suma correspondiente a la denominada indemnización sustitutiva de preaviso, por lo que se debe proceder a la devolución del importe descontado con más los intereses devengados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo en cuestión.

2.-Corresponde aplicar la tasa activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos comerciales dispuesta en la instancia anterior, pues se juzga vigente la doctrina fijada por el Tribunal en autos ‘Gómez, Ricarda c/ ENTEL s/ indemnización por despido’ de 2001, máxime cuando la obligación en cuestión surge de una causa laboral y el hecho de tomar la posición adversa es contrario a los principios que del art. 14 bis de la Ley Fundamental.

3.-Es menester modificar la sentencia apelada en relación a la tasa de interés y comenzar a computar los intereses desde la exacta fecha de la indebida retención en tanto, de decidir de otra manera, la reparación al trabajador perdería su condición de integral.

4.-La desvinculación por mutuo acuerdo en los términos del art. 241 de la LCT., no altera el carácter esencial del despido de personal que la empresa precisa realizar y es por ello que se considera a los montos percibidos como indemnización por antigüedad, destinados a reparar el daño generado al trabajador cuando concurre la voluntad empresarial de extinguir los vínculos laborales.

5.-Los montos que hubieren sido abonados en concepto de extinción del contrato de trabajo -art. 241 de la LCT.-, no constituyen ganancias sujetas a gravamen, debido a que resultan asimilables a los fines recaudatorios a las indemnizaciones por despido.

Fallo:

La Plata, 11 de abril de 2014.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente n° 1012/2006 caratulado “Pérez, Efraín c/ AFIP (DGI) s/ repetición de impuesto” que proviene del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de esta ciudad;

Y CONSIDERANDO:

EL JUEZ SCHIFFRIN DIJO:

I- El Dr. Eduardo Alberto Christensen, en su carácter de apoderado del Sr. Efraín Pérez, dedujo demanda de repetición contra la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), con el objeto de obtener la devolución de las sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias al abonárseles indemnizaciones por despido.

Comentó que el 26 de diciembre del año 2000 interpuso, en nombre de su mandante, un reclamo administrativo previo a la instancia judicial, con la finalidad de obtener la devolución de los importes retenidos sobre las sumas correspondientes a la indemnización por antigüedad, con motivo de la extinción de la relación laboral con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (retiro voluntario).

Explicó que dada la demora en la administración en la devolución, tuvo por denegado tácitamente el reclamo administrativo, razón por la cual inició la presente acción.

Agregó que al gravar la indemnización por antigüedad se efectúo una retención indebida.

Manifestó que la exención del Impuesto a las Ganancias a este tipo ingresos se encontraba reglada en el artículo 20 inciso i) de la ley correspondiente, y que, además, la indemnización no revestía las características de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente productora del rédito.

II- La sentencia de primera instancia de fs. 82/83 y vta.hizo lugar a la demanda deducida por Efraín Pérez y condenó a la ex Dirección General Impositiva a restituir las sumas retenidas -al extinguirse el vínculo laboral con la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales-, en concepto de impuesto a las ganancias con excepción de lo correspondiente a indemnización sustitutiva de preaviso, con más intereses y costas.

Frente a ello, el apoderado del Fisco Nacional (AFIP-DGI) interpuso recurso de apelación a fs. 84, y lo sostuvo con la expresión de agravios de fs. 97/102.

Entre sus consideraciones sostuvo que el resolutorio en crisis carecía de los elementos básicos para ser considerado una sentencia conforme doctrina de la CSJN. Fundó esta crítica transcribiendo distintos párrafos del decisorio del a quo que según dijo, traslucían un claro apartamiento de las constancias del expediente y una inadecuada interpretación de la normativa aplicable.

También manifestó que había orfandad de prueba por los actores del efectivo ingreso del impuesto retenido a las arcas del fisco.

Además, subrayó que el actor recibió como causa de la rescisión de común acuerdo del contrato que lo vinculaba con la empresa YPF SA, una indemnización con carácter cancelatorio de todas las obligaciones contractuales, con carácter de pago graciable, o sea, obtuvo un beneficio, se acrecentó su capital, y por ende debía ingresar al fisco el tributo correspondiente.

Asimismo, criticó la imposición de las costas y la forma y la fecha en el cálculo de los intereses.

III- Las cuestiones articuladas en la demanda y decididas por el a quo son sustancialmente iguales a las resueltas por esta Sala II in re “Eyherabide, María Inés y otros c/ DGI s/ contencioso tributario”, del 19 de marzo de 2002 (Tº 68 Fº 132/135), a cuyos fundamentos cabe remitir brevitatis causae, cuya copia acompaño (en similar sentido ver Fallos: 333:2193 ).

