El Estado debe pagar la indemnización dispuesta por la ONU a un militar por las lesiones que recibió en una misión de paz

DolaresPartes: B. S. R. R. c/ Estado Nacional Ministerio Defen. Jefat. Estado May Gral. Ejército s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 20-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85598-AR | MJJ85598

El Estado Nacional debe abonarle al actor una suma de dinero para equiparar la cantidad de dólares estadounidenses que la ONU dispuso por las lesiones que recibió en una misión de paz. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al Estado Nacional a abonar al actor la suma ordenada en la sentencia de tal forma que reciba el equivalente a la cantidad de dólares estadounidenses que la Organización de las Naciones Unidas depositó al Estado Nacional para ser destinada como indemnización por los daños derivados de una misión de paz a la que estaba destinado, pues la demandada le entregó esa suma recién seis años después de haberla recibido, no teniendo ninguna causa o justificación para haber procedido a dicha retención.

2.-El presente litigio versa sobre una indemnización específica, no fundada en el derecho nacional, sino otorgada por el sistema resarcitorio de la Organización de las Naciones Unidas para indemnizar a las víctimas de muerte o incapacidad como consecuencia de la participación de los Estados miembros a través de sus aportes de tropas, en distintas misiones de las Naciones Unidas; indemnización que no está alcanzada por la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema respecto a la no indemnización de los daños sufridos en conflictos bélicos.

3.-Según el informe del perito contador, la Tesorería General de la Nación contabilizó la acreditación del monto global en dólares transferido por la Organización de Naciones Unidas, que incluía la indemnización destinada al actor que el Estado debía transferirle en condición de integridad y rapidez, no obstante, tal monto, convertido a pesos al tiempo de la transferencia en la cuenta bancaria del actor, fue acreditado seis años más tarde.

4.-Las razones por las cuales el Estado Nacional retuvo la indemnización otorgada por el régimen internacional de Naciones Unidas fueron que consideró -equivocadamente- que la indemnización le correspondía y no que estaba destinada al beneficiario.

5.-El depósito en pesos efectuado por el Estado Nacional no satisfizo las exigencias del régimen internacional de resarcimiento de las Naciones Unidas, fue ostensiblemente parcial e insuficiente y ello conduce al rechazo del agravio que pretende aplicar la teoría de los “propios actos” o las consecuencias del pago sin reservas; ninguno de esos institutos es aplicable en las condiciones de necesidad en que se hallaba el actor, máxime que ya había deducido impugnación mediante el reclamo administrativo.

6.-El silencio del actor frente a la acreditación en la cuenta bancaria sólo puede interpretarse como la conformidad con el extracto que da cuenta del depósito bancario, pero de ninguna manera como renuncia de los derechos sustanciales frente al Estado Nacional, los que estaban siendo ejercidos en sede administrativa y en sede judicial.

7.-El daño moral que procede no es el vinculado causalmente con el accidente -en el caso, la explosión sufrida en Croacia- por el actor; el daño moral que debe ser admitido es el que guarda relación de causalidad apropiada con el destrato y la desvalorización que el accionante sufrió en la Argentina, por parte de un Estado Nacional indiferente al reconocimiento de sus derechos, que eran los que correspondían según el derecho internacional, como integrante de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, situación que se prolongó durante años.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de febrero de 2014, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden de sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. La sentencia de fs. 549/553 hizo lugar a la demanda promovida por el señor S. R. R. B., suboficial principal en situación de retiro, y condenó al Estado Nacional-Ministerio de Defensa-Jefatura Estado Mayor General del Ejército a abonar al actor la suma resultante de los cálculos que indicó en el considerando 3 de la sentencia, con más los intereses dispuestos en el considerando 4, más las costas del juicio. Para así resolver, el juez a-quo estimó que el demandado había retenido indebidamente el dinero recibido de la Organización de Naciones Unidas el 31 de agosto de 1998, con destino al pago de la indemnización del señor B. por las gravísimas lesiones sufridas en ocasión de su participación como miembro de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en Croacia, y había girado el capital convertido a pesos a la cuenta bancaria del suboficial el 29 de octubre de 2004, sin ninguna preocupación por resguardar el valor del monto de los U$S 399.942,67 percibidos de parte de la organización internacional. El juez estimó que esa retención del dinero que el actor necesitaba para su rehabilitación durante un largo lapso de seis años justificaba claramente la obligación de pagar intereses y la consecuente imputación del monto en los términos de los artículos 776 y 777 del Código Civil. Este cálculo arrojaba un saldo de capital impago, que constituía el monto de la condena, junto al importe de $ 150.000 que estimó en concepto de daño moral. El juez dispuso que ambos rubros generaran intereses desde la notificación del traslado de la demanda (el 11 de mayo de 2005), y hasta el efectivo pago, de acuerdo al régimen de emergencia aplicable (considerando 4, fs. 553). En cuanto al reclamo por prótesis, la sentencia lo desestimó por entender que el demandado no había negado sus obligaciones sobre este rubro en ningún momento. Finalmente, difirió a la etapa de ejecución de sentencia el planteo de inconstitucionalidad que la parte actora introdujo a fs. 11 de la demanda.

2. Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora y por la parte demandada. El Estado Nacional, cuyo recurso fue concedido a fs. 559, fundó sus agravios a fs. 564/566 y recibió el responde del demandante a fs. 573/575. La parte actora interpuso apelación a fs. 555, su recurso fue concedido a fs. 556, el memorial de agravios corre a fs. 567/569 y recibió la contestación de su contraria a fs. 571/572.

3. El Estado Nacional reclama la revocación de la sentencia con imposición de costas a la parte contraria. Sus agravios pueden presentarse de manera sucinta: a) estima que el razonamiento del juez a-quo es equivocado en cuanto ha dispuesto la imputación del pago primero a los intereses y con posterioridad al capital, toda vez que el suboficial principal B. aceptó el depósito efectuado en su cuenta por la Tesorería nacional sin efectuar reclamos, lo cual comporta la renuncia a reclamar posteriormente la liquidación de intereses; en tal sentido, invoca la aplicación de la teoría que sostiene que nadie puede contradecirse con sus propios actos plenos de validez; y b) impugna la condena a abonar $ 150.000 en concepto de daño moral; por una parte, afirma que el juez incurre en contradicción pues hace mérito del régimen autónomo de la indemnización otorgada por las Naciones Unidas y, a la vez, establece un monto exorbitante toda vez que la conducta antijurídica que ha individualizado es solamente la demora del Estado Nacional en haber transferido el monto del resarcimiento a la cuenta del actor. Asimismo, afirma que el rubro es improcedente puesto que el daño sufrido por S. R. R. B. fue derivado de un acto propio de su acción como militar de carrera, cumpliendo su profesión en el contingente de las fuerzas de paz de Naciones Unidas.

4. La parte actora solicita la modificación de la sentencia en los siguientes puntos: a) el incremento del resarcimiento por el daño moral, pues estima que las lesiones sufridas son gravísimas, con secuelas incapacitantes del 100 % ; aduce que a ese sufrimiento moral y espiritual debió añadir el destrato recibido por parte del Estado Nacional, que lo obligó a promover actuaciones administrativas y judiciales, enfrentándose con resistencias irrazonables y total desaprensión hacia su sufrimiento y sus necesidades de rehabilitación; y b) impugna el rechazo de la demanda por el monto que representa el cambio de prótesis cada dos años durante un lapso de veinticinco años; aduce que no es cierto que esta obligación sea asumida apropiadamente por el Estado Nacional puesto que el Comando de Sanidad ha decidido unilateralmente el reemplazo de sus prótesis por otras de inferior calidad que acentúan sus padecimientos.

5. El señor S.R.R.B., DNI 11.556.602, que revistaba como sargento primero del Ejército Argentino en 1993, fue comisionado para integrar el batallón argentino en la Fuerza de Protección de Naciones Unidas en Croacia (UNPROFOR). El 16 de diciembre de 1993, mientras se hallaba cumpliendo funciones junto a su superior en un vehículo que atravesaba un camino de tierra, se produjo una explosión al tomar contacto con minas ocultas en el terreno, produciéndose el deceso del superior y las gravísimas heridas del sargento B. Ese mismo día sufrió la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla y al día siguiente, en una nueva intervención, se le amputó su pierna derecha por encima de la rodilla y se extrajo una esquirla del cuello. Posteriormente, en un hospital de Zagreb, atravesó una nueva operación de reacondicionamiento de las vértebras lumbares, colocándosele un tutor metálico entre la segunda y la cuarta vértebra (fs. 461 y ss, informe médico). Pudo regresar a su país en febrero de 1994, siendo internado en el Hospital Militar Central.

