Ante el fraude laboral en la registración del trabajador la responsabilidad se extiende a socios y administradores de la S.R.L.

leyes (2)Partes: Sicco Guadalupe Beatriz c/ Carlos Carello y Cía. S.R.L. y ots. s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: III

Fecha: 9-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-83435-AR | MJJ83435

Incumplida la ley y demostrado el fraude laboral en la registración del trabajador, la responsabilidad ante el trabajador se extiende a socios y administradores de la S.R.L. por todos los rubros condenados en la sentencia.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la indemnización por despido indirecto pretendida por una trabajadora en virtud de que la misma ha logrado acreditar el vínculo que la unía con la demandada que se encontraba inscripto de una manera parcial.

2.-El juramento estimatorio previsto en la ley 14546 , constituye un instrumento para generar una presunción juris tantun sobre los hechos en él declarados, por lo que puede enunciarse válidamente que las estimaciones globales carecen de todo valor debieron consignarse en el libro especial.

3.-Cuando el art. 11 de la ley 14546 regla que incumbe al comerciante o industrial la prueba en contrario si el viajante o sus derechohabientes presten declaración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en el libro especial, condiciona la inversión probatoria a que la declaración jurada recaiga sobre los hechos que debieron consignarse en el libro.

4.-En caso de colisión o de posible complementación entre la Ley de Contrato de Trabajo y los estatutos: si se trata de una institución contemplada de modo diverso en el estatuto, el régimen general no se aplica.

5.-Los reclamos de la dependiente no fueron satisfechos -no se le reconoció su real antigüedad-, a la par que de la contestación postal de la patronal se advierte que mantuvo rígida su postura, lo que constituyó injuria que motivó formalmente el distracto, luciendo plenamente justificado el desplazamiento del principio de conservación del contrato de trabajo en favor del resarcimiento legalmente tasado.

6.-Acordado que la fecha de ingreso consignada en los documentos presentados por la accionada no era veraz, importa la atribución de la multa instituida por el art. 9 de la ley 24013, al igual que la baja remuneración asentada en ellos, al contemplarse sólo una jornada de 4hs., se debe receptar la sanción del Art. 10 LNE como la duplicación de las indemnizaciones que corresponde por el despido, en virtud de que la denuncia del contrato de trabajo se fundó en una justa causa no desvirtuada por el empleador.

7.-La extensión de responsabilidad con fundamento en el derecho societario debe ser ponderada en cada caso puntual.

8.-No puede ser considerado un buen hombre de negocios quien a sabiendas embarca a la sociedad que administra representa o controla en actos ilícitos, ya que ningún empleador ignora que sus dependientes deben estar debidamente registrados y que, conforme a ello, deben pagar las contribuciones y aportes al sistema de seguridad social, situación que en el caso del actor no fue debidamente cumplimentada.

9.-No existiendo normas laborales expresas de atribución de responsabilidad personal a los directores, administradores, gerentes o socios de sociedades comerciales, el sustento normativo utilizado a los fines de extender dicha responsabilidad, proviene exclusivamente del derecho societario.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 9 días de agosto del año dos mil trece, se reunieron en Acuerdo los señores vocales de la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral Dres. Ángel Félix Angelides, A. Ana Anzulovich y Eduardo Enrique Pastorino para resolver en autos: “SICCO, GUADALUPE BEATRIZ C/CARLOS CARELLO Y CÍA. SRL Y OTS. S/COBRO DE PESOS” Expte. Nº 200 Año 2012, venidos en nulidad y conjunta apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Octava Nominación de Rosario.

Efectuado el examen del pleito se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1.- ¿ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?

2.- ¿ES JUSTA LA DECISIÓN APELADA?

3.- ¿CUÁL ES EL PRONUNCIAMIENTO A DICTAR?

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dres. Pastorino, Angelides y Anzulovich.

1.- A la primera cuestión. El Dr. Pastorino dijo: La actora interpuso recurso de nulidad (f. 345). No siendo fundado en forma autónoma, conforme expresa disposición del art. 113 del CPLSF, corresponde su desestimación, en virtud de que la recurrente no cumplimenta con la carga respectiva (cfr. fs. 355/70).

Al primer interrogante propuesto, mi voto es por la negativa.

