No existe discriminación salarial si a pesar de trabajar en el mismo sector, los empleados no realizan tareas idénticas

shutterstock_117088477Partes: Segura Jimena C/ Banco Columbia S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 31-jul-2013

Cita: MJ-JU-M-81502-AR | MJJ81502 | MJJ81502

No corresponde admitir la existencia de discriminación salarial pues el hecho de que las trabajadoras pudieran haberse desempeñado en un sector con igual denominación no implica necesariamente que realizaran iguales labores y que por ello correspondiera el pago de idéntico salario.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia apelada e indemnizar a la actora de modo correspondiente, en tanto al margen de ello no tiene lugar el cuestionamiento a la aptitud del titular de la empresa de abonar remuneraciones diferenciadas, en función de una escala de valores o de merecimientos que, en principio, no está sujeta a la intromisión de terceros, pues lo que se pretende, es impedir que se superen los límites de la irrazonabilidad o la arbitrariedad – art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo- y toda vez que en el caso particular no se encuentran acreditados elementos que permitan al menos inferir que la actora hubiera sufrido discriminación salarial alguna, corresponde confirmar que resulta claro que la diferencia en la remuneración denunciada respondió a las distintas tareas desempeñadas por cada empleado.

2.-Corresponde tener por acreditada como real fecha de ingreso la denunciada al demandar, pues si bien las constancias de correos electrónicos constituyen documentos que, por carecer de firma digital, no pueden ser equiparados a los instrumentos privados en cuanto a su valor probatorio, ello no obsta a que se las pueda presentar en juicio siendo consideradas como principio de prueba por escrito; máxime siendo que los correos enviados desde y hacia una casilla institucional de la empresa demandada, llevan a considerar que la actora, en dicha oportunidad, llevaba a cabo sus funciones bajo las órdenes de la patronal.

3.-Toda vez que la accionada no desconoció expresamente contar con la documentación requerida para realizar la pericia contable, ni la misma fue puesta a disposición del perito, corresponde tener por acreditada la vinculación invocada al demandar, sin perjuicio de que existan pagos de sumas de dinero por parte de la cooperativa, pues no ha quedado fehacientemente acreditado que fuera en concepto de salarios por las tareas desempeñadas por la actora bajo las órdenes de la demandada.

4.-Toda vez que la actora logró demostrar que se encontraba incorrectamente registrada, incumplimiento grave en el cual sustentó su decisión rupturista, corresponde hacer lugar a la acción en cuanto reclama las indemnizaciones derivadas del despido.

5.-A los fines del cálculo del preaviso omitido debe aplicarse el principio de la normalidad próxima , noción que supone e intenta poner al agente en situación remuneratoria lo más cercana posible a aquélla en que se hubiera encontrado si la rescisión no se hubiera operado y cuyo resarcimiento tiene como base la remuneración que el trabajador habría percibido durante el lapso del preaviso omitido.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 31 DE JULIO DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

I- Contra la sentencia de fs. 406/413, se alza la parte actora a fs. 420/440. La réplica de su contraria (fs. 446/454) fue presentada fuera de plazo. El perito contador (fs. 414) apela sus honorarios por considerarlos bajos.

II- Se agravia la parte actora porque la Sra. Juez consideró aplicable el art. 377 CPCCN y tuvo por probado los presupuestos fácticos invocados.

Sostiene la recurrente que el principio que surge del art. 377 del CPCCN debe ceder a fin de obtener la verdad material y que debe aplicarse la teoría de la carga dinámica de la prueba.

El juez debe priorizar la aplicación de los principios básicos del debido proceso y, entre ellos, tiene especial importancia el de igualdad que, como todos aquéllos, tiene base constitucional (art. 16 de la Const. Nacional). La denominada “carga probatoria dinámica” permite atribuir esa carga a una u otra de las partes en el proceso, según las particularidades de cada caso, en vez de ceñirse a reglas estáticas preestablecidas y aplicables de manera uniforme en todos los supuestos sin distinguir quién estaba en mejor posición para aportar la prueba del hecho controvertido; su finalidad es igualar a quien se encuentra en inferioridad de condiciones frente a su adversario.