IV- 1.Respecto de la tasa de interés aplicable, en el antecedente de esta Sala II mencionado ut supra se recurrió a la doctrina que emanaba del fallo plenario “Gómez, Ricarda c/ ENTEL s/ indemnización por despido” .

En este fallo plenario del 30/08/2001, concurrí a la propuesta mixta efectuada por el Dr. Frondizi en el sentido de establecer como regla en el pago de intereses por mora en el cumplimiento de la obligaciones la tasa bancaria que compensa los depósitos del público y, como excepción, la tasa de descuentos para los juicios en los cuales se apliquen las reglas del procedimiento laboral.

En este sentido se fijó como doctrina que: “Que corresponde aplicar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, excepto en las causas laborales en que habrá de aplicarse la tasa activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos comerciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 13 de la ley 25.344”.

Sin dejar de tener en cuenta lo establecido por el artículo 12 de la ley 26853 estimo que la doctrina de ese plenario continúa siendo una pauta interpretativa útil y seguida desde hace tiempo, de modo que a mi juicio cabe seguir aplicándola.

En virtud de ello, mantengo mi postura en relación a la tasa de interés aplicable a casos como el de autos, y, en particular, tratándose de una obligación de origen laboral (conforme expuse en mis votos in re “Folgueras, Ramón Carlos c/ Armada Argentina s/ Indem. por despido”, expte. n° 1860/01, sentencia del 19.07.2007, Rtro. S. II T. 150 f* 134/151; “Ramos José Luis c/Estado Nacional (Ministerio de Defensa – A.R.A.) s/Indemnización por despido”, expte. Nº 16456/10, sentencia del 28 de abril de 2011; Cruz, Daniel Horacio c/ EDESUR SA s/ Daños y Perjuicios”, expte.nº 15336/08, sentencia del 9 de junio de 2011), corresponde la tasa activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos comerciales dispuesta por el a quo.

Tomar la posición adversa se alejaría de los principios que en el art.14 bis de la Ley Fundamental, notable expresión del constitucionalismo social, colocan al trabajador en un marco de preferente tutela.

Esta preferente atención que surge de la reforma del 1957, se encuentra revitalizada por la renovada atención universal sobre estos temas que se ha materializado a partir de la incorporación en los Tratados de Derechos Humanos internacionales, que cuentan con jerarquía constitucional (art.75, incs.22 y 23; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts.23/25; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art.XIV; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts.6 y 7).

Dentro de esta valoración, entiendo ilustrativo lo expresado por el doctor Rolando E. Gialdino, en su obra “El trabajador y los derechos humanos”, publicada en la revista de la Secretaría de Investigación de Derecho Comparado de la CSJN, 2 (2000), pág.403/511, particularmente pág.430/431), cuando dice:

“El emplazamiento de la dignidad del hombre en el eje de del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, muy especialmente, en el de los derechos laborales, posee virtualidades insoslayables.

Si bien es cierto que, en definitiva, no pareciera más que un Derecho que se entronca en la tradición más noble del iuslaboralismo, esta apreciación pecaría de reduccionista, Esto es así, pues dicho aporte normativo viene a alimentar a la mentada tradición precisamente en momentos en que ésta sufre los embates de doctrinas y escuelas que, so color de “modernización”, “desregulación”, “globalización”, “mundialización”, “eficiencia”, “eficacia”, “competitividad”, “leyes del mercado”, “ajustes”, “liberalización”, “flexibilidad”, entre muchos otros recubrimientos terminológicos, se resuelven en posturas ajenas, desinteresadas, cuando no contrarias, a dicha dignidad” (ob.cit., pág.439).

Esta señalada dignidad del trabajador, debe tutelarse por todo órgano del Estado que tenga en su órbita la creación, aplicación o interpretación de normas que reglamenten sus derechos.

Pero, rescato una corriente inversa en la actualidad que ha revitalizado esta tutela a partir de una doctrina y jurisprudencia que marca un indispensable regreso a los principios de protección laboral.

Por último, señalo que en el marco de la tutela constitucional que ampara al trabajador resulta harto evidente que toda norma que reglamente su interés sea objeto siempre de una “interpretación evolutiva” que tienda a favorecerlo.

Desde esta perspectiva, surge la aplicación del principio del favor debilis e in dubio pro operario (art.9 LCT.).

