La liquidación de la sociedad conyugal agota su virtualidad con la división de los bienes que la integran, oportunamente denunciados

497633q46uo5libPartes: Rec. de inconst. interpuesto en el expte. Nº B-231370/10 liquidación de la sociedad conyugal: H. I. L. c/ L. V. M. s/

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

Fecha: 4-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-84108-AR | MJJ84108 | MJJ84108

El proceso de liquidación de la sociedad conyugal agota su virtualidad con la división de los bienes que la integran, oportunamente denunciados, resultando improcedente incluir en la litis otros que no fueron objeto de ella, ni ampliarla incluyendo nuevos en otro proceso.

Sumario:

1.-Resulta improcedente pretender reclamar con posterioridad, la atribución de nuevos bienes que no fueron oportunamente incluidos en el acuerdo particionario y muchos menos, mencionados en el mismo, habiendo precluido la oportunidad para realizar nuevos planteos atinentes a la sociedad conyugal.

2.-El proceso de liquidación de la sociedad conyugal agota su virtualidad con la división de los bienes que la integran, oportunamente denunciados, resultando improcedente incluir en la litis otros que no fueron objeto de ella, ni ampliarla incluyendo nuevos en otro proceso.

3.-Aun cuando los honorarios profesionales regulados a su ex cónyuge en el juicio de amparo fueron apelados y no se encontraban firmes al tiempo de firmar el acuerdo de liquidación de bienes, ello no era óbice para la inclusión de los mismos en el mentado convenio; o cuanto menos la actora formulara a ese tiempo reserva de incluir los mismos una vez obtenida sentencia definitiva.

Fallo:

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil trece, los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Sergio Ricardo González, Clara D. L. de Falcone, José Manuel del Campo, María Silvia Bernal y Sergio Marcelo Jenefes, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº 9180/12, caratulado: “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº B-231370/10 (Tribunal de Familia – Vocalía IV) Liquidación de la Sociedad Conyugal: H., I. L. c/ L., V. M.”,

El Dr. González dijo:

La sentencia que aquí se recurre, dictada por la Sala II del Tribunal de Familia el 06 de marzo de 2012, dispuso, en lo pertinente, declarar como perteneciente a la sociedad conyugal ya disuelta, el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios regulados al Dr. V. L. en los expedientes B-78643/01, caratulado: “Amparo – Medida Cautelar Innovativa: Machaca Rubén Oscar; Vera, Juan Carlos y otros c/ Estado Provincial”; 923/02: “Recurso de Inconstitucionalidad: Estado Provincial c/ Machaca Rubén Oscar y otros”, agregado al expte. 921/02: “Recurso de Inconstitucionalidad: Estado Provincial c/ Cedems”, atribuyendo en el porcentaje de ley los mismos a la Sra. I. L. H. Impuso las costas al demandado vencido y reguló los honorarios de los profesionales actuantes.

Ponderó el tribunal sentenciante, que no había operado el plazo de prescripción decenal previsto por el Art. 4023 del Código Civil para que la actora solicite la inclusión de bienes que no habían sido considerados oportunamente entre las partes al momento de convenir la disposición de bienes que componían su sociedad conyugal, debiendo computarse dicho plazo a partir de que las mismas se divorciaron, estimando procedente el pedido de inclusión efectuado, atribuyendo en consecuencia a la peticionante el cincuenta por ciento de los honorarios regulados al demandado en los expedientes referenciados.

En contra de lo resuelto, deduce recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad el Dr. V. M. L., con el patrocinio letrado de la Dra.Ana Gabriela Igarzabal.

Luego de referir cumplidos los requisitos formales para la admisión del remedio tentado y de una extensa reseña a los antecedentes de la causa, concreta los agravios que el fallo en crisis le ocasiona.

En primer lugar postula, que el fallo en crisis prescinde de prueba ofrecida e incorporada en autos, en tanto arriba a una solución totalmente errada y carente de sustento lo que coarta infundadamente su derecho de propiedad, generando un estrepitoso ataque a la seguridad jurídica.