En el presente caso, no encuentro invocados los presupuestos fácticos que justificarían el desplazamiento de la carga probatoria. Ello, pues, el solo hecho de sostener que la actora probó la existencia de elementos objetivos que pudieran acreditar la desigualdad salarial no es suficiente para apartarse del principio general que establece el art. 377 CPCCN.Cabe indicar que el fundamento que ha concitado mayores consensos es aquél que parte de la premisa que la teoría de la carga probatoria dinámica sólo rige para casos excepcionales de dificultad probatoria; extremo que no se configura en el presente caso.

En razón de lo expuesto y dada la forma genérica en que fue planteado el agravio corresponde desestimarlo.

III- Se agravia la parte actora porque la Sra. Juez tuvo por no probado el vínculo “en negro” en razón de la fecha de ingreso que invocó falsamente consignada en los recibos. Agrega que valoró en forma errónea el testimonio de Mallardi y las restantes pruebas aportadas. Hace hincapié la recurrente en que la Sra. Juez no tuvo en cuenta la documental obrante en el sobre 992.

En este aspecto de la cuestión en debate considero que le asiste razón a la apelante.

Del análisis de las constancias de autos surge que la Sra. Juez tuvo a la accionada por reconocido (fs. 140) el intercambio telegráfico acompañado por la parte actora (fs. 3, 5 y 8) y los recibos de sueldos (fs. 9 a 44). A fs. 141 el Juzgado efectuó la intimación (art. 82 inc. b L.O.) a fin de que la accionada reconozca o desconozca la documental acompañada por la actora (fs. 86/103 y sobre 992), pero la accionada optó por el silencio (ver cédulas fs. 145/146), por lo que a fs. 181 la Magistrado de grado también la tuvo por reconocida por la demandada.

Los instrumentos obrantes en el sobre reservado bajo el número 992 identificados con los números de fojas 109 a 118 resultan ser correos electrónicos (email) enviados a la actora. Al respecto cabe destacar que para que la Sra. Segura tenga una dirección de correo electrónico cuyo dominio sea “Columbia_Financiera” o “Columbia.com.ar” debió ser oportunamente creada por personal especializado en sistemas, ya sea dependiente de la empresa accionada o contratado para esta tarea por ella.Dichos mensajes de correo electrónico son de fecha anterior a la que se encontraba registrada la Sra. Segura (5/6/01, 6/6/2001, 5/7/01, 3/9/01, 29/11/01, 13/11/01, 5/1/02, 5/9/02, 18/12/02 y 30/11/01).

Si bien las constancias de correos electrónicos constituyen documentos que, por carecer de firma digital, no pueden ser equiparados a los instrumentos privados en cuanto a su valor probatorio, ello no obsta a que se las pueda presentar en juicio siendo consideradas como principio de prueba por escrito. Por ello los correos enviados desde y hacia una casilla institucional de la empresa demandada, me llevan a considerar que la actora, en dicha oportunidad, llevaba a cabo sus funciones bajo las órdenes de la patronal.

En lo que respecta a las diferentes denominaciones de la accionada (Banco Columbia y Columbia Compañía Financiera) -defensa opuesta por la accionada (fs. 72 pto. 18)- cabe señalar que a fs. 232 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -Inspección General de Justicia- informó que “Columbia Compañía Financiera S.A.” presentó el cambio de denominación (inscripto el 5/12/2002) a la actual Banco Columbia S.A. Además de fs. 186 vta. y 187 también surge acreditado dicho extremo. Por otra parte, además de que los fundamentos que ahora expone la accionada en esta alzada en el escrito de fs. 446/454 resultan extemporáneos (fs. 448 vta.) pues debió efectuarlos al contestar demanda, la presentación del escrito -“CONTESTA TRASLADO EXPRESIÓN DE AGRAVIOS – RESERVA CASO FEDERAL – SOLICITA SE CONFIRME SENTENCIA DE GRADO”- también es extemporánea (ver cargo fs. 454 vta. y cédula de fs. 445). Por lo cual los argumentos que en esta instancia introduce la accionada (fs.449 vta.) entre otros, que los email de la actora no se corresponden con el dominio de la accionada (@banco Columbia.com.ar.) lucen extemporáneos y por tanto carentes de efecto jurídico en el ámbito de esta instancia.En cuanto a la vinculación comercial invocada al inicio, entre la cooperativa y la demandada también ha de tenerse por probada en autos toda vez que el perito contador informó (fs. 357, ptos. 3 y 4) que no le fueron suministraron los libros comerciales a fin de determinar si la actora fue provista a la demandada (Banco Columbia S.A. o Columbia Cía. Financiera S.A.) a través de la cooperativa de trabajo Cotrab en el período anterior a la fecha en que fue formalmente registrada. Además, la actora peticionó en su escrito de inicio (fs. 41 vta./42 y 45) que la demandada exhiba “copias certificadas de facturas emitidas por la demandada (…) a la cooperativa de trabajo Cotrab Ltda.” (fs. 42). La accionada no negó poseer dicha documentación sino que sería puesta a disposición del perito contador que se designara en autos (fs. 82). A fs. 143 pto. VI, el juzgado efectivizó el pedido de la accionante (fs.121vta./122) e intimó a la demandada a acompañar la documental señalada. En razón de ello la empresa demandada expresamente indicó que “la documentación que se intima a acompañar será oportunamente puesta a disposición del experto contable al momento de realizar la pericial ordenada en autos” (fs. 149). En su oportunidad el perito contador informó que fue atendido por una persona en el domicilio de la empresa y le informó que la documentación solicitada no se encuentra disponible ni tampoco los libros y documentación contable societaria y/o comercial a fin de contestar los puntos propuestos por la parte actora (ver fs. 357 ptos. 3 y 4). Por ende y toda vez que la accionada además no desconoció expresamente contar con dicha documentación, he de tener por acreditada la vinculación invocada al demandar.

