fbpx

Determinada la existencia de relación laboral, el desconocimiento de la misma por parte del empleador da lugar al despido indirecto

shutterstock_101873377Partes: Lavie Facundo c/ Panimex Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 28-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85513-AR | MJJ85513 | MJJ85513

Los servicios prestados por el actor implicaron una relación laboral cuyo desconocimiento por parte de la demandada dio lugar a una injuria de tal gravedad que no consintió la prosecución del vínculo.

Sumario:

1.-No corresponde confirmar que el trabajador haya prestado servicios en forma autónoma, y por lo tanto, existió una relación laboral dado que la demandada no acreditó que la dación del servicio haya sido realizada en forma autónoma, o sea no bajo la dependencia técnica, económica y jurídica de aquél a quien se le imputa la condición de empleador.

2.-El desconocimiento de la relación laboral por parte de la demandada se torna en una injuria de tal gravedad que no consiente la prosecución del vínculo, por lo que procederán las indemnizaciones contenidas en los arts. 232 , 233 y 245 de la LCT. pues entre las partes existió una relación laboral dado de que surge de la prueba documental que el accionante le extendió a la demandada forma mensual y correlativas facturas por sus servicios.

3.-Toda vez que el actor dio cumplimiento a lo previsto en el art. 11 inc. b) de la Ley 24013 corresponde que prospere la indemnización prevista en los arts. 8 y 15 de la citada, ya que la relación laboral no se encontraba registrada, y el actor intimó a que se regularizara su situación laboral y debió colocarse en situación de despido indirecto dentro de los dos años de remitida la misma.

4.-Cabe admitir la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25323, ya que la accionante en su misiva rescisoria intimó a que se le abonen las indemnizaciones derivadas del despido y debió accionar judicialmente para lograr su cobro.

5.-La indemnización prevista en el art. 80 de la LCT. resulta procedente ya que la demandada no entregó las certificaciones previstas en la norma, pese a haber sido intimada a ello.

Fallo:

Buenos Aires, 28 de FEBRERO de 2014

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó las pretensiones deducidas en el inicio, apela la parte actora a tenor de su memorial de fs. 268/286 que recibió réplica de su contraria a fs. 283/288.

En materia de honorarios, apelan la representación letrada de la parte demandada y perito contadora, por considerar reducidos los que les fueron regulados (fs. 265/266 y fs. 277) y la parte demandada apela por altos los correspondientes a esta última profesional (fs. 267).

La parte actora apela porque el Sr. Juez «a quo» rechazó la demanda en el entendimiento de que la parte demandada logró desvirtuar la presunción contenida en el art. 23 de la L.C.T. y por ende entendió que las partes no se encontraron vinculadas mediante una relación laboral.

Adelanto que la queja tendrá favorable recepción. Ambas partes se encuentran contestes en que entre el mes de marzo de 2010 y el mes de noviembre de 2010 se encontraron vinculadas, discrepan en cuanto al tipo de vinculación, ya que mientras el actor sostiene que se trató de una de tipo laboral, la demandada sostiene que se trató de una locación de servicios en los términos previstos en los arts. 1623 y sgtes. Cód. Civ.

Al respecto, creo necesario aquí señalar que el art. 23 de la L.C.T.establece que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.

Resulta de esencial importancia aclarar que para que no resulte operativa la presunción aludida, la demandada debe acreditar que la dación del servicio ha sido realizada en forma autónoma, o sea no bajo la dependencia técnica, económica y jurídica de aquél a quien se le imputa la condición de empleador.

El actor manifestó que se desempeñó en Panimex realizando tareas de diseño en el área mecánica y civil de la planta plastificante que pertenece a la demandada como dibujante proyectista. También refirió que tenía como tarea efectuar el diseño de ubicación de cañerías y equipos (conf. fs. 7/vta.), que cumplía un horario de lunes a viernes de 8,30 a 17,30 y a que a su ingreso la demandada le exigió al actor que se registre como monotributista (conf. fs. 8).

La demandada negó tales aspectos y refirió que el actor fue contratado mediante un contrato de locación de servicios para la planta fabril que se encontraba en construcción en La Plata, que carecía de una jornada de trabajo y manifiesta que a veces concurría a la planta y otras veces realizaba las tareas desde su domicilio (conf. fs. 50/vta. y fs. 51).

Siendo ello así, analizaré las pruebas rendidas en la causa.

A fs. 28 obra constancia con membrete de Panimex Argentina S.A. firmada por el Ingeniero Lonardo Ocolotobiche (que fuera reconocida en la audiencia de fs. 191/193) como representante de la empresa en la que dice «Conozco a Facundo desde el mes de abril de 2010 y debo informarles que durante los seis meses que trabajó en nuestra empresa, Panimex Argentina S.A., ha demostrado ser una persona honesta, trabajadora y en la que puede usted confiar».

A fs.191/193 declaró Ocolotobiche, quien refirió que al momento de declarar trabajaba en Panimex, lo que demuestra que se trata de un trabajador dependiente de la demandada y es quien firmó la nota acompañada por el actor.