A idéntica cuestión, el Dr. Angelides dijo: Comparto los fundamentos expresados por el vocal que me precede, por lo cual voto en su mismo sentido.

A igual cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: Advirtiendo la existencia de dos votos totalmente coincidentes, me abstengo de emitir opinión (art. 26 ley 10160).

2.- A la segunda cuestión. El Dr. Pastorino dijo:

La sentencia de primera instancia que lleva el Nº 256 de 12 de abril de 2012, glosada a fs.338/44, a cuyos fundamentos de hecho y de derecho me remito en razón de brevedad, recepta la excepción de falta de acción interpuesta por Carlos Emilio Carello y María Virginia Cragnolini; y hace lugar parcialmente a la demanda incoada por Guadalupe Beatriz Sicco, condenando a Carlos Carello y Cía SRL a pagarle los rubros receptados según los montos que resultaren de la planilla a practicarse oportunamente, con más intereses. Impone las costas en proporción al éxito obtenido.

Contra dicho acto decisorio, la parte actora apela totalmente a f. 345. Concedido el recurso interpuesto, y elevadas las actuaciones a esta instancia, la recurrente expresa sus agravios conforme memorial de fs. 355/70. La demandada los responde mediante presentación que obra a fs. 373/4.

I.- LOS AGRAVIOS

Las críticas de la quejosa referidas a la sentencia de primera instancia pueden resumirse en las siguientes: a) rechaza el encuadre de la relación dentro de la ley 14546; b) determina que la fecha de ingreso señalada por la demandada no es irregular; c) estima que no se prueba que se le haya asignado a la actora una zona para desenvolver su actividad como viajante; d) pretende que la individualización de las operaciones que se efectúa en la demanda debe hacerse con la documentación que acredite aquéllas; e) omite referirse a la falta de exhibición del libro art. 52 LCT; f) determina que la demandante no estaba legitimada para despedirse indirectamente; g) rechaza la extensión de la condena a los socios y administradores de la sociedad demandada.

II.- TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS

II.1.- Anticipo que las tres primeras críticas serán abordadas en modo conjunto en virtud de que todas se dirigen a revertir el encuadre fáctico y jurídico que la juzgadora dio a la relación laboral habida entre Sicco y la sociedad demandada.

El apelante se queja de que la magistrada afirma que la prueba de testigos no logró demostrar la posición asumida por la actora.En ese sentido, se explaya describiendo las declaraciones de aquéllos, citas textuales a las que remito en mérito a la brevedad. Asimismo, causa gravamen al apelante que el veredicto califique a Sicco como vendedora de comercio cuando, a su vez, afirma que ella levantaba pedidos y cobraba fuera del negocio, cuando estos dos elementos son esenciales en la conformación de la figura del viajante. La quejosa asegura que “levantar pedidos” equivale a concretar ventas, y que, mientras que el vendedor permanece en el establecimiento, el viajante sale a la calle a concertar operaciones, siendo indistinto que los clientes fueran captados por la empresa o por la trabajadora. Por último, la quejosa censura que en sede anterior se expone que ella no determinó las zona que tenía asignada, cuando en la demanda se indicó que tenía asignada como zona las ciudades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

II.1.1.- La pretensión consistente en re-categorizar a una trabajadora, en el caso de marras, requiere tanto de una interpretación legal del Régimen de los Viajantes del Comercio y de la Industria, como de una apreciación adecuada del marco fáctico; sin prueba del desarrollo de las tareas a que refiere la ley 14546, no es necesario proseguir con la deducción. En ese marco inicio este análisis ponderando la prueba que estimo relevante y conducente para abonar los razonamientos subsiguientes.

El deponente Sánchez, al ser preguntado por las tareas que realizaba la actora para la demandada, declaró: “.venía con suma frecuencia la actora a venderle al negocio del testigo, aproximadamente una vez cada quince días (. ) Hacía la venta de los artículos de ferretería que vende la demandada y la cobranza de Carello.” (cfr.fs.120, resp.3ra. y 4ta.). Al respecto, el testigo Curt Goetz asegura que “Tomaba pedidos y cobraba. Eso lo sabe porque venía a la empresa y el testigo era encargado y dueño de la ferretería” (cfr. fs. 121,resp.4ta.). Camors y Rufiner confirman el relato hasta aquí vertido, manifestando que levantaba pedidos y hacía cobranzas (cfr. fs. 122, resp. 4ta.).

