La falta de registro por parte del empleador es grave y no permite la continuidad de la relación laboral

CertificadoLaboralPartes: Limache Quispe Lourdes c/ Blanco S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Unipersonal

Fecha: 21-abr-2014

Cita: MJ-JU-M-85819-AR | MJJ85819 | MJJ85819

Procede el despido indirecto pues la conducta asumida por el empleador -falta de registro- es grave y no permite la continuidad de la relación laboral.

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho el despido indirecto ante la falta de registro de la relación, pues esta inconducta asumida por la empleadora constituye injuria suficiente y de gravedad tal que no consiente la prosecución del contrato de trabajo, justificando su ruptura por exclusiva culpa del empleador.

2.-La práctica de no registrar ni documentar correctamente una relación laboral constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe y para frustrar derechos de terceros (el propio trabajador, el sistema de seguridad social, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial); por ello, más allá del incumplimiento que estos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas que las pergeñan.

3.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Ley 7198 , modificada por Ley 7358 , debiendo aplicarse la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.), desde que las sumas son debidas hasta el momento del efectivo pago.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a los 21 de Abril de 2014, se hace presente en la Sala Unipersonal de esta Excma. PRIMERA CAMARA DEL TRABAJO – PRIMERA CIRCUNSCRIPCION DE MENDOZA, la Sra. Juez DRA. ELCIRA GEORGINA DE LA ROZA – Camarista, con el objeto de dictar sentencia definitiva en en el expediente con CUIJ N° 13-01922221-1((010401-45455)), caratulado LIMACHE QUISPE, LOURDES C/ BLANCO S.A. S/ Despido, de cuyas constancias

R E S U L T A:

A fs. 02/06 se presenta la actora LOURDES LIMACHE QUISPE, por medio de representante legal e interpone formal demanda ordinaria contra BLANCO S.A., en su calidad de empleador por el reclamo de $8.224,00 o lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse, con más sus intereses y costas.

Expresa que trabajó bajo dependencia de la demandada como operario DE limpieza, según CCT 144/90 desde el 01/08/2008, con una jornada de lunes a sabados de 8 hs. diarias en turnos rotativos según las necesidades del servicio, encontrándose mal registrada, con una fecha de ingreso posterior (01/10/2008) y en media jornada, percibiendo una remuneración menor $ 560, cuando debía percibir $ 1.280 hasta el 08/04/2009 en que se considera despedida.

Sostiene haber intimado a su registración, que es emplazada a presentarse a trabajar invocando faltas injustificadas y ante la negativa a su correcta registración se considera despedida.

Refiere haber realizado denuncia ante la SSTSS con resultado negativo.

Practica liquidación, ofrece prueba y funda en derecho.

Corrido traslado de ley, la demandada no comparece y a fs. 11, a pedido de la parte actora, el Tribunal declara la rebeldía de la demandada.

A fs. 15 se dicta el auto de admisión de pruebas ofrecidas, ordenándose la producción de las mismas e imprimir a la causa las normas del proceso sumario.

A fs. 18 consta sorteo de perito contador, aceptando el cargo a fs. 20 y presentando su informe a fs. 23/25.

A fs.22 luce acta de incomparencia de la demandada a absolver posiciones, solicitando la parte actora se las tenga por absueltas en rebeldía.

A fs. 28/72 luce informe de la SSTSS y se acompaña copia del expediente administrativo ofrecido ad efectum videndi et probandi.

A fs. 75 el Tribunal pone los autos a disposición de las partes para alegar, incorporándose los alegatos de la parte actora a fs. 76.

A fs. 77 el Tribunal llama autos para sentencia.

A fs. 78/81 se presenta el apoderado de la demandada, haciéndose parte y constituyendo domicilio.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia y arts. 90 del CPC y 108 del CPL, quedan planteadas las siguientes cuestiones a resolver:

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERA CUESTION: Existencia de la relación laboral.

SEGUNDA CUESTION: Rubros Reclamados.

TERCERA CUESTION: Intereses y Costas.