De manera que, he de prescindir para la aplicación de los intereses de la resolución ministerial 314/2004 y concordantes, con la convicción de que prevalece la letra y el espíritu del artículo 14 bis de la Constitución Nacional (conf Fallos: 320:1793 ). Además, debo resaltar que se trata de una autorización que realizó el legislador, en quebranto de la división de poderes, al ser una delegación vedada por nuestra Constitución (arts. 76).

En efecto, el artículo 76 de la Carta Magna nos ilustra respecto de que “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

El Estado de Derecho sólo es posible si se otorga primacía a la ley como regla general y objetiva, y dicha ley no es producto de un gobernante ejecutivo sino del consenso societario expresado por el Parlamento.

IV- 2.La misma tesitura he de seguir, en este caso concreto, frente a la fecha de cómputo de los intereses, los que comenzarán a correr desde la indebida retención, y sin que me ate a la postura contraria el artículo 179 de la ley 11683, que se refiere al proceso administrativo y no judicial. De otra manera, la reparación al trabajador perdería su condición de integral.

En consecuencia, corresponde modificar la sentencia, sólo en lo que se refiere a la tasa de interés aplicable, conforme surge del apartado IV que antecede.

V- Finalmente, en relación al agravio de costas he de rechazarlo, dado que nada impide soslayar el principio objetivo de la derrota del artículo 68 del CPCCNA.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: confirmar la sentencia apelada, modificándola só lo en lo que se refiere a la tasa de interés aplicable, conforme surge del apartado IV que antecede. Con costas de ambas instancias a la accionada.

Así lo voto.

EL JUEZ ÁLVAREZ DIJO:

I. La sentencia de primera instancia (82/83 y vta.) hizo lugar a la demanda deducida por Efraín Pérez y en consecuencia, condenó a la ex Dirección General Impositiva a restituirle las sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias, en virtud de extinguirse el vínculo laboral con la empresa Petroquímica General Mosconi, con excepción de lo correspondiente a indemnización sustitutiva de preaviso. Asimismo, se dispuso el interés de la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, desde que se hizo efectiva la retención hasta la fecha de corte prevista en la Ley 25344, y por último se impuso las costas a la demandada vencida y se difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.

II. Como consecuencia de ello, la AFIP-DGI, a través de su apoderado, Pablo Emilio Maceri, interpuso recurso de apelación a fs. 84/85, y lo sostuvo con la expresión de agravios que luce a fs. 97/103, que mereció réplica de la contraria a fs.105/109 y vta.

Los agravios de la recurrente se dirigen a cuestionar la sentencia en los siguientes puntos: a) se ha omitido decir que la retención no fue realizada por AFIP-DGI, sino por YPF S.A.; b) se ha hecho una errónea interpretación extensiva de las exenciones tributarias debido a que la causa de extinción del vínculo laboral se produjo de común acuerdo y no por despido, no alcanzándole la aplicación del art. 20 inc.i y c) la imposición de las costas y la forma y la fecha en el cálculo de intereses.

III. En primer lugar, resulta oportuno destacar que el apoderado Eduardo Alberto Christensen, en nombre y representación de Efraín Pérez, dedujo demanda de repetición contra la Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General Impositiva- con el fin de obtener la repetición de las sumas, con más sus intereses, que le fueran retenidas indebidamente a su poderdante en concepto de impuesto a las ganancias, al abonársele la indemnización por despido.

Manifiesta que, con fecha 26 de diciembre de 2000, interpuso en nombre de su representado el reclamo administrativo previo a esta instancia judicial, con el objeto de lograr la devolución de los importes retenidos correspondientes a la indemnización por antigüedad con motivo de la extinción de su vínculo laboral con Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Agrega que, a la fecha de interposición de la demanda, al no obtener respuesta, tuvo por denegado tácitamente su reclamo, motivo por el cual se iniciaron las presentes actuaciones.

En síntesis, sostiene que, según su óptica, se violó la disposición expresa del artículo 20 inciso i de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el cual establece la exención para este tipo de ingresos.

IV. A fs. 35/38 y vta.contesta la parte demandada y manifiesta la improcedencia de los argumentos expuestos por el accionante en atención a que la ganancia recibida se encuentra gravada, a la inexistencia de exención expresa en la ley impositiva y a la errónea asimilación entre la figura del “despido” y de la extinción del contrato de trabajo por “mutuo acuerdo”.

Por su parte, a fs. 49/50 se encuentra agregada la pericia contable.

V. Ahora bien, la cuestión central consiste en precisar si las sumas recibidas por el actor se encuentran alcanzadas por el impuesto a las ganancias.

