Representante sindical se consideró válidamente despedido ante el desconocimiento de la relación laboral por parte del sindicato

shutterstock_104383127Partes: Ceridono Carlos Arsenio c/ U.P.S.R.A. Unión de Seguridad de la República Argentina s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 19-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85874-AR | MJJ85874 | MJJ85874

El desconocimiento de la relación laboral de un representante sindical por parte del sindicato demandado configura una injuria suficiente para poner fin al vínculo entre ambos.

Sumario:

1.-Corresponde admitir que existió desempeño jurídica y económicamente dependiente del actor para la demandada (conf. art. 23 de la LCT.) toda vez que los testigos son convincentes en cuanto manifiestan que el actor asistía al METySS en carácter de representante sindical del sindicado demandado.

2.-Toda vez que la demandada reconoció que el actor realizaba tareas vinculadas a la problemática de los trabajadores, y tal extremo se condice con las declaraciones testimoniales, corresponde admitir que entre el sindicato demandado y el actor existió una relación de índole laboral.

3.-Estando acreditada la existencia de relación laboral entre las partes, el hecho de que la parte actora haya intimado al demandado para que registre la relación laboral y siendo que el demandado desconoció la vinculación, se configura una injuria suficiente en los términos previstos en el art. 242 de la LCT., que no consiente la prosecución de la relación, por lo que resultan procedentes las indemnizaciones previstas en los arts. 232 , 233 y 245 de la LCT.

4.-Si bien correspondeía la procedencia la aplicación de las multas de la Ley de empleo al presente caso, en relación a la prevista por el art. 8, de dicha normativa, la misma no resulta procedente en atención a la falta de cumplimiento del requisito de comunicación a la AFIP (art. 11 , ley 24013).

Fallo:

Buenos Aires, 19 de FEBRERO de 2014

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

La sentencia de primera instancia que rechazó el reclamo, viene apelada por la parte actora a fs. 212/217, habiendo merecido réplica a fs. 222/vta.

El accionante se queja porque el Sr. Juez “a quo” rechaza la demanda por carecer la misma de sustento factico ante la falta de acreditación de las misivas que fueran desconocidas. Sostiene que se ha efectuado una incorrecta valoración de las pruebas acreditadas en la causa. Adelanto que el agravio tendrá acogida favorable.

Así también debo señalar que la prueba testimonial aportada a la causa acredita contundentemente la relación de índole laboral habida entre las partes. En efecto, el testigo Torres Raúl Marcial (fs. 106), manifestó que conoció al actor cuando iba al Ministerio de Trabajo y salía a hacer inspecciones, que conoce a la demandada por intermedio del representante sindical (Sr. Abaca), que cuando el actor iba al Ministerio lo acompañaba a hacer inspecciones en las empresas de seguridad, que el actor lo hacía como representante sindical, ya que trabajaba en el sindicato de seguridad, que el gremio hacia la presentación en el Ministerio solicitando la inspección a tal o cual empresa, que fijaban un día y con el actor, el dicente y Abaca salían a hacer las inspecciones, que Abaca dejo de venir y las continuo Ceridono, que hay actas firmadas por el actor en el Ministerio, que sabe que esto fue en el año 2004. La dicente Mariela Celina Tocci (fs.107), indica que conoce al actor desde el 2004 porque iba al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en donde ella trabaja, que Ceridono iba al Ministerio a las audiencias de conciliación en carácter de representante del gremio, que a veces iba acompañado o a veces iba solo, que cada vez que había una audiencia del gremio el actor iba, que en el lapso de un año iba unas 15 veces aproximadamente. La testigo Noelia Beatriz Marino (fs. 135) afirma que conoce al actor del sindicato porque le hacía los trámites para las hijas (obra social y escuela), la dicente afirma que ingresó a SASA que es una empresa de seguridad y por ello sabe que el actor trabajaba en el sindicato, haciendo papeles, carnets, o sea las tareas que se realizan en las obras sociales, que trabajaba en Ezeiza a dos cuadras de la estación. Luego describe el lugar del sindicato en donde se desempeñaba el actor. El dicente Torres Sergio Eliseo (fs. 164/165), que es empleado de seguridad, conoce al actor y a la demandada del aeropuerto de Ezeiza. Declara que ingresó en el año 2002 y que tiempo después conoció al actor (2004) y quien recorría el aeropuerto para ofrecer servicios del sindicato, que traía las cartillas de las clínicas de la farmacia y los sticker de la obra social. Declara que cuando tenía alguna duda lo atendía Ceridono y agrega que la sede sindical queda a un par de cuadras de la estación de Ezeiza, que allí el dicente vió al actor una vez solo y que las demás de las veces estaba con dos o tres personas. Todo lo expuesto por los testigos de la causa permite tener por acreditado de manera convincente el desempeño jurídica y económicamente dependiente del actor para la aquí demandada. (conf. art. 23 de la L.C.T.).