A LA PRIMERA CUESTION LA DRA. ELCIRA G. DE LA ROZA DIJO:

La actora LOURDES LIMACHE QUISPE, invoca en sustento de lo reclamado en autos, haberse vinculado con BLANCO S.A., mediante un contrato de trabajo como operario de limpieza, según CCT 144/90 desde el 01/08/2008 hasta el 08/04/2009 en que se considera despedida, con una jornada de lunes a sábados de 8 hs. diarias en turnos rotativos, encontrándose mal registrada, con una fecha de ingreso posterior (01/10/2008) y en media jornada, percibiendo una remuneración menor $ 560, cuando debía percibir $ 1.280.

Hechos que constituyen en la litis extremos legales esenciales y fundantes de la pretensión cuyo peso probatorio recae sobre los accionantes (art. 45 CPL).

La incontestación de la demanda y declaración de rebeldía de la demandada, conforme constancia de fs. 11, tiene por efecto, la presunción de verdad de los hechos afirmados por el accionante, “si el actor prueba el hecho principal de la prestación de servicios” (art.45 CPL). Se trata de una presunción iure tantum, que admite prueba en contrario.

Corresponde, en consecuencia, analizar las constancias de autos y la prueba arrimada a la causa a fin de determinar si existen hechos y elementos que analizados en su conjunto permitan determinar la existencia de una relación de dependencia laboral.

La incomparencia de la demandada a la absolución de posiciones, torna operativo en el caso, lo dispuesto por el artículo 57 del CPL; pudiendo estimarse esa actitud como presunción a favor de los hechos alegados por la actora y en cuanto se relacione con el contenido de las preguntas que se encuentran incorporadas a fs. 60. Entrando en juego asimismo, las presunciones establecidas en los arts. 55 de la LCT y 55 del CPL.

Atendiendo las constancias obrantes en el expediente administrativo tramitado ante el Organismo del Trabajo Provincial y cuya copia certificada como fiel de su original, fuera incorporado a fs. 35/72, tengo presente que:

– a fs. 40 luce carta documento “del Oeste Argentino” Correo Privado fechada el 31/03/2009 remitida por la demandada a la actora, con sello: “Blanco SA Martin Dario Malmod Presidente” rechazando una misiva de la actora y sosteniendo que “Ud. se encuentra debidamente registrada desde su real fecha de ingreso y acorde categoría que le corresponde”;

– a fs. 42 otro despacho postal de correo privado remitido por la demandada poniendo a disposición de la actora liquidación final y certificado de servicios;

-a fs. 47/51 obran recibos de haberes a favor de la actora constando como empleador la demandada, fecha de ingreso 01/10/08; categoría “operario media jornada”.

De la prueba detallada e incorporada a la causa, surge acreditado la existencia de la relación de dependencia laboral entre las partes.

Encontrándose acreditada la existencia de la relación de dependencia laboral, resulta operativa la presunción iuris tantum prevista por el art. 55 de la L.C.T.y 55 del C.P.L.M., que se genera a favor del trabajador, según la cual se deben tener por ciertas sus afirmaciones respecto de los datos que debían constar en los asientos contables, en caso de que el empleador no lleve libros, ni exhiba la documentación legalmente exigida (arts. 52 y 54 L.C.T.), por cuanto dicha presunción resulta operativa a condición que se acredite la prestación de servicios. De lo expuesto, y atento la ausencia de prueba contraria a las afirmaciones de la actora, tengo por acreditada la fecha de ingreso denunciada por ésta.

Del mismo modo, tengo presentes los efectos de la declaración en rebeldía, así como del pedido de absolución de posiciones en rebeldía por la incomparencia a la audiencia fijada y notificada.

En relación al pedido formulado por la parte actora para que se tengan por absueltas en rebeldía las posiciones de la demandada, atento las constancias de autos, no habiendo la demandada comparecido a rendirlas a pesar de encontrarse debidamente notificada, corresponde hacer lugar a lo peticionado y tener por absueltas en rebeldía las posiciones de la demandada.

Resulta importante señalar, que la declaración de rebeldía de las posiciones importa tener por ciertos los hechos contenidos en el pliego de posiciones, es decir por contestado en forma afirmativa el interrogatorio, “salvo prueba en contrario” (art. 188 CPC y 108 CPL), por cuanto se trata de una presunción iure tantum, es decir que admite prueba en contrario, debiendo valorarse en forma conjunta con el resto de la prueba.

En cuanto a la extensión de la jornada de trabajo, no se encuentra incorporada al proceso prueba alguna que acredite el efectivo cumplimiento del horario registrado en los recibos de haberes.En este sentido diré que el juzgador debe extremar minuciosamente los elementos de valoración, porque el trabajo realizado fuera de la jornada legal (es decir, menor o mayor de 8 horas) debe ser interpretado restrictivamente, quien denuncia media jornada o quien reclama horas extraordinarias carga con la prueba, ya que no rige la presunción prevista para la jornada legal.

El art.196 LCT dispone que la extensión de la jornada de trabajo es uniforme para toda la Nación y se regirá por la ley 11.544.

La limitación de la jornada de trabajo tiene jerarquía constitucional, al haberse introducido dicho principio en el art.14 bis de la Constitución Nacional. Y la ley 11.544, ha fijado como jornada la de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales.

Es decir que en materia de jornada de trabajo, la jornada “normal” legal es de 8 hs., esa es la regla y quien alega la “excepción” a la misma, como puede ser una jornada reducida (media jornada) o extendida (horas “extraordinarias”) debe efectivamente probarlo.

Era la empleadora quien se encontraba en mejores condiciones para arrimar al proceso los elementos de juicio necesarios para determinar la real fecha de ingreso, el horario de trabajo y la consecuente remuneración, toda vez que el carácter de empleador le impone la obligación de llevar los libros laborales (art. 52 y 54 LCT). (Sup. Corte de Justicia de Mendoza, autos Nro.54.919, caratulados “Barroso y otros en J.118.990, Aves c/Barroso”). Libros que a pesar de haber sido solicitados nunca fueron aportados a la causa.

Por todo lo expuesto y no habiéndose arrimado al proceso prueba alguna que desvirtúe las afirmaciones de la trabajadora, corresponde tener por ciertas las mismas, más aún si se tiene presente la ausencia de documentación contable de la empresa, atendiendo a la negativa a presentarlos y consiguiente resultado del informe pericial contable rendido, la rebeldía declarada y la absolución de posiciones en rebeldía, es mi convicción que en autos se encuentra acreditada la prestación de servicios en relación de dependencia laboral de la actora, como operaria de limpieza, desde el 01/08/2008 hasta el 08/04/2009 en que se considera despedida, con una jornada de lunes a sábados de 8 hs. diarias, con una remuneración devengada de $ 1280, rigiéndose la relación por CCT 144/90 la LCT 20744 y sus modificatorias. ASI VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. ELCIRA G. DE LA ROZA DIJO:

1-Diferencias de haberes febrero 2009, haberes marzo 2009, ocho días de abril 2009, SAC prop. 2009.En princ ipio diré que resuelto a través del tratamiento de la precedente cuestión, que el vínculo jurídico establecido entre el accionante y la demandada correspondió a un contrato de trabajo, el orden imperativo laboral es de aplicación automática, atento lo establecido por los artículos 55, 74, 79, 122, 123,138, 139, 140, 156 y 157 de la LCT.

Esto deriva de la circunstancia de encontrarnos frente a prestaciones de carácter alimentario, de cumplimiento forzoso y que vienen impuestas por la ley laboral por el simple hecho de la prestación de servicios por cuenta ajena.

Ante este supuesto, se produce un desplazamiento del peso probatorio, estando a cargo de la demandada acreditar que efectivamente cumplió con el pago de las obligaciones en análisis, lo que no ha ocurrido en este proceso conforme la prueba instrumental incorporada. (arts.52, 54, 55, 124, 140, 150, 151, 152, 153, 156 y conc. de la L.C.T. ; 55 C.P.L y ley 23.041).

Destaco asimismo que tengo presente a los efectos de determinar el monto del salario devengado el básico de convenio.

Por todo lo expuesto, en virtud de las facultades conferidas por el art. 54, 55 y 56 de la L.C.T. y ante la falta de acreditación de su pago, resulta procedente el reclamo por diferencias de remuneraciones del mes de febrero en la suma de $ 640; por remuneración del mes de marzo de 2009, en la suma de $ 1280; así como los ocho días de laborados de abril en la suma de $341 y el SAC proporcional en la suma de $340.

2.-Indemnización por antigüedad, por omisión de preaviso, integración del mes de despido, vacaciones proporcionales 2009:

Resulta ahora objeto de consideración en este decisorio el reclamo indemnizatorio formulado por la accionante y emergente de la ruptura de la relación laboral.

Reclama la actora el pago de la indemnización por antigüedad que refiere le corresponde por el despido indirecto comunicado a la empleadora mediante despacho postal.

El art. 242 de la L.C.T. autoriza a una de las partes a denunciar el contrato en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes de la relación laboral que configuren injuria y que por su gravedad no consientan la prosecución de la relación.

Y el artículo 243 de la LCT exige que el despido resuelto por el empleador, como la denuncia del contrato dispuesta por el trabajador, se comunique “por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato”.

La carga procesal ineludible de acompañar los elementos de prueba que acrediten la existencia de la causal o conducta injuriosa que imputa y que permita formar en la convicción del juzgador, la entidad suficiente para adoptar la medida extrema, pesa sobre la parte que la invoca (art.179 C.P.C.).

El despido es un acto jurídico voluntario, lícito, unilateral, recepticio, motivado, formal, potestativo y extintivo, por medio del cual una de las partes del contrato de trabajo decide la rescisión, fundándose en un incumplimiento en el ejercicio de los deberes, obligaciones o potestades de la otra.

De las constancias de autos surge que la actora se consideró despedida ante la negativa formulada por la demandada a corregir su registración laboral, comunicado por despacho postal cuya copia obra a fs. 41.

En el caso de autos, la inobservancia de las obligaciones resultantes del contrato, que denuncia el accionante, está referida a la incorrecta registración laboral, que es un supuesto típico de injuria patronal, por haber omitido cumplir con una de las obligaciones esenciales del contrato de trabajo.

En cuanto a la práctica de no registrar ni documentar correctamente una relación laboral, constituye un recurso para violar la ley, el orden público (arts. 7, 12, 13, 14, 80 de la LCT), la buena fe (art. 63 LCT) y para frustrar derechos de terceros (el propio trabajador, el sistema de seguridad social, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial) (CNAT, Sala III, 2/5/00, sent. 80729, “Vega, Claudia c/ Julio Guitelman y Cía S.A. y otro s/ despido).El hecho de encubrir u ocultar la relación laboral, más allá del incumplimiento que estos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas que las pergeñan (arts. 172 y 173 y concordantes del C. Penal).

Este accionar no sólo está dirigido a incumplir obligaciones contractuales sino, además, a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales, a defraudarlos personalmente y a defraudar al sistema de seguridad social.

Esta inconducta asumida por la empleadora, constituye injuria suficiente y de gravedad tal que, no consiente la prosecución del contrato de trabajo y justifica su ruptura por exclusiva culpa del empleador.Por las razones expresadas considero que el despido indirecto deviene justificado y progresa el reclamo

Atento lo resuelto al tratar la primera cuestión, acreditada como está la incorrecta registración laboral, la actora fundadamente se consideró injuriada y despedida, en consecuencia, resulta procedente en base a lo normado por los art. 245, 232 y 233 de la LCT, el reclamo pretendido como indemnización por antigüedad, por omisión de preaviso e integración del mes de despido, que ascienden respectivamente a la suma de $1.280; $ 1.280 y $ 939 respectivamente.

En cuanto al monto por vacaciones proporcionales 2009, que le corresponde percibir al actor en virtud de lo dispuesto por el art. 156 LCT, dado la falta de acreditación de su pago, corresponde hacer lugar al reclamo, que asciende a la suma de $ 204.

3.-Multa Art. 1° y 2° Ley 25323:

El artículo 1° de la normativa establece para el caso de falta de registración o registración defectuosa de la relación laboral, la duplicación de la indemnización por antigüedad, sin requerir ninguna intimación del trabajador.

Entiendo que en el caso, conforme las conclusiones arribadas al tratar la Primera Cuestión, nos encontramos frente a un trabajador deficientemente registrado.

Por lo expuesto, considero procedente el reclamo, que asciende a la suma de $ 1.280

El artículo 2° de la norma legal citada, sanciona al empleador, fehacientemente intimado por el trabajador al pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T., y que lo obligare, a iniciar acciones judiciales tendientes a su cobro, con un incremento del 50% de sus respectivos montos.

El último párrafo del artículo 2° habilita a la interpretación restrictiva del mismo, por cuanto dispone “Si hubiera existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago”.

En el caso, la trabajadora emplazó al pago de la liquidación final (ver despacho postal obrante a fs.41), cumpliendo así con el emplazamiento fehaciente que exige la normativa, en tanto la demandada a la fecha no ha dado cumplimiento a su pago.

En razón de lo expuesto, me encuentro convencida que no existe razón o causas que justifique la conducta del empleador como para habilitar la reducción de la multa y por tanto entiendo que resulta procedente el reclamo, ascendiendo a la suma de $640. ASI VOTO.

A LA TERCERA CUESTION LA DRA. ELCIRA GEORGINA DE LA ROZA DIJO:

Los intereses legales. Atento lo normado por el art. 82 C.P.L., 90 inc. 6 del C.P.C. (art. 108 C.P.L.) y artículo 622 del Código Civil, debo expedirme sobre los intereses legales.

El artículo 622 del C.C. establece que el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiese fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.

No habiendo interés convenido pero sí determinado por leyes especiales con vigencia en el orden provincial como son las Leyes Nro. 7.198 y 7.358, corresponde determinar cuál es la norma que resulta aplicable al caso concreto.

En las resoluciones judiciales los intereses legales se determinan en función del tiempo que el acreedor estuvo privado de su crédito. La sentencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 82 del C.P.L. y 90 inc. 6 del C.P.C. (art. 108 CPL), debe contener tanto el monto de condena, como los intereses o las bases para ser determinados.

Con fecha 28/05/2009 en la causa n° 93.319, caratulada “AGUIRRE HUMBERTO POR SÍ Y POR SU HIJO MENOR EN J. 146.708/39.618 AGUIRRE HUMBERTO C/OSEP P/EJEC. SENTENCIA S/ INC.CAS.”, el Superior Tribunal de Justicia Provincial convocó a nuevo Plenario a los efectos de “verificar los resultados de los plenarios relacionados a la constitucionalidad o no de las leyes provinciales y que regulan intereses y tasas aplicables”, resolviendo: 1) La Ley 7198 ha devenido en inconstitucional atento que la tasa pasiva que la misma fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios. 2) Corresponde aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.); 3) Los jueces tienen la obligación de verificar si en cada caso en concreto la tasa activa que ordenen aplicar resulta razonable y conlleva un resarcimiento legítimo y justo y 4) La tasa de interés fijada debe aplicarse a partir del dictado del presente plenario, lo que no impide que, en cada caso particular, se verifique si en concreto la tasa pasiva resultaba inconstitucional, pudiendo el sentenciante así declararlo.

Con el mencionado plenario, se ha superado la doctrina sentada en el plenario “Amaya” declarándose la inconstitucionalidad de la Ley 7198, modificada por Ley 7358 y en consecuencia que la tasa legal aplicable es la activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación e impone en el juez la obligación de verificar en cada caso concreto que la tasa activa a aplicar no conlleve un enriquecimiento indebido y lo faculta a verificar en cada caso si la tasa pasiva resulta inconstitucional.

En el caso, la naturaleza alimentaria del crédito a favor de la actora, del que depende la subsistencia del trabajador, que se genera con su único capital:su capacidad laboral o fuerza del trabajo; el Convenio OIT 95 que prohíbe a los empleadores limitar en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario; la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que reconoce a toda persona el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce que el derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona a ganarse la vida, que para ello se devengue un salario equitativo, con una mejora continua de las condiciones de existencia (arts. 6, 7, 11), el principio superior de la equidad, el principio protectorio garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, el de integralidad de la remuneración y el derecho de propiedad amparado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, me llevan al convencimiento que la aplicación de la tasa pasiva al crédito de la actora, no resiste el test de razonabilidad resultando de estricta justicia la aplicación de la tasa activa, por resultar esa tasa, más adecuada a los índices inflacionarios evitando que la trabajadora vea “licuar” su acreencia.

Por todo lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Ley 7198, modificada por Ley 7358.

En relación a la fecha desde la cual se produce la mora y consecuentemente desde la cual deben calcularse los intereses, en base a lo normado por los arts. 128 de la LCT “El pago se efectuará una vez vencido el período que corresponda, dentro de los siguientes plazos máximos:cuatro (4) días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres (3) días hábiles para la semanal.” y 137 del citado cuerpo legal “La mora en el pago de las remuneraciones se producirá por el solo vencimiento de los plazos señalados en el artículo 128 de esta ley…”; la mora en el pago de los rubros remunerativos y de los rubros indemnizatorios por los que prospera la demanda y en consecuencia la fecha a partir de la cual corren los intereses de éstos, se produce a partir del quinto día hábil posteriores al despido, por aplicación supletoria del art. 128 de la L.C.T., conforme habilita el art. 149 de dicho cuerpo legal, según el cual: “Lo dispuesto en el presente Capítulo, en lo que resulte aplicable, regirá respecto de las indemnizaciones debidas al trabajador o sus derechohabientes, con motivo del contrato de trabajo o de su extinción”.

Interpretación confirmada con la modificación a la LCT operada por la ley 26.593, incorporando el art. 255 bis que dispone expresamente que el empleador cuenta con cuatro días hábiles (si el trabajador es mensualizado o percibe sus haberes por quincena) para hacer efectivo el pago de los conceptos

En conclusión, conforme el art. 82 del C.P.L. y art.90 inc. 6 del C.P.C. y en virtud del fallo plenario de nuestro Superior Tribunal de Justicia citado, debe aplicarse la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.), desde que las sumas son debidas hasta el momento del efectivo pago (art. 622 del CC y art. 82 CPL).

Las costas del proceso. La imposición de costas, encuentra su tratamiento normativo, en nuestros códigos de rito en los artículos 31 del C.P.L. y arts. 35 y 36 del C.P.C.-de aplicación supletoria en el proceso laboral en virtud de lo dispuesto por el artículo 108 del CPL-.

Dichas normas consagran, como principio general, el chiovendano de la derrota, por el cual, la parte que resulta vencida en la incidencia, debe soportar las costas de la misma.

En consecuencia, las costas deberán ser soportadas por la demandada respecto de los rubros por los que prospera y por la actora en relación a los que se rechazan.

ASI VOTO.

Con lo que se da por terminado el acto, pasando a dictar sentencia, la que a continuación se inserta.

MENDOZA, 21 de Abril de 2.014.

Y V I S T O S: Esta Sala Unipersonal de la Primera Cámara del Trabajo

R E S U E L V E:

I.- Declarar la inconstitucionalidad de las leyes provinciales N° 7.198 y 7.358.

II.-HACER LUGAR A LA DEMANDA instada por LOURDES LIMACHE QUISPE condenando a la demandada BLANCO S.A., a pagar a la actora la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($ 8.224,00) en concepto de diferencia de sueldo de febrero 2009, remuneración de marzo 2009, ocho días de abril de 2009, SAC proporcional 2009, indemnización por antigüedad, omisión de preaviso, integración, vacaciones proporcionales 2009,multas art. 1° y 2° de la ley 25323, en el plazo de CINCO DÍAS de notificada la presente, con más los intereses legales y CON COSTAS A CARGO DE LA DEMANDADA, conforme lo resuelto en la Tercera Cuestión.

III.- Practíquese liquidación por Contaduría de Cámaras y diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad, debiendo tener presente lo dispuesto por el art. 277 de la LCT.

IV.-Emplazar en costas a la demandada para que dentro del término de TREINTA DIAS de quedar firme la presente sentencia, abone en autoslos aportes de TASA DE JUSTICIA, DERECHO FIJO Y APORTES LEY 5059, de conformidad a lo resuelto en la Tercera Cuestión, bajo apercibimiento de ley.

V.- Notifíquese a la AFIP, Dirección General de Rentas de la Provincia, Colegio de Abogados y Caja Forense.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Elcira Georgina De La Roza – Camarista

 

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