Deviene arbitraria e ilegítima la decisión de negar la afiliación a la obra social con fundamento en una enfermedad preexistente

obesidadPartes: R., E. J. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta s/ amparo – recurso de apelación

Tribunal: Corte de Justicia de la Provincia de Salta

Fecha: 2-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-81464-AR | MJJ81464 | MJJ81464

La decisión del Instituto demandado de negar la afiliación con fundamento en una enfermedad preexistente excede las facultades reglamentarias que pretende ejercitar.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia impugnada que hizo lugar a la acción de amparo y condenó al Instituto Provincial de Salud a incorporar a la amparista al sistema de afiliaciones individuales como titular activa, toda vez que la decisión de la demandada de negar la afiliación con fundamento en una circunstancia expresamente prohibida por la norma -enfermedad preexistente-, excede las presuntas facultades reglamentarias que pretende ejercitar con sustento en lo dispuesto por la Resolución Nº 75-I/08 que regula el Régimen de Incorporación para Afiliaciones Individuales.

2.-Respecto de las consecuencias presupuestarias invocadas por el Instituto demandado, no basta con una simple afirmación, sino que es preciso fundar adecuada y convincentemente la carencia presupuestaria para que ésta pueda ser considerada un obstáculo insalvable a la procedencia de la acción.

Fallo:

Salta, 02 de septiembre de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados «R., E. J. VS. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA – AMPARO – RECURSO DE APELACIÓN» (Expte. Nº CJS 36.227/13), y

CONSIDERANDO:

1º) Que contra la sentencia de fs. 63/66 que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta y condenó al Instituto Provincial de Salud de Salta a incorporar a la señora E. J. R. al sistema de afiliaciones individuales, como titular activa, el demandado interpuso recurso de apelación a fs. 67.

Para así decidir la jueza «a quo» consideró que la decisión de rechazar la petición de incorporación de la actora, en el carácter de afiliado individual (adhesión voluntaria), en razón de la preexistencia de enfermedades -hipotiroidismo- deviene arbitraria e ilegítima en tanto contraría expresamente lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 26682 -Marco Regulatorio de Medicina Prepaga- que establece que las enfermedades preexistentes no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios y cuya aplicación resulta obligatoria por ser una ley de orden público (art.28).

Sostuvo que resulta insuficiente el fundamento esgrimido por el demandado respecto de los mayores costos que puede significar para la obra social la existencia de una enfermedad preexistente, no sólo porque la propia Ley 26682 admite la autorización de valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten tales enfermedades, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, sino porque en la relación con quienes contratan esos servicios lo primero es la persona humana, no la empresa de medicina prepaga ni la obra social.

Entendió que la falta de agotamiento de la vía administrativa esgrimida por el accionado no modifica las consideraciones expuestas toda vez que el comportamiento por él asumido al contestar la demanda, al mantener su decisión de negar la afiliación solicitada, evidencia la ineficacia de tal procedimiento máxime cuando ello significa poner en riesgo la salud de la accionante que, según expresa el propio demandado, requiere de una serie de atenciones médicas en virtud de la patología que padece -obesidad mórbida- cuestión urgente que no admite dilaciones de esa índole.

Al expresar agravios a fs. 75/78 vta., el recurrente manifiesta, en lo esencial, que el argumento principal utilizado por la señora jueza para ordenar la afiliación individual de la actora se centra en las disposiciones de la Ley 26682 sin contemplar que tal norma no resulta aplicable al Instituto Provincial de Salud de Salta por cuanto es una entidad de derecho público destinada a la administración de prestaciones asistenciales relativas a la salud y administradora de los fondos que por ley le son confiados para ese fin, y no una empresa de medicina prepaga como lo señaló la juez «a quo». Sostiene que las relaciones con los afiliados o beneficiarios se rigen, con exclusividad, por las disposiciones de carácter provincial.

Alega que es contrario a derecho afirmar que son aplicables al caso concreto las Leyes 23660, 23661 y 26682 ya que su parte no se encuentra comprendido dentro de las entidades enunciadas en el art.1º de la Ley 23660 por cuanto allí no se contempla, entre los sujetos alcanzados obligatoriamente por sus disposiciones, a las obras sociales creadas por leyes provinciales y destinadas al personal dependiente de los gobiernos locales y sus municipalidades y demás empleados públicos de las respectivas jurisdicciones. Aduce que sostener lo contrario importaría generar un efecto institucional de magnitud por cuanto supondría que la obra social, creada por la Ley Provincial 7127, se encontraría obligada a tributar a la A.F.I.P. y a realizar los demás aportes que establecen en el marco regulatorio citado.

Expresa que resulta errónea la consideración efectuada por la sentenciante en cuanto a la insuficiencia de los argumentos referidos a los mayores costos que significa la preexistencia de una enfermedad para negar la afiliación por cuanto la facultad de contralor que tiene la obra social no es otra que controlar los mayores costos que inciden, presupuestariamente, sobre los fondos por ella administrados. Aduce que no puede ser considerado como un mero espectador de los futuros pedidos que realicen los interesados o afiliados sin tener potestad de analizarlos, auditarlos y, en su caso, rechazarlos.

Señala que el régimen de recursos para el funcionamiento de la obra social se obtiene del aporte de los afiliados y el principio de solidaridad exige una correcta y cuidadosa administración de sus finanzas, ya que -dice-, de no ser así tal solidaridad resultaría ilusoria y esto es lo que sustenta, en gran medida, la facultad de contralor señalada.

Corrido traslado, la actora lo contesta a fs. 85/86, solicitando el rechazo del recurso.

A fs. 95/96 vta. se incorpora el dictamen del señor Fiscal ante la Corte nº 2, quien se pronuncia por el rechazo del recurso de apelación por las razones que allí expresa. A fs.97 se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme.

2º) Que a los efectos de analizar la cuestión cabe precisar que el Instituto Provincial de Salud de Salta establece un régimen de incorporación para los afiliados individuales que se distingue del sistema de afiliación obligatoria, este último previsto para los funcionarios y empleados del Estado Provincial (art. 5º de la Ley 7127). Esta Corte ya ha señalado que el sistema de los afiliados individuales se asemeja a los sistemas de medicina prepaga que poseen las obras sociales privadas (cfr. Tomo 108:273; 132:393; 168:735), las que, conforme lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 26682, no pueden utilizar como criterio del rechazo de admisión de los usuarios las enfermedades preexistentes, ley que, como expresamente lo establece en su art. 28, es de orden público y, por ende, imperativa -al igual que las Leyes 23660 y 23661- y rige en todo el territorio nacional. En consecuencia, la decisión de negar la afiliación solicitada por la actora con fundamento en una circunstancia expresamente prohibida por la norma, excede las presuntas facultades reglamentarias que pretende ejercitar el demandado con sustento en lo dispuesto por la Resolución nº 75-I/08, que regula el Régimen de Incorporación para Afiliaciones Individuales.

No debe perderse de vista que frente a la fuerza normativa de la Constitución, los derechos y garantías no son meras fórmulas teóricas sino que poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Su solo reconocimiento en el documento constitucional lo torna operativo resultando, de suyo, exigible su cumplimiento aún en ausencia de norma general infraconstitucional que desarrolle y concretice el contenido del derecho constitucional….A diferencia de los derechos civiles -que imponen un «no hacer», «no interferir»- los derechos sociales prestacionales exigen un dar o hacer. Tienen en mira propender hacia alguna forma de equilibrio o igualdad, procurando corregir las desigualdades de hecho a través de un régimen diferenciado (cfr.Sammartino, Patricio, «Principios Constitucionales del Amparo Administrativo», Lexis Nexis, 2003, pág. 128).

En efecto, el goce de la salud, entendido en sentido amplio, importa la defensa del derecho a la vida y a la preservación de aquélla, que dimana de normas de la más alta jerarquía normativa (cfr. Preámbulo y arts. 31, 33, 42, 43, 75 inc. 22 de la C.N.; 3º y 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 incs. 1º y 2º ap. d) del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4º inc. 1º, 5º inc. 1º y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

3º) Que respecto de las consecuencias presupuestarias invocadas por el demandado, cabe señalar que no basta con una simple afirmación, sino que es preciso fundar adecuada y convincentemente la carencia presupuestaria para que ésta pueda ser considerada un obstáculo insalvable a la procedencia de la acción.

Debe subrayarse, como lo ha hecho esta Corte en casos anteriores, que lo expuesto no implica desconocer la existencia de eventuales conflictos de valores y de derechos -distribución de los recursos económicos destinados al área de salud y la protección integral de la salud en relación a los individuos-, pero resulta inevitable jerarquizar aquellos principios que priorizan la salud del ciudadano por sobre consideraciones de mercado (cfr. Tomo 111:31; 164:969) máxime cuando -como en el caso- no se ofrecieron argumentos relevantes para desvirtuar este criterio.

Este Tribunal ha expresado que la tensión entre la obligación constitucional del Estado de proveer servicios médicos adecuados y la necesidad de contar con recursos económicos para prestarlos, debe resolverse a favor de la primera. Es decir que el Estado no puede eludir ligeramente sus obligaciones constitucionales alegando limitaciones financieras. Por lo demás, no basta con una simple afirmación, sino que es preciso fundar adecuada y convincentemente la carencia presupuestaria para que ésta pueda ser considerada un obstáculo insalvable a la procedencia de la acción (cfr.Caputi, María Claudia, «La tutela judicial de la salud y su reivindicación contra los entes estatales», LL, Suplemento de Derecho Administrativo, 19 de abril de 2005, pág. 21; Tomo 99:185, entre otros).

4º) Que en definitiva, el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos, entre ellos el de la preservación de la salud, no necesita justificación alguna sino, por el contrario, es la restricción que de ellos se haga la que debe ser justificada, lo que no se verifica en estos autos (Tomo 91:603), ya que la situación descripta evidencia la ilegitimidad de la decisión de la demandada.

5º) Que en consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia impugnada. Con costas al vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C.C.).

Por ello,

LA CORTE DE JUSTICIA,

RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de apelación de fs. 67 y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 63/66. Con costas.

II. MANDAR que se registre y notifique.

Guillermo A. Posadas – Presidente-

Guillermo A. Catalano- Jueces de Corte-

Abel Cornejo-Jueces de Corte-

Gustavo A. Ferraris- Jueces de Corte-

Susana Graciela Kauffman de Martinelli – Jueces de Corte-

Sergio Fabián Vittar – Jueces de Corte-

Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso – Secretaria de Corte de Actuación-)

 

 

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