En torno a ello refiere, que por expediente Nº B-147371/05, caratulado: “Homologación de Convenio en B-132061: L., V. M. c/ H., I. L.” que obra por cuerda al proceso principal, celebró oportunamente con la actora un acuerdo que tuvo por objeto liquidar la sociedad conyugal, el que fue homologado por sentencia judicial y el que no fue tenido en cuenta por el sentenciante al momento de fallar como lo hizo, por cuanto se permite a la actora reabrir una instancia ya perimida, al pretender “reliquidar” la ya extinta sociedad conyugal liquidada en el expediente mencionado.

Expresa que la accionante pretende a través de este nuevo proceso, ampliar la liquidación de sociedad conyugal, no sólo disuelta por la sentencia de divorcio, sino ya liquidada por un acto jurídico anterior (convenio homologado judicialmente) procurando incorporar en este juicio, los honorarios profesionales regulados a su favor en el año 2003, en el expediente Nº B-78.643/01, caratulado: “Amparo Medida Cautelar Innovativa: Machaca, Rubén Oscar y otros c/ Estado Provincial”, cuando en realidad pudo incluirlos al tiempo de suscribir el convenio de disposición de bienes aprobado judicialmente, lo que no hizo, aún cuando el auto regulatorio no se encontrara firme y ejecutorio.

Alega además, que operó la prescripción de la acción intentada por la actora por el transcurso de dos años (Art.4030 del C.C.), ya que la inclusión de bienes pretendida por la misma en este nuevo proceso, trae aparejado la nulidad de un acto jurídico anterior (convenio homologado) viciado por error, siendo el plazo de prescripción para tentar su nulidad el de dos años.

Como segundo agravio expone, que el fallo atacado se sustenta en meras afirmaciones dogmáticas, al prescindir de las pruebas arrimadas a la causa que le permitan desentrañar la naturaleza jurídica de la cuestión traída a debate, lo que llevó al tribunal sentenciante al error en la determinación del derecho aplicable al caso concreto. Que a partir de ese error, el fallo en crisis, genera una grave inseguridad jurídica, no solo entre las partes sino que sienta un serio precedente para aquellos que decidan realizar la liquidación de la sociedad conyugal y omitan deliberadamente o no, consignar algunos bienes en ella, en particular bienes de cambio como lo son los honorarios profesionales.

Con extensas consideraciones, concluye que la sentencia impugnada es arbitraria, no sólo por carecer de fundamentación y apartarse de la solución normativa prevista para el caso, sino que atenta contra las garantías del debido proceso, igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, incurriendo en evidente abuso de derecho.

En apoyo de su postura cita doctrina y jurisprudencia y expone otros fundamentos a cuya lectura remito para no abundar. Formula reserva del caso federal.

Admitido el recurso con la providencia de fs. 18, se corrió traslado a I. L. H., quien lo evacua a fs. 23/35 con el patrocinio letrado de la Dra. Susana Raquel Haquim, solicitando su rechazo con costas.

Luego de indicar que la vía tentada por el recurrente constituye una mera discrepancia con la sentencia del a-quo, en lo que hace puntualmente a los agravios reseñados por el mismo, refiere que en el convenio celebrado y homologado judicialmente con el demandado, sólo se dispuso de los bienes existentes a ese momento, no pudiendo en aquel entonces incluir los honorarios ahora reclamados por encontrarse estos discutidos.Postula que no corresponde tratar a ese convenio como una acción de liquidación de sociedad conyugal y que aún, no habiendo incluido algunos bienes en el mismo, resulta contrario a derecho interpretar que el derecho a dividir los bienes se ha perdido.

Predica la validez del convenio firmado oportunamente con el recurrente y dice de la incorrecta interpretación que efectúa el mismo al afirmar que su parte pretende declarar la nulidad del mismo. Expone que al tiempo de suscribirlo, no existió violencia, intimación, error, dolo y/o falsa causa, por lo que no resulta aplicable al caso de autos, lo dispuesto en el art. 4030 del C.C., por lo que rechaza la defensa de prescripción de dos años alegada por el recurrente por no resultar aplicable al caso de autos.

Mediante la presente acción -prosigue- persigue incorporar un nuevo bien -parte proporcional de los honorarios profesionales regulados a su ex cónyuge-, lo que surge de un derecho otorgado al expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación y confirmar la resolución que los fijaba dictada por el Tribunal de origen. Que aún considerando que mediante el convenio celebrado con el recurrente, existió liquidación de sociedad conyugal, la existencia de un derecho posterior a esa liquidación, le concede el derecho a solicitar la ampliación de bienes y la posterior atribución a su parte, no habiendo operado el plazo de prescripción decenal (art. 4023 del C.C.) para tal cometido.

