Condenan a un escribano por los daños causados al realizar varias escrituras falsas con fines delictivos

CertificadoPartes: R. de M. N. L. y otros c/ A. M. Á. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 29-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-84354-AR | MJJ84354 | MJJ84354

Condenan a un escribano a indemnizar los daños y perjuicios causados al realizar varias escrituras falsas, a fin de sustraer dinero de las víctimas y entregarlo a un tercero. 

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que condenó a un escribano a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de su obrar ilícito, al contribuir como partícipe primario a una maniobra fraudulenta, consistente en la realización de escrituras apócrifas en las cuales no habían intervenido los interesados; asimismo, debe rechazarse la excepción de prescripción opuesta por el demandado, por mantenerse la interrupción generada por la demanda.

2.-El notario que contribuyó como partícipe primario a una maniobra ilícita, consistente en la realización de escrituras apócrifas en las cuales no habían intervenido los interesados, como parte de una maniobra para hacerles perder los importes oportunamente entregados, es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas, aun cuando no hubiera percibido personalmente las sumas entregadas por éstas, puesto que se encuentra obligado a resarcir el daño ocasionado en forma solidaria, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1081 del Cciv., en función de que tal situación no se trata del reintegro por parte del profesional de sumas retenidas indebidamente, sino del resarcimiento del perjuicio ocasionado a los actores por la comisión de un hecho ilícito que se imputa al notario.

3.- Corresponde desestimar la defensa de prescripción opuesta por el demandado y basada en la omisión de los actores de manifestar cuándo tomaron conocimiento de la existencia de un hecho ilícito, si el momento de dicha toma de conocimiento surge claramente de la causa penal motivada por tal ilícito y adjuntada a la causa ad effectum videndi et probandi.

4.- Corresponde desestimar la defensa de prescripción opuesta por el demandado y basada en la declaración de caducidad del incidente de beneficio de litigar sin gastos promovido por los actores, teniendo en cuenta que, una vez promovida la demanda, la interrupción de la prescripción por ella generada únicamente puede tenerse por no sucedida si se produce la extinción del proceso principal, mientras que la perención del incidente carece de efectos al respecto (arts. 3986 y 3987 del Cciv.).

5.-Debe hacerse extensiva la condena al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, como administrador del fondo de garantías regulado en el art. 158 de la Ley 404 de la CABA (que dispone que el fondo de garantía responderá por las obligaciones de los escribanos, en los casos en que hayan ocasionado daños y perjuicios con motivo de actos realizados en el ejercicio de su función notarial), cuando el accionar del escribano demandado, imputado de un hecho ilícito, consistió en la celebración de diversos instrumentos públicos apócrifos, que sirvieron de apoyo a la maniobra fraudulenta que se realizó respecto de las sumas entregadas por los actores, actuación que sin dudas se encuentra comprendido en la norma citada. Tal conclusión se basa en que, más allá de si la actuación del escribano se vinculó o no con un proceso de intermediación financiera , lo cierto es que para la producción del hecho ilícito fue indispensable la intervención de un escribano, quien actúo en ejercicio de sus funciones notariales, a tenor de lo dispuesto por el art. 20, inc. d de la propia ley 404.

6.-No resulta aplicable el régimen de pesificación previsto en el dec. 214/2002 y demás normas concordantes, a la obligación de indemnizar el daño sufrido por los actores en razón de un hecho ilícito en que incurrió el escribano demandado; ello en atención a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresa que la obligación de reparar un daño constituye una deuda de valor, en la que el dinero representa solamente la medida del objeto de la prestación, que consiste en una determinada utilidad que el deudor debe procurar al acreedor, y, por tal motivo, no resulta aplicable la normativa sobre pesificación, pues una interpretación contraria implicaría vulnerar el principio de reparación integral que emana de la garantía de propiedad consagrada en el art. 17 de la CN.

