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Para que proceda el despido con causa por agresión verbal a un superior, no es necesario valorar el tono de la agresión

AcusadoraPartes: Coronel Adelaida Del Rosario c/ Dodda Miriam Edith s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 8-jul-2013

Cita: MJ-JU-M-81067-AR | MJJ81067 | MJJ81067

Se juzga legítimo el despido con causa de una trabajadora que agredió verbalmente a su superior jerárquico, no resultando un aspecto de peso el tono en que se produjo dicha agresión.

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho el despido directo de la trabajadora dispuesto por la empleadora demandada, pues resultó acreditado que aquélla agredió verbalmente a la encargada del establecimiento, y la mera circunstancia de que haya -o no- gritado no resulta un aspecto de peso que pueda modificar la gravedad del episodio, pues lo determinante reside en la existencia de una agresión verbal por parte de la demandante a su superior jerárquico, siendo además que el hecho de que no se haya reproducido el insulto proferido por la actora no constituye en el caso un incumplimiento a la obligación impuesta por el art. 243 LCT de expresar de manera suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato , pues la demandada precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo lugar el hecho, por lo que la parte actora no podía desconocer de qué se trataba la imputación que le era efectuada y -por ende- ello tampoco implicó un obstáculo para el ejercicio de su derecho de defensa.

2.-Es inadmisible la crítica ensayada por la reclamante en cuanto al quebrantamiento del principio non bis in idem, por haber sido aplicada una sanción disciplinaria con anterioridad por la misma falta, toda vez que el referido incumplimiento fue invocado como antecedente disciplinario de la actora a fin de evaluar la gravedad del incumplimiento invocado como desencadenante desde una óptica cuantitativa, es decir, atendiendo a que la sanción disciplinaria impuesta con anterioridad respecto de una falta de similares características no resultó eficaz a fin de que la trabajadora no incurra nuevamente en ese tipo de incumplimientos.

3.-Corresponde indemnizar a la trabajadora conforme el art. 80 LCT puesto que son viables los agravios por el rechazo de las pretensiones fundadas en dicho artículo, ello así por cuanto, le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la certificación de servicios y remuneraciones acompañada por la accionada no se encontraba debidamente confeccionada en la fecha en que esta puso a disposición tales instrumentos.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 8 días del mes de julio de 2013 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I) Contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fs. 327/9 que rechazó la demanda en todas sus pretensiones, se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 332/6, que fue replicado por la accionada según presentación de fs. 341/9. Asimismo, la parte demandada, su letrado y la perito contadora, cuestionan los honorarios regulados (fs. 330 y 331).

II) La parte actora se queja esencialmente por cuanto en la sentencia apelada se consideró justificado el despido resuelto por la demandada. Sostiene la recurrente que no se han demostrado en el sub lite las causas invocadas en la comunica-ción resolutoria, cuestionando en primer lugar que haya existido una agresión verbal por parte de la actora a la encargada del establecimiento geriátrico, Sra. Diana Beatriz Miranda, hecho que -según la ex empleadora- habría sucedido el día 29 de agosto de 2009. A tal efecto, puntualiza que «…la Sra. Miranda no mencionó en su declaración que la actora haya `agredido a los gritos´ como lo afirmó la demandada en su comunica-ción denunciando el vínculo…» y que «Por otra parte el insulto que menciona la testigo no fue explicitado ni mencionado por la accionada en su comunicación de despido, y tampoco en el escrito de responde, lo cual violenta lo normado por el art. 243 LCT y pone en indefensión a la actora…» (ver fs. 332 vta.).

Al respecto, liminarmente he de puntualizar que en la comunicación resolutoria se imputó a la actora haber «…agredido e insultado verbalmente a los gritos, a la encargada del establecimiento geriátrico, Sra. DIANA BEATRIZ MIRANDA, hecho acontecido … el día … 20 de agosto de 2009 a las 17.15 hs.en el pasillo que comunica la cocina con las habitaciones del instituto geriátrico Santa María Carmir … en presencia de otros empleados y de familiares de internados…» (ver carta documento a fs. 35). Sobre dicha base, considero que la mera circunstancia de que la actora haya -o no- gritado no resulta un aspecto de peso que pueda modificar la gravedad del episodio, pues lo determinante reside en la existencia de una agresión verbal por parte de la demandante a su superior jerárquico. Cabe agregar que el hecho de que la Sra. Miranda haya expresado en su declaración testimonial que «…le pidió por favor a la demandada primero y después habló con el abogado porque esa situación no podía seguir así … que le dijo a la demandada que se iba la actora o se iba ella…» no constituye un elemento que quite eficacia convictiva a su declaración, como sostiene la recurrente, sino que, por el contrario, revela la gravedad del incumplimiento en cuestión, máxime si se considera que la aflicción evidenciada por parte de la Sra. Miranda era producto de la agresión sufrida por parte de la actora, y no por motivos ajenos o distintos de las faltas cometidas por la Sra. Coronel y, en particular, por ese último episodio en el que la actora insultó a aquélla.