De los antecedentes del expediente administrativo MD n° 10.773/02 resulta que la Junta Superior de Reconocimientos Médicos calificó las consecuencias de la explosión como “inútil para todo servicio” (el 8/3/1994), clasificación que fue dejada sin efecto en el año 2000, en que la Junta Superior de Calificaciones de Suboficiales y Voluntarios consideró a S.B. como apto para el grado inmediato superior (Suboficial principal) en reconocimiento de la Fuerza al mérito del causante, propuesta aprobada por el Estado Mayor General del Ejército.

Al promover la presente demanda el actor se consideraba en actividad, habiendo tomado conocimiento al tiempo de la ampliación de fs. 14/17 que había sido pasado a situación de retiro obligatorio a partir del 30/4/2003 (resolución EMGE del 10 de abril de 2003, fs. 2 de legajo personal).

En el año 2011, al tiempo del dictamen pericial de la Dra. Rivera, el actor contaba con 56 años y presentaba amputación bilateral, fractura de tercera vértebra lumbar tratada con osetosíntesis, signos de artrosis en ambas caderas, lumbalgia crónica y necesidad constante de equipamiento protésico para ambas piernas. La experta informó que no podía determinar con precisión la frecuencia del cambio de prótesis, debido a las modificaciones anatómicas en los muñones del paciente, pero que ello debía producirse aproximadamente cada dos años (fs. 463). Como conclusión, el dictamen informó sobre una incapacidad permanente del 100% del v.o.t., y dio cuenta de un trastorno por estrés postraumático crónico moderado que comporta una incapacidad parcial y permanente del 19%.

6. He tenido ocasión de examinar la Resolución n° 49/233 del 23 de diciembre de 1994 de la Asamblea General de las Naciones Unidas -así como el posterior documento complementario A/52/369 del 17/9/1997 (fs. 118 del expediente de la Procuración del Tesoro n° 2665/03, que se tiene a la vista)- al juzgar la causa N° 8251/00 “González Leoncio y otro c/Estado Nacional Ministerio del Interior Gendarmería Nacional s/daños y perjuicios” (y causas N° 1662/01 y N° 10.351/00, todas ellas falladas por esta Sala el 17 de agosto de 2006 ).

En ese precedente, los actores eran los damnificados indirectos pues los gendarmes habían fallecido en un accidente en la zona de operaciones de la ONU en Haití; sin embargo, el caso guarda analogía pues el conflicto reside -en aquellas causas como en la presente- en las diferencias entre los reclamantes y el Estado Nacional sobre la percepción por los beneficiarios de la indemnización por muerte o discapacidad, de conformidad con los lineamientos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese organismo internacional aclaró y completó su primera resolución en el año 1997 para asegurarse que los Estados miembros paguen a las víctimas de tales siniestros sumas no inferiores a los montos pagados o reembolsados por la ONU a los Estados miembros con ese fin.

Ahora bien: la causa n° 8251/00 fue fallada el 17/8/2006, es decir, con anterioridad a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 18 de diciembre de 2007 en el precedente de Fallos 350: 5205 (“Aragón”) y en L. 377 XLI “Leston Juan Carlos c/Estado Nacional Ministerio del Interior-Policía Federal Argentina” , según la cual corresponde extender la aplicación de la doctrina de Fallos 321: 3363 (“Azzetti” ) a los daños sufridos por integrantes de las fuerzas de seguridad en enfrentamientos típicos de su misión profesional. Esta línea jurisprudencial fue explicitada con claridad por la Corte Suprema el 20 de diciembre de 2011 en la causa G. 807 XLV “García José Manuel c/Estado Nacional-Ministerio de Defensa-Ejército Argentino” , precisando que no todos los actos de servicio sino las acciones bélicas, enfrentamientos armados y otras misiones específicas de las fuerzas armadas o de seguridad están excluidos de la responsabilidad del Estado Nacional desde el punto de vista indemnizatorio. Esa doctrina en materia típicamente federal ha sido seguida por el Tribunal que integro en numerosos precedentes juzgados posteriormente (por ejemplo, causa n° 8491/2007 del 21 de marzo de 2013, entre muchas).

