La discriminación del matrimonio entre personas del mismo sexo puede ser declarada como una prueba indiciaria ante un despido

HomosexualidadPartes: S.M.D. y otros c/ Ministerio de Salud de la Nación y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 29-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79327-AR | MJJ79327 | MJJ79327

La existencia de discriminación en casos de matrimonio entre personas del mismo sexo puede ser declarada como una prueba indiciaria toda vez que si bien el matrimonio igualitario está regulado legalmente, aún no cuenta con la aceptación unánime de la sociedad, y su resistencia puede generar discriminación y hostigamiento.

Sumario:

1.-Corresponde, a los fines de decidir sobre la existencia de discriminación de los actores, -quienes formaban una pareja habiendo contraído matrimonio y denunciaron una situación de hostigamiento y de discriminación ante el INADI-, resaltar el estado en que se encuentran los dos ámbitos del derecho constitucional de los derechos humanos que confluyen en su examen y solución; esto es, por un lado, el principio de igualdad y prohibición de discriminación, y su fundamento, la dignidad de la persona humana y; por el otro, la proyección de esos contenidos tanto sobre la ley 23592 cuanto sobre el terreno de la relación laboral y el derecho a trabajar, mayormente cuando en todos estos ámbitos jurídicos se ha producido una marcada evolución legislativa y jurisprudencial.

2.-El principio de igualdad y prohibición de toda discriminación, presente en la Constitución Nacional desde sus orígenes (art. 16 CN.), no ha hecho más que verse reafirmado y profundizado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los instrumentos de éste que, desde 1994 tienen jerarquía constitucional, y la flexibilidad y amplitud que brinda a los Estados el hecho de que la efectividad de los derechos deba ser realizada por todos los medios apropiados, coexiste con la obligación de aquellos de utilizar todos los medios de que dispongan, entre los cuales se inscriben, desde luego, las sentencias judiciales.

3.-A los fines de probar la existencia del motivo discriminatorio resultante del matrimonio entre dos personas del mismo sexo en el ámbito laboral, corresponde tomar en consideración el corpus iuris elaborado por los comités de derechos humanos que actúan en las condiciones de vigencia de los tratados internacionales, —art. 75.22, segundo párr. , de la CN.— y, por ende, resultan intérpretes autorizados de dichos instrumentos en el plano internacional, corpus este que, además de exhibir un particular concierto, se proyecta decididamente sobre la ley 23592 en cuanto a su régimen probatorio en situaciones en las que se controvierte el motivo real de un acto particular tildado de discriminatorio.

4.-Sin perjuicio de que el matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a estar regulado legalmente, todavía no cuenta con la aceptación unánime de la sociedad, la resistencia que se advierte en algunos sectores puede ser causa de discriminación y hostigamiento, por lo cual basta una prueba indiciaria de la existencia de la discriminación para así declararla.

5.-Toda vez que la peritación psiquiátrica da cuenta de que ambos actores presentan problemas psicológicos, sintomatologías que obedecen a los sucesos vividos en el ámbito laboral, y los elementos crean indicios suficientes como para entender que los actores fueron hostigados en razón de su orientación sexual, en virtud de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 23592 los actores tienen derecho a un resarcimiento por daño moral.

6.-Corresponde remitir copia de la sentencia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo incluyan en su próximo informe al Consejo Económico Social de Naciones Unidas toda vez que los Jueces a todo nivel aplican las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de consumo con la doctrina vigente de la Corte Federal (del voto del Dr. Luis A. Raffaguelli por sus fundamentos – mayoría).

Fallo:

Buenos Aires, 29 de abril de 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

La sentencia de primera instancia ha sido apelada por ambas partes y por la perito médica.

El recurso de la demandada (fs. 494/495) en términos que no constituyen una expresión de agravios ya que no analizan la prueba rendida con concreta relación a los hechos de la causa (art. 116 LO).