No puede desconocerse que ninguno de estos terceros declarantes fueron impugnados, y todos tienen conocimiento directo y personal en los hechos que relatan. Dentro del espectro subjetivo tutelado por el régimen precitado, queda alcanzado todo dependiente -más allá del nombre que se les pudieren atribuir- que demuestre “.alguno o algunos de los siguientes requisitos: a) que venda a nombre o por cuenta de su o sus representados o empleadores (.) d) que desempeñe habitual y personalmente su actividad de viajante (. ) f) que el riesgo de las operaciones esté a cargo del empleador” (cfr. art. 2°, ley 14546). Si de los testimonios brindados se tiene por acreditado que Sicco representaba a Carello y Cía SRL en sus recorridos periódicos, también se desprende que el riesgo empresario no pesaba sobre su espalda. Así, habiéndose reunido tres rasgos tipificados del viajante de comercio, Sicco ha de ser catalogada como dependiente bajo ese régimen. Por último, dado que la normativa en cuestión, en última instancia, no requiere más de una pauta, existiendo ya tres, se torna de tratamiento inoficioso verificar la extensión del campo de actuación de Sicco.

A mayor abundamiento, luce indiscutible al ser expresado por los testigos que comparten o compartieron actividades de índole comercial, los diferentes lugares a que acudía la actora (Jujuy 2047, Rioja 2338, etc.) a “levantar pedidos y cobrar”, en el sentido estricto de concretar encargos de algo o para alguien.

II.1.2.- En la demanda se denuncia como inicio del vínculo el 2 de enero de 2002 (cfr. fs. 25), mientras que la fecha que busca asentar la contraria es la del 1 de enero de 2008 (cfr. fs. 84 vta.) conforme figura en los recibos de sueldo allegados.El fin de establecer la vigencia temporal del contrato de trabajo conlleva retomar el re-examen de las declaraciones de los testigos reseñados.

Ciertamente, Sánchez principia desfavorablemente para Sicco cuando alude a que “.no sabe la fecha en que la actora comenzó a trabajar para la demandada.” (cfr. fs. 120, resp. 2da.), pero seguidamente repone “.le ha vendido en representación de la demandada desde el año 2007 aproximádamente hasta el año 2009” (idem). Por su lado, Curt Goetz aduce que “Que la fecha de ingreso de la actora no la sabe pero el testigo inicio y abrió su ferretería en el año 2003 y la cerró en el año 2009 y en ese período tanto la actora como su papá Atilio, le han vendido al testigo (. ) le vendían materiales de ferretería. con factura para Carello” (cfr. fs. 121, resp. 2da.), por lo que si bien tampoco goza de un recuerdo preciso, se colige que remonta las visitas de Sicco hacia el 2003. Aún más contundente es la versión ofrecida por Rufiner que, ya sin tantos prolegómenos, atestigua: “Que fue aproximadamente en el año 2002, en que el padre la presentó a la hija. como la persona que pasaría a atenderlos” (cfr. fs. 122, resp. 2da.). Si bien Rufiner aclara cuando el padre de Sicco le había presentado a su hija, y no cuándo ella empezó a cumplir tareas (observación de la sentenciante a fs. 340), empero luce evidente que todos los declarantes -a excepción de Camors, porque comenzó a laborar en noviembre de 2008 (cfr. fs.122, resp. 2da.)- son contestes en apuntalar una fecha de inicio del contrato previa a la invocada por la demandada (2002, 2003, 2007); lo que echa por tierra su aseveración.

En suma, de los elementos reseñados advierto fehacientemente acreditada el comienzo de la relación en fecha anterior a la consignada en la documental arrimada, a lo que debe sumarse la falta de exhibición por la empleadora del libro especial determinado en el art.10 del régimen de la ley 14546 (cfr. fs. 97), documento en la que debió constar asentada dicha circunstancia (cfr. inc. a), lo que me infiere a receptar la fecha denunciada en la demanda.

He de receptar los agravios.

II.2.- De nuevo, por razones metodológicas elementales, se unifica el tratamiento atinente a la documentación laboral que -a entender de la impugnante- debía llevar la demandada (agravios rotulados con las letras “d” y “e”).