7. Efectuada esa distinción, destaco que este litigio versa sobre una indemnización específica, no fundada en el derecho nacional, sino otorgada por el sistema resarcitorio de la Organización de las Naciones Unidas para indemnizar a las víctimas de muerte o incapacidad como consecuencia de la participación de los Estados miembros a través de sus aportes de tropas, en distintas misiones de las Naciones Unidas. Esta particularidad surge nítidamente del expediente administrativo y de la Resolución del señor Ministro de Defensa n° 729 del 5 de diciembre de 2003 (copia a fs. 55 de estos autos), en cuyos considerandos se destaca: “…Que en el caso de autos la responsabilidad del Estado no se encuentra en discusión por cuanto la Organización de las Naciones Unidas la ha asumido fijando a tal efecto una indemnización” y “…Que la Resolución N° 49/233 de fecha 23 de diciembre de 1994 de la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que la indemnización que reciba el beneficiario por muerte o accidente sufrido en actos de servicio no debe ser inferior al reembolso efectuado por las Naciones Unidas a los Estados parte” “Que en consecuencia corresponde disponer el pago al Señor B. de la suma percibida por el Estado Nacional por parte del Organismo Internacional citado…” (fs. 449 expediente administrativo, dictamen del Procurador del Tesoro).

Ello significa que la indemnización que el régimen de las Naciones Unidas previó y ejecutó respecto del suboficial B, no está alcanzada por la doctrina jurisprudencial expuesta en el considerando 6° precedente, último párrafo.

8. La decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas por Resolución N° 49/233 consiste -en lo pertinente para este litigio-: “…que en cualquier sistema de indemnizaciones por muerte o discapacidad debe estar implícita la necesidad de que: a) todos los Estados Miembros reciban igual trato; b) La indemnización que reciba el beneficiario no sea inferior al reembolso efectuado por las Naciones Unidas; c) Las disposiciones administrativas se simplifiquen en la medida de lo posible; d) Las solicitudes de pago de indemnizaciones por muerte o discapacidad se tramiten con rapidez…” (ver copia a fs. 61). En la Resolución de la Asamblea General A/51/218 E se enfatizó que el Secretario General vele porque las solicitudes de pago de indemnizaciones tramiten con rapidez y obtenga seguridades de los Estados Miembros de que las sumas que se paguen a los beneficiarios no han de ser inferiores a las sumas pagadas o reembolsadas a los Estados miembros con ese fin. Indudablemente, éste es el régimen específico que debió aplicarse al suboficial principal S.R.R.B., actor en este litigio.

Según constancias que obran en el expediente, en enero de 1998, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto comunicó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (fs. 279, nota del 19/1/98), que en ese mes se había recibido la certificación de los reintegros que serían puestos a disposición del Estado Nacional por las indemnizaciones que correspondían por muerte o discapacidad a integrantes argentinos de los contingentes de las misiones de paz. En esa comunicación se hizo saber que al sargento S.R.R.B. le correspondían u$s 399.942,67 y que, según el sistema vigente desde junio de 1997, la ONU transfería el dinero a los Estados miembros y éstos a los beneficiarios.

9. Según el informe del perito contador Peña, el 31 de agosto de 1998 la Tesorería General de la Nación contabilizó la acreditación del monto global transferido por la Organización de Naciones Unidas, que incluía la indemnización destinada al sargento S.R.R.B. (fs. 286). Dicho en otros términos: en agosto de 1998, el Estado Nacional percibió dólares estadounidenses 399.942,67, que debía transferir en condición de integridad y rapidez a la víctima del accidente ocurrido en Croacia, siendo S.R.R.B. integrante de las misiones de paz de las Naciones Unidas (documento A/52/369 de 1997).

Consta en el expediente que tal monto, convertido a pesos al tiempo de la transferencia en la cuenta bancaria del actor, fue acreditado seis años más tarde, esto es, el 29 de octubre de 2004 (fs. 217 y fs. 222). Las razones por las cuales el Estado Nacional retuvo la indemnización otorgada por el régimen internacional de Naciones Unidas desde el 31 de agosto de 1998 al 29 de octubre de 2004, se explicitan en el dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación que corre a fs. 433/444 del expediente administrativo. El Estado Nacional consideró -equivocadamente- que la indemnización le correspondía y no que estaba destinada al beneficiario, y ello ocurrió a pesar de la comunicación cursada al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en enero de 1998.