A fs. 3 obra agregada la liquidación por extinción de la relación laboral del Sr. Pérez, no habiéndose impugnado su autenticidad, de la cual surgen los descuentos por impuesto a las ganancias, lo que confirma que la deducción ha sido realizada.

Al respecto, la Ley de Impuesto a las Ganancias incluye a las rentas del trabajo en su artículo 2, inciso 1 y las define como rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación.

Por otra parte, el artículo 20, inciso i, de la mencionada ley establece que estarán exentas del gravamen las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido y las que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro.

En ese sentido, es preciso tener en cuenta el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que refiere.”tratándose de normas impositivas, no deben necesariamente entenderse con el alcance más restringido que el texto admite, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla.”(Fallos 295:755;280:18, entre muchos otros).

En ese orden de ideas, en el precedente “De Lorenzo, Amelia Beatriz (TF 21.504-I) c/ DGI”, de fecha 17 de junio de 2009, la Procuradora Fiscal -a cuyo dictamen remitió el más Alto Tribunal- recordó “…si bien los réditos o rentas no representan en si mismos rasgos distintivos, existen signos o caracteres objetivos tales como la periodicidad, la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación que permiten reconocerlos con relativa seguridad. La idea de periodicidad esta claramente expresada, pues el tributo recae sobre una entrada que persiste o es susceptible de persistir. Así el fruto que produce el árbol o la cosecha que da la tierra, el arrendamiento, el salario o el interés de un capital (Fallos 182:417).

Esa periodicidad del rédito, induce la existencia de una fuente relativamente permanente que subsiste después de producirlo, la cual se debe también “mantener y conservar”, pues sólo haciéndolo así se podrían “mantener y conservar” los réditos como lo requiere la definición de la ley (Fallo 209:347).

Más recientemente, en orden a cuestiones que guardan analogía con las presentes actuaciones, la Corte Suprema de Justicia con fecha 30/11/2010 en la causa “Cuevas, Luis Miguel c. AFIP-DGI s/ contencioso administrativo” (C. 1976. XLIV) se pronunció con remisión a la doctrina establecida en el precedente anteriormente citado.

En el mismo orden de ideas, resulta necesario destacar que, si bien en el caso bajo examen no nos encontramos con un supuesto de “despido”, la desvinculación por mutuo acuerdo en los términos del artículo 241, no altera el carácter esencial del despido de personal que la empresa precisa realizar.Al respecto, las montos propios a la indemnización por antigüedad están destinados a reparar el daño generado al trabajador cuando concurre una voluntad empresarial de extinguir los vínculos laborales.

Cabe aclarar, que esta forma consensuada no es más que la voluntad del empleador de reducir el personal a su cargo y la manifestación del empleado de abandonar su trabajo en los términos que se le imponen.

Sentado ello, me permite concluir que los montos abonados en concepto de extinción del contrato de trabajo de la manera explicitada, en el marco del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, no constituyen ganancias sujetas a gravamen, debido a que resultan asimilables a los fines recaudatorios a las indemnizaciones por despido.

VI. En cuanto al agravio referente a que la AFIP no fue quien retuvo tal concepto, resulta claro recordar que el empleador, en este caso YPF, actuó como agente de retención, es decir como mandatario del organismo recaudador en cumplimiento de una carga pública, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley 11683, al enumerar los responsables por deuda ajena.

VII. En cuanto a los intereses, estimo que corresponde aclarar que según lo establece el artículo 179 de la Ley N° 11683, el interés devengará desde la fecha de interposición del reclamo administrativo, con lo cual corresponde revocar lo resuelto por el juez de primera instancia sobre este punto.

VIII. Por último y en relación a la imposición de costas, dado el modo como propongo resolver el presente recurso y el principio general establecido en el primer párrafo del artículo 68 del CPCCN, de prosperar mi voto cabría imponerlas, en ambas instancias a la demandada vencida.

Por lo expuesto, propongo al acuerdo se confirme la resolución apelada en lo principal que se decide y revocarla en cuanto a la fecha del cómputo del interés en los términos del considerando VII. Costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN).

Así lo voto.

LA JUEZA CALITRI DIJO:

Que adhiere al voto del Juez Álvarez.

Por ello, SE RESUELVE: Confirmar la resolución apelada en lo principal que decide y revocarla en cuanto a la fecha del cómputo del interés en los términos del considerando VII del voto del Juez Álvarez. Costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo:

Leopoldo H. Schiffrin (en disidencia parcial)

César Álvarez.

Olga A. Calitri.

Jueces de Cámara.-

 

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