Insiste en que no incluyó los honorarios profesionales regulados a su ex cónyuge -y que ahora reclama- al tiempo de suscribir con el mismo el convenio de disposición de bienes, por la circunstancia de no encontrarse firme la sentencia que los regulaba.

Cita derecho que asiste a su petición y expone otros fundamentos, a cuya lectura, también remito para abreviar. Formula reserva del caso federal y solicita se rechace el recurso tentado con costas.

Firme la integración del Tribunal, los autos fueron llevados a dictamen de la Fiscalía General que se pronuncia a fs.46/48 por el rechazo del recurso, por los argumentos que allí expone y que doy aquí por reproducidos para no abundar.

Corresponde entonces, sin más, emitir pronunciamiento y en este sentido adelanto mi opinión en sentido favorable al recurso de inconstitucionalidad deducido.

Entiendo que la cuestión aquí a resolver, consiste en determinar, si corresponde o no admitir la inclusión de nuevos bienes -honorarios regulados- a través de la promoción de un nuevo proceso, los que no fueron consignados al tiempo de suscribir las partes el convenio de disposición de bienes en el divorcio vincular tramitado entre los mismos.

Para responder a tal interrogante, considero necesario efectuar, brevemente algunas referencias en torno a los antecedentes de esta causa y a las obrantes por cuerda al presente.

Las partes promovieron demanda de divorcio vincular por presentación conjunta ante la Vocalía Nº IV del Tribunal de Familia el 03 de febrero de 2005, mediante expediente Nº B-132061/05. En dicha presentación, acordaron además lo atinente a la guarda-tenencia de sus hijos, la atribución del hogar conyugal y las obligaciones a cargo de cada cónyuge. Celebradas las audiencias de conciliación previstas en el art. 236 del Código Civil y previo dictamen del Ministerio de Menores, el Juez dictó sentencia el 26 de mayo de 2005, decretando el divorcio vincular de las partes. Asimismo, declaró disuelta la sociedad conyugal con efecto retroactivo a la presentación de la demanda (art. 1306 C.C.) y dispuso en el punto cuarto de su resolutivo tener presente el convenio celebrado entre las partes. Notificada debidamente la sentencia a las mismas, ésta quedó firme y consentida (fs. 17 y 18 de esos autos).

A seis meses de decretado el divorcio vincular de los cónyuges, los mismos suscribieron un nuevo convenio en el que pactaron la separación de bienes habidos en la sociedad conyugal y la cuota alimentaria a favor de sus hijos. P resentaron dicho acuerdo ante la Vocalía Nº 4 del Tribunal de Familia, el 10 de noviembre de 2005, el que tramitó por Expte.Nº B-147371/05, caratulado: “Homologación de Convenio en B-132061: L., V. M. y H., I. L.”. El Juez, con opinión favorable del Ministerio Pupilar, en fecha 12 de diciembre de 2005, tuvo presente el convenio celebrado por las partes en los términos de los arts. 838 del Código Civil y 121 del Código Procesal Civil y Comercial, resolución esta que también fue debidamente notificada a las partes, quedando firme y consentida por ambos (fs. 6/7 y 14 de esos autos).

Transcurridos aproximadamente cinco años desde la presentación del convenio arriba aludido, promueve la actora demanda de ampliación y liquidación de sociedad conyugal, pretendiendo la incorporación de los honorarios profesionales que fueran regulados a favor de su ex esposo L. en el año 2003 en los expedientes Nº B-78643/01, caratulado: “Amparo-Medida Cautelar Innovativa: Machaca, Rubén Oscar y otros c/ Estado Provincial”; expte. Nº 923/02, caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad int. En B-78643/01: Estado Provincial c/ Machaca, Rubén Oscar y otros”, solicitando se le atribuya el cincuenta por ciento de los mismos en virtud de haber sido regulados en el año 2003 -fecha en el que aún se encontraban casados-, alegando que no fueron incluidos al tiempo de firmar el convenio por no encontrarse firme y consentida la resolución dictada por el Tribunal de origen que los fijaba. Pretensión esta que tuvo acogida favorable por la Sala II del Tribunal de Familia, y que motiva ahora la intervención de este Tribunal.