En cuanto a la apelación de la parte actora que está referida al daño moral se apoya en la declaración de Alvarez y en el dictamen del perito psicólogo.

En primer lugar, señalo que, como surge del informe del INADI (fs. 238/248), los actores formaban una pareja habiendo contraído matrimonio el 14 de Marzo de 2008, denunciando una situación de hostigamiento y de discriminación ante el INADI, habiéndose inventado faltas y días de inasistencias a placer de su voluntad y se les negó licencia por matrimonio. En Julio de 2008 se les notificó la finalización de su contrato, notificándoseles el 31 de Mayo de 2009 que los mismos no serían prorrogados.

Para decidir sobre la existencia de discriminación en esta causa considero necesario traer a colación los argumentos en virtud de los cuales la Corte Suprema de la Justicia de la Nación resolvió el caso de “Alvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud s/ Acción de Amparo” en que se precisó el estado en que se encuentran los dos ámbitos del derecho constitucional de los derechos humanos que confluyen en su examen y solución:”por un lado, el principio de igualdad y prohibición de discriminación, y el fundamento de éste, la dignidad de la persona humana y, por el otro, la proyección de esos contenidos tanto sobre la ley 23.592 cuanto sobre el terreno de la relación laboral y el derecho a trabajar, mayormente cuando en todos estos ámbitos jurídicos se ha producido una marcada evolución legislativa y jurisprudencial.

En tal sentido, el principio de igualdad y prohibición de toda discriminación, presente en la Constitución Nacional desde sus orígenes (art. 16 ), no ha hecho más que verse reafirmado y profundizado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los instrumentos de éste que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75.22, segundo párrafo ): Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. II); Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 2° y 7°); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.1 y 26 ); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, arts. 2° y 3°), y Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1.1 y 24 ), además de los destinados a la materia en campos específicos: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (esp. arts. 2°, 3° y 5° a 16) y Convención sobre los Derechos del Niño (art. 2° ). Se añaden a este listado, en el plano supralegal (art. 75.22 cit., primer párrafo), vgr., la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO, 1960), el Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador, art.3°); la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, art. 6°.a) y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Todo ello, por cierto, como corolario de que igual principio se encuentra sustentado por las organizaciones internacionales en el marco de las cuales fueron elaborados los instrumentos: Carta de la Organización de los Estados Americanos (art. 3.l) y Carta de las Naciones Unidas (art. 1.3 y concs.): “el hecho de establecer e imponer distinciones, exclusiones, restricciones y limitaciones fundadas únicamente sobre la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico y que constituyen una denegación de los derechos fundamentales de la persona humana es una violación flagrante de los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (Corte Internacional de Justicia, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, opinión consultiva del 21 de junio de 1971, Recueil 1971, párr. 131). Para la Carta Democrática Interamericana, “la eliminación de toda forma de discriminación” contribuye “al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana” (art. 9°).

Cabe sumar a lo indicado, atento el contenido material del caso, lo proveniente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como lo es el Convenio N° 111 sobre Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (1958, ratificado en 1968), de jerarquía supralegal dada su naturaleza (Milone, Fallos:327:4607 , 4616), por el cual el Estado se obligó a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto (art. 2°). El Convenio N° 111, asimismo, se inscribe en el cuadro de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998), la cual expresó que todos los Miembros de la OIT, aun cuando no hubiesen ratificado los convenios respectivos, `tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir: […] d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación´”.