Fallo:

En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre de 2013, hallándose reunidos los señores jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “R. de M. N. L. y otros c/ A. M. Á. y otro s/ daños y perjuicios” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Picasso dijo:

I.- La sentencia de fs. 515/521 rechazó la excepción de prescripción opuesta por el demandado, y admitió la demanda promovida por N. L. R. de M., E. A. M. y E. A. L. P. C. contra M. Á. A. En consecuencia, condenó a este último a abonar a los herederos de la Sra. N. L. R. de M. la suma de U$S 25.000.-, y a E. A. M. y E. A. L. P. C. la de U$S 43.600.-, con más un interés del 4 % anual, y las costas del proceso. A su vez, hizo extensiva la condena al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, previa excusión de los bienes del deudor principal, en su condición de administrador del fondo fiduciario de garantía (art. 158, ley 404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La decisión fue apelada por el demandado y por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En su expresión de agravios sostuvo el emplazado, en primer lugar, que resulta desacertada la decisión de primera instancia en cuanto desestimó la defensa de prescripción, pues los actores han guardado silencio respecto de la fecha en que tomaron conocimiento de la supuesta maniobra ilícita. A su vez, adujo que los actores iniciaron, por separado, dos incidentes de beneficio de litigar sin gastos, y que el promovido por los co-actores E. A. P. C. y E. S. M. culminó por caducidad de la instancia, circunstancia que debe ser valorada a los fines del cómputo de la prescripción.En segundo lugar, consideró que no se encuentra acreditada en autos la entrega de los fondos que reclaman los actores a la Sra. L. R. E. de Q., y menos aún que él los haya recibido y administrado. Por ende, sostiene que no se encuentra probado el monto por el que debe progresar la demanda, cuestión sobre la cual no ha recaído cosa juzgada en sede penal. Finalmente, se agravió de que se haya rechazado la pesificación de la condena, en los términos del decreto n° 214/02 y de la ley 25.820, como así también de la tasa de interés aplicada (vid. fs. 568/572).

A fs. 574/579 expresó agravios el colegio profesional ya citado. Adujo que, conforme a los dichos de los actores, el dinero reclamado en autos fue entregado a la Sra. E. de Q., quien no es escribana, y en consecuencia, la entrega de los fondos a dicha persona no puede involucrar al fondo de garantía del colegio. Agregó que de la demanda surge probada la existencia de una verdadera práctica de intermediación financiera, o colocación de dinero, por parte de la Sra. E. de Q., y que la actuación del escribano no ha sido de índole notarial, lo que permite advertir la improcedencia de la condena respecto de la institución, que únicamente debe hacer frente a la indemnización cuado existe negligencia o error en el cumplimiento de las funciones notariales. Concluyó este aspecto de su cuestionamiento afirmando que si un escribano toma dinero para una inversión hipotecaria no hay duda de que está actuando bajo su responsabilidad personal, e incluso infringiendo la normativa notarial, por lo que no puede endilgarse al fondo de garantía del colegio responsabilidad por la actividad del escribano infractor. Por otra parte, cuestionó el rechazo del planteo de pesificación, y señaló que el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Slatapolsky Jorge Alberto c/ Banco Do Brasil S.A.s/ ordinario” (del 31/5/2011, LL 2011-E, 52) no es aplicable al caso.

Los actores no dieron respuesta a dichas expresiones de agravios.

II.- Razones de mejor exposición aconsejan principiar por el análisis del agravio atinente al rechazo de la defensa de prescripción opuesta por el demandado.

No se encuentra debatido en autos que el plazo de prescripción aplicable en el caso es el de dos años previsto en el art. 4037 del Código Civil, pues se trata de un supuesto de responsabilidad extracontractual.

El primer agravio expuesto por el demandado sobre este punto consiste en sostener que los actores no habrían manifestado en qué momento tomaron conocimiento de la existencia del hecho ilícito. Ahora bien, es cierto que, en este proceso, ellos no aclararon dicho aspecto, pero sí lo hicieron en la causa penal venida ad effectum videndi et probandi, que en este acto tengo a la vista. En efecto, al formular en dicha sede la denuncia contra el aquí demandado relataron: “El jueves 2 de febrero de 1995, llama a la señora R., C. P., primo hermano de L. E., a las 16:30 horas, para comunicarle que saque todo de la escribanía porque se va a pique.” (vid. fs. 462 vta., autos caratulados “E. de Q., L. R., A. M. Á. y Q., J. s/ Estafa”, expte. n° 8.576/95). Ello echa por tierra el planteo formulado al respecto por el apelante.

Por otra parte, tampoco es de recibo el agravio referido a la declaración de caducidad del incidente de beneficio de litigar sin gastos promovido por los co-actores E. A. M. y E. A. L. P. C., pues una vez promovida la demanda (el día 16 de agosto de 2001, vid. fs. 37), la interrupción de la prescripción por ella generada únicamente podía producirse por la extinción del proceso principal, y la perención del incidente carece de efectos al respecto (arts.3986 y 3987 del Código Civil).

Por estos motivos, propongo al acuerdo desestimar el recurso del demandado en este aspecto.

III.- Sentado lo anterior, las constancias obrantes en la causa penal permiten advertir que carece de fundamentos el agravio del escribano A. referido a la percepción por parte de la Sra. E. de las sumas reclamadas por los actores.

Basta con traer a colación, al respecto, las manifestaciones vertidas por el abogado del notario mencionado en la causa penal (ratificadas por dicho profesional a fs. 2149), en donde prestó entera conformidad sobre la existencia de los hechos y la participación que se le endilgó en el requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 1786/1787 del mismo expediente (vid. fs. 2142). Y en dicho requerimiento expresamente se señaló que el escribano: “.brindó a E. una colaboración esencial para justificar el desvío del dinero aportado por los inversionistas y la efectiva omisión de rendición de cuentas. En los casos descriptos en relación a los intereses de las víctimas G. U., N. R. de M. y su hija E. M.” (vid. fs. 1780 vta.).

En consecuencia, poca duda cabe de la inconsistencia de la crítica intentada sobre el punto, pues el propio demandado reconoció su accionar en el marco de la causa penal antes referida, y la retención de las sumas pertenecientes a los actores con su colaboración.

Por otra parte, y aunque ello no fuera así, lo cierto es que lo que sin lugar a dudas adquirió el carácter de res iudicata con el dictado de la sentencia en sede penal es el hecho de que el notario en cuestión contribuyó a la maniobra ilícita como partícipe primario (vid. fs. 2159 del expediente penal). Por ende, aun cuando no hubiera percibido personalmente las sumas entregadas por los actores, se encuentra obligado a resarcir el daño ocasionado en forma solidaria, de conformidad con lo dispuesto por el art.1081 del Código Civil.

Es que, en el presente caso, no se trata del reintegro por parte del profesional de sumas retenidas indebidamente, sino del resarcimiento del perjuicio ocasionado a los actores por la comisión del hecho ilícito que se imputa al notario, consistente en la realización de escrituras apócrifas, en las cuales no habían intervenido los interesados, como parte de una maniobra para hacerles perder los importes oportunamente entregados.

Finalmente, y solo a mayor abundamiento, huelga destacar que las escrituras en las cuales intervino el escribano que dieron motivo a su condena en la jurisdicción represiva (n° 251, del 14 de julio de 1994, y folios B 004756911/12/13, del 11 de mayo de 1994) dan cuenta de varias operaciones fraudulentamente realizadas, justamente, con el dinero entregado en su oportunidad por los ahora actores (U$S 25.000.- y U$S 43.600.-), lo cual resulta más que suficiente para presumir la entrega de dichos importes a la Sra. E., en los términos del art. 165 del CPCCN.

En síntesis, los agravios vertidos al respecto por el demandado carecen totalmente de sustento en las constancias de la causa, por lo que propongo al acuerdo confirmar la decisión de grado también en este aspecto.

III.- Ingresando ahora en los agravios vertidos por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, cabe recordar que, conforme a lo dispuesto por la ley n° 404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una función estrictamente notarial la de: “Redactar y extender documentos que contengan declaraciones de particulares y expresiones del escribano autorizante, con forma de escrituras públicas, actas, copias testimoniadas o simples, certificados y documentos protocolares o extraprotocolares que tengan el carácter de instrumento público conforme a las disposiciones del Código Civil, esta ley u otras que se dictaren” (art. 20, inc. d).

Por su parte, el art.158 de la norma citada dispone que el fondo de garantía responderá por las obligaciones de los escribanos, en los casos en que hayan ocasionado daños y perjuicios con motivo de actos realizados en el ejercicio de su función notarial (art. 158, inc. a, ley 404).

Así las cosas, fácil resulta concluir que el accionar del escribano demandado se encuentra comprendido en la norma citada en último término, pues el hecho ilícito que se le imputa consistió, justamente, en la celebración de diversos instrumentos públicos apócrifos, que sirvieron de apoyo a la maniobra fraudulenta que se realizó respecto de las sumas entregadas a la Sra. E. por los actores. En efecto, se tuvo por probado en la sentencia dictada en sede penal que las firmas insertas en las escrituras nos. 102 y 251 no pertenecen a la co-actora N. L. R. de M. Lo mismo sucede con la falsa hipoteca reflejada en los folios B 004756011/12/13, a través del cual aparece E. A. M., como acreedora, otorgando la suma por ella reclamada en estos autos al Sr. M. A. S. L., que expresamente desconoció, en la sede punitiva, la firma inserta en dicho instrumento.

