fbpx

Previo a considerarse injuriado y despedido, el trabajador debe intimar formalmente al empleador para que cese en la actitud injuriante

Despido2Partes: Gonzalez Daniel Enrique en J° 45.020 Gonzalez Daniel Enrique c/ Bodega Cavas De Conde S.A. s/ despido s/inc.cas.

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: II

Fecha: 14-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-81305-AR | MJJ81305 | MJJ81305

Conforme al principio de buena fe y en pos de la continuidad de la relación, previo a hacer efectiva la facultad rescisoria ante la presunta negativa de tareas, corresponde al trabajador intimar formalmente al empleador a fin de que cese con dicha actitud y regularice la situación.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda en la parte atinente a la indemnización por despido, pues se tiene por probado que fue el propio actor quien generó confusión en su empleadora al solicitar inicialmente una licencia, para luego concurrir a trabajar; y aún cuando la demandada hubo aceptado que pese a la licencia concedida el actor continuó prestando servicios, dicha anómala situación debió ser esclarecida inicialmente por el actor ante la negativa de tareas de la demandada, dándole -conforme el deber de buena fe (arts. 62, 63 LCT)-a ésta la oportunidad de corregir su conducta pidiéndole aclarara sobre su situación laboral; y no considerarse inmediatamente despedido como ocurrió sobre la causa de negativa de tareas, máxime cuando el impedimento para ingresar al lugar habitual de trabajo, en modo alguno puede avalar la inmediata comunicación extintiva del actor, ya que esta última resulta intempestiva y contraria al principio de conservación del contrato de trabajo previsto por el art.10 de la LCT.

2.-Dentro del concepto de inconstitucionalidad de la sentencia pronunciada en violación del derecho de defensa, la interpretación debe quedar limitada a lo establecido por el art. 150 del CPC, siendo tales, las situaciones excepcionales de clara denegación del mentado derecho, o bien cuando cabe asimilar la omisión arbitraria del examen de prueba fundamental, a la denegación de ofrecer y producir en el proceso una prueba decisiva y procedente, o por último cuando la prueba es interpretada de tal modo que decide el contenido mismo de una disposición legal; entonces, no basta una enunciación genérica.

3.-Con relación al rechazo de la multa prevista por el art.8 de la LNE, el juzgador entendió que no debía prosperar porque no resultó acreditado que el actor diera aviso a la AFIP, de su emplazamiento en treinta días a regularizar la registración laboral, de la forma y dentro del plazo previsto por el inc. a) del art. 11 de la Ley 24.013, por lo que por su carácter de multa se impone su interpretación y aplicación restrictiva que deriva en su rechazo.

Fallo:

En Mendoza, a catorce días del mes de agosto del año dos mil trece, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 105.831, caratulada: «GONZALEZ, DANIEL ENRIQUE EN J° 45.020 «GONZALEZ, DANIEL ENRIQUE C/ BODEGA CAVAS DE CONDE S.A. P/DESPIDO» S/INC.CAS.».

De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N° 5845, quedó establecido el siguiente orden de votación de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero Dr. Mario D. ADARO, segundo Dr. Herman A. SALVINI y tercero Dr. Carlos BÖHM.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 23/39, el Señor Daniel Enrique Gonzalez, por medio de representante, interpone recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada a fs. 630/638vta., de los autos N° 45.020, caratulados: «Gonzalez, Daniel Enrique c/ Bodega Cavas de Conde S.A. p/Despido», originarios de la Excma. Cámara Segunda del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 46 se admiten formalmente los recursos interpuestos y se ordena correr traslado de los mismos a la contraria, quien contesta a fs. 50/60 y vta., solicitando su rechazo con costas.

A fs. 64/65vta., corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expone considera que el recurso de inconstitucionalidad debe ser rechazado.

A fs. 70 se llama al Acuerdo para sentencia y a fs. 71 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Son procedentes los recursos interpuestos?

S E G U N D A: En su caso, qué solución corresponde?