Detallado brevemente las actuaciones judiciales llevadas a cabo por las partes, resulta propicio aclarar, que este Tribunal en reiteradas oportunidades sostuvo, “. en principio, nos es vedado rediseñar en el marco de este extraordinario remedio, los hechos que conforman el caso a partir del valor asignado a la prueba rendida en la causa. Como tantas veces se ha dicho, se trata de actividad reservada a los jueces de la causa y ajena al acotado cause de este extraordinario remedio” (L.A. 43 Fº 1159/1161 Nº 430; L.A.43 Fº 1188/1190 Nº 443; L.A. 43 Fº 1191/1193 Nº 444; L.A. 43 Fº 1199/1201 Nº 446; L.A. 43, Fº 1215/1216 Nº 453; L.A. Nº 48 Fº 1075/1077 Nº 384, entre muchos otros).

Si bien el principio admite excepciones, ellas sólo han sido dadas cuando la arbitrariedad endilgada al pronunciamiento fuera incontrastable por la ostensible omisión de valorar prueba conducente y debidamente incorporada al proceso; por la fijación de hechos sin sustento probatorio válido; o por el desvío del recto razonamiento en la valoración de los hechos probados y del derecho aplicable, extremos éstos que, de no revisarse, cristalizarían intolerable injusticia, según lo expresé al emitir mi voto en L.A. Nº 49 Fº 888/889 Nº 296.

El caso que nos ocupa es de los que justifican abandonar la regla pues advierto en el fallo en crisis, distorsión entre la prueba y los hechos tenidos por ciertos, y entre éstos y el derecho aplicado al caso.

Al narrar los antecedentes de esta causa y de las demás adjuntadas por cuerda, se colige que las partes efectivamente acordaron la liquidación de la sociedad conyugal en fecha 10 de noviembre de 2005 mediante la suscripción del convenio que fuera presentado para su homologación judicial ante el Tribunal de origen y que tramitó por expediente Nº B-147371/05, aprobado por el Juez de grado mediante providencia de fecha 12 de diciembre de ese mismo año.

Tal como surge de fs.1 y 2 de esos autos, las partes expresamente consignan en el convenio aludido que “han arribado a un acuerdo respecto de la separación de bienes y de la cuota alimentaria correspondientes a los hijos menores .”, para luego explicitar en el punto segundo del mismo, el monto y modalidad de pago de la cuota alimentaria para sus hijos; en el punto tercero y cuarto -previa individualización de dos bienes inmuebles- efectúan la adjudicación de un inmueble para cada una de las partes; y finalmente en el punto quinto al describir dos automotores, acuerdan la adjudicación de un vehículo para cada una de ello.

De lo expuesto, concluyo que efectivamente la presentación descripta, contenía acuerdos particionarios, que determinaron los bienes a liquidar y las respectivas compensaciones, mediante el cual las partes liquidaron los bienes de la sociedad conyugal. Convenio éste que al ser presentado ante los estrados judiciales, se homologó por el Juez en los términos y con los alcances previstos en los arts. 838 del C.C. y 121 del C.P.C.

La recurrida, niega expresamente que el convenio presentado oportunamente sea de liquidación de sociedad conyugal, limitándose a expresar que “. es un acuerdo por disposición de bienes, no habiéndose pedido nunca la liquidación de la sociedad conyugal.”, para justificar después de transcurridos cinco años, la promoción de este nuevo proceso y lograr así la inclusión de bienes que no fueron tenidos en cuenta al momento de celebrar aquel.

Entiendo que la pretensión esbozada por la actora no puede tener acogida favorable, en tanto, la homologación del convenio celebrado, fue debidamente notificado a la actora (fs. 14 del expte. B-147371/05), encontrándose firme y consentida la resolución allí dictada.

Es dable recordar, que la transacción es uno de los modos de extinguir las obligaciones y un modo excepcional o atípico de terminación del proceso. Así el art.832 del Código Civil la define como “un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas” y el art. 850 le otorga la autoridad de cosa juzgada.