Es decir que, más allá de si la actuación del escribano se vinculó o no con un proceso de “intermediación financiera” (como lo llama el colegio recurrente), lo cierto es que para la producción del hecho ilícito fue indispensable la intervención del escribano ya mencionado, quien actúo, sin lugar a dudas, en ejercicio de sus funciones notariales, a tenor de lo dispuesto por el art. 20, inc.”d” de la ley 404, ya transcripto.

Por lo expuesto, propongo al acuerdo desestimar el agravio vertido por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y confirmar la sentencia también en este punto.

IV.- Corresponde ahora hacer referencia a la pesificación de las sumas reclamadas, cuestión que mereció el reproche del demandado y del colegio profesional ya citado.

Al respecto cabe recordar que, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación -a cuya doctrina adhiero- en un precedente ya citado en el pronunciamiento recurrido, la normativa de emergencia se refiere a obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses o en otra moneda extranjera. En cambio, la obligación de reparar un daño constituye una deuda de valor, en la que el dinero representa solamente la medida del objeto de la prestación, que consiste en una determinada utilidad que el deudor debe procurar al acreedor. De esta manera, no resulta aplicable la normativa sobre pesificación, pues una interpretación contraria implicaría vulnerar el principio de reparación integral que emana de la garantía de propiedad consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional. En efecto, la conversión del resarcimiento en pesos traería aparejado un detrimento en el patrimonio del acreedor que carecería de justificación – porque no existe equilibrio obligacional a recomponer- y, asimismo, de sustento normativo, porque no cabe atribuir a la recordada normativa un alcance que no surge de su ratio legis explicitada a través de los antecedentes que precedieron a su sanción (CSJN, 31/5/2011, “Slatapolsky, Jorge Alberto c/ Banco Do Brasil S.A. s/ ordinario”, LL 2011-E, 52).

En consecuencia, poca duda cabe en cuanto a que no resulta aplicable el régimen de pesificación previsto en el decreto nro. 214/02 y demás normas concordantes en el presente caso, dado que se trata aquí de la obligación de indemnizar el daño sufrido por los actores en razón del hecho ilícito en que incurrió el escribano demandado.En este sentido, no se aprecia en qué razón sustancial sustenta el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires su afirmación de que existiría una diferencia entre el precedente del máximo tribunal nacional y el presente caso, pues el principal fundamento que condujo al rechazo de la pesificación en dicho antecedente fue que lo que se pretendía era resarcir el daño ocasionado a los actores, situación análoga a la que aquí se presenta.

V.- Por último, y en lo que respecta a los intereses, ya he dicho en otra oportunidad que, en casos como el presente, en los cuales la obligación debe saldarse en dólares estadounidenses, resulta adecuado establecer una tasa del 6% anual, por todo concepto (esta cámara, Sala A, 5/04/2013, “Consultores Profesionales del Cono Sur S.A. c/ Allende García, Alicia Beatriz y otros s/ Ejecución Hipotecaria”, R. 616.140; íd., 13/3/2012, “Spinelli, Carolina Alejandra y otros c/ Cipriano Ambrosio Bartolomé s/ Ejecución Hipotecaria”, R. 590.765).

Empero, existiendo únicamente apelación del demandado y del fondo de garantía en este aspecto, no resulta posible modificar el pronunciamiento de grado en punto al criterio utilizado sobre el fondo del asunto, puesto que ello importaría una inadmisible reformatio in peius.

Por ende, propongo al acuerdo desestimar los agravios vertidos por los condenados también este aspecto.

VI.- Por todo lo expuesto, y para el caso de que mi voto fuere compartido, propongo al acuerdo rechazar los recursos de apelación y confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido objeto de apelación y agravios. Sin costas en la alzada, atento a no haber mediado controversia.

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Picasso, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO. Sebastián Picasso, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M.Kiper.

Buenos Aires, de noviembre de 2013.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I.- confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido objeto de apelación y agravios. Sin costas en la alzada, atento a no haber mediado controversia.

II.- En cuanto a las apelaciones deducidas contra las regulaciones de honorarios y toda vez que conforme lo resulto por este Tribunal en autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Medina Juan José y otros s/ cobro de sumas de dinero”, del 27/09/2011), la base regulatoria se encuentra conformada por el capital de condena con más los intereses reconocidos en la sentencia, por lo tanto difiérese la regulación de honorarios hasta que exista en autos liquidación aprobada y firme (art. 279 del CPN y art. 1ero. Ley 24.432).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

Sebastián Picasso.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

 

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