La queja se dirige a revertir la omisión de la judicante respecto de que en la audiencia de trámite la patronal no exhibió el libro obligatorio del artículo 52 LCT, lo que dio lugar a que la ahora recurrente solicite los apercibimientos de ley. Continúa diciendo que el listado de personal que el demandado ofreció al perito contador no constituye el libro legal que debe ser registrado, rubricado y llevado con las formalidades de un libro comercial. En cuanto al libro instituido por el art. 10 de la ley 14546, la quejosa manifiesta que el incumplimiento de éste le acarrea a la contraria las consecuencias que surgen del art. 11 de la misma legislación.

En orden a dilucidar el sistema probatorio estatuido por la ley 14546, el juramento estimatorio constituye un instrumento para generar una presunción “juris tantun” sobre los hechos en él declarados, por lo que puede enunciarse válidamente que las estimaciones globales (véanse fs. 8/11, 22 y 97) carecen de todo valor, pues sólo individualizan el total de supuestas ventas por mes, sin siquiera sindicarse el comprador, detalle alguno de la operación, ni se refiere a las respectivas notas de venta entregadas o remitidas por el comerciante a la actora (art. 10, inc. D, ley 14546), debiendo efectuarse la declaración jurada sobre todos los hechos que debieron consignarse en el libro especial (art.11). Es que cuando el artículo 11 de la ley 14546 regla “Incumbirá al comerciante o industrial la prueba en contrario si el viajante o sus derechohabientes presten declaración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en el libro a que se refiere el artículo anterior”, condiciona la inversión probatoria a que -como ya se aludió- la declaración jurada recaiga “.sobre los hechos que debieron consignarse en el libro.”, no acercándose fecha y monto de la comisión de cada nota de venta, resultando además negada la documental acompañada (cfr. fs. 84 p. 22) sin que se produzca prueba supletoria al respecto, la carga de prueba pesa entonces sobre la accionante.

La interpretación realizada se compadece perfectamente con la perspectiva que el vocal, y colega, Dr. Angelides posee sobre la declaración jurada, por el supuesto de indefensión que puede conllevar: “.no debe ser efectuada en forma global, sino con relación a cada venta, que debe individualizarse, detallándose cada una de las operaciones por las cuales el viajante pretende remuneración” (“Mercogliano, Roque c/INDIO S.A. y otros s/Demanda laboral”, acuerdo N° 165 de 10 agosto 2007; tesitura idéntica comparte la Sala II de esta Cámara, aunque con distinta integración, en autos “Lezcano, Mónica c/Resero SAIACF, acuerdo N° 180 de 9 de diciembre de 2004; posición siempre compartida por el suscripto en “Galli, Pablo Marcelo c/Miga Miga SRL y/o resp. legal s/Cobro de Pesos Laboral”, del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Tercera Nominación de Rosario, sentencia N° 1400 de 8 de octubre de 2007).

Por otra vertiente, sabido es que en caso de colisión o de posible complementación entre la Ley de Contrato de Trabajo y los estatutos: si se trata de una institución contemplada de modo diverso en el estatuto, el régimen general no se aplica. Efectivamente, la documentación laboral que preceptúa la LCT se ve desplazada, en lo relativo a la remuneración (art. 52, inc.e] LCT), por la norma del art. 10, inc. b) de la 14546. No sólo porque es lo lógico, sino porque es un principio general del derecho que “la norma especial deroga la norma general”.

Desde las coordenadas esbozadas, no corresponde otorgar valor alguno a la declaración jurada prestada por la demandante, ni hacer lugar a los apercibimientos genéricos solicitados (LCT, arts. 52 y 55), en cuanto son inoficiosos y nada añaden en materia de remuneración, extremo bajo debate.

He de rechazar el agravio.

II.3.- Luego, la actora enuncia que “La sentencia, en tanto consideró que la fecha de ingreso y encuadre profesional, así como el horario de trabajo y remuneración de la actora eran correctos, ésta carecía de legitimación para denunciar el contrato de trabajo.” y prosigue argumentando en forma puntual cada uno de los rubros demandados.

Entonces, habiéndose reclamado el abono de la indemnización por antigüedad, habrá de analizarse la legitimidad de la decisión rescisoria adoptada por la dependiente. Asimismo, y como consecuencia del rechazo casi total de la demanda, la magistrada dejó sin tratamiento algunas modalidades de la relación, así como la procedencia de diversos concepto exigido en ambas instancias.

II.3.1.- Conforme surge de autos, en fecha 5/05/2009, la actora remitió CD 989551593 a la demandada, intimándola para que proceda a la inscripción de la relación en los términos de la ley 24013, bajo sus apercibimientos. Posteriormente, el 11/05/2009 se colocó en situación de despido indirecto en razón de la ausencia de respuesta favorable a su despacho (cfr. fs.100/11).

A la luz de lo arribado en los puntos anteriores, no puede dejar de considerarse que los reclamos de la otrora dependiente no fueron satisfechos -no se le reconoció su real antigüedad-, a la par que de la contestación postal de la patronal advierto que mantiene rígida su postura, lo que constituye injuria que motivó formalmente el distracto, luciendo plenamente justificado el desplazamiento del principio de conservación del contrato de trabajo en favor del resarcimiento legalmente tasado.

II.3.1.1.- Ello conlleva la recepción de la indemnización por antigüedad, la sustitutiva del preaviso (y su SAC), y la integración del mes de despido (y su SAC). Superado el año de la relación, se concede la indemnización por clientela (ley 14546, art. 14).

II.3.1.2.- Debido a que, con fundamento en el art. 8 de la ley 14546, se reitera la cuestión relativa a que Sicco se encargaba de las cobranzas, le concerniría una comisión remunerativa, de comprobarse tal operatoria.

De vuelta a la probanza testifical, preguntados los deponentes por las tareas que realizaba Sicco para “Carlos Carello y Cía. SRL”, Marcelo Sánchez comenta “Que hacía la venta de los artículos de ferretería que vende la demandada y la cobranza de los mismo” (cfr. fs. 120, resp. 4ta.), -el destacado me pertenece-; Curt Goetz dice que “Tomaba pedidos y cobraba” (cfr. fs.121, ídem); en idéntico sentido se explayan Camors y Rufiner (cfr.fs 122 y vta.). De resultas que todos son coincidentes al refrendar que cumplía con la percepción de fondos.

Sabido es que el CCT 308/1975, que comprende a todos los viajantes de comercio, por su alcance a toda la Nación, preceptúa que “Si la comisión por gestión de cobranzas encomendadas por el empleador al viajante -cualquiera sea la forma en que mediante la gestión de éste se concretara y la empresa la perciba- no estuviese convenida entre las partes, las entidades firmantes del presente convenio la estiman en un 33%. de la tasa de comisión fijada para las ventas respectivas” (art.22).

Ahora bien, tal rubro para su determinación numérica depende puntualmente de la tasa de comisión por ventas, ligazón que torna ineludible la acreditación previa de aquella.

La carencia verificada en el punto II.2. (cfr. art. 7 in fine ley 14.546), me infiere a su rechazo ante la imposibilidad de su determinación numérica.

II.3.1.3.- Acordado que la fecha de ingreso consignada en los documentos presentados por la accionada no era veraz, importa la atribución de la multa instituida por el art. 9 de la ley 24013. Al igual que la baja remuneración asentada en ellos, al contemplarse sólo una jornada de 4hs., me lleva a receptar la sanción respectiva (LNE, art. 10). Asimismo, de lo anterior, deviene la duplicación de las indemnizaciones que corresponde por el despido, en virtud de que la denuncia del contrato de trabajo se fundó en una justa causa -invocación y prueba del art. 9 de la LNE- no desvirtuada por el empleador (LNE, art. 15, segundo párrafo).

II.3.1.4.- Satisfechos los presupuestos respectivos -intimación fehaciente (CD989550403) y cumplimiento no acreditado de los arts.232, 233 y 245- se acoge el recargo a las indemnizaciones que prevé el artículo 2 de la ley 25323.

II.3.2.- Seguidamente corresponde determinar la base de cálculo a los fines de cuantificar los rubros acogidos. En tal sentido, y como secuela de lo definido en los apartados 1.- y 2.-, la existencia del contrato bajo el régimen está debidamente comprobada, no así la remuneración que se halla bajo controversia y con una prueba insuficiente para acreditar lo supuestamente pactado entre las partes, requiriéndose imprescindible el fijar un importe como emolumento, por lo que he de valerme a tal fin de las facultades que me confiere el art. 56 LCT, teniendo en cuenta el salario mínimo, vital y móvil, las retribuciones habituales de la actividad, los mínimos convencionales del sector, y las características del caso venido en revisión, ante el déficit en el juramento estimatorio y la falta de presentación del libro especial que oportunamente fueran referidos.

