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Ni la empleadora ni la ART responden por la hipertensión y obesidad mórbida del trabajador pues no fueron provocadas por su labor

EstrésPartes: Delgado Hugo Fabián c/ Prosegur S.A. y otros s/ acc. acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 11-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-85285-AR | MJJ85285 | MJJ85285

Al existir otras circunstancias capaces de producir el estrés que padece el actor -hipertensión y obesidad mórbida-, no cabe admitir responsabilidad por el hecho dañoso respecto de la empleadora ni de la ART.

Sumario:

1.-No corresponde admitir responsabilidad por parte de la empleadora respecto del estrés que padece el actor puesto que existen otras circunstancias capaces de producir la enfermedad, tales como la hipertensión arterial y la obesidad mórbida que el trabajador ya tenía.

2.-No cabe acudir a la presunción de materialidad cuando el hecho dañoso no es el efecto ordinario de la tarea asignada; máxime siendo que el actor, como encargado del servicio de vigilancia durante el día, en un predio que se encontraba en construcción, donde el ingreso y egreso de personas estaba abocado a las tareas de remodelación del lugar, no parece haber estado constreñido a situaciones que provocaran un alto nivel de estrés laboral.

3.-No corresponde admitir la responsabilidad por parte de la ART puesto que cuando lo que se reclama tiene su fundamento en la reparación integral es menester que la ART haya incurrido en un delito o cuasidelito que habilite la reparación respecto de ella, y toda vez que en el caso, el actor ni siquiera indicó la existencia de factor de atribución alguno, no es posible acceder a un reclamo contra la ART en términos de cualquier acción civil que se imagine.

4.-La multa del art. 2 de la ley 25323 debe admitirse puesto que el empleador no debía las indemnizaciones por despido indirecto en el momento de la sentencia sino en el momento en que éstas se tornaron exigibles (art. 149 RCT); máxime siendo que quien debía acreditar que no existía el factor de atribución subjetivo era el demandado y no lo hizo.

5.-Resulta procedente la multa del art. 80 LCT. puesto que el certificado acompañado no tiene indicado en su contenido la real categoría del trabajador como así tampoco la remuneración debida.

6.-Ante la falta de prueba que demuestre un ambiente laboral estresante ni que el actor tuviera que atravesar situaciones límites como para desencadenar la enfermedad que padece, -estrés-, ni menos aún demuestran que debiera permanecer en bipedestación con escasa o nula deambulación, en el marco de atribución de responsabilidad imputado conforme los arts. 1109 y 1113 del CCiv., no está probado el nexo causal adecuado entre la dolencia que padece el actor y las tareas laborales desempeñadas para la demandada (del voto del Dr. Oscar Zas por sus fundamentos – mayoría).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 11 días del mes de diciembre de 2013, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Contra la sentencia de origen que hizo lugar parcialmente a la demanda recurren la parte actora y uno de los sujetos que conforman la parte demandada.

El primer agravio expresado por la empleadora vencida obedece a que, en sus tesis, el sentenciante de grado tuvo por acreditada la causa extintiva de la relación laboral sin importar que las diferencias salariales reclamadas por la parte actora no hubieran sido demostradas en su totalidad. Insiste en que las tareas prestadas por el actor no se correspondían con las de vigilador principal y que por ello nada adeudaba en concepto de diferencias salariales.

Compartiendo el análisis realizado en la sentencia recurrida, debo señalar que, tal como han sido planteados, los argumentos de la codemandada no son aptos para revisar lo decidido en origen.

Repárese que para que las diferencias salariales puedan prosperar no basta con que la calificación efectuada por el demandado sea errónea o inexistente, sino que es necesario demostrar que las tareas que realizaba el actor se encontraban comprendidas en una categoría convencional mayor y mejor remunerada. En la causa, está demostrado por las declaraciones de los testigos que las tareas en las cuales estaba designado el Sr. Delgado, por su empleadora, eran funciones propias de la categoría de vigilador principal, que comprendían las de encargado del servicio, y no la mera tarea de vigilancia.