En virtud de ello, resulta improcedente pretender reclamar con posterioridad, la atribución de nuevos bienes que no fueron oportunamente incluidos en el acuerdo particionario y muchos menos, mencionados en el mismo, habiendo precluído la oportunidad para realizar nuevos planteos atinentes a la sociedad conyugal.

La jurisprudencia en fallo similar, sostuvo: “es que el proceso de liquidación de la sociedad conyugal agota su virtualidad con la división de los bienes que la integran, oportunamente denunciados, resultando improcedente incluir en la litis otros que no fueron objeto de ella, ni ampliarla incluyendo nuevos en otro proceso.” (CNCiv, Sala K, “Z. de C., M. R. c/ C., J. C. s/liquidación de sociedad conyugal” R. 199.971 del 29-11-1996. Fallo citado por Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, MJ-JU-M-78383-AR, en C. M. C. c/ D. A. D.).

A lo expuesto cabe agregar, que las alegaciones efectuadas por la actora para justificar su omisión de incluir los honorarios que ahora reclama en el convenio oportunamente celebrado, de que la resolución dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo en el año 2003 y que los fijaba: “.se encontraba apelada ante el Superior Tribunal de Justicia, habiéndose con posterioridad remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (.) los honorarios no se encontraban firmes y en consecuencia no podían ser incluidos como bien alguno (.) como profesionales del derecho, no podemos considerar la existencia de un derecho, si se encuentra impugnado o recurrido, el mismo solamente se adquiere una vez que se dicta sentencia en la última instancia.” (fs. 26 in fine de autos), no resisten el menor análisis.

Nuestra ley de fondo prevé en forma expresa como objeto y/o materia de los contratos, las cosas y/o derechos futuros. En ese sentido, el art. 953 establece:”.que el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes.”. A su vez, el art. 849 del mismo cuerpo legal, expresa: “En todos los demás casos se puede transigir sobre toda clase de derechos, cualquiera que sea su especie y naturaleza, y aunque estuviesen subordinados a una condición”. Igual previsión contiene la norma del art. 1168 al establecer que toda especie de prestación puede ser objeto de un contrato, sea que consista en la obligación de hacer, sea que consista en la obligación de dar alguna cosa; y en este último caso, sea que se trate de una cosa presente, o de una cosa futura; y el art. 1174 contempla como objeto de los contratos las cosas litigiosas.

Estimo que aún, cuando los honorarios profesionales regulados a su ex cónyuge en el año 2003 en el juicio de amparo, fueron apelados y no se encontraban firmes al tiempo de firmar el acuerdo de liquidación de bienes en fecha 10 de noviembre de 2005; ello no era óbice para la inclusión de los mismos en el mentado convenio; o cuanto menos la actora formulara a ese tiempo reserva de incluir los mismos una vez obtenida sentencia definitiva. Ello en tanto, las cosas y/o derechos futuros pueden ser objeto de los contratos. No habiéndolo hecho en su oportunidad, resulta improcedente y extemporáneo la promoción de este nuevo proceso.

Es que considerar lo contrario, implicaría reabrir etapas que ya han concluido, y mantener a las partes en la incertidumbre del debate judicial perpetuo, por lo que mal puede pretender la actora reeditar cuestiones que no fueron planteadas oportunamente.

Respecto a este tópico se ha decidido que “es efecto de las sentencias firmes la inalterabilidad de la cosa juzgada, el cual se extiende a las transacciones (art.850 del Código Civil) y a los laudos arbitrales firmes” (CNCiv, Sala C, nov. 10-986, L.L. 1987-B,203), y que “. la homologación no constituye un requisito de eficacia de la transacción, por cuanto si así fuera contrariaría lo ordenado por los arts. 837 y 838 del Código Civil, según los cuales, tratándose de derechos litigiosos, sólo es menester que se haga por escrito y se presente al juez de la causa, surtiendo plenos efectos desde ese mismo momento.” (cfr. Código Civil Comentado, Obligaciones Tomo II, pag. 498, Ed. Rubinz al Culzoni, año 2005).

En igual sentido al anterior, expresé: “. el convenio homologado judicialmente compromete a los intervinientes con igual fuerza que la ley misma y tiene para con ellas la autoridad de cosa juzgada. Decidir lo contrario implicaría que el demandado estuviera expuesto a futuras mutaciones de lo ya acordado y pagado, lo que atenta contra el principio de seguridad jurídica” (L.A. 56, Fº 1445/1447 Nº 436).

Por los fundamentos expuestos líneas arriba, entiendo que deviene innecesario el tratamiento de la defensa de prescripción esbozadas por las partes.

Por todo lo expuesto, propicio por admitir el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Sr. V. M. L. con el patrocinio letrado de la Dra. Ana Gabriela Igarzabal, para revocar la sentencia dictada por la Sala II del Tribunal de Familia de fecha 06 de marzo de 2012 y rechazar la demanda de ampliación y liquidación de bienes promovida por la Sra. I. H. en contra del Sr. V. L.

En cuanto a las costas de ambas instancias, y teniendo en cuenta el resultado obtenido, nada me lleva apartarme del principio general de la derrota, por lo que se imponen a la actora-recurrida vencida (Art. 102 del C.P.C.).

Teniendo en cuenta el resultado al que arribo en la presente, corresponde efectuar una nueva regulación de honorarios por la labor desplegada en la instancia anterior.Siendo que el monto debatido en la instancia de grado asciende a la suma de $24.000 (50% de la suma reclamada de $48.000), las etapas efectivamente cumplidas y manteniendo el porcentaje establecido en la sentencia del inferior, por aplicación de los arts. 2, 4, 6 y 7 de la Ley Nº 1687/46 de Aranceles para Abogados y Procuradores, corresponde fijar los honorarios de la Dra. Ana Gabriela Igarzabal en la suma de tres mil trescientos sesenta pesos ($3.360) como vencedora y los de la Dra. Susana Raquel Haquim en la suma de dos mil trescientos cincuenta dos pesos ($2.352) como vencida, sumas estas a las que deberá adicionársele el IVA en caso de corresponder.

En torno a los honorarios por la labor desplegada en esta instancia y dado que la aplicación al caso de los porcentajes máximos contemplados en los arts. 6 y 11 de la ley de aranceles sobre el importe regulado en la instancia de grado, arrojaría para los letrados intervinientes un monto inferior al considerado como mínimo en la Acordada registrada en L.A. 14 Fº 27/28 Nº 16, siguiendo el criterio adoptado por este Tribunal respecto a los importes mínimos con que debe retribuirse la labor profesional de abogados y procuradores en “Hirmas c/ Estado Provincial” (L.A. 39 Fº 427/431 Nº 169), “Argentores c/ Video Bar Luisiño” (L.A. 39 Fº 994/996 Nº 382) y “Baudillo Lobos c/ Iturbe” (L.A. 44 Fº 1239/1242 Nº 542), propongo regular los que corresponden a la Dra. Ana Gabriela Igarzabal, por su actuación en esta instancia como letrada patrocinante vencedora en la suma de pesos ochocientos ($800) y para la Dra. Susana Raquel Haquim como letrada patrocinante vencida en la suma de pesos quinientos sesenta ($560). Sumas éstas a las que deberán adicionársele el impuesto al valor agregado, de corresponder.

Tal es mi voto.

Los Dres. de Falcone, del Campo, Bernal y Jenefes, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia,

Resuelve:

1.- Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por V. M.L. con el patrocinio letrado de la Dra. Ana Gabriela Igarzabal, y revocar la sentencia de la Sala II del Tribunal de Familia del 06 de marzo de 2012.

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la actora – recurrida vencida (Art. 102 del C.P.C.).

3.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la instancia de grado, Dras. Ana Gabriela Igarzabal y Susana Raquel Haquim, en las sumas de . pesos ($.) y . ($.) respectivamente, con más Iva en caso de corresponder.

4.- Regular los honorarios de los profesionales por la labor desplegada en esta instancia extraordinaria, para las Dras. Ana Gabriela Igarzabal y Susana Raquel Haquim, en las sumas de . pesos ($.) y . ($.), respectivamente, con más Iva en caso de corresponder.

5.- Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. Sergio Ricardo González; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone; Dr. José Manuel del Campo; Dra. María Silvia Bernal; Dr. Sergio Marcelo Jenefes.

Ante mí: Dra. María Florencia Carrillo – Secretaria Relatora.

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