No obstante, y preliminarmente a hacer uso de la herramienta legal mencionada, he de establecer la jornada laboral. La actora postula como extensión del período laboral diario un lapso de doce horas, lo que resulta insólito (cfr. fs. 25 vta.). Primero, porque para un viajante de comercio, que realiza su faena fuera del establecimiento comercial o industrial, lo ordinario es una modalidad flexible e intermitente. En segundo lugar, debido a que el intervalo indicado supone el máximo legal para toda la Nación, puesto que es la pausa que debe mediar entre el cese de una jornada y el comienzo de otra, lo que resta verosimilitud al planteo (arts. 196/197, LCT). En tal sentido, tampoco puedo dejar de lado la deficitaria registración efectuada por la empleadora, que -como lo dije en el punto II.3.1.3- alude a una jornada reducida de 4 hs.con el consecuente impacto en la retribución plasmada en los recibos.

Sentado lo precedente, y volviendo a abocarme sobre la retribución, ha de resaltar que la actora endilga la cifra de $ 9.827,26 como la mejor, normal y habitual remuneración devengada (cfr. fs. 25 vta./26). Ahora bien, remitiendo a lo referi do sobre la jornada y la carencia absoluta de prueba sobre la cantidad y entidad de las operaciones concertadas por el actor, en orden a la razonabilidad que debe ostentar la decisión judicial, no puedo más que partir del salario mínimo convencional de un viajante de comercio de $ 2.550 (resolución N° 39/10, vigente hasta el 1/10/2010) a la fecha del desenlace contractual (11/05/2009, cfr. fs. 111), y promediarlo, conforme la bondades del caso, en la suma de $ 3.500.

II.4.- Finalmente, la apelante refuta que la jueza de grado no entienda que la insuficiencia patrimonial de la sociedad habilitase la hipótesis de “infracapitalización”, en virtud de que el perito contador expresó en su informe que el Registro Público de Comercio no habría autorizado la constitución de la sociedad por capital insuficiente para alcanzar el objeto social. Argumento que la actora tacha de dogmático, pues los registros comerciales se limitan a un control mínimo de requisitos formales. Además, resalta que según el mismo experto contable la sociedad no lleva los libros comerciales obligatorios, no tiene bienes de uso a su nombre, ni cuentas bancarias. Seguidamente, razona que un registro irregular del contrato trabajo vuelve operativo la aplicación de los arts. 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales. Finaliza citando precedentes jurisprudenciales que entiende aplicables a los presentes.

Abordando la queja de la recurrente, entiendo que la extensión de responsabilidad con fundamento en el derecho societario debe ser ponderada en cada caso puntual (así lo he expuesto en mi voto en los autos “Cicchirillo, Roberto Víctor c/ PAT EXPRESS S.R.L.y otros s/Cobro de pesos”, Acuerdo N° 57 de 16 de abril de 2013). En esa sintonía, los comercialistas Nissen y Martorell, en ataque a un criterio restrictivo general, dicen que los jueces están llamados a resolver en el caso particular y de acuerdo a las características del mismo, y estiman que “el abuso de la personalidad jurídica es moneda corriente en nuestro medio”.

La responsabilidad de los socios demandados surge desde dos ámbitos: 1) Desde el art. 54 de la LSC, al referirse a la actuación que encubra: fines extra-societarios; violación a la ley, el orden público, la buena fe; o la frustración de los derechos de terceros; todo lo que se le deberá imputar a los socios o controlantes y éstos responderán en forma solidaria e ilimitadamente. En este caso, la responsabilidad no requiere demostrar subjetividad en el incumplimiento; sino que las maniobras sean ilícitas, con ello es suficiente para probar la conducta empresarial desviada, y la responsabilidad de la sociedad se extenderá a los socios en todos sus términos. 2) Desde los arts. 59, 157 y 274 LSC, conforme sus calidades de socios gerentes y administradores, por desarrollar actos ilícitos y porque no se opusieron a tales actos; sino que por el contrario, los ratificaron en este proceso.