T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR.ADARO, dijo:

A fs. 23/39 vta., el Dr. Félix Mariano Viera, por el actor Sr. Daniel Enrique Gonzalez, interpone recursos de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada a fs. 630/638vta., por la Excma. Segunda Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 46 se admiten formalmente los recursos deducidos y se ordena correr traslado por el término de ley.

I- Los agravios del recurrente:

a) El recurso de inconstitucionalidad:

El quejoso encuadra su planteo en los inc. 3 y 4 del art. 150 del CPC por considerar que la misma es arbitraria al violar el derecho de defensa en juicio, fundada en afirmaciones dogmáticas carentes de respaldo probatorio y prescindir de elementos de prueba incorporados legítimamente al proceso.

Indica que la sentencia incurre en un vicio de arbitrariedad al considerar que el actor debió intimar previamente a su empleador para que le aclarara su situación laboral antes de considerarse despedido, arbitraria y parcial aplicación del principio de buena fe e inconstitucionalidad de tener que notificar a la AFIP para ser procedentes las indemnizaciones de la LNE.

Relata que esta conclusión arbitraria de la sentencia tiene importantes consecuencias prácticas ya que ha resultado decisivo para el rechazo de importantes rubros indemnizatorios reclamados en la demanda, y multa del art.8 de la L.N.E.

b) El recurso de casación:

El recurrente encuadra su planteo en los incs. 1 y 2 del art.159 del CPC, toda vez que se ha interpretado y aplicado erróneamente el art.10, 58, 68, 78, 164, 62, 63, 242 y 243 de la L.C.T., y art.11 inc.b) de la LNE.

Sostiene que resulta autocontradictorio que si el Tribunal desestimó la figura de director de la S.A., para admitir la relación de dependencia laboral, no puede asignarle a la figurativa licencia como director de la S.A., los alcances y consecuencias del instituto de las licencias ordinarias de la LCT., por lo que debió concluir que el actor no se encontraba gozando de ninguna licencia y en consecuencia no era necesario emplazar previamente a que aclarara su situación laboral.

Afirma, que en el caso no se han aplicado los principios protectorios a favor del trabajador, imponiéndole a éste más exigencias que las que dispone la ley.

Asimismo el Tribunal se ha desentendido de considerar la contumaz inconducta incumpliente del demandado.

II- Lo resuelto por la Cámara del Trabajo:

La sentencia en crisis, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconoció la relación laboral del actor para con la demandada haciendo lugar a rubros no retenibles reclamados, pero rechazó los rubros indemnizatorios por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido al considerar que el actor se anticipó al dar por extinguida la relación sin que previamente mediara intimación a su empleadora para que le aclarara la situación laboral ante la negativa de dejarlo ingresar a su lugar de trabajo.

Además, rechazó la multa prevista por el art.8 de la LNE, porque el actor no dio cumplimiento con lo requerido por el art.11 del mismo cuerpo legal que estipula que para que sean procedentes estas multas debe notificarse a la AFIP, no existiendo en autos ninguna prueba que lo acreditara.

III- El dictamen de procuración:

A fs. 64/65vta., obra el dictamen del Sr. Procurador General, aconsejando el rechazo de los recursos planteados por el actor, por las razones que expone.IV- Antecedentes:

Antes de entrar en el tratamiento de la queja interpuesta, haré un breve relato de la causa a mis colegas de Sala.

El Sr. Daniel Enrique Gonzalez promovió demanda contra su empleador Bodega Cavas de Conde S.A., por el cobro de $ 43.875,05 o lo que en más o menos resultara de la prueba a rendirse, con más sus intereses y costas.

Relató que trabajó en el establecimiento de la demandada, realizando tareas primero desde el 20-06-02 como «gerente de comercialización», luego a partir de junio de 2003 como «gerente general». Posteriormente fue designado por el dueño de la sociedad Claudio Parodi como «director suplente» desde el 01-10-02 hasta el 29-03-04. Refiere que después figuró en el cargo de «presidente del directorio» desde el 29-03-04 en el que se mantuvo hasta su despido indirecto el 09/09/05.