Respecto de los documentos, cuyas copias obran glosadas a fs.86/89 y 100/102 (originales en sobre 992) cabe señalar que si bien se desprende el pago de sumas de dinero por parte de la cooperativa “Cotrab” a la actora, no puede tenerse por fehacientemente acreditado que fuera en concepto de salarios por las tareas desempeñadas por la actora bajo las órdenes de la demandada. No obstante ello y en razón de las pruebas analizadas tendré por probado que Segura ingresó a trabajar bajo las órdenes de la accionada por intermedio de la cooperativa de trabajo Cotrab.

Las imprecisiones que se marcan respecto a la declaración de Mallardi (fs. 301/302) no resultan ser relevantes a los fines de descartar su testimonio directamente sino que debe ser evaluado en forma estricta. En lo que respecta al horario no puede descalificarse, sólo por el testimonio. Si bien la Sra. Juez de grado descalificó el testimonio porque introdujo aspectos no alegados por la actora, sobre la percepción de una remuneración de $ 500 a $ 600, dicho punto no fue objetado por la accionada al momento de impugnar la declaración (fs. 309/310), además su reconocimiento en la presente causa, no habilita reclamo alguno dado que no existe planteo en la demanda por el cobro de sumas de dinero por la falta de pago de salarios en el primer tramo de la relación, pero sí la existencia de la relación laboral por intermedio de la cooperativa. Por otra parte, las manifestaciones de la testigo se condicen, como sostiene la apelante, con los recibos acompañados lo cual resulta ser una prueba más de la existencia de la vinculación laboral sumada a la presunción por la falta de exhibición de los libros.

Analizadas por tanto las pruebas adjuntadas a la causa propicio modificar la sentencia recurrida y tener por acreditada como real fecha de ingreso la denunciada al demandar, el 4-9-2000.

IV- Se agravia la actora porque la Sra. Juez de grado tuvo por no acreditada la violación al principio de igualdad de trato.El planteo recursivo se limitó al reclamo de los meses que van desde enero de 2007 a diciembre de 2008 (ver fs. 429) por considerar que es el período que dispone el art. 256 LCT.

En el escrito de inicio la actora alegó que entre junio de 2006 al distracto realizó tareas de logística y control de movimiento de cobradores pre-legales (gerencia de cobranzas, sector agencia interna cobrador es) y agregó que con el transcurso del tiempo se le fueron agregando más tareas (fs. 31 vta./32), pero no indicó cuáles fueron. Expresó que se encontraba registrada como auxiliar administrativa y que realizó tareas de roles y logística del movimiento de cobradores (fs. 31 vta./32); que fue encuadrada como analista integral y que otras compañeras que cumplían “similares” tareas revistaban la categoría de “2 jefe División 1º” o de auxiliares, pero percibiendo remuneraciones claramente superiores y con menor antigüedad. Dio cuenta de incentivos que tenían los compañeros y ella no y una jornada laboral de lunes a viernes de 9 a 17 hs. (fs. 30 vta.). La accionada por su cuenta negó los extremos invocados y alegó que la categoría de la actora era de auxiliar en el marco del CCT 18/75 desempeñándose como uxiliar administrativo en el área de Mora temprana Categoría bancaria Auxiliar 5 años.