A mayor abundamiento, no puedo dejar de señalar que la propia demandada reconoce en su responde (ver fs. 69, 6to.Párrafo) que el actor realizó tareas escuchando la problemática de los trabajadores, lo cual coincide con lo relatado por la testigo Tocci de fs. 107.

Asimismo, si bien se decretó la caducidad de la prueba informativa al Correo Oficial (ver fs. 134), considero que los telegramas N° 75345120 a fs. 21, Nº 55227610 a fs. 19 y Nº 75744554 a fs. 17, acompañado por la actora, presentan visos de autenticidad, lo que no fuera controvertido ni desvirtuado en autos. En ese sentido, destaco que los instrumentos cuentan con el respectivo sello de la oficina de Correo, a lo que se añade que resulta coincidente con los términos de las contestaciones de la demandada a fs. 18 y 20, que presentan las mismas características de realidad. Sin perjuicio de señalar que en la contestación de demanda se hace mención expresa de tales despachos.

Por último, entiendo que en caso de duda en la resolución de la presente incidencia, corresponde volcar el resultado de la apreciación en favor del trabajador, con fundamento en el art. 9 de la LCT reformado por la ley 26.428 dispone que en la parte pertinente .”Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la Ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla decidirán en el sentido más favorable al trabajador”, reforma que materializa la expresión del principio protectorio que tiene fundamento en el art. 14 bis de la Constitución Nacional cuando dice que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes” consagrando el principio in dubio pro operario esencia misma del derecho que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto, entiendo que se encuentra acreditada la existencia de relación laboral entre las partes, por lo que el hecho de que la parte actora haya intimado al demandado para que registre la relación laboral y siendo que el demandado desconoció la vinculación, entiendo que se trata de una injuria suficiente en los términos previstos en el art.242 de la L.C.T., que no consiente la prosecución de la relación, por lo que resultan procedentes las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T.

También se diferirá a condena las indemnizaciones previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la L.C.T., ya que la actora intimó a que se le abonen las indemnizaciones derivadas del despido y debió accionar judicialmente para lograr su cobro. A su vez, la demandada ha negado el vínculo que en esta causa se acredita, lo que habilita al trabajador a reclamar los certificados correspondientes y la multa que indica la normativa en cuestión.

Prosperarán las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2009 con su s.a.c. y el s.a.c. proporcional del mismo año, ya que en autos no se encuentra acreditada su cancelación (conf. art. 138, L.C.T.).

Si bien corresponde la procedencia la aplicación de las multas de la Ley de empleo al presente caso, en relación a la prevista por el art. 8, de dicha normativa, la misma no resulta procedente en atención a la falta de cumplimiento del requisito de comunicación a la AFIP (art. 11, ley 24013); sin embargo y de conformidad con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re “Di Mauro José Santo c. Ferrocarriles Metropolitanos SA y otro” del 31/5/2005), dicho incumplimiento no alcanza a la multa prevista por el art. 15, ley 24.013; la cual debe prosperar.

Se rechazará la multa prevista en el art. 132 bis de la L.C.T., ya que se trató de una relación laboral que se encontró totalmente fuera de registro, por lo que no se encuentra presente el presupuesto fáctico de aplicación de la norma.

Para el cálculo de los rubros salariales e indemnizatorios tendré en cuenta por fecha de ingreso el 14.03.04, la fecha de egreso el 24.11.09 y la remuneración de $2.800 (conf. art.55 de la L.C.T.) por lo que la demanda prosperará por los siguientes rubros y montos: indemnización por antigüedad: $16.800; indemnización sustitutiva de preaviso con S.A.C.: $6.066,66; integración mes de despido con S.A.C.: $3.033,33; vacaciones proporcionales 2009: $2.352; s.a.c. Proporcional 2009: $2.566,66; multa art. 15, ley 24.013: $25.899,99; indemnización art. 2, ley 25.323: $12.949,99 e indemnización art. 80, L.C.T.: $8.400; lo que arroja un total de $78.068,63.

