Por no ser una empresa, al GCBA no se le aplica el art.30 LCT en casos en que involucren al Teatro Colón

o_1303323240Partes: Muñoz Daniel Máximo c/ Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 17-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-85670-AR | MJJ85670 | MJJ85670

El art. 30 LCT no es aplicable al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pues no es una “empresa” y la actividad del actor -visitas guiadas en el teatro- no es una actividad incluida en el objeto propio de la autoridad política.

Sumario:

1.-No corresponde la aplicación del art. 30 LCT. al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que interviene en representación del Ente Autárquico demandado toda vez que el actor no adujo haber estado unido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un contrato de trabajo, sino que sólo requirió que se le hiciera extensiva en forma solidaria la responsabilidad de su empleadora, y en este orden de ideas, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una empresa , ni se dedica a la actividad teatral sino que es una autoridad política-administrativa que, en cumplimiento de ese rol específico (y no con motivo de una actividad empresaria), entre otras cosas, dirige y administra el establecimiento teatral en el funciona la Fundación para la que trabajó el accionante.

2.-Toda vez que el Gobierno de la Ciudad no es una empresa y el servicio de visitas guiadas que brinda la Fundación para hacer conocer las instalaciones del mencionado teatro no es una actividad que pueda considerarse incluida en el objeto propio de la que esa autoridad política despliega en el ámbito de un teatro que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indudablemente, no se verifica el presupuesto esencial contemplado por el art.30 de la LCT. en orden al reconocimiento de la solidaridad pretendida.

3.-Puesto que el art. 30 de la LCT. exige que exista coincidencia entre la actividad de la contratista y la normal y específica propia del establecimiento del contratante principal, siendo evidente que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una empresa dedicada a brindar servicios de visitas guiadas por las instalaciones del Teatro Colón, la demanda a su respecto, con fundamento en esa norma, no puede prosperar.

4.-Corresponde confirmar la fecha de inicio de la relación laboral denunciada por el actor en atención a la concordancia y uniformidad de las declaraciones testimoniales respecto a la época en la cual los testigos vieron al actor trabajar para la Fundación demandada, sin que exista prueba acerca de que sus manifestaciones sean falsas; ni está demostrado que tuvieran algún grado de enemistad, animadversión, o rencor personal hacia la demandada que los indujera a declarar del modo en que lo hicieron.

5.-No corresponde extender la condena al Presidente de la Fundación demandada toda vez que la directiva que emana del art. 19 de la ley 19836, -disposición ésta aplicable a la fundación demandada por tratarse de una entidad constituida de acuerdo con ese régimen legal-, no prevé la posibilidad de que un tercero reclame en forma directa a quienes integran el órgano directivo de una fundación.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 17 DE DICIEMBRE DE 2013, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar, parcialmente, a las pretensiones deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora, la codemandada Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires y la codemandada Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos y con los alcances que, respectivamente, explicitan en sus escritos de expresión de agravios (fs. 541/545, 537/539 y 546/552). El letrado de la codemandada Fundación Teatro Colón de Buenos Aires (Dr. Ciocco), por derecho propio, apeló sus honorarios por juzgarlos bajos. Por otra parte, el Dr. Ciocco, en su carácter de apoderado del Sr. Boutell apeló los honorarios que le fueron regulados con motivo del rechazo de demanda; en tanto, por derecho propio cuestionó los honorarios que le fueron regulados por el rechazo de demanda contra el codemandado Carlos Arturo Chevallier Boutell. A fs. 545 vta, el letrado apoderado de la parte actora, apela por derecho propio los honorarios regulados a su favor por juzgarlos reducidos. La perito contadora a fs. 534/536 apeló los honorarios que le fueron regulados por considerarlos bajos.

La parte actora apela las costas que le fueron impuestas por el rechazo de la acción deducida contra el codemandado Boutell. Cuestiona la forma en que fue valorada la prueba y los honorarios que le fueron regulados a los profesionales intervinientes por altos. Critica los honorarios que le fueron regulados a los restantes profesionales por considerarlos altos.La codemandada Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires se queja porque el sentenciante consideró que el actor prestó servicios para la mencionada fundación desde el año 1992. Por otra parte, cuestionó por altos los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la representación del ente autárquico Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, del perito contador y los que se le regularon a dicha parte con motivo de haberse hecho lugar a la demanda.

La codemandada Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apela por altos los honorarios regulados a favor de la representación letrada de la parte actora. Se queja porque el sentenciante consideró acreditada la existencia de una relación de trabajo dependiente y subordinada con el actor y porque se lo condenó en los términos del art. 30 de la LCT, pese a ser un ente público expresamente excluido de dicho régimen legal. Cuestiona la forma en que fue valorada la prueba testimonial. Objeta la declaración de inconstitucionalidad decretada respecto del art. 3 del Dto. 146/01 y, por ende, que se haya admitido la indemnización del art. 80 LCT. También, cuestiona la condena a entregar el certificado del art. 80 LCT y denuncia imposibilidad material para hacerlo. Por último, manifiesta que no corresponde la aplicación de las indemnizaciones de los arts. 245, 232, 233, 9 y 15 de la ley 24013 y 2 de la ley 25323 ya que las modalidades de la relación habida mantenida desde hace largos años sin oposición alguna y en condiciones ajenas a las propias del contrato autorizan a suponer que no se trató de un vínculo regido por la LCT. Por las mismas razones, señala que no corresponden los restantes rubros salariales viabilizados. Finalmente, apelan el porcentaje de honorarios regulados a favor del letrado de la parte actora por considerarlo elevado.Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios expresados por las partes en el orden que se detalla en los considerandos subsiguientes.

Creo necesario puntualizar que, en esta causa a diferencia de otras en las cuales intervino esta Sala contra la Fundación demandada, está acreditada la existencia de un contrato de trabajo entre ésta y el actor, pues así se concluyó en la sentencia de grado anterior, sin cuestionamiento -en este aspecto- ante la Alzada por parte de la empleadora.

Ahora bien, se agravia la codemandada Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la fecha de ingreso determinada por el sentenciante; y, a mi juicio, no asiste razón a la recurrente.

Ello así por cuanto, como bien señala el sentenciante, el actor probó haber comenzado a prestar servicios para la Fundación con anterioridad a la fecha registrada por ésta y, más precisamente, en el año 1992 como fue denunciado por el actor en el escrito de demanda.

Obsérvese que la testigo Pearson (fs. 439/441), quien dijo haber sido jefa del actor, declaró que éste ingresó en el año “1992”, que trabajaba en el mismo Teatro Colón y que lo sabe porque era su jefa. Manifestó que “desde 1992, el actor presentaba facturas tanto para la Fundación como para el Teatro según se le indicara y que en esa época, Muñoz tenía contratos con la Fundación y que en el año 2000 quedó como empleado efectivo de la Fundación”. Agregó que “el actor era personal de la Fundación, como lo eran también las guías de visitas y todo el personal que estaba en esa área”, testimonio que no fue cuestionado en modo alguno por la contraria en tiempo oportuno pues recién en ocasión de expresar agravios la recurrente le atribuye cierta animosidad a la declarante (ver fs.538). Sin embargo, no se advierte en sus dichos una evidente enemistad o animadversión contra la demandada que denote una clara intención de perjudicarla con su declaración.