También creo necesario exponer los argumentos del fallo “Pellicori Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo” (de la CSJN). Allí, la sentencia refiere que “la cuestión de los medios procesales destinados a la protección y, en su caso, reparación de los derechos y libertades humanos, se erigió como uno de los capítulos fundamentales del mencionado Derecho Internacional, impulsada por dos comprobaciones elementales: por un lado, que la existencia de estas garantías constituye uno de los `pilares básicos´ del Estado de Derecho en una sociedad democrática, pero que, por el otro, “no basta con que los recursos existan formalmente, sino es preciso que sean efectivos, es decir, se debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer un recurso […] que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 24 de junio de 2005, Serie C Nº 129, párr. 93 y sus citas; v. asimismo, entre los antecedentes históricos: Velásquez Rodríguez vs.Honduras, fondo, sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, párrs. 63, 66 y 81). Dicha efectividad del recurso, naturalmente, “debe ser medida” de acuerdo a la posibilidad de “cumplir con su objeto”, de “obtener el resultado para el que fue concebido” (ídem; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe nº 49/99, caso 11.610, Loren Laroye Riebe Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz – México, 13 de abril de 1999, párr. 81, y “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/II.129. Doc. 4, 7 de septiembre de 2007, párrs. 248, 251 y 259). En otras palabras, la aludida calidad sólo puede ser evaluada en los casos concretos, tomando en cuenta todas las circunstancias relevantes, el régimen nacional aplicable y los caracteres especiales del derecho subjetivo interesado (Nowak, Manfred, U.N. Covenant on Civil and political Rights. CCPR Commentary, Kehl/Estrasburgo/Arlington, N.P. Engel, 1993, p. 60, a propósito del ya citado art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La flexibilidad y amplitud que brinda a los Estados el hecho de que la efectividad de los derechos deba ser realizada “por todos los medios apropiados” (v.gr. PIDESC, art. 2.1), “coexiste” con la “obligación” de aquellos de “utilizar todos los medios de que dispongan” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 9. La aplicación interna del Pacto, 1998, párrs. 1/2), entre los cuales se inscriben, desde luego, las sentencias judiciales (García Méndez y otra, Fallos:331:2691, 2702 – 2008).

Que se sigue de las anteriores consideraciones relativas al bloque de constitucionalidad, que el diseño y las modalidades con que han de ser reguladas las garantías y, ciertamente, su interpretación y aplicación, deben atender, y adecuarse, a las exigencias de protección efectiva que específicamente formule cada uno de los derechos humanos, derivadas de los caracteres y naturaleza de estos y de la concreta realidad que los rodea, siempre, por cierto, dentro del respeto de los postulados del debido proceso. Incluso el inciso 2.b del ya mencionado art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (“Los Estados se comprometen […] b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial”), bien puede ser entendido como un reforzador del antedicho compromiso en pun to a la calidad de los recursos toda vez que, después de todo, la obligación de establecerlos ya está enunciada en el inciso 1 de dicho artículo.

En este contexto, corresponde tomar en consideración el corpus iuris elaborado por los comités de derechos humanos que actúan, bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia de los tratados citados —por recordar los términos del art. 75.22, segundo párrafo, de la Constitución Nacional— y, por ende, resultan intérpretes autorizados de dichos instrumentos en el plano internacional (Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Ministerio de Trabajo, Fallos: 332:170 -2009-, y otros). Corpus este que, además de exhibir un particular concierto, tal como se verá enseguida, se proyecta decididamente sobre la ley 23.592 en cuanto a su régimen probatorio en situaciones en las que se controvierte el motivo real de un acto particular tildado de discriminatorio. Primeramente, al reducir el grado de convicción que, respecto de la existencia del motivo discriminatorio, debe generar la prueba que recae sobre quien invoca ser víctima de dicho acto. Y, en segundo lugar, al modular, a partir de lo anterior, la distribución de la carga de la prueba y la medida en que ésta pesa sobre el demandado al que se imputa la responsabilidad por el mencionado acto.En tales condiciones, cuadra subrayar que el Comité contra la Discriminación Racial, después de advertir el dato realista indicado en el considerando precedente, ha llamado a los Estados a atenderlo “cabalmente”. Para ello, señaló que, en los reclamos o demandas civiles por discriminación, las normas procesales han de regular la carga de la prueba en términos tales que, una vez que el reclamante hubiese acreditado “prima facie” que ha sido víctima de una discriminación, deberá ser el demandado la parte que produzca la prueba que justifique, de manera objetiva y razonable, el trato diferente (Concluding observations: Zambia, 2005, CERD/C/ZMB/CO/16, párr. 18: “[t]he Committee […] encourages the State party to envisage regulating the burden of proof in civil proceedings involving racial discrimination so that once a person has established a prima facie case that he or she has been a victim of such discrimination, it shall be for the respondent to provide evidence of an objective and reasonable justification for the-8- differential treatment”). En igual sentido se ha pronunciado en otras y numerosas oportunidades (v.gr.: Concluding observations: Australia, 2005, CERD/C/AUS/CO/14, párr. 15; Concluding observations: Iceland, 2005, CERD/C/ISL/CO/18, párr. 14; Concluding observations: Republic of Moldova, 2008, CERD/C/MDA/CO/7, párr. 10; Concluding observations: United States of America, 2008, CERD/C/USA/CO/6, párr. 35, entre muchas otras).

Todo ello, por lo pronto, en correspondencia con lo expresado por el citado Comité en su Recomendación general XXX, de 2004 (párr. 24).

En tal sentido, advirtió la OIT que “uno de los problemas de procedimiento más importantes que se plantean cuando una persona alega una discriminación en el empleo o la ocupación se refiere a que con frecuencia le corresponde la carga de la prueba del motivo discriminatorio subyacente al acto incriminado, lo que puede constituir un obstáculo insuperable a la reparación del perjuicio sufrido” (párr.224). Lo más frecuente, acotó, “es que la discriminación sea una acción o una actividad más presunta que patente, y difícil de demostrar […] tanto más cuanto que la información y los archivos que podrían servir de elemento de prueba están la mayor parte de las veces en manos de la persona a la que se dirige el reproche de discriminación” (ídem). Por consiguiente, continuó, “en algunos países la legislación o la jurisprudencia invierten a veces la carga de la prueba o, por lo menos, dan una cierta flexibilidad a la parte de la carga de la prueba que corresponde al demandante. El Gobierno de Canadá ha señalado que los tribunales y otras autoridades competentes deben dar muestras de flexibilidad en lo que respecta a la admisión de pruebas. Ha indicado que, en materia de derechos humanos, cuando los indicios sean más bien favorables al demandante, es decir si el defensor no es capaz de oponer una respuesta satisfactoria a una demanda, se podrá deducir razonablemente que ha habido discriminación” (ídem). En diversos Estados, agregó con cita de Estados Unidos de América, República Federal de Alemania, Francia, Jamaica, Finlandia y Suecia, “la persona que aduce una discriminación debe ante todo demostrar que una desigualdad de trato o de oportunidades coincide con una desigualdad de raza, sexo, religión, opinión política, actividad sindical, etc. Si tal cosa se demuestra, la carga de la prueba será de la incumbencia del empleador, que habrá de demostrar que había un motivo legítimo, no discriminatorio” (ídem). Cuando los trabajadores que hayan ejercido su derecho de reclamar la igualdad de trato sean despedidos o vean modificadas sus condiciones de trabajo, “la legislación de ciertos países prevé que el empleador ha de administrar la prueba de que la presentación de la reclamación no era el motivo único o principal del despido o de la modificación de las condiciones de empleo del asalariado.La exigencia de que sea el autor de la discriminación el que aporte la prueba de que el motivo de la medida adoptada no guarda relación con la demanda constituye una protección suplementaria para la persona discriminada, pudiendo al mismo tiempo tener un efecto isuasivo” (ídem, citas omitidas). Dicha Comisión, en suma, consideró que la cuestión de la carga de la prueba tiene una “importancia fundamental en toda discriminación alegada”, dado que, con frecuencia una persona discriminada dudará en llevar su caso a las instancias competentes […] porque la mayor parte de las veces no dispondrá del conjunto de elementos de prueba necesarios […]” (párr. 225), para concluir en que, de todo ello, `se desprende que existen circunstancias en las cuales la carga de la prueba del motivo discriminatorio no debe corresponder a la víctima que alega una discriminación […]´(ídem)”.

Estos lineamientos presidirán la solución del presente caso. Y, en primer lugar, observo que el matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a estar regulado legalmente, todavía no cuenta con la aceptación unánime de la sociedad y la resistencia que se advierte en algunos sectores puede ser causa de discriminación y hostigamiento, por lo cual basta una prueba indiciaria de la existencia de la discriminación para así declararla.

En tal sentido, la testimonial de María Fernanda Alvarez (fs. 271/274), quien se encuentra trabajando para la demandada desde el año 2004, refiere que a los actores los despidieron luego de hacerles la vida imposible y que a raíz del traslado al galpón en que desarrollaron sus actividades no funcionaba su computadora, después lo sacaron de la computadora sin avisarle y primero no tenía máquina y luego no tenía escritorio “hasta que finalmente queda en tareas permanentes con eso de embalar módulos y ordenarlos (…) Que al hacerles la vida imposible a los actores, dicha circunstancia fue terrible, porque los dos eran personas muy alegres y muy trabajadores los dos y los convirtieron en dos personas enfermas. A.comenzó con problemas de presión alta, comenzó un tratamiento psiquiátrico, ataques de pánico, comenzó a faltar, a los dos se los veía ojerosos. M. no dormía, tenía problemas para dormir permanentemente y eso lo dejaba en un estado excitado, todo el tiempo estaban ojerosos, a medida que esto pasaba los compañeros los iban aislando cada vez más y hablaban de ellos como `los locos´ porque así parecían. M. bajó mucho de peso fue notable el cambio. A. tartamudeaba y recuerdo siempre que A. entraba a trabajar con anteojos negros adentro de la oficina porque decía que eso le permitía ver otra realidad. Quedaron enfermos y asustados y peor se los trataba. Que a raíz de los problemas descriptos, los dos fueron medicados con medicación que era muy costosa para ellos, medicación psiquiátrica, lo cual le consta porque ellos lo mencionaron siempre”. Recuerda que “A. decía que iba al psiquiatra. Señala que las discusiones entre S. y V. y la coordinadora se originaban en lo que M. hacía en el Sindicato iba en contra de los intereses de la coordinación”, puntualizando que “cuando M. y A. se postularon para una elección de ATE esto los obligaba a estar en el sindicato en horario de trabajo lo cual era algo absolutamente permitido, pero que no le agradaba a la coordinación”. Recuerda la dicente que mientras S. se desempeñó en el Programa fue delegado, pero no desde el ingreso y respecto de V. señala que empezó después a trabajar con el sindicato. Sostiene la testigo que los actores eran amigos en ese momento para todos y después que fueron pareja esa situación agravó la situación de maltrato, de discriminación”, lo cual se traducían en comentarios “que se hacen sobre los homosexuales”.

La peritación psiquiátrica (fs. 411/421) da cuenta de que ambos actores presentan problemas psicológicos. V. un desarrollo vivencial, anormal, depresivo, angustioso-paranoide grado 2-3 y S. un desarrollo vivencial anormal, neutótico, angustioso-fóbico grado 2.Esas sintomatologías obedecen a los sucesos vividos lo que determina que requieren terapias adecuadas para superar esos estados.

Unos y otros elementos crean indicios suficientes como para entender que los actores fueron hostigados en razón de su orientación sexual, por lo que en virtud de lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 23.592 los actores tienen derecho a un resarcimiento por daño moral que estimo en $20.000 para cada uno de ellos.

En virtud de lo expuesto, corresponde poner en conocimiento el presente a los organismos correspondientes.

Las costas de ambas instancia serán soportadas por la demandada, a cuyos efectos estimo sus honorarios de la representación y patrocinio de la actora y de la demandada por la totalidad de sus trabajos en autos en el 20% y el 15% re spectivamente del monto de la condena con intereses a la tasa activa del Banco de la Nación desde la fecha del cese hasta su efectivo pago. Los honorarios de ambos peritos se calcularán sobre el nuevo monto de la condena resultando equitativos los porcentuales fijados.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Adhiero al enjundioso voto de mi colega preopinante Dr. Juan Carlos Fernández Madrid por compartir sus fundamentos in totum.

El contenido del voto constituye una clara manifestación contra la discriminación de la persona y se basa en los Tratados vinculados con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y al respecto formularé una propuesta a la parte resolutiva del pronunciamiento.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la ONU en su 47º período de Sesiones celebrado entre el 14 de noviembre al 2 de diciembre de 2011, emitió un documento con el examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los arts.16 y 17 del PIDESyC.

Respecto de Argentina el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales realizó observaciones finales señalando su satisfacción por la presentación del tercer informe del Estado, celebrando que se haya ratificado el Protocolo Facultativo del PIDESyC el 24.10.2011 y que se hayan dado las respuestas completas por escrito a las listas de cuestiones presentadas aunque tardíamente, no obstante su demora.

En cuanto al aspecto laboral en el Cap. C (E/C,.12/Arg/CO/3) “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” en el punto 6 el comité observa…”la falta de información específica con respecto a la jurisprudencia nacional sobre la aplicación de los derechos previstos en el Pacto aunque también observa que la Constitución del Estado parte concede rango constitucional al Pacto y establece la supremacía sobre las leyes ordinarias en caso de incompatibilidad con el pacto”.

Consecuentemente el Comité pide al Estado parte que…”proporcione en su próximo informe periódico información detallada sobre la aplicación por el poder judicial de los derechos previstos en el Pacto. En este contexto el Comité señala la atención al Estado parte la observación General nº9 (1998) sobre la aplicación del pacto a nivel nacional”.

La exigibilidad de los derechos sociales cuenta con un aval fundamental como lo es la Observación General nº9 (1998) del Comité del PIDESyC cuando afirma que en lo relativo a los derechos civiles y políticos, generalmente se da por supuesto que es fundamental la existencia de recursos judiciales frente a las violaciones de esos derechos, pero respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, se parte del supuesto contrario, pero ello no está justificado ni por la naturaleza de los derechos ni por las disposiciones pertinentes del Pacto, que deben ser respetados, protegidos, asegurados y promovidos. (Luis A. Raffaghelli 2009, “Derechos sociales, exigibilidad y acceso a la justicia” http://www.eft.org.ar URL del Artículo:http://www.eft.org.ar/pdf/eft2009n47_pp15-56.pdf).

El Comité pide al Estado parte que presente su cuarto informe periódico preparado de conformidad con las directrices revisadas por el Comité para la presentación de informe aprobadas en 2008 (E/C 12/2008/2) a más tardar el 2 de diciembre de 2016 y que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en todos los sectores de la sociedad, en particular entre los funcionarios públicos, la judicatura y las organizaciones de la sociedad civil.

Consecuentemente entiendo que los Jueces a todo nivel en tanto apliquen las disposiciones del PIDESyC de consumo con la doctrina vigente de la Corte Federal, deberían informarlo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo incluyan en su próximo informe al Consejo Económico Social de Naciones Unidas.

Para ello propongo se remita copia de la presente sentencia a los Organismos del Estado supra citados y a los efectos indicados.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada estableciendo como nuevo monto de condena las sumas totales de $62.422,04 a favor de M. D. S. y de $36.404,48 a favor de A. A. L. V., con más los intereses dispuestos en origen; II) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; III) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de los actores, de la demandada y los de los peritos contador y psiquiatra por la totalidad de sus trabajos en autos en el 20%, 15%, 6% y 6% respectivamente del monto de la condena con intereses; IV) Remitir copia de la presente sentencia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo incluyan en su próximo informe al Consejo Económico Social de Naciones Unidas.

Regístrese, notifíquese y vuelvan

JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID

JUEZ DE CAMARA

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

 

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