Refiere que no cumplió con las funciones de director suplente y de presidente del directorio, que las mismas eran aparentes, figurativas, que siempre se desempeñó como gerente, porque el único que tomaba las decisiones en la empresa era el Sr. Claudio Parodi que era el titular representante de los accionistas mayoritarios.

Manifiesta que ello se debió a la necesidad de no figurar los verdaderos propietarios, la familia Parodi, en los actos que se publicaban de la sociedad, ya que el padre de Claudio Parodi, el Sr. Pablo Parodi, terminó la gestión en forma muy cuestionada por sus pares, en la cooperativa TAC Ltda.

Indica que hizo denuncia del fraude laboral ante la situación en la que se encontraba para el supuesto de que la demandada quisiera prevalerse de esa simulación para ocultar y/o desconocer la real y efectiva relación laboral mantenida.

Relata que solicitó licencia a partir del día 01-09-05, pero que continuó concurriendo a su lugar de trabajo y el 09-09-05 se le impide el ingreso a la Bodega por disposición del dueño Claudio Parodi.Por esta situación ese mismo día remite TCL dándose por despedido invocando la negativa de ingreso a su lugar de trabajo.

El día 15-09-09 la demandada rechaza la misiva del actor y niega la relación laboral. El día 20-09-09 el actor intima a la demandada a fin de acreditar su inscripción laboral en el ANSES como «gerente general», denunciando su real fecha de ingreso, reclamando además el pago de rubros adeudados e indemnizatorios.

Practicó liquidación de su reclamo y ofreció pruebas.

V- MI OPINION:

Con el fin de lograr un orden en el tratamiento de los distintos aspectos que son objeto de agravio, abordaré en forma conjunta, el tratamiento de los agravios propuestos, lo que se encuentra justificado por la identidad y conexidad que guardan entre sí, y en atención a los principios de celeridad procesal y seguridad jurídica (LS 320- 217; 349-39; 347-193; 347-209; 345-154; 347-197 entre otros).

En este contexto, entiendo que las censuras interpuestas, dirigidas a objetar el análisis probatorio efectuado por el inferior, no pueden prosperar.

En primer lugar, es necesario recordar que, según se ha resuelto por este Cuerpo «Dentro del concepto de inconstitucionalidad de la sentencia pronunciada en violación del derecho de defensa, la interpretación debe quedar limitada a las situaciones excepcionales de clara denegación del mentado derecho, o bien, cuando cabe asimilar la omisión arbitraria del examen de prueba fundamental, a la denegación de ofrecer y producir en el proceso una prueba decisiva y procedente, o por último, cuando la prueba es interpretada de tal modo que decide el contenido mismo de una disposición legal» (LS 145-473, 146-231, 147-37, 152-175), ya que los otros supuestos de la llamada sentencia arbitraria tienen en el ordenamiento procesal otras vías para su corrección (LS 106A-18).

Por otra parte, «Para que sea acogible un recurso de inconstitucionalidad, fundado en la privación del derecho de defensa, es necesario que se trate de vicios de tal gravedad y consecuencia, que hagan imprescindible porrazones de orden público, su reparación por la vía de ese recurso» (LS 131-299, 157-24), de acuerdo con ello, no basta una enunciación genérica, sino que el motivo debe estar claramente explicitado y encuadrar en alguno de los tres supuestos de indefensión contenidos en la nota del art. 150 del C.P.C., vale decir, que el recurrente no ha sido oído, no se le ha dado oportunidad de ofrecer prueba -si ésta fuere pertinente-, o se le han denegado los recursos procedentes (LS 154-304, 219-154, 230-471, 239-1, 241-95, 262- 270, 270-36).

En efecto, el recurrente acusa la arbitrariedad del dictum impugnado, dirigiendo su embate, a la errónea valoración que efectuara la Cámara, de los medios probatorios que cita e n los libelos recursivos.