Por otro lado, el hecho de que no se haya reproducido el insulto proferido por la actora no constituye en el caso un incumplimiento a la obligación impuesta por el art. 243 de la L.C.T.de expresar de manera «suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato», a poco que se repare en que, tal como se advierte del segmento transcripto de la comunicación del despido, la demandada precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo lugar el hecho, por lo que la parte actora de ningún modo podía desconocer de qué se trataba la imputación que le era efectuada y -por ende- ello tampoco implicó un obstáculo para el ejercicio de su derecho de defensa. Nótese que, por el contrario, en el escrito de demanda nada se dijo con respecto al suceso en cuestión, como así tampoco se alegaron razones que modifiquen o quiten gravedad al hecho en cuestión.

Si bien considero que el hecho analizado constituyó por sí solo una injuria que, por su gravedad, imposibilitó la prosecución del vínculo laboral (art. 242 L.C.T.), a mi modo de ver tampoco asiste razón a la recurrente en cuanto a los cuestio-namientos que formula contra el hecho invocado por la demandada como antecedente al momento de despedir. Así observo que en la comunicación del despido se expresó: «…sumado a su grave injuria laboral producida en fecha 31 de julio de 2009 a las 19.15 hs. (el haber insultado a una compañera de trabajo, Sra. ANGELA RIOS SALVADOR, (refiriéndose a la misma como: `¡Sos una peruana de mierda volvete a tu país!´)…» (ver fs.35).

Al respecto, corresponde en primer lugar precisar que no es correcta la crítica ensayada por la recurrente en cuanto sostiene que se haya quebrantado el principio non bis in idem, por haber sido aplicada una sanción disciplinaria con anterioridad por la misma falta, toda vez que el referido incumplimiento fue invocado como antecedente disciplinario de la actora a fin de evaluar la gravedad del incumplimiento invocado como desencadenante (el analizado precedentemente) desde una óptica cuantitativa, es decir, atendiendo a que la sanción disciplinaria impuesta con anterioridad respecto de una falta de similares características, no resultó eficaz a fin de que la trabajadora no incurra nuevamente en ese tipo de incumplimientos.

Por lo demás y en lo que atañe a la argumentación que expone la recurrente en cuanto a que mientras en la comunicación del despido se le imputó haber insultado a la Sra. Ángela Ríos Salvador, en los términos que surgen de la transcripción precedentemente efectuada, al declarar la testigo Patricia Cruz Arellano Vázquez (fs. 226/7) ésta aseveró haber sido también agraviada por la Sra. Coronel con similares términos. Sin embargo, considero que esta última circunstancia no evidencia la falsedad de la imputación en cuestión, ya que la testigo Susana Luisa Mafud (fs. 157/9) corroboró el referido extremo fáctico respecto de la Sra. Ríos.

En suma de las consideraciones expuestas, voto por confirmar lo decidido en la sentencia apelada en cuanto determina que el despido decidido por la ex empleadora ha sido con justa causa (art. 242 antes cit.).

III) Seguidamente se queja la parte actora de la extensión de la jornada de trabajo que se tuvo por demostrada en la sentencia apelada. Al respecto, observo que mientras en la demanda se aseveró que ésta era «…de 9.30 a 20.30 … de lunes a lunes con un franco rotativo cada 4 días…» (ver fs. 4 últ. párr.y vta.), en el responde se sostuvo que la actora en un principio trabajó en media jornada y que a partir del mes de julio de 2005 «…cumplió con la carga horaria fijada de 9:30 a 13:30 hs. y de 16:30 a 20:30 hs., 24 días hábiles al mes…» (fs. 23, 1er. párr.). Como se advierte, la controversia entre las partes finca en la existencia -o no- de un receso de la jornada. Consecuente-mente, los agravios expresados por la quejosa en torno a los horarios de ingreso y egreso recaen sobre cuestiones ajenas a la controversia.

Desde esta perspectiva de análisis, observo que el único fundamento de la recurrente se limita al hecho de que según las planillas horarias adjuntas por la acciona-da, la actora el día 14 de enero de 2008 se hallaba trabajando a las 14.49 hs., mas considero que, teniendo a la vista las referidas planillas, se advierte el carácter excep-cional de la extensión de la jornada prestada en dicha fecha, ya que el horario que surge de aquéllas en su inmensa mayoría coincide con el sostenido por la parte demandada. Por otra parte, ese sólo hecho no hace mella a la solidez convictiva de los testimonios de Viviana Noemí Ledesma (fs. 153/4), Susana Luisa Mafud (fs. 157/9), y Diana Beatriz Miranda (fs. 218/20), quienes coincidieron en cuanto a la existencia del receso de la jornada en la franja horaria denunciada por la demandada (arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.).

IV) Se queja asimismo la parte actora por cuanto en la sentencia apelada se tuvo por demostrada la correcta inscripción de la fecha de inicio del contrato de trabajo del día 21 de febrero de 2005, a pesar de que de la prueba documental adjuntada por la propia demandada surge que ésta habría hecho entrega de la ropa de trabajo el 8 de febrero de 2004.Considero que asiste razón a la recurrente, pues observo que -en efecto- la constancia de entrega de ropa de trabajo acompañada por la demandada con la contestación de demanda data del 8 de diciembre de 2004 (no del mes de febrero como sostuvo la recurrente, ver sobre anexo nº 3474), lo que evidencia la falsedad de la fecha de ingreso registrada por la ex empleadora. En razón de lo expuesto, y teniendo en consideración que dicho acto (la entrega de ropa de trabajo) comúnmente ocurre al inicio de la relación laboral, como así también la ausencia de otros elementos de prueba que demuestren que el ingreso se haya producido con anterioridad; a cuyo efecto es preciso señalar que la declaración testimonial de Agustín Torales (aportado por la parte actora, fs. 160) no es convictiva sobre el punto, toda vez que este deponente admitió que era novio de la actora, sumado a que de acuerdo al testimonio de Miranda, la actividad del establecimiento habría principiado en el mes de agosto de 2004 (arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.), es que corresponde tener por probado que el inicio del contrato de trabajo aconteció el día 8 de diciembre de 2004.

No obstante, considero que no es procedente la indemnización peticiona-da con sustento en el art. 9º de la ley 24.013, toda vez que la actora no cumplimentó la carga exigida por el art. 11 de dicho cuerpo normativo durante la vigencia de la relación laboral (conf. art. 3º decr. 2725/91), pues tal como surge del informe suministrado por el Correo Argentino a fs. 97/111, la actora fue notificada del despido el día 21 de agosto de 2009, y la intimación requirie ndo el correcto registro del contrato de trabajo fue emitida en esa misma fecha y recibida al día siguiente.

V) Considero que son viables los agravios por el rechazo de las preten-siones fundadas en el art. 80 L.C.T.Ello así por cuanto, en primer término, asiste razón a la recurrente en cuanto a que la certificación de servicios y remuneraciones acompa-ñada por la accionada con el responde ha sido certificada el día 28 de octubre de 2009, con lo cual es evidente que este instrumento no se encontraba debidamente confeccio-nado el día 31 de agosto de 2009 en que la demandada puso a disposición tales instrumentos, de acuerdo al acta de constatación notarial que acompaña (ver anexo nº 2474). Por otra parte y no obstante lo anterior, lo determinante reside en que las certificaciones adjuntadas han sido incorrectamente confeccionadas, a poco que se considere que no se ha asentado la verdadera fecha de ingreso, de acuerdo al análisis precedentemente efectuado sobre el punto.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la actora intimó en procura de la entrega de las referidas certificaciones (ver telegrama de fecha 26/8/2009, fs. 98 y 110/11), es procedente la multa prevista por el art. 80 L.C.T., la cual, teniendo en cuenta

la remuneración informada en el peritaje contable de $1.971,22 (arts. 386 y 477 C.P.C.C.N.), corresponde fijar en la suma de $5.913,66. Este importe devengará intereses a partir del día 24 de septiembre de 2009 en venció el plazo para la entrega de esta obligación de hacer (conf. art. 80 L.C.T. y decr. 146/01) a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla que difunde la Prosecretaría Gral. de esta Cámara (art. 622 C. Civil y Acta C.N.A.T. nº 2357 del 7 de mayo de 2002 texto sustituido por Resolución de Cámara nº 8 del 30-5-2002).

VI) Asimismo y como lógica consecuencia de lo anterior, la demandada deberá entregar a la actora el certificado de trabajo y aportes previsto por el art.80 segundo párrafo de la L.C.T., la cual deberá efectivizarse dentro del plazo de veinte días de notificada la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, deberá imponer el Juez de Primera Instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (conf. arts. 37 CPCCN y 666 bis del Cód Civil).

VII) Como consecuencia de la modificación propugnada, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y regulaciones de honorarios, y adecuarlos al nuevo resultado del litigio (conf. art. 279 cód. procesal). De acuerdo a la solución propuesta, y ante la clara existencia de vencimientos mutuos, aunque sin perder de vista que la trabajadora resulta vencida en la cuestión sustancial de la contienda, y también teniendo presente que en este tema (costas) no es forzoso en todos los casos atenerse a un criterio exclusivamente aritmético, es que considero pertinente en el caso concreto, acudir al dispositivo contemplado por el art. 71 del código procesal, dentro de un marco de razonabilidad e imponer las costas de la anterior instancia en un 70% a cargo de la parte actora y el restante 30 % a cargo de la demandada. En lo atinente a los honorarios correspondientes a la anterior instancia conforme resultado del pleito en relación con cada parte, etapas cumplidas y mérito e importancia de las labores y efectuando una prudencial valoración del monto del litigio verosímilmente involucrado en la acción que se rechaza sustancialmente (ver en este sentido CSJN, 31-10-2006 «Romero S.A.s/ Quiebra» R.528.XXXVII); todo ello sin perjuicio de recordar que la ley de aranceles exige considerar no sólo parámetros numéricos (como un porcentual y el valor del litigio) sino, además, la valoración del mérito y extensión de la labor desarro-llada en pos del resultado del litigio finalmente obtenido por la parte representada, propongo regular los emolumentos de las partes actora y demandada y de la perito contadora, en las sumas actuales de $6.500, $7.500 y $4.000, respectivamente (cfr. arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39 y cctes. ley 21.839; 3 y 12 del RAPCE y 38 L.O. y decr. 16.638/57).

VIII) En atención a la suerte que he propiciado al recurso interpuesto, las costas de alzada también deberían imponerse del mismo modo que las correspondientes a la instancia anterior (conf. arts. 68 y 71 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 27% y 25% de lo que respectivamente a cada una de ellas le corresponda por su actuación en la instancia anterior (conf. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT manifestó:

He de prestar mi adhesión por razones de economía procesal, al voto de mi distinguido colega Dr. Oscar Zas, incluso en lo atinente a la indemnización prevista por el art. 80 LCT, toda vez que de conformidad con los votos de los Dres. Zas y Raffaghelli se conformó mayoría sobre este tópico in re «Morinigo, Cristino c/ Fundación Madres Plaza de Mayo s/ despido», SD nº 74904 del 14/03/2013, por lo que dejando a salvo mi opinión sobre este punto, que sucintamente memoro en cuanto a que «…la norma del art. 80 RCT requiere la contumacia del empleador para la aplicación de la multa, y que mal puede haber contumacia si el plazo de entrega no está vencido.La obligación de entrega de certificados era, hasta las normas de la ley 24.013, una obligación sin plazo que debía, por tanto constituirse por una intimación que constituya en mora al obligado (art. 509 del Código Civil). Luego de la sanción de la ley 24.013, que establece un plazo para dar cumplimiento a la obligación de regularizar sin consecuencias punitivas de treinta días, el legislador ha establecido un plazo mediante el cual considera razonable el cumplimiento de la obligación de hacer. Norma que debe ser aplicada por analogía. En consecuencia, el decreto lo único que hace es poner certeza en una situación que ya viene determinada por el plexo normativo. Es obvio que no se puede punir (la multa del art. 80 LCT tienen función punitiva y no resarcitoria porque no reemplaza la obligación originaria) por la falta de cumplimiento de una obligación no vencida….No puede olvidarse que no hay contumacia (presupuesto de la aplicación de las multas) sin que previamente exista inejecución. Esto es, sin que el plazo de la obligación esté vencido, es que – reitero – presto mi adhesión a la solución propiciada.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, y hacer lugar parcialmente a la demanda en lo que respecta a la multa prevista por el art. 80 de la L.C.T. y, consecuen-temente, condenar a MIRIAM EDITH DODDA a pagar a ADELAIDA DEL ROSARIO CORONEL, dentro del plazo de cinco días, la suma total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($5.913,66) con más los intereses determinados en el párrafo respectivo del primer voto de este acuerdo. 2º) Condenar a asimismo a la demandada a entregar a la actora el certificado de trabajo y aportes previsto por el art. 80 segundo párrafo de la L.C.T., la cual deberá efectivizarse dentro del plazo de veinte días de notificada la liquidación prevista en el art.132 de la L.O., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, deberá imponer la Jueza de Primera Instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento. 3º) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios en la sentencia apelada y fijarlas conforme a los términos que surgen del punto VII del primer voto. 4º) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios. 5º) Imponer las costas de alzada y regular los honorarios correspondientes de acuerdo al punto VIII del primer voto. 6º) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 y punto 4 de la Acordada C.S.J.N. 15/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109, R.J.N.).

Oscar Zas – Juez de Cámara

Enrique N. Arias Gibert – Juez de Cámara

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