En el análisis de la prueba testimonial existen determinadas circunstancias comunes a las relaciones laborales, que no pueden perderse de vista, máxime cuando se tiene en cuenta que en el ámbito cerrado en que se desarrollan muchas relaciones laborales, nadie conoce mejor los hechos de la causa que los dependientes o ex dependientes.Por ello, si no existe prueba en contrario ni lo relatado contradice restricciones físicas o lógicas es deber de los jueces analizar la prueba ofrecida de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de los imperativos que surgen del sistema jurídico, de las reglas lógicas y de la experiencia. La afirmación de la sana crítica no habilita al juez a sostener su prejuicio, sino todo lo contrario. En el fondo, sigue vigente la vieja afirmación de Ulpiano: Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.

En este orden de ideas, no resulta reprochable la recepción en origen de los testimonios producidos y adquiridos con bilateralidad.

Por este motivo, conforme los dichos de los testigos que fueron traídos a la causa, entiendo, como bien argumentó el Sr. Juez a quo, la injuria propiciada por la empleadora resultó suficiente para impedir la prosecución de la relación laboral, resultando acreedor, el accionante, de las diferencias salariales e indemnizaciones previstas por la R.C.T.

El segundo y tercer agravio versa sobre la decisión de origen de acceder al reclamo de indemnizaciones, diferencias salariales, vacaciones, SAC, y multas dispuestas por el art. 80 de la R.C.T. y art. 2 de la Ley 25.323. Lo resuelto en los párrafos precedentes confirma la existencia de causa, por lo que en este aspecto, tanto como en el relativo a la condena en términos del artículo del artículo 2 de la ley 25.323 debe ser confirmado. En relación a este agravio debe señalarse que las sentencias son declarativas, por lo que sus efectos califican el acto en el momento en que éste se produce. El empleador no debe las indemnizaciones por despido indirecto en el momento de la sentencia sino en el momento en que éstas se hacen exigibles (artículo 149 RCT). Por ello, el planteo es inadmisible. Repárese en que la falta de pago de la indemnización debida constituye el presupuesto de aplicación de la multa.Quien debía acreditar que no existía el factor de atribución subjetivo era el demandado y no lo hizo. Debo señalar, que no puede considerarse pago cuando el mismo es insuficiente (artículo 742 del Código Civil), por lo que no puede afirmarse que existió cumplimiento de la obligación.

El texto del primer párrafo del artículo 2 señala textualmente:

Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.

El hecho de haber iniciado acción judicial ante la falta de respuesta al requerimiento constituye sincrónicamente el supuesto analizado por la norma. Adviértase que basta para que el requisito se cumpla, cualquiera de las dos alternativas, iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio, para percibirlas.

Atento lo establecido precedentemente el segundo agravio ha quedado prácticamente sin materia. Por tanto en este punto al no existir pago de la condena a saldar, la obligación debe ser confirmada.

La misma suerte tendrá la resolución del cuarto agravio expresado por la empleadora, al cuestionar la obligación de confeccionar el certificado de trabajo en los términos del artículo 80 de la R.C.T. ya que esa obligación, en su tesis, habría sido cumplida al consignar los certificados con el escrito de conteste.

Nótese, que conforme los lineamientos expresados en la sentencia de grado, el certificado acompañado no tiene indicado en su contenido la real categoría del trabajador como así tampoco la remuneración debida. Tampoco fueron otorgados todos los certificados de trabajo exigidos por la legislación y precisados por la sentencia de origen.En consecuencia, y conforme lo establecido precedentemente, el agravio relativo a la multa del artículo 80 RCT no puede ser de recibo, no obstante aclarar que, no sólo es cuestionable la supuesta inutilidad del cumplimiento del objeto del artículo 80 RCT planteado en el memorial recursivo, sino que al existir la ley debe ser cumplida pues estas no se derogan por desuetudo.

Por ello, ante la falta de entrega del certificado requerido, la aplicación de la multa establecida por el artículo 80 de la R.C.T. deviene procedente confirme lo resuelto en la anterior instancia.

Ahora bien, respecto a los agravios vertidos por la parte actora, es menester señalar en primer término los errores de técnica que dificultan el análisis del objeto de agravio. No es la valoración de la prueba lo que determina la existencia de agravio (ello hace al fundamento de la expresión de agravios) sino el cuestionamiento respecto del pronunciamiento de absolución o condena, pues lo apelable de la sentencia es la decisión, con exclusión de los fundamentos, salvo cuando integran la parte dispositiva o determinan su interpretación.

En este sentido, conforme lo expresado en los agravios, los puntos de la decisión específicamente cuestionados, son que el Sr. Juez de grado se apartó de la valoración de la incapacidad que realiza el perito médico y, por ende, los argumentos esgrimidos por el Magistrado respecto al rechazo del reclamo de la reparación integral en los términos de la acción civil iniciada por el accionante por la enfermedad derivada del stress laboral, resultarían errados.

Con prescindencia del acierto o error de los criterios utilizados, la determinación del daño con relación a la pérdida concreta de capacidad de ganancia es tarea del juzgador. Por supuesto, el juzgador no puede apartarse del dictamen (como tampoco puede acatarlo como si la ciencia médica fuera capaz de establecer el daño jurídicamente mensurable) sin fundamentos. En el caso concreto, el Sr.Juez de la anterior instancia, expresó las razones que tuvo para establecer que la incapacidad generada por la hipertensión arterial y las dolencias en los miembros inferiores no obedecía al tipo de tareas desarrolladas a nivel laboral.

El cuestionamiento realizado por el apelante no alcanza a enervar las consecuencias que se siguen de las declaraciones testimoniales pues las contradicciones a que hace referencia, o no son tales o se refieren a las circunstancias normales de la actividad laboral. Concuerdo en esto, que no han sido probadas las circunstancias generales relatadas en la demanda donde pudiera aseverarse la existencia de situaciones que propicien el stress laboral y que, como consecuencia de ello, generen las patologías que el actor manifiesta padecer.

En este orden de ideas, no puedo dejar de tener en cuenta que la tarea del actor, conforme surge acreditado por los testigos que depusieron en la causa, era la de encargado del servicio de vigilancia en el establecimiento designado como «objetivo» y que ello no importaba necesariamente la exposición a situaciones laborales estresantes o que sistematizaran situaciones de riego al trabajador.

Por ello, a mi criterio, la sentencia de grado debe ser confirmada por cuanto, de la etiología de la hipertensión arterial, la obesidad mórbida que padece el Sr. Delgado (reconocida por el apelante a fs. 896) y de lo expresamente afirmado por el perito médico en su informe, luce razonable el criterio utilizado por el sentenciante en origen, en tanto existen otras circunstancias capaces de producir la enfermedad.

No cabe acudir a la presunción de materialidad cuando el hechos dañoso no es el efecto ordinario de la tarea asignada, que reitero, como encargado del servicio de vigilancia durante el día, en un predio que se encontraba en construcción, donde el ingreso y egreso de personas estaba abocado a las tareas de remodelación del lugar, no parece -conforme surge del relato de los testigos- haber estado constreñido a situaciones que pr ovocaran un alto nivel de stress laboral.Por otro lado, y siempre dentro del marco de la acción civil, no se indica por qué hecho o causa debiera responder la ART. La falta de enunciación de la causa de atribución de responsabilidad obsta contra el progreso de la acción.

Máxime, cuando el modo en que se produce el daño no guarda relación causal con ninguna omisión de la ART que, desde ya, no es dueña o guardiana de la cosa. La obligación de seguridad contractual (artículo 1198 del Código Civil que considero vigente más allá de la reforma del artículo 75 RCT en todo contrato en que la organización de la prestación queda a cargo de uno de los contratantes) pesa sobre el empleador y no sobre la ART. No basta con la invocación genérica de la omisión en haber indicado medidas de seguridad si no se indicó por parte del accionante, en qué consistió la omisión, que relación de causalidad existió entre la omisión denunciada y el hecho dañoso y la concurrencia de al menos dolo eventual.