En sentido coincidente, Bache (fs. 293/294), compañera de trabajo del actor, dijo que trabajó en la fundación Teatro Colón y que el actor había ingresado dos años antes que ella, luego aclaró que ello fue en “1992”. Dijo que “facturaban en un principio, era facturación, contratos y después empleados fijos con recibo y demás.que hasta el año 2000 todo facturación mensual y luego los efectivizaron como empleados de la fundación hasta que les dejaron de pagar en el año 2008/2009”. Aclaró que al actor “le pagaba fundación Teatro Colón y en algunos casos Teatro Colón porque a veces facturaban Fundación Teatro Colón y otras veces facturaban Teatro Colón.”. No soslayo que la mencionada testigo admitió tener juicio pendiente y que dicha circunstancia motivó la impugnación obrante a fs. 304, pero lo cierto es que en el sistema de apreciación de la prueba testimonial que resulta de los arts. 90 de la ley 18345 in fine y 386 del CPCCN, tal circunstancia no excluye por sí sola el valor probatorio de la declaración ni inhabilita su testimonio, sino que lleva a valorarlo de manera estricta. En tal sentido, cabe señalar que el hecho de que Blache haya admitido tener pleito con la accionada no resta eficacia probatoria a su declaración, máxime cuando no hay imputación concreta y oportuna en torno a la falsedad o la inexactitud de sus dichos.

Troncoso (ver fs. 298/299) dijo conocer al actor del trabajo, del Teatro Colón y que éste ingresó “directamente al área de visitas guiadas. en el año 92 más o menos” que lo sabe porque ella ya trabajaba desde hacía algunos años. A dicho testimonio, impugnado a fs.303, también cabe otorgarle valor probatorio ya que el cuestionamiento efectuado a su respecto se vincula con manifestaciones que la testigo realizó en orden a los motivos que suscitaron su desvinculación y no se refieren en modo alguno a lo declarado concretamente por Troncoso respecto del tópico que se analiza.

A su vez, la declaración de Quijano (ver fs. 300/301), que dijo conocer al actor del trabajo, también corrobora lo expuesto por éste en la demanda respecto a la fecha en que ingresó a prestar servicios para la accionada pues dice que “el actor ingresó después de los 90, 91/92. hacía visitas guiadas”, pues aún cuando no haya podido indicar con total precisión la fecha exacta en que ello habría ocurrido, tal como lo pone de relieve la recurrente a fs. 306, permite tener por acreditada una prestación de servicios en un lapso anterior al registrado por la Fundación; y, ello torna operativa la presunción del art. 55 de la LCT en favor de la fecha de ingreso invocada en el escrito inicial.

Por otra parte, como señala el sentenciante, incluso la testigo Cusano (fs. 481/482), ofrecida por la propia demandada, corrobora los dichos del actor por cuanto expresamente dijo “Que trabaja en la Fundación Teatro Colón desde 1993 desempeñándose como Secretaria. Por eso conoce al actor y de verlo en el Teatro Colón. El actor trabajaba en visitas guiadas”. Aunque no pudo precisar con exactitud la fecha en que el actor habría ingresado reconoció que éste tenía “tanta antigüedad como la testigo”, por lo que de sus dichos también se desprende la prestación de servicios del actor en favor de la fundación en un lapso anterior al registrado por ésta última.A su vez, un dato que no resulta menor es que, según lo declaró su propia Secretaria, “la fundación tenía sus oficinas.dentro del teatro Colón”, por lo que el hecho de que el actor prestara servicios en el Teatro Colón no implica que no se haya desempeñado en beneficio de la Fundación como para no atribuirle el carácter de empleadora (conf. art. 26 y 5 de la LCT).

La concordancia y uniformidad de las declaraciones antes reseñadas respecto a la época en la cual los testigos vieron al actor trabajar para la Fundación Teatro Colón me llevan a aceptar la evidencia que surge de sus dichos (conf. art. 90 LO). Nada prueba en autos que sus manifestaciones sean falsas; ni está demostrado que tuvieran algún grado de enemistad, animadversión, o rencor personal hacia la demandada que los indujera a d eclarar del modo en que lo hicieron. Ello me persuade que no han declarado en esta causa con el deliberado ánimo de perjudicarlos sino, simplemente, diciendo la verdad. Valorando en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica los testimonios rendidos en autos (conf. art. 386 CPCCN y 90 LO), entiendo que está suficientemente acreditado que el desempeño del actor en favor de la mencionada Fundación no sólo en fecha anterior a la registrada por ésta sino, más precisamente, como lo señalara el sentenciante de grado, desde el año 1992.

En consecuencia, considero que corresponde desestimar la queja y confirmar lo decidido por la instancia de grado sobre el punto.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que interviene en representación del Ente Autárquico Teatro Colón y Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires se queja por cuanto se condenó al mencionado en último término solidariamente responsable en los términos del art. 30 de la LCT.

A mi juicio, asiste razón al recurrente en este aspecto de la queja.Hago esta afirmación porque, de los propios términos de la demanda, se desprende que el actor no adujo haber estado unido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un contrato de trabajo, sino que sólo requirió que se le hiciera extensiva en forma solidaria la responsabilidad de su empleadora.

En este orden de ideas, cabe destacar que, como es de público y notorio conocimiento y surge de su propia denominación y de los términos de la demanda, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una “empresa”, ni se dedica a la actividad teatral sino que es una autoridad política-administrativa que, en cumplimiento de ese rol específico (y no con motivo de una actividad empresaria), entre otras cosas, dirige y administra el establecimiento teatral en el funciona la Fundación para la que trabajó el accionante. Como puede apreciarse el Gobierno de la Ciudad no es una empresa y el servicio de visitas guiadas que brinda la Fundación para hacer conocer las instalaciones del mencionado teatro no es una actividad que pueda considerarse incluída en el objeto propio de la que esa autoridad política despliega en el ámbito de un teatro que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que, indudablemente, no se verifica el presupuesto esencial contemplado por el art.30 de la LCT en orden al reconocimiento de la solidaridad pretendida (en similar sentido, Sentencia Definitiva Nro. 94.408 del 28/8/06 in re “Osores José Luis c/ Rodríguez Florencio Osvaldo y otro s/ Despido” del registro de esta Sala).

La hipótesis de que la responsabilidad solidaria que prevé el citado art. 30 de la LCT pudiera llegar a hacerse extensiva a un órgano de la administración pública fue descartada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el pronunciamiento del 17-9-13 con motivo del recurso extraordinario concedido en los autos “Gómez, Susana Gladys c/ Golden Chef SA y otros s/ despido” (G. 78 XLV.Recurso de hecho registrado en el Tomo 278 del Libro de Sentencias)-

En dicha oportunidad, el Alto Tribunal dejó sin efecto la sentencia dictada por la Sala V que modificó el fallo dictado por el tribunal de origen e hizo extensiva la condena en forma solidaria al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en base a lo establecido por el art. 30 de la LCT. Expresamente la Corte Suprema sostuvo que “la Cámara no valoró la gravitación del carácter administrativo del contrato de concesión entre las demandadas para establecer si el art. 30 -Régimen de Contrato de Trabajo- permitía vincular de manera solidaria a una persona de derecho público no sometida expresamente a la regulación laboral común, máxime cuando el régimen legal en que se fundó la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está condicionado en su aplicación a lo que resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen a que se halle sujeto (art. 2 párrafo 1º, Ley de Contrato de Trabajo)”. Señaló que se “ha desconocido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma no es empleador según el Régimen de Contrato de Trabajo -salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de su ámbito- por lo que mal puede ser alcanzado, entonces, por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a esta clase de sujetos del contrato de trabajo (arts. 2 inc a y 26)”. Agregó que “dicha regulación es incompatible con el régimen de derecho público (art.2, párrafo 1º) a que, en la hipótesis de autos, se halla sujeta la apelante (doctrina de las causas “Cometta, Alberto Fernando y otros c/ Cañogal SRL y otro”; “Mónaco, Nicolás y otros c/ Cañogal SRL y otro” y Godoy, Epifania y otro c/ Breke SRL y otro”, registradas en Fallos 308:1589, 1591; 314:1679, respectivamente).

Por otra parte, no puede dejar de advertirse que desde antiguo, la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación así como la de esta Cámara, determinaron la inaplicabilidad del art. 30 de la L.C.T a la municipalidad de la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.S.J.N., 2-9-86, “Mónaco, Nicolás y otros c/ Cañogal SRL y otro”, D.L. Año XXVIII, oct./86,pág.446; C.S.J.N., 3-12-91, “Godoy, Epifania c/ Breke Argentina SRL”, LL, 1992; CNAT, Sala VIII, 31-8-88, “Gutiérrez, Ricardo O c/ El Stand SRL”, en D.T. XLVIII-B, pág.2160; CNAT, Sala I, 20-12-95, S.D.Nº 67.923, “Torres, Oscar c/ BRD SA s/ accidente”; Sala IV, S.D.N°90292, 25.02.05 “Miranda José c/ Simet SA y otro s/ despido”; Sala I, S.D. N° 82894, 05.08.05, “Gutiérrez, María c/ FAESA SA y otro s/ despido”, esta Sala S.D. Nº 94408 , 28/08/06 “Osores José Luis c/ Rodríguez Florencio Osvaldo y otro”).

Dicho criterio fue puesto de relieve por esta Sala en otros supuestos de aristas similares al presente (Sentencia Definitiva Nro. 94.408 del 28/8/06 in re “Osores José Luis c/ Rodriguez Florencio Osvaldo y otro”; íd. Sentencia Definitiva Nro. 97.813 del 26/3/10 in re “Correa, Nancy Raquel c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/ Despido”) puse el art.30 de la LCT exige que exista coincidencia entre la actividad de la contratista y la normal y específica propia del establecimiento del contratante principal; y, resulta evidente que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una empresa dedicada a brindar servicios de visitas guiadas por las instalaciones del Teatro Cólón, por lo que la demanda a su respecto, con fundamento en esa norma, -a mi entender- no puede prosperar (art.499 Código Civil).

Como consecuencia de los fundamentos expuestos, y de los que surgen del fallo del Alto Tribunal antes citado, propicio acoger el recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto hizo lugar a la extensión de responsabilidad en su contra en los términos del art. 30 LCT.

Las restantes cuestiones vertidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el recurso de fs. 546/551 vinculadas a la forma en que fue valorada la prueba y que llevó a la conclusión de que entre las partes medió una relación de trabajo dependiente así como también, la queja en orden a la condena a abonar las indemnizaciones derivadas del despido y ciertos rubros salariales en el marco del régimen previsto por la LCT constituyen cuestiones que, a su respecto, han devenido abstractas.

Se queja la parte actora porque no se condenó al Sr. Chevallier Boutell en su carácter de Presidente de la Fundación del Teatro Colón.

A mi juicio, no corresponde modificar lo decidido por la instancia de origen.

Hago esta afirmación porque, como lo señaló el sentenciante, el Sr. Chevalier Boutell fue demandado en virtud de la ampliación de demanda efectuada a fs. 128 por su supuesta condición de presidente de la Fundación demandada y este carácter resultó desvirtuado por la prueba producida en autos que fue consentida oportunamente por la recurrente en lo que respecta a esta cuestión.Obsérvese de los informes de la I.G.J no se desprende el carácter que el actor le atribuyó en la demanda al Sr. Chevallier Boutell (ver, en especial, fs. 409 vta, fs. 415, fs. 420 y 420 vta, y elementos obrantes en el sobre de prueba reservada Nro. 618 acompañados con las respuestas brindadas por dicha entidad a fs. 487 y 489).

Por otra parte, no puede soslayarse lo informado por el perito contador a fs. 361 en cuanto a que el Sr. Chevallier Boutell ingresó a la Fundación, según surge de los recibos de haberes el 15/9/06 y que del libro de Actas nro. 7 Acta nro. 280 con fecha 10/10/06, folio 24 se desprende que se le otorgó “un poder administrativo en su carácter de director ejecutivo, un poder administrativo y judicial para que en nombre y representación de la fundación pueda poner y absolver posiciones en el ámbito judicial ante cualquier fuero y jurisdicción y representarla en todo tipo de gestiones administrativas de cualquier índole.” ; es decir, que según lo informado por el perito (dato que vuelve a reiterar a fs. 365 pto 21 y fs. 366 pto 22) el cargo del codemandado Chevallier Boutell era del de “director ejecutivo” y no el de “presidente de la Fundación”, como adujo el actor en la ampliación antes mencionada. Esta circunstancia también se desprende de los dichos de la testigo Pearson, ofrecida por la propia parte actora, cuando al referirse al Sr. Chevallier Boutell dijo que “llegó al Teatro en los últimos años y en esa época era una especie de coordinador y se reportaba a la comisión directiva de la Fundación, llegó con la gestión de Rodolfo Ceretti, como presidente”.

En el contexto de los elementos reseñados, comparto la decisión del magistrado de grado en cuanto hizo lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por dicho codemandado y rechazó la demanda en su contra (conf. art.499 Código Civil).

No soslayo que, en el memorial en análissis, el propio recurrente reconoce el carácter de presidente de la fundación del Sr. Cerretti y pretende sustentar la responsabilidad del codemandado en cuestión en su condición de apoderado y director ejecutivo de la mencionada fundación (ver, en especial fs. 543/vta); pero lo cierto es que esas circunstancias no fueron oportunamente puestas a consideración del magistrado de grado, por lo que esta Alzada se encuentra vedada de efectuar análisis alguno a su respecto (art. 277 CPCCN).

Ello así porque la valoración favorable al recurrente de dicho extremo, implicaría apartarse de los términos en los cuales quedó constituido el objeto del litigio, con grave afectación de la garantía de defensa en juicio y del principio de congruencia (cfme. Art. 18 CN y arts. 34, inc. 4, 163 y 277 CPCCN.).

Al respecto, cabe memorar que la demanda y la respectiva réplica, conforman el tema de debate sobre el cual se debe sustanciar la prueba y dictar sentencia. Como señala Centeno (El Procedimiento en la Provincia de Buenos Aires. pág. 94 y sgtes.), la demanda determina la apertura de la instancia, y deja fijados los límites de la acción y su naturaleza; y a éstos se debe supeditar la contestación de la demanda y la sentencia. De modo que el juez o tribunal no puede apartarse de los términos en los que quedó trabada la litis porque allí quedan fijados en forma definitiva los temas de la controversia, que no pueden ser -luego- alterados (cfr. art. 34, inc. 4 y 163, inc. 6 CPCCN).

Refiere Couture que la sentencia es el acto emanado de los agentes de la jurisdicción mediante el cual se deciden la causa o los puntos sometidos a su conocimiento.En una primera operación, deriva de los términos mismos de la demanda; y, en definitiva, el Juez debe hallar ante sí el conjunto de hechos narrados por las partes en sus escritos de demanda y contestación y las pruebas sobre esos hechos que se hubieran producido para depararle convicción de la verdad y permitirle efectuar la verificación de sus respectivas posiciones (cfr. Couture, “Fundamentos del derecho procesal civil” Ed. Depalma, 1981, págs. 277 y ss). La decisión que adopte el Juez para resolver el litigio debe ser congruente con la forma en la cual ha quedado trabada la relación jurídico procesal, sin que corresponda alterar o modificar en aspectos esenciales, las pretensiones o articulaciones formuladas por las partes (cfr. Colombo, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado” Ed. Abeledo Perrot, T. I pag. 281 y ss y doc. que informa el art. 163 inc. 6º del C.P.C.C.N.).

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que la directiva que emana del art. 19 de la ley 19.836, -disposición ésta aplicable a la fundación demandada por tratarse de una entidad constituida de acuerdo con ese régimen legal (ver estatuto de fs. 408/413, en especial fs. 409 vta)-, no prevé la posibilidad de que un tercero reclame en forma directa a quienes integran el órgano directivo de una fundación.

En efecto, el funcionamiento de las fundaciones y el sistema de responsabilidad de sus miembros y directivos se encuentra específicamente regulado por la ley 19.836, cuyo art. 19 establece que “los derechos y obligaciones de los miembros del consejo de administración están regidas por las reglas del mandato, en todo lo que no esté previsto en esta ley, en el estatuto o en las reglamentaciones.En el caso de violación de las normas legales o estatutarias, los miembros del consejo de administración se hacen pasibles de la acción por responsabilidad que podrá promover la fundación o la autoridad administrativa de control.”. Como puede apreciarse, la norma mencionada no otorga legitimación activa directa a los terceros con respecto a la responsabilidad que pudiere corresponderle a los miembros del consejo de administración sino, únicamente, a la propia fundación o a la autoridad administrativa de control (ver, en igual sentido, Sentencia Definitiva Nro. 98620 del 20/10/10 in re “Mazia Claudio Gabriel c/ Fundación Miastenia Gravis – Ayuda Integral al Miasténico y otro s/ Despido”).

Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la queja y confirmar el rechazo de la demanda deducida contra el Sr. Chevallier Boutell (conf. art 499 Código Civil).

Como consecuencia de las modificaciones propugnadas, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios, adecuándolos al actual resultado del litigio (conf. art. 279 CPCCN), por lo que deviene inoficioso el tratamiento de las apelaciones deducidas al respecto por las partes y perito contadora.

En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art.68 del CPCCN, estimo que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de la codemandada Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, por haber sido vencida en los aspectos principales de la controversia; con excepción de las generadas por las acciones entabladas contra los codemandados Chevallier Butell y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del Ente Autárquico Teatro Colón y Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires que deben ser impuestas en el orden causado, pues la parte actora -razonablemente- pudo haberse considerado asistida de mejor derecho (art. 68, 2do.párrafo CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%; los de la representación y patrocinio de la codemandada Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en el 11%, los de la representación y patrocinio letrado del codemandado Chevallier Boutell en el 14 % y los de la representación y patrocinio letrado del codemandado Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del Ente Autárquico Teatro Colón y Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en el 14 % y los de la perito contadora en el 6%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la codemandada Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en el 25%, los de la representación y patrocinio letrado del codemandado Chevallier Boutell en el 25% ; los de la representación y patrocinio letrado del codemandado Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del Ente Autárquico Teatro Colón y Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en el 30% y los de la parte actora en el 25% de la suma que, a cada una de ellas, les corresponda percibir por lo actuado en la instancia anterior.

El Dr.Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos, aclarando que en lo relativo a la improcedencia de condenar al Sr. Chevallier Boutell solamente adhiere al fundamento que gira en torno a que no se probó su carácter de presidente de la fundación y no cabe examinar en esta instancia una nueva pretensión a su respecto.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior en cuanto condenó a la Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires a abonar el monto diferido a condena y sus intereses; 2) Revocar la sentencia en cuanto condenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del Ente Autárquico Teatro Colón y Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires; 3) Confirmar el rechazo de la demandada deducida contra Chevallier Boutell 4)Dejar sin efecto la forma en que fueran impuestas las costas y las regulaciones de honorarios y proceder a su determinación en forma originaria.5) Imponer las costas de ambas instancias, a cargo de la codemandada Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires; con excepción de las generadas por las acciones entabladas contra los codemandados Chevallier Butell y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del Ente Autárquico Teatro Colón y Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires que deben ser impuestas en el orden causado; 6) Regular los honorarios, por las tareas desarrolladas en primera instancia, de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15%; los de la representación y patrocinio de la codemandada Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en el 11%, los de la representación y patrocinio letrado del codemandado Chevallier Boutell en el 14 % y los de la representación y patrocinio letrado del codemandado Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del Ente Autárquico Teatro Colón y Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en el 14 % y los de la perito contadora en el 6%, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena -capital e intereses-. 7) Regular, por las tareas de Alzada, los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en el 25%, los de la representación y patrocinio letrado del codemandado Chevallier Boutell en el 25% ; los de la representación y patrocinio letrado del codemandado Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación del Ente Autárquico Teatro Colón y Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en el 30% y los de la parte actora en el 25% de la suma que, a cada una de ellas, les corresponda percibir por lo actuado en la instancia anterior 8) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

 

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