Dicha suma llevará los intereses desde que cada parcial fue debido y hasta la fecha de su efectivo pago, según lo establece la tasa activa del Banco Nación para el otorgamiento de préstamos (conf. acta 2357 de esta Cámara).

También corresponde condenar a la demandada a la confección de las certificaciones de trabajo y de servicios y remuneraciones, las que se deben confeccionar y entregados con arreglo a las pautas establecidas en el presente pronunciamiento dentro de los quince días de notificada en la ocasión del art. 132 L.O., dando cuenta del tiempo de prestación de servicios, la naturaleza de los mismos, y la capacitación y calificación correspondientes, todo ello bajo apercibimiento en caso de retraso injustificado, de aplicar sanciones conminatorias de $ 100 diarios – conf. art. 666 bis C.Civ – por el plazo de 30 días, cumplido el mismo será el juzgado de la instancia anterior el encargado de confeccionarlo, conforme las pautas señaladas.

Lo anteriormente decidido impone dejar sin efecto lo expuesto en materia de costas y honorarios de grado (conf. art. 279, C.P.C.C.) los que se impondrán de manera originaria en esta instancia.

Las costas de ambas instancias serán soportadas por la parte demandada, quien resultó vencida en lo sustancial (conf. art.68, C.P.C.C.). Por su actuación en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el 15% y 13% del monto total de condena (conf. ley 21.839).

Por su actuación en esta instancia se regulan los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en grado (conf. art. 14, ley 21.839).

Por lo anteriormente expuesto, propicio: 1) Revocar la sentencia de primera instancia. 2) Hacer lugar a la demanda deducida por CARLOS ARSENIO CERIDONO y condenar a UNION PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA a pagar

dentro de los cinco días de notificado de la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O. la suma de $ 78.068,63 (setenta y ocho mil sesenta y ocho pesos con sesenta y tres centavos). 3) Dicha suma llevará los intereses previstos en el acta 2357 de esta Cámara. 4) Hacer lugar a la demanda condenando a UNION PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA a entregar al actor dentro de los quince días de notificada en la ocasión prevista por el art. 132 L.O., las certificaciones de trabajo y de servicios y remuneraciones, conforme lo expuesto en los considerandos respectivos, todo ello bajo apercibimiento en caso de retraso injustificado, de aplicar sanciones conminatorias de $ 100 diarios – conf. art. 666 bis C.Civ – por el plazo de 30 días, cumplido el mismo será el juzgado de la instancia anterior el encargado de confeccionarlo, conforme las pautas señaladas. 5) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada. 6) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el 15% y 13% del monto total de condena. 7) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en grado.

LA DOCTORA GRACIELA L.CRAIG DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, conforme con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, Ley 18.345, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de primera instancia. 2) Hacer lugar a la demanda deducida por CARLOS ARSENIO CERIDONO y condenar a UNION PERSONAL DE SEGURIDAD

DE LA REPUBLICA ARGENTINA a pagar dentro de los cinco días de notificado de la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O. la suma de $ 78.068,63 (setenta y ocho mil sesenta y ocho pesos con sesenta y tres centavos). 3) Dicha suma llevará los intereses previstos en el acta 2357 de esta Cámara. 4) Hacer lugar a la demanda condenando a UNION PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA a entregar

al actor dentro de los quince días de notificada en la ocasión prevista por el art. 132 L.O., las certificaciones de trabajo y de servicios y remuneraciones, conforme lo expuesto en los considerandos respectivos, todo ello bajo apercibimiento en caso de retraso injustificado, de aplicar sanciones conminatorias de $ 100 diarios – conf. art. 666 bis C.Civ – por el plazo de 30 días, cumplido el mismo será el juzgado de la instancia anterior el encargado de confeccionarlo, conforme las pautas señaladas. 5) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada. 6) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada en el 15% y 13% del monto total de condena. 7) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en grado.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Registrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s