No puede olvidarse que la ART no es una compañía de seguros por accidente de trabajo sino un ente dedicado a cumplir con las prestaciones de seguridad social impuesta por la ley 24.557 por un factor de atribución determinado (en estos términos es que es agente principal y único de pago establecido por contrato), mucho más amplio que el establecido por las normas del derecho común, ya que es suficiente para que se deba responder que el daño en la salud hubiera sido producido por el hecho u ocasión del trabajo.

Cuando lo que se reclama tiene su fundamento en la reparación integral es menester que la ART haya incurrido en un delito a cuasidelito que habilite la reparación respecto de ella.En el caso, el actor ni siquiera indica la existencia de factor de atribución alguno que permita acceder a un reclamo contra la ART en términos de cualquier acción civil que se imagine. Por ese motivo considero que la sentencia de grado debe ser confirmada en ese aspecto; no obstante señalar que llega firme a esta Alzada por no ser objeto de recurso, el rechazo de la acción especial contra la ART en los términos de la Ley 24.557.

Las costas dispuestas en primera instancia respecto de la acción por despidose ajustan a la suerte del planteo, por lo que corresponde su confirmación y los honorarios, teniendo en cuenta la actuación en doble carácter de los letrados, y la complejidad y extensión de las tareas resulta adecuado por lo que propongo la confirmación de la sentencia de origen en estos aspectos.

La especial situación del accionante que fue tenida en cuenta por el magistrado de grado y la existencia de una incapacidad, justifican la imposición de cosas por su orden respecto de la acción por reparación integral por lo que en este respecto el fallo debe también ser confirmado (art. 68 2da. Parte CPCCN). A su vez, los honorarios regulados a los peritos intervinientes lucen adecuados.

En atención al resultado obtenido en la instancia por los recurrentes (todos los recursos son desestimados), propongo declarar las costas de alzada en el orden causado (conf. arts. 68 y 71 CPCCN) y regular a los letrados intervinientes en la alzada, el 25% de lo que a cada uno le corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia (arts. 14 y conc. L.A.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS manifestó:

I.- En lo que respecta a los agravios vertidos por la demandada Prosegur S.A. adhiero a la propuesta formulada por el vocal preopinante por análogos fundamentos.

II.- Asimismo, coincido en que debe confirmarse la sentencia de grado en cuanto rechaza la pretensión con fundamento en la normativa civil.Así lo entiendo porque comparto lo decidido en origen en cuanto a que no está probada la relación de causalidad adecuada entre la hipertensión y la flebitis que sufre el actor y las tareas realizadas para la demandada pues coincido con la valoración que efectuó el sentenciante de la prueba testimonial rendida en el sub lite (conf. art. 90 L.O.).

En efecto, no está probado que el acccionante estuviera expuesto a situaciones stresantes o a sobreexigencias más allá de las normales para el cumplimiento de sus tareas ni que permaneciera durante toda la jornada laboral en bipedestación o con escasa deambulación.

Así, del relato efectuado por el testigo Bernardi (fs. 451/454) surge que el actor estaba sometido a las contingencias normales del cargo que ocupaba como vigilador principal. Por lo demás, cabe señalar que afirmó el actor trabajaba de día y el testigo lo hacía de noche por lo que no se desempeñaron juntos. Al respecto, declaró que él era el relevo del actor y que cuando el dicente llegaba el actor se iba y viceversa.

El testigo Ávalos (fs. 455/457) afirmó que el actor permanecía sentado la mayor parte de la jornada laboral. En cuanto a las tareas señaló que el accionante manejaba a los vigiladores rotándolos de puesto y que debía controlar el ingreso y egreso de materiales pero aclaró que ésta era una tarea sencilla.

Rojas (fs. 465/467) también relató las tareas cumplidas por el actor que son las propias e inherentes al cargo de responsable del servicio pero no se advierte que resultaran stresantes. En efecto, afirmó que existía un libro de Acta en donde debía dejarse constancia de la entrada y salida de remitos y novedades en torno a proveedores y clientes así como el ingreso y egreso de vigiladores. Si bien dijo que el movimiento del edificio era bastante agitado afirmó que el testigo estuvo varios momentos ayudando al actor en la entrada.Agregó que para realizar sus tareas estaba mucho tiempo parado pero se trata de una afirmación dogmática pues no explicó en forma detallada el ámbito en que debía cumplir con el control de ingreso.

Finalmente, el testigo Abaca (fs. 732/734) dijo que el actor era el encargado del servicio y quien impartía órdenes. Afirmó que estaba en la entrada y debía llenar planillas con la entrada del personal, contratistas y personal jerárquico y si bien sostuvo que ingresaban alrededor de 300 personas por día afirmó que el testigo y otros vigiladores colaboraban con el accionante.

En concreto, considero que las declaraciones testimoniales no acreditan un ambiente laboral stresante ni que el actor tuviera que atravesar situaciones límites como para desencadenar la enfermedad que padece ni menos aún demuestran que debiera permanecer en bipedestación con escasa o nula deambulación.

Es sabido que no es el galeno el llamado a decidir si entre las incapacidades que pueda evidenciar el actor y las tareas cumplidas para la demandada existe relación causal pues los médicos no asumen ni podrían hacerlo, el rol de jueces en la apreciación de la prueba con relación a los hechos debatidos en la causa.Ello significa que, sin perjuicio del valor que quepa asignar a la opinión del experto en cuanto a si es factible o no médicamente que una cierta afección guarde relación con un cierto tipo de tareas, en los casos concretos debe acreditarse según corresponda cuáles han sido específicamente los trabajos cumplidos y sus características, a fin de que el juez determine -considerando claro está la opinión médica- si está probada o no la vinculación causal o concausal entre el trabajo efectivamente desarrollado y la incapacidad.

Repárese, además, en que la perito médica basó sus conclusiones en las descripciones efectuadas por el propio trabajador de la modalidad de trabajo supuestamente implementada por la empresa pero, como es lógico, no puede tenerse por probada válidamente la índole de las tareas a partir de lo que indica el propio reclamante, y sabido es que tales circunstancias deben ser efectivamente acreditadas pues, en definitiva, es el juez -como dije- quien determina la existencia o no de relación de causalidad entre las afecciones y las condiciones ámbito laborativas.

Al respecto, ninguno de los testigos dan cuenta de que el actor hubiera tenido disgustos e inconvenientes con el personal que ingresaba al edifico o que sufriera agresiones verbales o físicas ni menos aún presiones o que debiera manipular llaves térmicas o bombas de agua. Es decir, tal como afirmó el sentenciante no existe prueba que demuestre que el actor hubiera estado sometido a una exigencia fuera de los común o mayor a la normal correspondiente a su categoría.

En concreto, ante la falta de prueba que demuestre precisamente esas condiciones, considero que en el marco de atribución de responsabilidad imputado en el escrito inicial (arts. 1109 y 1113 del Código Civil), no está probado el nexo causal adecuado entre la dolencia que padece el Sr. Delgado y las tareas laborales desempeñadas para la demandada.

Por los fundamentos expuestos, propicio se confirme lo decidido en origen.

III.- En lo que respecta a costas y honorarios adhiero al voto que antecede. En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1. Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue objeto de agravio. 2) Imponer las costas de alzada como se sugiere en el primer voto de este acuerdo. 3). Regular los honorarios de los letrados interviniente por su intervención en la alzada en el 25% de lo que les fuera regulado por su actuación en la instancia anterior. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.)

Enrique Nestor Arias Gibert

Juez de Cámara

Oscar Zas

Juez de Cámara

 

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