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Es ilegítimo el despido indirecto de un trabajador que denunció un síndrome y no se presentó ante el médico designado

shutterstock_105670280Partes: Lalia Juan Marcelo Daniel c/ Peide Industria y Construcciones S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 8-jul-2013

Cita: MJ-JU-M-81631-AR | MJJ81631 | MJJ81631

Se juzga ilegítimo el despido indirecto -por falta de pago de las remuneraciones- dispuesto por un trabajador que, habiendo denunciado que padecía el síndrome de «burn out», no asistió al consultorio médico designado por su empleadora y no presentó certificados médicos que acreditaran su condición.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda puesto que no se ha acreditado que hubiera fundamento para considerarse en situación de despido, razón por la cual no resultan procedentes los rubros reclamados y, siendo que tampoco se ha acreditado la existencia de la enfermedad psiquiátrica, -síndrome de burn out -, no corresponde admitir la indemnización por tal motivo; máxime cuando el empleador intimó al trabajador para que se presentara en el médico, -pues éste solicitó se realice la denuncia ante la A.R.T.-, y no se presentó, y en consecuencia -si bien la empleadora dejó de pagarle los salarios-, no existen en el expediente constancias de certificados médicos entregados a la demandada.

2.-Puesto que la L.C.T. en sus artículos 209 y 210 es clara al establecer que, ante una enfermedad, el trabajador no sólo debe dar aviso de la enfermedad que padece, sino que también está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador, si el trabajador no lo hace está incumpliendo con su débito laboral, lo cual habilita al empleador a no abonar la remuneración correspondiente.

3.-Mal pudo el actor considerarse despedido por exclusiva responsabilidad de su empleador ya que era él quien se encontraba incumpliendo previamente con su obligación de presentarse ante el consultorio médico designado a los fines de hacer el control de la enfermedad autorizado por los artículos 209 y 210 de la LCT, pues si bien el trabajador se habría encontrado padeciendo el síndrome denominado burn out o cerebro quemado , lo cual podía impedir que el mismo desarrollara tareas laborales, no estaba impedido de desplazarse hasta el consultorio del médico indicado fehacientemente en el telegrama remitido por la empresa; por lo tanto, la injuria que denuncia el trabajador no se configuró y el despido indirecto devino injustificado.

4.-No puede tenerse por acreditada la existencia de la enfermedad psiquíatrica denunciada por el actor, -síndrome de burn out»-, ya que no se ha realizado una pericial médica, pues si bien la psicóloga indicó que el actor tenía una personalidad inhibida, no ha constatado la existencia de una enfermedad.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de julio 2013, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda contra PEIDE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONES S.A. entablada por enfermedad laboral con fundamento en el derecho civil y por despido, en virtud de lo regulado en la L.C.T. Asimismo rechazó el reclamo por enfermedad profesional entablada contra MAPFRE A.R.T. S.A. Ello suscita la queja de la parte actora a tenor del memorial presentado a fs. 497/500 y de la demandada Peide Industria y Construcciones S.A. según el escrito recursivo de fs. 502/512. Por su parte, el abogado de la parte actora y el perito contador cuestionan los honorarios regulados a su favor por considerarlos elevados. Peide Industria y Construcciones S.A. cuestiona la totalidad de los honorarios, por altos.

II.- La actora se agravia respecto del rechazo de la acción entablada contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, como así también por la fecha desde la cual se computan los intereses, entendiendo que los mismos deben correr desde la consolidación del daño. Por su parte Peide Industria y Construcciones se agravia en tanto el a quo entiende que: a) fue justificada la colocación de despido indirecto del actor; b) el actor se encontraba mal registrado, con la consecuente condena al pago de diferencias; c) el actor padece una enfermedad atribuible a las labores que desarrollaba; d) que se tenga por probada la existencia de un ambiente laboral hostil; e) que se excluya a la A.R.T.del pago de los montos de condena; f) que no se hayan determinado los rubros por los cuales se hace progresar la acción, como así también por el monto de condena por accidente de trabajo y su falta de fundamentación; g) la imposición de costas.

III.- Por cuestiones de índole metodológico analizaré en primer lugar los agravios de la parte demandada. En este sentido, corresponde analizar si la situación de despido en la que se colocó el actor se encuentra justificada y, en su caso, si habilita al reclamo efectuado en su escrito inicial.

Corresponde señalar que el actor se encontraba trabajando bajo las órdenes de Peide Industria y Construcciones S.A., registrado como administrativo de primera categoría (CCT 260/75), desde el día 20/10/2005. En su escrito incial sostiene que se desempeñó desde su ingreso como «jefe de compras» trabajando de 9 a 13 y de 14 a 18, debiendo concertar «…todas las compras de la empresa.» «… el trabajo realizado por el actor como Único encargado de las compras de la demandada…». Manifiesta también que, debido al no pago a los acreedores de la empresa, padece de «burn out». A raíz de ello inició un tratamiento «…como consecuencia de la patología psiquiátrica que presentaba…» en junio de 2009, momento en que comenzó su licencia.

Luego de ello hubo un intercambio epistolar entre las partes en virtud del cual el actor solicitó se realice la denuncia ante la A.R.T.por entender que era una enfermedad laboral y el empleador respondió intimándolo para que se presentara en el médico que le indicare, informándole cuál era la ART que cubría los riesgos del trabajo y que él mismo haría la denuncia ante la misma sin reconocer hechos ni derecho.

El trabajador no se presentó ante el médico designado por la parte empleadora, y en virtud de ello la parte empleadora dejó de abonarle los salarios, razón por la que el trabajador se consideró despedido.

En primer lugar he de destacar que no existen en el expediente constancias de certificados médicos entregados a la empleadora. La L.C.T. en sus artículos 209 y 210 es clara al establecer que, ante una enfermedad, el trabajador no sólo debe dar aviso de la enfermedad que padece, sino que también está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. Si no lo hace está incumpliendo con su débito laboral, lo cual habilita al empleador a no abonar la remuneración correspondiente.

El trabajador declara que se encontraba padeciendo el síndrome denominado «burn out» o «cerebro quemado», lo cual podía impedir que el mismo desarrollara tareas laborales, pero no que se desplazara hasta el consultorio del médico indicado fehacientemente en el telegrama remitido por la empresa. Por lo que entiendo que la injuria que denuncia el trabajador no se configuró. Siendo así, mal pudo considerarse despedido por exclusiva responsabilidad de su empleador ya que era él quien se encontraba incumpliendo previamente con su obligación. Por otra parte, es de destacar que la parte demandada había otorgado la licencia y abonado los salarios hasta el incumplimiento del empleado.

Amén de lo hasta aquí expresado, refuerza mi criterio el hecho que no ha acreditado el trabajador la existencia de enfermedad alguna hasta el día de la fecha.Y digo ello por cuanto es el propio actor quien dice padecer una enfermedad psiquiátrica, sin embargo no hay constancias en autos de que el mismo se haya hecho atender por un médico psiquiatra, ni clínico, ni de ninguna otra especialidad. Es dable destacar que son los médicos quienes se encuentran habilitados para determinar «enfermedades» como así también su tratamiento. Las constancias de autos donde se indica licencias prolongadas fueron expedidas por una psicóloga, quien se encuentra habilitada para diagnosticar trastornos de conducta y/o personalidad pero no así para determinar la existencia de enfermedades psiquiátricas.

Es llamativo que, ante la presencia de un padecimiento de índole psiquiátrico con síntomas denunciados tales como dolores de cabeza, mareos, dolores musculares, trastornos digestivos y respiratorios, no fuera atendido por un profesional de la salud, tal como señalare.

Tampoco se ha producido en autos pericial médica. La psicológica sólo ha podido establecer, como es lógico para dichos peritos, una «…personalidad fuertemente inhibida con marcada depresión y actitudes fóbicas» (ver fs. 392), mas no la constatación de la enfermedad en sí. Por su parte, dicha pericia saca conclusiones que no se basan en conocimientos científicos, o al menos no precisa en cuáles de ellos se asienta y extiende sus respuestas a ámbitos que no son de su competencia, como ser cuando indica, ante la pregunta de si el actor presentó dolores de cabeza, mareos, dolores musculares, trastornos digestivos y respiratorios contesta que «…si bien es cierto que se presentaron durante el proceso conflictivo, no hay referencias de que sucedan en la actualidad…». La licenciada, al no ser médica, no puede indicar respecto de dichas dolencias, al menos no con la pericia que permita producir convicción en el sentenciante.

Es por ello que tampoco se puede tener por acreditada la existencia de la enfermedad psiquiátrica a la que hace referencia en su escrito inicial.

Por su parte, la testimonial obrante en autos no alcanza a modificar lo dicho atento que el testigo Mier (fs.273/375) declara que el actor trabajó junto con él en el horario de 9 a 18 horas; que compartía tareas, aunque adjudica una mayor responsabilidad en el trato con proveedores al actor. Sostiene «… que esto generó un grado de stress en el actor, que lo sabe porque lo vio cuando trabajaba en Peide…» haciendo referencia a que el mismo fue insostenible, no obstante señala que mientras el testigo estuvo trabajando, el actor no tuvo problemas de salud. También sostiene que ha tenido que atender él a los proveedores, que hacía todas las tareas de comprador, buscaba precios, activaba proveedores, no obstante lo cual no puede recordar los nombres de dichos proveedores. Tampoco, a pesar de mencionar que las deudas con los proveedores eran grandes, puede mencionar si la empresa tuvo algún problema con algún cliente en cuanto a pagos, ni si recibió alguna carta documento de algún proveedor. Es decir, que a pesar de indicar grandes problemas y tensiones por falta de pago, no sabe que eso le haya generado problemas a la empresa. También señala que el lugar de trabajo era una sala grande donde se veían todos y que el clima, en cuanto a los compañeros, era excelente.

El testigo Baeza Gonzales es impreciso en sus dichos y basa los mismos en suposiciones personales tales como que al actor lo amenazaron porque vio personas dentro de dos autos haciéndole señas, pero que no pudo prestar mucha atención porque si los veían sin hacer nada los echaban. No puede saber quiénes eran las personas de esos vehículos. Siendo que el testigo trabajaba en una planta distinta a la que trabajaba el actor (este último en un primer piso y el testigo en planta baja) no explica cómo sabe que lo «amenazaron» desde un auto las ocho personas que dice que había dentro de los mismos ya que estaban fuera del establecimiento máxime si no pudo prestar atención. Tampoco explica, dadas las distintas actividades de ambos, cómo sabía que eran proveedores.Por lo expuesto, dicha declaración no sólo no tiene sustento sino que se contradice y evidencia un interés en beneficiar al actor.

Lo mismo sucede con la declaración de De Maio (fs. 413/414I) quien sostiene que trabajaba con el actor, en una oficina ubicada en un primer piso entre los dos galpones, no obstante dice que «vio» la amenaza hacia el actor desde unos autos, sin decir cómo fue que se encontró presenciando dicha situación ni tampoco aportando datos concretos, máxime si se tiene en cuenta que el mismo testigo declaró que el actor debía ir hasta el portón para atender a los proveedores, y especialmente si se tiene en cuenta que quien pagaba a los proveedores, según el testigo, era Vegea. Declara que De Santis, proveedor de la demandada, amenazó por teléfono al actor sin indicar cómo tiene conocimiento de ello.

No hay asimismo, más allá de los dichos de los testigos, constancia s de los supuestos incumplimientos en los pagos a los acreedores de la demandada ni de reclamos formales hechos por aquéllos a ésta, que permita, cuanto menos, tener por cierto el nivel de stress o tensión laboral al que alude el actor.

En virtud de todo lo manifestado entiendo que no se ha acreditado que hubiera fundamento para considerarse en situación de despido, razón por la cual no resultan procedentes los rubros reclamados por esta causa y, siendo que tampoco se ha acreditado la existencia de la enfermedad psiquiátrica que alega en el inicio, entiendo que no corresponde confirmar la indemnización por tal motivo.III.- Lo hasta aquí dicho me exime de tratar los restantes agravios, por encontrarse subsumidos en los análisis realizados.

IV.- En atención al nuevo resultado del proceso, corresponde emitir nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios (artículo 279 C.P.C.C.N.). Las primeras sugiero imponerlas por su orden, ya que el actor pudo razonablemente considerarse asistido de mejor derecho para litigar (artículo 68, segundo párrafo, C.P.C.C.N.). En cuanto a los segundos, propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada Peide Industria y Construcciones S.A.; Mapfre Argentina S.A. y actora, y los correspondientes al perito contador y psicóloga en el 19%, 11%; 14%; 5% y 4% a liquidarse sobre el 50% del capital reclamado (artículos 6, 7, 8, 19 y 33 de la Ley 21.839, artículo 3 del Decreto Ley 16.638/57 y artículo 38 de la Ley 18345), por el total de las labores cumplidas.

V.- Por lo expuesto, propongo se revoque la sentencia apelada y en su mérito se rechace íntegramente la acción entablada por Juan Marcelo Daniel Laila contra Peide Industria y Construcciones S.A. por despido; se revoque la sentencia apelada y en su mérito se rechace íntegramente la acción entablada por Juan Marcelo Daniel Laila contra Peide Industria y Construcciones S.A. y Mapfre Argentina A.R.T. S.A.; se impongan las costas por su orden, ya que el actor pudo razonablemente considerarse asistido de mejor derecho para litigar (artículo 68, segundo párrafo, C.P.C.C.N.); se regulen los honorarios de la representación y patrocinio de las partes demandada Peide Industria y Construcciones S.A.; Mapfre Argentina A.R.T. S.A., y actora, y del perito contador y psicóloga en el 19%, 11%, 14%, 5% y 4% respectivamente, a calcularse sobre el 50% del capital reclamado (arts. 68, 71 CPCCN; art. 6º, 7º ,14 y 18 de la Ley 21.839), por el total de las labores cumplidas.

EL DR.LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Revocar la sentencia apelada y en su mérito rechazar íntegramente la acción entablada por Juan Marcelo Daniel Laila contra Peide Industria y Construcciones S.A. por despido;

2) Revocar la sentencia apelada y en su mérito se rechazar íntegramente la acción entablada por Juan Marcelo Daniel Laila contra Peide Industria y Construcciones S.A. y Mapfre Argentina A.R.T. S.A.;

3) Imponer las costas del proceso por su orden;

4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de las partes demandada Peide Industria y Construcciones S.A.; Mapfre Argentina A.R.T. S.A., y actora, y del perito contador y psicóloga en el 19%, 11%, 14%, 5% y 4% respectivamente, a calcularse sobre el 50% del capital reclamado, por el total de las labores cumplidas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Victor A. Pesino – Juez de Camara

Luis A. Catardo – Juez de Camara

Ante Mí: Alicia E. Meseri – Secretaria

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