El art. 157 LSC dispone que los gerentes de una SRL (en el asunto, Carlos Emilio Carello y María Viginia Cragnolini, cfr. fs. 72) tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de las S.A., y el art. 274 hace responder solidaria e ilimitadamente a los mismos hacia la sociedad, accionistas o terceros por el mal desempeño del cargo, violación de la ley, estatutos y por cualquier daño grave.

En consecuencia, incumplida la ley y demostrado el fraude laboral, la responsabilidad se extiende a socios y administradores por todos los rubros condenados en la sentencia.Quedó corroborado en el caso de autos la clandestinidad laboral parcial de la actora, que además fue afectada en su faz previsional -atento el menor tiempo en que estuvo registrada-, sin las formalidades impuestas imperativamente, razón por la que los integrantes de la S.R.L. deben responder solidariamente en virtud de las normas comerciales referidas supra.

Al respecto, la CSJN en la causa “Insaurralde, Abel c/Integral Tres S. A.” de 4 de mayo de 2010, atinente a la aplicación de los arts. 54, 59 y 245 de la LSC al ámbito laboral expresó: “no puede ser considerado un buen hombre de negocios quien a sabiendas embarca a la sociedad que administra representa o controla en actos ilícitos, ya que ningún empleador ignora que sus dependientes deben estar debidamente registrados y que, conforme a ello, deben pagar las contribuciones y aportes al sistema de seguridad social, situación que en el caso del actor no fue debidamente cumplimentada. “.

Nótese que no existiendo normas laborales expresas de atribución de responsabilidad personal a los directores, administradores, gerentes o socios de sociedades comerciales, el sustento normativo utilizado a los fines de extender dicha responsabilidad, proviene exclusivamente del derecho societario (arts. 54, 59 y 274 de la LSC).

He de receptar el agravio.

A la segunda cuestión, voto parcialmente por la afirmativa.

A similar cuestión, el Dr. Angelides dijo: Coincido con las razones manifestadas, por lo cual voto en igual sentido.

A igual cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: Por análogas razones a las expresadas respecto de la primera cuestión, me abstengo de emitir opinión.

3.- A la tercera cuestión. El Dr. Pastorino dijo: Corresponde: 1) Rechazar el recurso de nulidad.2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, modificando la sentencia de grado de modo que se recepten las indemnizaciones nominadas y conforme los parámetros del considerando 3°, como así extender la responsabilidad, en forma solidaria, de Carello y Cía SRL a Carlos Emilio Carello y María Viginia Cragnolini, con los alcances asignados por el considerando 4°. 3) Confirmar, en lo demás, la sentencia en cuanto fue materia de recurso y agravios. 4) Costas, en esta instancia, según el éxito obtenido (art. 102 CPL). Los honorarios de la Alzada se establecen en el 50% de los que se fijen en primera instancia (art. 19 de la ley 6767).

A la misma cuestión, el Dr. Angelides dijo: Adhiero a la decisión propuesta por el Dr. Pastorino, por lo cual voto en su mismo sentido.

A igual cuestión, la Dra. Anzulovich dijo: Que habiendo tomado conocimiento de dos votos totalmente coincidentes, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26 ley 10160).

Practicada la votación pertinente, la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral;

RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de nulidad. 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, modificando la sentencia de grado de modo que se recepten las indemnizaciones nominadas y conforme los parámetros del considerando 3°, como así extender la responsabilidad, en forma solidaria, de Carello y Cía SRL a Carlos Emilio Carello y María Viginia Cragnolini, con los alcances asignados por el considerando 4°. 3) Confirmar, en lo demás, la sentencia en cuanto fue materia de recurso y agravios. 4) Costas, en esta instancia, según el éxito obtenido (art. 102 CPL). Los honorarios de la Alzada se establecen en el 50% de los que se fijen en primera instancia (art. 19 de la ley 6767). Insértese, hágase saber y, fecho, bajen. (Autos “SICCO, GUADALUPE BEATRIZ C/CARLOS CARELLO Y CÍA. SRL Y OTS. S/COBRO DE PESOS” Expte. Nº 200 Año 2012). Fdo.: Pastorino, Angelides y Anzulovich (art. 26, ley 10160); Cesarin (Secretaria).

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