Sin embargo, de la lectura de las quejas surge que, en ningún momento el impugnante acredita la inobservancia, por parte del inferior, de alguno de los supuestos de indefensión consagrados en la ley de rito, evidenciando a la postre, un simple disenso con la solución a la que arribara el a quo.

Es criterio unánime y reiterado de esta Corte, que la tacha de arbitrariedad, requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivos o carencia absoluta de fundamentación. El sentido de tal exigencia deviene de la naturaleza excepcional de este remedio extraordinario, que delimita la competencia del tribunal, de modo que la vía que autoriza el art.150 del C.P.C., no constituya una segunda instancia de revisión contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente (LS 198-334).

La tacha de arbitraria, parcial y absurda valoración de las circunstancias de la causa y la imputación que el fallo encierra una contradicción, sólo denota un diferente criterio valorativo de los recurrentes y su disconformidad con el resultado del pleito.

En efecto, el quejoso ataca el razonamiento lógico efectuado por el a-quo para determinar el rechazo de la demanda en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, e integración del mes de despido, sustentado en las normas de orden público laboral. La incoherencia en el proceso lógico del juzgador implica la falta de correspondencia entre la conclusión y las premisas (LS 95-310, 124-95), pero de la lectura de la sentencia impugnada, que realiza un prolijo análisis de los hechos y de su cronología, no surge arbitrariedad alguna, ni carencia de fundamentación fáctica ni jurídica. Lo que sí se advierte es la discrepancia valorativa del quejoso y su desacuerdo con la conclusión a que arriba el sentenciante en el fallo.

Por otra parte, cabe destacar que el aspecto esencial del agravio vinculado a la razonabilidad del juicio valorativo y la oposición al criterio del tribunal de conocimiento, implica el ingreso en un ámbito de exclusiva facultad discrecional reservada a los pretorios de grado, esgrimiendo fundamentos que traslucen un simple disenso con el razona-miento judicial y sustentados en la apreciación personal del reprochante, lo que obsta a la procedibilidad de los remedios articulados.

De la lectura de la sentencia en crisis, y de los libelos recursivos, surge claramente que el recurrente se limita a denunciar en forma genérica que el inferior ha valorado erróneamente los elementos probatorios incorporados al proceso, pero no especifica, como es su deber, cuáles serían tales pruebas, ni cómo podrían llegar a alterar el resultado de la causa, de ser correctamente valoradas (arg. art.152 CPC).

En este aspecto, si bien el quejoso cuestiona el análisis efectuado por el a quo, de los medios probatorios que menciona en sus libelos recursivos, sus afirmaciones constituyen a la postre una mera apreciación personal carente de todo sustento argumental autosuficiente, que de ninguna manera resulta idóneo para conmover los fundamentos del inferior.

Además, el recurrente no ha acreditado en forma válida y convincente la decisividad de los agravios, o sea la vinculación del caso en examen con la Constitución, a efectos de que la ofensa constitucional tenga eficacia para modificar la decisión recurrida (incs. 3 y 4 del art. 152 del C.P.C.).

Tampoco las censuras resultan viables desde que el quejoso no ha procedido a rebatir debidamente los argumentos esenciales, decisivos y centrales del fallo puesto en crisis, siendo los mismos: «…Así el actor expresó el motivo de su despido indirecto imputado a la demandada, textualmente: «…atento a que en el día de la fecha se me prohibió el ingreso a la empresa para cumplir mis tareas laborales habituales considérome despedido por su exclusiva culpa…» Debo destacar como de manifiesta importancia que, según surge del acta de constatación notarial previa al despido, de fecha 09/09/2005 (fs.211/212), el actor, expresamente afirma que «desde el primero de septiembre hasta el diecisiete de octubre del corriente año, se encuentra de licencia en su cargo de presidente…2; circunstancia que se ve corroborada por acta de directorio que obra en copia a fs.137 (no desconocida por el actor) y constatada del Libro de Actas de Directorio, a fs.20; según informa el perito contador. De acuerdo con lo expuesto, el actor, al momento de presentarse a prestar servicios (09/09/2005), se encontraba en uso de licencia, según el mismo había solicitado (ver fs.137); y suspendidos los efectos del contrato de trabajo como consecuencia de la misma; con lo cual la negativa de la empresa a permitirle el acceso a su puesto de trabajo si bien no resultó plenamente justificada, si puede interpretarse como resultado de una conducta del actor que generó una situación confusa, por lo que considero que el deber de buena fe (art. 62, 63 LCT) le imponía a éste último la obligación de intimar a su empleadora a corregir su negativa, de manera de permitirle corregir su conducta antes de quedar eximido del principio y deber de continuidad que exige el art. 10 de la L.C.T., y poder extinguir el contrato de trabajo por responsabilidad de la demandada….»