El suboficial S.R.R.B. interpuso el reclamo administrativo tendiente a la percepción de la indemnización en el año 2002 (expediente MD N° 10.773/02) y dedujo demanda judicial el 30/5/2003 cuando aún no había comenzado a cobrar sus haberes de retiro. Considérese, además, que el dictamen de la Procuración del Tesoro (11/11/2003) y la resolución del Ministerio de Defensa (5/12/2003), que ya he citado, fueron anteriores a la notificación del traslado de la demanda. En estas condiciones, el depósito efectuado a B. el 29/10/2004 fue ostensiblemente inferior al monto que el Estado Nacional recibió de la ONU ; tampoco respondió a las exigencias de “rapidez” en el pago, indispensable para que el resarcimiento cumpliera su finalidad de resguardar a la víctima altamente discapacitada en el momento más duro de su proceso de rehabilitación, etapa que, por lo demás, coincidió con el grave período de emergencia social/económica/financiera que nuestro país atravesó a partir del año 2001.

10. Por lo expuesto, me parece evidente que el depósito efectuado por el Estado Nacional en octubre de 2004 no satisfizo las exigencias del régimen internacional de resarcimiento de las Naciones Unidas, fue ostensiblemente parcial e insuficiente y ello conduce al rechazo del agravio que pretende aplicar la teoría de los “propios actos” o las consecuencias del pago sin reservas. Ninguno de esos institutos es aplicable en las condiciones de necesidad en que se hallaba el actor, máxime que ya había deducido impugnación mediante el reclamo administrativo. El silencio frente a la acreditación en cuenta bancaria sólo puede interpretarse como la conformidad con el extracto que da cuenta del depósito bancario, pero de ninguna manera como renuncia de los derechos sustanciales frente al Estado Nacional, los que estaban siendo ejercidos en sede administrativa y en sede judicial. En cuanto a este punto que hace a la calificación de “pago parcial”, sólo la parte demandada ha expresado agravios, que corresponde rechazar.

Destaco que no he de profundizar en el concepto de “pago íntegro” pues entiendo que excedería los límites de la jurisdicción de esta Alzada, dado que la parte actora ha consentido -puesto que no ha presentado reproches en su memorial de fs. 567/569- la decisión judicial sobre la conversión a pesos y la imputación del pago, tal como fue resuelta por el señor magistrado de primera instancia (considerando 3.a.).

11. En su segundo agravio, la parte demandada impugna el resarcimiento por daño moral, por estimar que el rubro es improcedente en atención al carácter de lesión sufrida en ocasión de actos profesionales cumplidos por un miembro de la carrera militar; subsidiariamente, critica el monto por excesivo. Este rubro también ha sido objeto de agravio por la parte actora, que considera exigua la suma admitida, en atención a los gravísimos padecimientos morales y espirituales soportados por el demandante, quien sufrió amputación de sus dos piernas y ha atravesado un doloroso proceso de adaptación a su nueva realidad de discapacidad, máxime que debe añadirse el destrato de la Fuerza militar a la que pertenece, así como el sometimiento a incomprensibles trámites burocráticos. Trataré los reproches de ambas partes de manera conjunta.

El juez a-quo ha otorgado el daño moral por un doble concepto: las mortificaciones, alteraciones y el dolor anímico por las lesiones y sus secuelas y, asimismo, por las demoras y vicisitudes del trámite de cobro.

Tal como he afirmado en el considerando 6°, se encuentra vigente la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia en materia federal, según la cual el Estado Nacional no es responsable por los daños sufridos por integrantes de las fuerzas de seguridad en episodios y enfrentamientos típicos de su misión profesional (doctrina de Fallos 321: 3363 “Azzetti”), Fallos 350: 5205 (“Aragón”) y L.377 XLI “Leston Juan Carlos c/Estado Nacional-Ministerio del Interior-Policía Federal Argentina”, del 18/12/2007). Como he sostenido en numerosos precedentes, la Corte Suprema de Justicia es el intérprete final de los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y mi obligación moral es favorecer la seguridad jurídica y la función uniformadora que cumple el Alto Tribunal en materia típicamente federal. Por ello, asiste razón a la parte demandada en cuanto a que no corresponde que se le atribuya responsabilidad según el derecho común en cuanto al padecimiento moral del actor causado por las graves lesiones sufridas en Croacia. En tal sentido, comparto la interpretación que atribuye a la indemnización otorgada por las Naciones Unidas -que ascendía a u$s 399.942,67-, el carácter de resarcimiento integral comprensivo del daño moral con lazo causal con el terrible accidente.

Dicho lo anterior, en las constancias de esta causa, la fundamentación del rubro debe desdoblarse. El padecimiento moral del señor S.R.R.B. no se agota con el daño que tiene estricta relación causal con las lesiones sufridas el 16 de diciembre de 1993. Su reclamo claramente abarca el sufrimiento espiritual por la desaprensión y por el olvido con que su situación fue encarada por la Fuerza militar a la que pertenece, que resistió la “transferencia” de la compensación en dinero que las Naciones Unidas adjudicó a la víctima durante seis años. Asimismo, olvidó tomar resguardos para conservar el valor de la moneda en un período de alta devaluación, sabiendo que ese monto estaba destinado a asegurar la rehabilitación y el desenvolvimiento autónomo de quien debía enfrentar una grave discapacidad, habiendo desatendido, incluso, la calidad de la cobertura de las prótesis que la víctima debía recibir del servicio de salud de la Fuerza militar.

No sólo el informe de la experta da cuenta del sufrimiento espiritual del actor (fs. 461/463), sino también el testimonio de fs. 360, que revela las pruebas morales que tuvo que atravesar el actor para reponerse de los aspectos físicos y de la desvalorización que le causaba la resistencia a lograr el reconocimiento de su derecho.

Mi conclusión es la siguiente: el daño moral que procede no es el vinculado causalmente con la explosión sufrida en Croacia del 16/12/93 y, en este sentido, la decisión del a-quo debe ser revocada. El daño moral que debe ser admitido es el que guarda relación de causalidad apropiada con el destrato y la desvalorización que S.R.R.B. sufrió en la Argentina, por parte de un Estado Nacional indiferente al reconocimiento de sus derechos, que eran los que correspondían según el derecho internacional, como integrante de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, situación que se prolongó durante años, incluso con posterioridad a la resolución del señor Ministro de Defensa del 5/12/2003 (Resolución MD N° 729).

En este concepto, ponderando el rubro daño moral con las facultades del artículo 165, in fine, del Código Civil, propongo al Acuerdo fijar el monto en la suma de $ 100.000, capital devengará intereses a partir de la notificación del traslado de la demanda.

12. En cuanto al agravio relativo al rechazo de la indemnización por provisión de prótesis, considero que la demandada -que no ha negado su obligación pero que la ha cumplido de manera deficiente, a través de prótesis de inferior calidad que han aumentado los padecimientos del actor- debe ser condenada a satisfacer el 100 % de las necesidades del actor respecto de este rubro, con la periodicidad y calidad que ordene el médico tratante del paciente. La parte demandada no tiene derecho a resistir la calidad que disponga la prescripción médica sino que debe poner a disposición del actor las prótesis que mejor respondan a las necesidades ambulatorias del señor B., en las mejores condiciones que la ciencia y la tecnología provean, de manera de cumplir su función con reducción del dolor y con mejores posibilidades de adaptación. Esta condena es la solución que mejor se compadece con la naturaleza del derecho a la salud y a la integridad física de las personas que goza de jerarquía constitucional (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 12, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; art. 75, inciso 22, Constitución Nacional) y se sustenta jurídicamente en la obligación de cobertura mínima que pesa sobre los agentes de salud (en aplicación de la ley 24.901), función que, en el caso, y según ha informado la demandada, corresponde al Comando de Sanidad dependiente del Estado Mayor General del Ejército.

13. Ambas partes han consentido que se difiera para la etapa de ejecución de sentencia el tema atinente al régimen de consolidación de deudas y su impugnación (fs. 553 y remisión al dictamen de fs. 521/522), razón por la cual no me pronuncio al respecto en esta sentencia, a pesar de tratarse de materia de orden público.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia en lo principal que ha sido materia de agravio, modificándola parcialmente sólo en cuanto: a) se fija el daño moral por el concepto precisado en el considerando 10° en la suma de $ 100.000, y b) se condena a la parte demandada a proveer el 100 % de las necesidades del actor respecto de las prótesis que requiera el actor, con la periodicidad y la calidad que ordene el médico tratante del paciente. Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada pues no encuentro razón para apartarme del principio objetivo de derrota (art. 68, primer párrafo) del Código Procesal. Así expreso mi voto.

El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia en lo principal que decide y que ha sido materia de agravio, modificándola parcialmente sólo en cuanto: a) se fija el daño moral en la suma de $ 100.000, y b) se condena a la parte demandada a proveer el 100 % de las necesidades del actor respecto de las prótesis que requiera, con la periodicidad y la calidad que ordene el médico tratante. Con costas de Alzada a cargo de la parte demandada (art. 68 del Código Procesal).

Una vez que se cuente con honorarios regulados en primera instancia, se procederá como corresponde en Alzada.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta.

Francisco de las Carreras.

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