La Sra. Juez por su parte afirmó que “no obra prueba alguna que demuestre el fundamento expuesto por la actora como sustento de su pretensión” (fs. 409). Agregó que la declaración de Mallardi no resulta suficiente para acreditar los extremos invocados; que Garrat dijo que las funciones eran diferentes pero no recordó las tareas que realizaba Amutio ni Pecaut (fs.cit.) y Seeber, quien declaró tener juicio pendiente, dio cuenta de tareas realizadas en los años 2006 y 2007, que era la encargaba de manejar cobradores y que Amutio tenía las mismas tareas y responsabilidades de la actora y Pecaud estaba en el mismo sector de la actora, pero declaró saber lo expuesto por comentarios de la propia actora y de terceros. Concluyó que “no existe ningún dato objetivo que permita efectuar a partir de las tareas realizadas una comparación entre la reclamante y esos empleados (…) que permitan ni siquiera inferir la igualdad de situaciones o de condiciones que ameriten la igualdad de trato”. Y, agregó, que tampoco la parte actora pudo acreditar el encuadramiento convencional peticionado por la falta de una correcta indicación de los hechos al demandar (fs. 410).

La accionante al momento de apelar sostuvo (fs. 429) que el perito contador acreditó la existencia de diferencias entre las remuneraciones de la actora y las de sus compañeras Pecoud y Amutio.

Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que no corresponde cuestionar la aptitud del titular de la empresa de abonar remuneraciones diferenciadas, en función de una escala de valores o de merecimientos que, en principio, no está sujeta a la intromisión de terceros, sino que lo que se pretende, es impedir que se superen los límites de la irrazonabilidad o la arbitrariedad; extremos que no verifico cumplidos en autos. Así el art. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo ha fijado, con el carácter de obligación para el principal, la igualdad de trato a sus dependientes en “identidad de situaciones”. Luego, el tratamiento diferenciado, para no resultar lesivo de los derechos de la contraparte, debe justificarse en razones objetivas.

En cuanto al planteo que efectúa la recurrente respecto de la carga probatoria (fs.434), si bien fue explicado en el considerando segundo del presente voto, agregaré que la jurisprudencia ha sostenido que, cada una de las partes deberá probar el presupuesto de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o excepción y, el trabajador deberá acreditar sus circunstancias, y quien se excepciona aduciendo que la desigualdad obedece a la valoración de los méritos del dependiente o las circunstancias de bien común, debe acreditar estas afirmaciones (conf. C.S.J.N., 23/08/88, “Fernández Estrella c/Sanatorio Güemes S.A.” , voto concurrente de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué, Fallos: 311:1602; CNAT, Sala V, Sent. Def. N° 73.723 del 23/12/2011 “Leaño, Edgar Jaime c/ Inc S.A. s/ despido”).

Del atento análisis de la pericial contable puede extraerse que la actora tenía la categoría de auxiliar administrativa y que Amutio desde julio de 2007 pasó a la de 2º jefe de división de 1ª y realizó tareas de analista de cobranzas y Pecoud a partir de abril de 2008 también fue 2º jefe de división de 1ª y desarrolló tareas de analista de cobranzas (fs. 357). Además, el contador informó que no consta que Amutio y Pecoud hubieran recibido planes de premios y objetivos (fs. cit.).

A lo expuesto cabe agregar que de las declaraciones testimoniales surge acreditado que el horario de la actora en el último tramo de la relación laboral era hasta las 15 hs. y que la demandada aceptó la reducción del horario pedido por la actora porque las tareas que realizaba eran de carácter administrativas (Mengual, fs.295/296); agregó, el testigo, que la actora hacía tareas administrativas, control de legajos, de refinanciaciones, control de gestiones de los cobradores, actualización de tablero de la productividad de los cobradores, solicitud de ajuste sobre cuentas o préstamos, que Mengual era el jefe de Esteban Limarino y éste a su vez era quien le daba las órdenes en forma directa a Segura; que Amutio y Pecoud trabajaban en el sector de mora temprana y las tareas principales eran de control de la estrategia de gestión, proponer mejoras a dicha estrategia, control de calidad, encuestas de no pago, proceso de refinanciación de mora temprana y aclara que el sector de mora temprana administraba 35.000 clientes por alrededor de $ 100.000.000 y todas las personas involucradas en este sector tenían una alta incidencia en los resultados de pérdidas y recupero del Banco Columbia.

En cuanto a la declaración de Garat que cuestiona la recurrente a fs. 429 vta. nótese que a fs. 303 declaró conocer a Amutio y a Pecoud porque trabajaron en el mismo sector, pero no supo decir qué tareas hacían, por lo que mal puede realizar comparación alguna; Mallardi, por su parte, sólo pudo dar razón de las tareas desempeñadas por la actora hasta octubre de 2002 en que se fue del trabajo y además a dicha fecha aún no habían ingresado ni Amutio ni Pecoud; por otra parte, Seeber (fs. 331/332), dio cuenta de las tareas efectuadas por la actora hasta el 2007 y además declaró saber los hechos relatados por comentarios de la actora y de terceros.

A lo expresado cabe agregar que los testimonios que ahora impugna la parte actora, puntualmente los de Mengual y Olivieri -fs. 434- no fueron objetados en su momento procesal oportuno. En razón de ello y toda vez que no se acreditaron elementos que me lleven a restarle valor convictivo a sus dichos, corresponde otorgarle pleno valor probatorio.En consecuencia las manifestaciones que señala la recurrente en cuanto a que no se encuentra probado el horario reducido de la actora debe desestimárselo.

Si bien surge de la pericial contable que la actora cobraba salarios inferiores a los de Pecoud y Amutio de acuerdo con lo informado por el experto contable, no resulta correcto sostener, como lo hace la recurrente a fs. 430 último párrafo, que tenían la misma jornada de trabajo, sino que por el contrario, el horario llevado a cabo por la actora era inferior al de sus compañeras y, además, las tareas eran diferentes. Por otra parte cabe señalar que el hecho de que las tres trabajadoras pudieran haberse desempeñado en un sector con igual denominación, no puede inferirse en forma directa que desempeñaran iguales labores.

De lo expuesto resulta claro que las tareas desempeñadas por la actora, Amutio y Pecoud, bajo las órdenes de la patronal eran diferente

En consecuencia, no encuentro acreditado en autos elemento alguno que me permitan al menos inferir que la actora hubiera sufrido discriminación salarial alguna, por lo que corresponde rechazar el agravio y confirmar la sentencia en este aspecto de la cuestión en debate.

V- Se queja la parte actora (punto XIII y XIV) porque la Sra. Juez de grado tuvo por calculadas correctamente las remuneraciones. Fundamenta su agravio en que debió estar registrada como 2º jefe de 1ª división en razón de las tareas desempeñadas.

Dada la forma en que fue planteado el agravio y en atención a lo resuelto en el considerando anterior, donde se dejó establecido que la Sra. Segura no logró acreditar la realización de las tareas invocadas y que, además, fueran similares a las de su compañeras que ostentaban cargo superiores, corresponde estarse a lo allí resuelto y por tanto desestimar el reclamo por diferencias salariales.

En cuanto a las diferencias que reclama con sustento en el art. 26 del CCT (ver fs.37 vta.), debe indicarse que no se logró acreditar los presupuestos fácticos necesarios para tornar operativo dicho artículo.

Además, la actora no cuestiona que la Sra. Jueza de grado rechazó el reclamo de las diferencias salariales por haber incumplido con el art. 65 de la LO. Al respecto la jurisprudencia ha sostenido en forma reiterada que la sola inclusión de un rubro en la liquidación del escrito de inicio sin su correspondiente sustento en los presupuestos fácticos correspondientes no resulta suficiente para hacer lugar a la pretensión indicada.

El memorial recursivo no resulta claro en cuanto al reclamo de la parte actora respecto de las diferencias salariales; sin embargo, de su lectura en forma íntegra surge el reclamo por diferencias de salarios en razón de la antigüedad, es decir por el erróneo registro de la fecha de ingreso.

Ahora bien, el reclamo sólo debe limitarse al período prescriptivo conforme lo expresamente peticionado en esta alzada (ver fs. 422 vta., 423 y 429), pero el lapso a considerar es el que va desde el 7/7/2008 al 13/12/2008, pues la demanda se inició el 7/7/2010.

De la lectura de la escala salarial del CCT 18/1975 -Resolución Sec. De Trabajo Nº 422/2007- vigente a partir de marzo de 2007, establece para una antigüedad de 8 años (aunque para los meses de julio y agosto de 2008 la antigüedad del actor era de 7 años) un mínimo de $ 315. Dado que el básico abonado a la actora era de $ 479 (julio 2008) y de $ 496 (para los meses de agosto a noviembre de 2008) y que no resulta ser inferior al del convenio corresponde desestimar las diferencias reclamadas.Ello a excepción del mes de diciembre de 2008 que por aplicación del acuerdo arribado mediante Resolución 68/2009 del CCT 18/75 -vigente a dicha fecha- para una antigüedad de 8 años, corresponde un salario básico de $ 2.268 -para una jornada completa-, por lo que dado que la actora realizaba una jornada reducida de 6 horas el salario básico debió ser de $ 1.701. Por ende y toda vez que llega firme que dicho mes fue cancelado parcialmente -$ 496, ver fs. 62 y fs.127- se hará lugar a la diferencia por la suma de $ 1.205 ($ 1.701 – $ 496).

Toda vez que la actora logró demostrar que se encontraba incorrectamente registrada, incumplimiento grave en el cual sustentó su decisión rupturista, corresponde revocar lo decidido por la Magistrado de grado y hacer lugar a la acción en cuanto reclama las indemnizaciones derivadas del despido.

A los fines del cálculo de la indemnización por antigüedad no debe tomarse el mes de diciembre de 2008 pues no se trata de un mes completo, sino que a tal fin consideraré como mejor remuneración, mensual normal y habitual la suma de $ 2.310,63 (noviembre de 2008) señalada por el perito contador a fs. 355 y 358.No obstante lo expuesto adviértase que para el rubro preaviso debe utilizarse el salario que, de haber continuado el contrato de trabajo hubiera percibido, es decir que a la suma del salario de base de $ 1.701 se le debe sumar los adicionales que surgen de la planilla y de los recibos de sueldo acompañados ($ 120, $ 22,49, $ 62,10, $ 168,72, $ 34,36, $ 133,33, $ 347,30, $ 345, $ 500 y $ 97,59 = $ 1.830,89), es decir un total de $ 3.531,89.

Para el cálculo del preaviso omitido debe aplicarse el principio de la “normalidad próxima”, noción que supone e intenta poner al agente en situación remuneratoria lo más cercana posible a aquélla en que se hubiera encontrado si la rescisión no se hubiera operado y cuyo resarcimiento tiene como base la remuneración que el trabajador habría percibido durante el lapso del preaviso omitido.

Al monto de condena establecido en la sentencia de grado corresponde incluir los siguientes rubros:

1-Indemnización por antigüedad: $ 20.790 (9 períodos)

2-Indemnización sustitutiva del preaviso: $ 7.063,78 (2 períodos);

3-Sac sobre preaviso: $ 588,64;

4-Diferencia salario diciembre 2008 e integración: $ 1.205;

5-Art. 1º ley 25.323: $ 20.790.

6-Art. 2º ley 25.323: $ 14.283,55

TOTAL: $ 43.951,76.

Dicha suma llevará los intereses establecidos en la sentencia de grado que arriba firme a esta alzada.

En razón de los fundamentos expuestos corresponde hacer lugar parcialmente a los agravios formulados por la recurrente y por tanto modificar la sentencia en la forma indicada.

VI- El nuevo resultado del pleito que por el presente propongo conduce a dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 Cód. Procesal), lo que torna abstracto el examen de los recursos deducidos.

Con arreglo a esos criterios, sugiero imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada.VII- En atención al monto del proceso (el que prospera -con sus intereses- y el rechazado) y el mérito e importancia de los trabajos realizados, estimo los honorarios de primera instancia: de la representación y patrocinio de la actora en 16 %, de la representación y patrocinio de la demandada en 13 % y del perito contador en el 6% (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° dec. ley 16.638/57). Asimismo sugiero regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).

VIII- En suma, voto por: 1) Revocar la sentencia apelada y condenar a la demandada a pagar la suma de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 43.951,76) con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 CPCCN). 4) Regular los honorarios en las sumas y porcentajes indicados en el considerando respectivo.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada y condenar a la demandada a pagar la suma de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 43.951,76) con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios. 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 CPCCN). 4) Regular los honorarios en las sumas y porcentajes indicados en el considerando respectivo.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Héctor C. Guisado – Juez De Cámara

Graciela Elena Marino – Juez de Cámara

Ante Mi: Silvia Susana Santos – Secretaria

 

 

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