Además ha fundado su decisión citando jurisprudencia al respecto y que se adecua a la situación fáctica de autos, así sostuvo que: «…La jurisprudencia ha dispuesto que previo al ejercicio de la facultad rescisoria del trabajador ante la presunta negativa de tareas, le corresponde intimar formalmente al empleador a que cese con dicha actitud y proceda a regularizar la situación denunciada (CNTRAB., sala 5°, 30/03/2000, «Albertoni, Carlos W. v. La Prensa S.A.», TySS, 2000-800), según Julio A. Grisolía, en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ed. Lexis Nexis, T. II, pag. 1009.

Y para llegar a esa conclusión el a quo, remarcó que: «…Pero, también de forma válida y aplicable al caso de autos; referido al deber de buena fe que pesa sobre las partes del contrato de trabajo; Juan Carlos Fernández Madrid, en Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Ed. La Ley; T. II, pag. 1048 y ss; afirma que son directivas generales para las partes, propias del deber en cuestión: «…a) deben evitar todo abuso de derecho y cuidar de no frustrar valores protegidos legalmente, manteniendo recíproca lealtad… b) deben actuar con claridad, teniendo en mira la subsistencia del vínculo no su disolución porque en caso de duda las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad del contrato de trabajo (art.10 LCT)… d) siempre debe acordarse a la otra parte la posibilidad de que se enmiende el error en que pueda haberse incurrido, si éste es notorio, o se remedie el daño causado involuntariamente…Así de los hechos comprobados de la causa, surge que fue el propio actor quien generó confusión en su empleadora, al solicitar inicialmente una licencia, para luego concurrir a trabajar; y aún cuando la demandada aceptó que pese a la licencia concedida el actor continuó prestando servicios, dicha anómala situación, debió ser esclarecida inicialmente por el actor ante la negativa de tareas de la demandada, dándole a ésta la oportunidad de corregir su conducta pidiéndole aclarara sobre su situación laboral; y no considerarse inmediatamente despedido como ocurrió sobre la causa de negativa de tareas; lo que a criterio de quien suscribe lució apresurado, intempestivo y contrario al deber de continuidad del contrato de trabajo y al deber de buena fe (arts. 10, 62, 63 LCT), y por tanto resultó injustificada la causal del despido e ilegítima la medida para dar por extinguido el contrato de trabajo. II.- a) como consecuencia de la conclusión precedentemente arribada, corresponde el rechazo de los rubros indemnizatorios referidos a indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido…» (ver fs. 636vta./637 de los fundamentos).

Yerra el recurrente en su crítica al fallo, esto precisamente porque el a quo entendió que entre las partes medió una relación laboral y no una relación ajena al derecho del trabajo, y es por eso mismo que el actor se encontraba en uso de licencia de conformidad con la normativa de la LCT y es en función de ello que efectuó el análisis de los hechos interpretando y aplicando la normativa correspondiente antes señalada.Es justamente lo que el impugnante no explica, por qué si se encontraba en uso de licencia desde el 01-09-05, debiéndose inferir que la misma no lo era por cuestiones de enfermedad, pues siguió concurriendo a su lugar de trabajo, lo que por demás surge de la factura de exportación N°666-00000336 de fecha 05-09-05 y que fue firmada y reconocida por él mismo, hasta el día 09-09-05 que en forma intempestiva se le impide el ingreso al establecimiento, no pidió explicaciones de tal actitud, si se encontraba trabajando normalmente.