A fs. 29/36 obran las facturas que el accionante le extendió a la demandada desde el mes de abril y hasta el mes de noviembre de 2010 de forma mensual y correlativas.

Ante la presunción anteriormente referenciada y las pruebas reseñadas, entiendo que con las declaraciones de Ocolotobiche y Lovarvo -testigos propuestos por la demandada- no se logra en modo alguno acreditar el carácter autónomo del trabajo del actor.

Por lo anteriormente expresado, el desconocimiento de la relación laboral por parte de la demandada se torna en una injuria de tal gravedad que no consiente la prosecución del vínculo, por lo que procederán las indemnizaciones contenidas en los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T.

Prosperarán los siguientes rubros: diferencias salariales octubre y noviembre de 2010 (ya que según las facturas acompañadas a fs. 29 y 30 la demandada abonó un salario menor), salario proporcional mes de noviembre (despido), s.a.c. proporcional 1º y 2º semestre de 2010, y vacaciones proporcionales de 2010, toda vez que en autos no se ha acreditado su cancelación (conf. art. 10, L.C.T.).

Siendo que el actor dio cumplimiento a lo previsto en el art. 11 inc. b) (conf. fs. 24) corresponde que prospere la indemnización prevista en el art. 8 de la citada, ya que la relación laboral no se encontraba registrada.

También integrará el monto de condena la multa prevista en el art. 15 de la ley 24.013 ya que la accionante intimó a que se regularizara su situación laboral y debió colocarse en situación de despido indirecto dentro de los dos años de remitida la misma.

Diferiré asimismo a condena la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, ya que la accionante en su misiva rescisoria del 25.11.10 (fs.22) intimó a que se le abonen las indemnizaciones derivadas del despido y debió accionar judicialmente para lograr su cobro.

Igual suerte correrá la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. ya que la demandada no entregó las certificaciones previstas en la norma, pese a haber sido intimada a ello (conf. misiva del 29.12.10).

Tomaré como remuneración la contenida en las facturas del actor de $6.000, que además la entiendo adecuada a las tareas desarrolladas por el actor (conf. art. 56, L.C.T.). Según lo expresado anteriormente y siendo que no se encuentra controvertida, tendré en cuenta a los fines indemnizatorios las fecha de ingreso el 15.03.10 y la fecha de egreso el 25.11.10, según misiva rescisoria de fs. 22.

Por lo anteriormente expuesto, estaré a los cálculos efectuados por la experta contable a fs. 210 que no han sido objeto de impugnación por las partes, por lo que la demanda prosperará por la suma de $87.158,79.

La demandada deberá confeccionar las certificaciones de servicios y remuneraciones y el certificado de trabajo dentro de los quince días de notificada del presente, bajo apercibimiento de sanciones conminatorias de $100 por cada día de retardo en su confección, las que se devengarán por treinta días y luego serán confeccionadas por el juzgado a su cargo.

El monto de condena llevará los intereses previstos en el Acta CNAT N° 2357, la que considero aporta una compensación suficiente, tanto de la depreciación monetaria como de la privación del capital, y de esa forma permite armonizar los textos legales vigentes, en tanto se respeta la prohibición establecida por el art.4° Ley 25.561, y también se preserva el valor del crédito del trabajador, a lo que se añade que se evita colocar en situación más ventajosa al deudor moroso, por lo que se rechaza el planteo de inconstitucionalidad deducido en el inicio.

Lo anteriormente expuesto me lleva a dejar sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios (conf. art. 279, C.P.C.C.), por lo que se tornan abstractos los recursos de apelación deducidos en tal sentido.

Las costas de ambas instancias serán soportadas por la demandada vencida (conf. art. 68, C.P.C.C.).

Los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora, demandada y perito contadora por su actuación en primera instancia se fijan en el 16%, 13% y 6% respectivamente, del monto de condena (conf. ley 21.839 y dec- ley 16.638/57).

Los honorarios de Alzada para los profesionales intervinientes se establecen en el 25% del monto total de condena (conf. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345) el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de primera instancia. 2) Hacer lugar a la demanda de LAVIE FACUNDO y condenar a PANIMEX ARGENTINA S.A. al pago dentro de los cinco días de notificadas de la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O. de la suma de $87.158,79; suma que llevará los intereses decididos en el considerando respectivo. 3) Condenar a la demandada a confeccionar las certificaciones de servicios y remuneraciones y el certificado de trabajo dentro de los quince días de notificada del presente, bajo apercibimiento de sanciones conminatorias de $100 por cada día de retardo en su confección, las que se devengarán por treinta días, luego de lo cual serán confeccionadas por el juzgado a su cargo. 4) Imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada. 5) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora, demandada y perito contadora por su actuación en primera instancia en el 16%, 13% y 6% respectivamente, del monto de condena. 6) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en grado.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID

JUEZ DE CAMARA

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: