Indemnizan por daño moral a trabajador despedido por la imputación de un delito por el cual fue sobreseído

despido 4Partes: Naccarati Rodolfo Erico c/ Cristobal Colón S.R.L. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 29-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-84194-AR | MJJ84194 | MJJ84194

Toda vez que se despidió al trabajador imputándole un delito -hurto de mercaderías-, por el que finalmente fue sobreseído, corresponde admitir el rubro daño moral.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la procedencia de la acción puesto que el actor fue despedido porque se le imputó un delito penal, sin embargo, el trabajador fue sobreseído ante la inexistencia de prueba que avale la imputación delictual.

2.-Frente a las claras contradicciones e inconsistencias en que incurrieran la demandada y sus empleados en el relato de los hechos supuestamente acaecidos, -hurto de mercadería por parte del actor-, y la inexistencia de prueba que avale la tesis del responde, cabe confirmar la procedencia de la acción intentada.

3.-Toda vez que por imperio de lo normado por el art. 377 del CPCCN., quien alega un hecho debe probarlo, correspondía a la empleadora acreditar la existencia y entidad de los motivos en los que fundó la decisión resolutoria, -hurto de mercadería por parte del actor-, y como no lo ha logrado, corresponde admitir las indemnizaciones reclamadas, y también el daño moral, pues se ha imputado al trabajador un delito que no se acreditó.

4.-Puesto que en la causa penal el accionante fue sobreseído, y dicha resolución no fue apelada por la demandada, y además, el propio trabajador dio cuenta de dicha situación en su demanda, de nada sirve la explicación que intenta la demandada acerca de la diferencia entre absolución y sobreseimiento, pues conforme lo prescripto por el art. 277 del CPCCN. el Tribunal no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia, ya que de lo contrario habría apartamiento de los hechos controvertidos y se soslayaría, de ese modo, el principio de congruencia (cfr. art. 163 del CPCCN.).

5.-Corresponde confirmar la condena dispuesta en concepto de daño moral pues la imputación de una conducta delictiva al trabajador, -nunca probada-, de la cual tomaran conocimiento sus compañeros de trabajo, sumado a un registro en su domicilio, genera un daño extracontractual que excede el despido y que torna ajustada a derecho la procedencia de una indemnización pretendida, por el perjuicio que ello evidentemente le ha ocasionado al trabajador, al afectar su integridad moral.

6.-La sanción prevista en el art. 2 de la ley 25323 resulta procedente puesto que se hallan presentes los requisitos para su procedencia, es decir que medió un despido injustificado, el trabajador efectuó fehacientemente la intimación para que se le abonaran las indemnizaciones respectivas y ha debido iniciar la instancia judicial para obtener su reconocimiento.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia (fs. 226/227) se alza la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 230/234, replicado a fs. 243/250 por su contraria.

A su turno, la representación letrada del actor -por derecho propio- cuestiona los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajos (fs. 229).

II) La demandada se queja, en primer lugar, del progreso de la acción, pues considera que la interpretación hecha por el sentenciante fue errónea, ya que se dio el sobreseimiento del actor más no su absolución, y vierte consideraciones acerca de la diferencia entre uno y otro. Aduce, también, que el accionante pudo haber guardado la mercadería hurtada en otro lugar. Y refiere que no se analizaron todas las pruebas de la causa, haciendo hincapié en las declaraciones de los testigos ofrecidos por su parte.

Sin embargo, anticipo que, en mi voto, la queja así vertida no tendrá favorable andamiento.

En primer lugar, es útil señalar que la demandada procedió a despedir a Naccarati mediante CD 018991694 de fecha 2/07/2009 (obrante a fs. 66) imputándole un delito, esto es, que se lo sorprendió hurtando mercadería de la empresa (puntualmente, un reloj marca “Rip Curl” modelo RCLTH TORINO A2199 código 8424, y un buzo marca “Billabong” código 309) el día 28/06/2009, y que al requerírsele su devolución el actor se escapó con ella sin dar explicación alguna, lo que, dijo, hizo imposible la prosecución del vínculo. Causal a la que cabe ceñirse conforme la regla del art.243 LCT, la que no puede modificarse ni ampliarse con la demanda judicial, máxime cuando el intercambio telegráfico fue expresamente reconocido (cfr. fs. 74 pto. III.a).

En esa inteligencia, por imperio de lo normado por el art. 377 del CPCCN, quien alega un hecho debe probarlo, y por lo tanto correspondía a la empleadora acreditar la existencia y entidad de los motivos en los que fundó la decisión resolutoria. Sin embargo, comparto el criterio del Magistrado anterior y opino, también, que con las pruebas rendidas en la causa ello no ha sido logrado.

Liminarmente, observo que de las constancias de la causa penal “Naccarati, Rodolfo Erico s/ Art. 162 CP” -agregada por cuerda- que el aquí accionante fue sobreseído (ver, en particular, fs. 39/40 vta.), sin que dicha resolución haya sido apelada. Es más, observo que el propio trabajador dio cuenta de dicha situación en su demanda (fs. 6, párrafo 2º), y si bien la demandada negó este extremo -al efectuar la negativa genérica, cfr. fs. 44 pto. 17-, lo cierto es que nada dijo al respecto al efectuar su relato de los hechos, máxime teniendo en cuenta que el auto de sobreseimiento databa del 30/12/2009, de modo que dicha situación era fácilmente comprobable al momento de presentarse la accionada en estos autos (el 23/06/2010, cfr. cargo de fs. 51).

De lo expuesto anteriormente se sigue que la argumentación ahora intentada es novedosa, pues la explicación acerca de la diferencia entre la absolución y el sobreseimiento y los efectos que cada una conlleva es una cuestión que no fue sometida a la valoración del judicante de grado, omisión que impide tratarla en esta Alzada pues conforme lo prescripto por el art. 277 del CPCCN “el Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia”, ya que de lo contrario me estaría apartando de los hechos controvertidos y soslayaría, de ese modo, el principio de congruencia (cfr. art.163 del CPCCN).

Pero, aun soslayando este aspecto, lo cierto es que la prueba rendida en la causa a instancias de la demandada tampoco resultó hábil para sustentar su postura.

Ante todo, no puedo dejar de destacar las manifiestas contradicciones existentes entre el relato efectuado en sede penal para imputarle el delito al actor -en el que se aduce que toma conocimiento del hurto el compañero Álvarez Montoliu por dichos del actor en la parada del colectivo de Avda. Las Heras, a la salida del trabajo- con las aducidas en la contestación de demanda en sede laboral acordes con el telegrama de despido antes transcripto, lo que de por sí enerva la solidez del planteo (art. 386 CPCCN).

Ahora bien, aun soslayando lo expuesto y de estar a los términos del telegrama de despido, observo que de los dichos de Bonomini (fs. 110/112) y Pérez Cibez (fs. 149/151) nada puede extraerse, en concreto, en tanto surge patente que el conocimiento que tenían de los hechos que derivaron en el despido de Naccarati provenía de comentarios de otra persona (concretamente, del Sr. Giribert). Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia, en términos que comparto, que no resulta idónea la prueba testimonial si no proviene “propiis sensibus”, ya que los testigos son aquellos que han tenido conocimiento personal de los hechos a acreditar, sea por haberlos visto, por haberlos escuchado o por haberlos percibido de alguna manera; si el testigo no presenció el hecho que relata, su declaración carece de fuerza probatoria (CNAT, Sala I, 30/06/1998, “Farías, Ramón c/ Coto C.I.C.S.A.”). Es necesario que el testigo tenga conocimiento directo de los hechos controvertidos pues resultan de escaso valor las conclusiones a las que llega por comentarios de terceras personas quienes, a su vez, podrían no estar diciendo la verdad y no se encuentran bajo juramento al momento de declarar -art. 386 CPCCN- (CNAT, Sala VII, 30/08/2004, SD Nº 37.831, “Lavaque c/ Comital Convert S.A.”; esta Sala, in re “Rodríguez, Luis R. c/ Rosmino y Cía.S.A. s/ Despido”, SD Nº 95.194 del 3/03/2011, y “Leyes, Carolina E. c/ Santa Fe 2601 S.R.L. s/ Despido”, SD Nº 96.928 del 28/02/2013).

A su turno, Giribert (fs. 115/116) relató que el 28/06/2009, en el local del shopping Paseo Alcorta, siendo las 16 hs. aproximadamente, en el cambio de turno, al retirarse Naccarati se le solicita que entregue un reloj y un buzo que se estaba llevando que eran del local, ante lo cual el actor salió corriendo sin devolver los artículos y no se presentó a trabajar nuevamente, aunque el declarante nunca afirmó haber estado presente. Mencionó que en ese momento estaban en el local Jorge Bover y Rodrigo Álvarez (quienes no comparecieron a declarar en autos). Dijo luego el testigo que, ante esa situación, se comunicó con el supervisor del depósito y con la responsable de recursos humanos para avisarle sobre lo que había ocurrido y, al día siguiente, hizo la denuncia policial.

Ahora bien, no puedo dejar de señalar que lo relatado por Giribert en esta causa difiere de lo expuesto al momento de comparecer ante la Comisaría Nº 53 el día 29/06/2009. En efecto, nótese que en dicha ocasión esta persona declaró textualmente que “.en el día de la fecha siendo aproximadamente las 16.15 horas tomó conocimiento por parte de uno de los empleados de nombre Jorge el cual es encargado del local ubicado en el Shopping que otro empleado había sustraído elementos. Tal es así que arribo al local constatando las faltantes mediante el sistema operativo que poseen en la computadora.” (ver, al respecto, fs. 4/vta. de la causa “Naccarati, Rodolfo Erico s/ Art. 162 CP”, agregada por cuerda), de lo cual puede advertirse una evidente modificación en el relato tanto en relación a la fecha como a la forma en que tomó conocimiento, a lo cual añado que en ningún tramo de este relato señaló quién era el empleado que supuestamente había hurtado la mercadería.En efecto, memoro que en la misiva rescisoria y al contestar la demanda se ubicó el supuesto hurto como ocurrido el día 28/06/2009, y en la declaración de fs. 115/166 antes transcripta Giribert refirió que tomó conocimiento ese día, sin perjuicio de que nunca aclaró cómo se enteró de ello; mientras que, como señalé precedentemente, al declarar en sede policial el día 29/06/2009 indicó que había tomado conocimiento en el día de la fecha y avisado por uno de los empleados de nombre Jorge, lo que incluso difiere con la descripción hecha a fs. 45/vta. de la contestación de demanda.

Es más, a poco que se lea, se observa que, al atestiguar en este pleito, Giribert también contradijo lo relatado en la mencionada causa penal por Álvarez Montoliu (fs. 1/vta.) y por Bover (fs. 3/vta.) -quienes, como dije, ni siquiera han comparecido en estas actuaciones a declarar-. Así, el primero de ellos dijo que se enteró del hecho porque el actor le dijo y le mostró lo que se había robado del local cuando se dirigían a la parada del colectivo -aunque primero señaló que fue a las 16 hs. y posteriormente, a fs. 38, dijo que en realidad había sido a las 22 hs.-, mientras que Bover refirió haberse enterado de tal situación por comentarios del primero de los nombrados. Y de los dichos de Giribert puede extraerse que ambas personas se encontraban en el local en el momento en que habría tenido lugar el episodio en cuestión, mas no explicó por qué medio se enteró del supuesto hurto de la mercadería.

En rigor de verdad, y a tenor de lo señalado anteriormente, la declaración de Giribert aparece, cuanto menos, poco convincente, y a medida que más precisión pretendía darle a sus dichos, más conspiraba contra su credibilidad, por lo que entiendo que no corresponde asignarle valor probatorio, luego de analizarla a la luz de la regla de la sana crítica (arts.386 del CPCCN y 90 de la LO).

Por lo demás, las manifestaciones que hace la recurrente con respecto a la falta de valoración de las restantes pruebas producidas -en particular la prueba pericial contable- carecen de sustento atento que, conforme lo dispone el art. 386 in fine del CPCCN y tiene dicho la jurisprudencia, en el proceso laboral, como en el c ivil, la selección y valoración de las pruebas es función privativa de los jueces de la causa, quienes no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino a tomar en cuenta sólo aquellas que estimen conducentes para la mejor solución del litigio (conf. CNAT, Sala I, 30/11/98, “Téllez c/ Coto S.A.”, DT, 1999-A-1138; íd., 30/11/99, “Corzo c/ Ricci”, DT, 200-B-1817).

Sin perjuicio de ello, agrego a lo antes dicho que, pese a afirmar el testigo Giribert que constató la existencia de faltantes de mercadería, ninguna documentación se acompañó a la causa que diera cuenta de tal circunstancia, y ni siquiera se le pidió al perito contador que se expidiera al respecto, lo que hace aparecer tales manifestaciones como meramente dogmáticas.

En definitiva, el actor fue despedido porque se le imputó un delito penal; sin embargo -tal como resulta del expediente que obra por cuerda- el trabajador fue sobreseído ante la inexistencia de prueba que avale la imputación delictual. Ello de por sí sella la suerte del recurso pues en la especie la injuria estaba directamente vinculada con la existencia de un delito. Pero aun soslayando lo expuesto, frente a las claras contradicciones e inconsistencias en que incurrieran la demandada y sus empleados en el relato de los hechos supuestamente acaecidos y la inexistencia de prueba que avale la tesis del responde, cabe -sin hesitación- confirmar la sentencia de grado.

III) Como corolario de lo expuesto en el Considerando anterior, no encuentro razones valederas para dejar sin efecto la condena dispuesta en grado en concepto de daño moral.Ello así pues, como he sostenido en casos análogos, la imputación de una conducta delictiva al trabajador -nunca probada-, de la cual tomaran conocimiento sus compañeros de trabajo, sumado a un registro en su domicilio, genera un daño extracontractual que excede el despido y que torna ajustada a derecho la procedencia de una indemnización por daño moral, por el perjuicio que ello evidentemente le ha ocasionado al trabajador, al afectar su integridad moral (ver, al respecto, “Pereyra, Lidia Noemí c/ Laboratorio Opoterápico Argentino S.A. s/ Despido”, SD Nº 96.552 del 14/09/2012, del registro de esta Sala).

Al respecto, he tenido oportunidad de exponer en reiterados antecedentes (entre otros, in re “Rodríguez Bauza, María c/ Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica s/ Despido”, SD Nº 97.347 del 24/09/2013, del registro de esta Sala) que, en caso de pretenderse el resarcimiento del daño moral por el hecho de la extinción del contrato de trabajo, la indemnización tarifada prevista en el art. 245 LCT está destinada a reparar todo tipo de daño patrimonial y extrapatrimonial originado en la pérdida del empleo. En nuestro sistema de relaciones laborales, el legislador opta por hacer efectiva la “protección contra el despido arbitrario” consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, mediante un sistema indemnizatorio tarifado. Esta indemnización implica, al decir de Deveali, una solución de carácter transaccional (“Lineamientos del Derecho del Trabajo”, pág. 39) ya que si bien se reconoce el derecho a una indemnización por un importe cuyas bases de determinación están preestablecidas en la misma ley (con independencia de la existencia de daño) la norma pone un tope máximo dejando de lado la reparación integral.

Como principio general, el resarcimiento tarifado excluye la posibilidad de acumular una indemnización destinada a reparar el daño moral, salvo que del despido resulte un acto ilícito distinto de la simple ruptura del contrato.Es decir, cuando el empleador, en forma concomitante al despido, incurra en conductas que causen perjuicio al trabajador desde el punto de vista extracontractual (ver, también, “Arriola, Yanina Lorena c/ Medical Engineering Corporation S.A y otro s/ Despido”, SD Nº 96.296 del 23/05/2012, del registro de esta Sala; en igual sentido, Sala II in re “Casas, Rubén Carlos c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Despido”, SD Nº 99.599 del 31/08/2011), extremo que claramente se evidenció en el concreto caso de autos al despedir al trabajador imputándole un delito por el cual finalmente fue sobreseído ante la ausencia de pruebas.

A la par de ello, entiendo tampoco corresponde disminuir el importe diferido a condena, pues lo cierto es que ni siquiera se ha especificado en el memorial cuál sería -a criterio de la apelante- el motivo por el cual la decisión del sentenciante en cuanto al monto fijado por dicho concepto al momento de practicar la liquidación le causa el gravamen que sostiene. Al respecto no resulta ocioso memorar que la jurisprudencia tiene dicho que la expresión de agravios debe bastarse a sí misma y concretar con claridad el interés y medida de lo que se pretende ya que tal omisión justifica que la Cámara declare desierto el recurso (conf. entre otros, CNAT, Sala VII in re “González Sánchez c/ Confitería Bambi S.A.” del 4/02/99, DT, 1999-A-1146).

A mi modo de ver, en este tramo del memorial, la recurrente se limitó a esgrimir una expresión de disconformidad con el enfoque con que analizó la cuestión el Sr. Juez “a-quo”, opinión que, se comparta o no, inhabilita la instancia revisora en esta Alzada habida cuenta la insuficiencia recursiva (conf. doct. art.116 de la LO).

Por ello, considero que no corresponde más que confirmar este aspecto del fallo de grado, lo que así dejo propuesto.

IV) De conformidad con el resultado que dejo propuesto en lo relativo al fondo de la cuestión, no encuentro motivos suficientes para revocar la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323, máxime cuando se hallan presentes los requisitos para su procedencia, es decir: 1) que haya mediado un despido injustificado; 2) que el trabajador haya efectuado fehacientemente la intimación para que se le abonaran las indemnizaciones respectivas (cfr. TCL 75923096, obrante a fs. 64); y 3) que haya debido iniciar cualquier instancia previa de reclamo y/o demanda judicial para obtener su reconocimiento (en sentido análogo esta Sala in re “Cieza, Ana María c/ Manzitti, Julio E. y otro s/ Despido”, SD Nº 96.525 del 31/08/2012; también, “Sandre, Hugo M. c/ Derudder Hnos. S.R.L. s/ Despido” SD Nº 97.506 del 15/12/2009, del Registro de la Sala II, entre otros).

V) Se queja también la accionada de la procedencia de la sanción prevista en el art. 80 LCT. Pero, a mi juicio, no le asiste razón en ello.

Al respecto, observo que la demandada señaló en su pieza postal rescisoria que los certificados previstos en la norma de marras se encontraban a disposición del actor “de conformidad a la normativa vigente” (cfr. CD 018991694 del 2/07/2009), afirmación que carece de verosimilitud a poco que se observe que dichos instrumentos ni siquiera han sido acompañados al presentarse en la causa.

Y no es de importancia que el accionante no haya esperado el transcurso del plazo de 30 días previsto en el art. 3 del decreto 146/01 para cursar su intimación en caso de subsistir el incumplimiento, pues de acuerdo con el criterio mayoritario de esta Sala que surge patentizado en los votos de los Dres. Guisado y Marino en la causa “Centeno, Horacio W. F. c/ Castro, Miguel A.y otro s/ Despido” (SD Nº 95.143 del 24/02/2011) -entre otros-, el citado decreto “.debe ser leído con los límites de la norma superior que reglamenta. Esta última otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado art. 80 LCT o cargar con la indemnización que se regula; la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquél requerimiento quede habilitado, ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo. La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación. De tal modo la intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma originaria como su reglamentación sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa”, tesis que no comparto pero sigo por razones de economía procesal.

Es más, advierto que la apelante ni siquiera ha cuestionado el tramo del fallo de grado en el que el Magistrado la condenó a entregar los referidos certificados bajo apercibimiento de multa (fs. 227, párrafo 2º), sino que sólo se agravia de la procedencia de la multa en cuestión.

En consecuencia, por las razones expuestas, entiendo que la condena en concepto de la sanción prevista en el art. 80 de la LCT (modificado por art.45 de la ley 25.345) resultó ajustada a derecho, por lo que sugiero confirmarla.

VI) Resta señalar que, a mi juicio, los emolumentos regulados a la representación letrada del accionante resultan exiguos, por lo que, atendiendo a la extensión y la calidad de las tareas realizadas en la anterior instancia y el resultado del pleito, propicio elevarlos al 16% del monto total de condena, que comprende los intereses (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839, ley 24.432).

VII) Las costas de Alzada sugiero imponerlas a la demandada vencida (conf. art. 68 del CPCCN), fijando los honorarios de los letrados de las partes, por sus labores en este tramo recursivo, en el 25% de lo que cada uno deba percibir por las tareas de la anterior instancia, en orden a la importancia y extensión de los trabajos efectuados (art. 14 ley 21.839).

VIII) En consecuencia, de compartirse mi voto, corresponderá: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Elevar los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora por sus trabajos en la anterior instancia al 16% del monto total de condena, que comprende los intereses; 3) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes, por las labores cumplidas ante esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen.-

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Si bien no comparto los fundamentos expresados en el sexto párrafo del apartado II (acerca del carácter novedoso de los argumentos vertidos en la expresión de agravios) y en el último párrafo del mismo apartado (respecto de la influencia del sobreseimiento sobre el proceso laboral), las restantes motivaciones del voto que antecede me llevan a adherir a la solución propuesta por la Sra. Vocal preopinante.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Elevar los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora por sus trabajos en la anterior instancia al 16% del monto total de condena, que comprende los intereses; 3) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida; 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes, por las labores cumplidas ante esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen.-

Cópiese, regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y oportunamente devuélvase.

HÉCTOR C. GUISADO

Juez de Cámara

SILVIA E. PINTO VARELA

Juez de Cámara

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

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