Muy por el contrario, de acuerdo con lo anteriormente expresado, sus argumentos resultan insuficientes para conmover los fundamentos del inferior en tal aspecto.

Por lo demás, el impedimento para ingresar a su lugar habitual de trabajo, en modo alguno puede avalar la inmediata comunicación extintiva del actor, ya que esta última resulta intempestiva y contraria al principio de conservación del contrato de trabajo previsto por el art.10 de la LCT. La accionada, de manera abrupta, impidió su acceso a la bodega, actitud que claramente le posibilitaba al accionante requerir una explicación al respecto, cuando concurría habitualmente todos los días, sin necesidad de extinguir la relación laboral, tal como lo hizo. (ver CD fs.2 de los principales).

Con relación al rechazo de la multa prevista por el art.8 de la LNE, el juzgador entendió que: «…En tanto el art. 8 de la Ley 24.013, no prospera, porque no ha resultado acreditado que el actor di era aviso a la AFIP, de su emplazamiento en treinta días a regularizar la registración laboral, de la forma y dentro del plazo previsto por el inc. a) del art. 11 de la Ley 24.013, por lo que por su carácter de multa se impone su interpretación y aplicación restrictiva que deriva en su rechazo….» (ver fs.636vta./637 de los fundamentos).

Pero además, existe otro argumento en cuya virtud tampoco correspondería su pago y es que la legislación prevé para que la misma resulte procedente necesariamente la relación laboral debe encontrarse vigente al momento del emplazamiento, siendo que este TCL se remite con fecha 20-09-05 (ver fs.4 de autos) y el despido indirecto provocado por el actor ocurrió el 09-09-05, o sea, con anterioridad.

Ya esta Corte ha tenido oportunidad de expedirse en el sentido de que el escrito recursivo debe contener una crítica seria, razonada y prolija de la sentencia impugnada (LA 109-7, 82-1, 90-472, 85-433, 97-372). Ello es así toda vez que el escrito de interposición del recurso extraordinario, tiene análogas exigencias que las requeridas para la expresión de agravios en la segunda instancia, particularmente acentuadas incluso, en razón de la naturaleza excepcional de la vía. Consecuentemente, debe contener una crítica razonada de la sentencia, con desarrollo expreso de los motivos de impugnación contra la totalidad de los elementos de igual rango que sustentan el decisorio recurrido. Por lo mismo, la ausencia de impugnación de las conclusiones principales del acto sentencial o de sus fundamentos autónomos con eficacia decisoria, obsta a la procedencia de la vía excepcional (arts.145, 152 y nota, 161, Código Procesal Civil) (LA 85-433, 90-374, 97-372, 109-7, 151-471, 169-85 170-204, 172-163).

Aplicando estos principios al sub lite, se observa que los remedios extraordinarios intentados, adolecen de falta de autoabastecimiento argumental suficiente y sustentable, que obsta su abordaje por este Cuerpo, atento la excepcionalidad de la vía intenta-da.

Teniendo en cuenta que no constituye labor del ad quem, suplir errores u omisiones, ni mejorar los recursos presentados en forma deficiente, debido a la naturaleza excepcional y restrictiva de esta instancia extraordinaria (LA 193-8), siendo los presupuestos formales verdaderos recaudos infranqueables de procedibilidad, y si mi opinión es compartida por mis distinguidos colegas de Sala, se impone el rechazo de los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. ADARO, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. ADARO, dijo:

Atento el resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas al recurrente vencido (arts. 148 y 36 inc. I del CPC).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. SALVINI y BÖHM adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 14 de agosto de 2013.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

I) Rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación planteados a fs. 23/39, por Daniel Enrique Gonzalez.

II) Imponer las costas al recurrente vencido (arts. 148 y 36 inc. I del CPC).

III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

NOTIFÍQUESE. OFÍCIESE.

Herman Amilton Salvini

Carlos Böhm

Mario Daniel Adaro

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: