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Si el empleador no estaba de acuerdo con las prescripciones médicas que el trabajador le presentó, no correspondía que incumpla con el pago de los salarios

CertificadoLaboralPartes: Mortaro Castillo c/ Longo Antonino s/ despido

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Unipersonal

Fecha: 3-may-2013

Cita: MJ-JU-M-78795-AR | MJJ78795 | MJJ78795

Si el empleador no estaba de acuerdo con las prescripciones médicas que el trabajador le presentó, no correspondía que incumpla con el pago de los salarios, sino que debió iniciar el correspondiente trámite ante la autoridad administrativa o judicial a efectos de resolver, por médicos imparciales, a quién le asistía la razón.

Sumario:

1.-Corresponde declarar ajustado a derecho el despido en que se colocó el trabajador, pues ante el requerimiento formulado por el trabajador respecto al pago de dos quincenas, resultó arbitraria la contestación por parte del empleador de que dichos pagos no le serían abonados por no haber sido constatado ese diagnóstico por las médicas de la empresa; ello, pues el demandado debió obrar con prudencia y diligencia ante el disímil criterio médico, ya que si no estuvo de acuerdo con las prescripciones médicas que el trabajador le presentó no correspondía que incumpla con su principal obligación -salario-, sino que debió, por su cuenta, iniciar el correspondiente trámite ante la autoridad administrativa o judicial a efectos de resolver, por médicos imparciales, a quién le asistía la razón.

2.-Considerando que el trabajador denunció el incumplimiento de un deber fundamental como lo es el pago de salarios, le asistió razón en considerarse injuriado y por ello en despido indirecto, ante la falta de pago de las quincenas adeudadas, pues el empleador ya se encontraba en mora y más aún admitió que no las sufragaría.

3.-La injuria constituye un incumplimiento contractual de tal gravedad que habilita la ruptura vincular, y puede ser valorada en base a un criterio cualitativo o cuantitativo, siendo que el primero implica una inobservancia que, independientemente de otros factores -como, por ejemplo, la antigüedad, antecedentes disciplinarios- por su gravedad, torna imposible o insostenible la prosecución del vínculo laboral.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza a los tres días del mes de mayo de dos mil trece se hace presente en la Sala Unipersonal del Tribunal el Señor Conjuez de la Excma. Cámara Cuarta del Trabajo – Dr. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE, con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos Nº20.923, caratulados «MORTARO CASTILLO c/ LONGO ANTONINO p/DESPIDO», de los que

RESULTA:

Que a fs. 22/29 se presenta el Sr. HUGO DANIEL MORTARO CASTILLO, por intermedio de su apoderado e interpone formal demanda contra ANTONINO LONGO, por la suma de $50.050,00 conforme a conceptos detallados en la liquidación que practica en la demanda, con más los intereses legales y costas. Plantea la inconstitucionalidad de la ley 7.198 .

Manifiesta que ingresó a trabajar en relación de dependencia para la demandada en fecha del 1 de noviembre de 1989, desempeñándose como medio oficial, actividad regulada por el CCT 335/75.

Que cumplía tareas que requieren de un gran esfuerzo, entre ellas se encontraban las de ayudante de máquina de aserradero, realizando tareas de clavador de cajones en la temporada de frutas y verduras, meses de octubre a abril, carga y descarga de troncos de madera, estiba de tablas y levantaba troncos que luego eran procesados en las máquinas.Que su horario de trabajo era de 8.30 a 12.30 y de 14.30 a 18.30 de lunes a viernes, y los días sábados sólo mediodía.

Que con el transcurso del tiempo comenzó a sentirse mal, tanto física como psíquicamente, que por ello concurrió a especialistas los cuales le diagnosticaron lumbalgia y luego estrés laboral. Que ello se le fue agravando a mayores afecciones como hernia en el núcleo pulposo y depresión ansiosa severa. Necesitando licencias consecutivas por períodos de 30 días cada una de ellas.

Expresa que siempre puso en conocimiento de su empleador el grave estado de su salud a través de certificados médicos, a los cuales el empleador siempre evadió y restó importancia.Que el empleador le perturbó el proceso de recuperación, imprimiéndole violencia verbal y ejerciendo sobre su persona presiones desmedidas.

Que la falta de respeto y buena fe de parte del empleador fue un agravio constante que deterioró gravemente su salud. Que a más de un año del despido sufre severas consecuencias psicofísicas producto de las labores a favor del empleador. Transcribe certificado médico.

Que producto diversos hechos denigrantes, perversos y persecutorios padecidos lo llevaron a que la relación se tornase imposible de sobrellevar (art. 242 LCT), configurándose así un despido indirecto, mediante misivas enviadas.

Que las afecciones físicas hicieron que presentara reclamo judicial contra la aseguradora de riesgos del trabajo, expediente que cita.

Manifiesta que las misivas del empleador siempre fueron desacreditantes tanto de las dolencias denunciadas como de su persona. Que por otro lado sus epístolas fueron dirigidas a exponer la falta de cumplimiento de deberes del empleador, al tener que pedirle mediante CD N°905316390 del 12/11/07 que se le hicieran efectivos los pagos de salarios adeudados y el cese de actitudes hostigantes y persecutorias.

Que mediante CD 873396465 debió darse por gravemente injuriado y despedido por culpa del empleador.

Desarrolla, respecto a la invariabilidad de la causa del despido, los principales incumplimientos en que a su entender incumplió el empleador, entre ellos violación al deber de seguridad, no pago íntegro de salarios, violación de normas constitucionales, violación del art. 57 LCT, de las cuales hace un pormenorizado análisis con cita de doctrina y jurisprudencia. Practica liquidación. Ofrece Prueba. Funda en derecho. Peticiona la condena con costas.

Que a fs. 31 se dispone correr traslado de la demanda.

Que a fs. 83/98 comparece el demandado Sr. ANTONINO LONGO, a través de representante, contesta demanda solicitando el rechazo de la misma con costas.

Realiza una negativa general y particular de los hechos afirmados en la demanda.Expresa que más allá de que el proceso laboral se inscriba en la llamada teoría de la individualización, el actor no hace referencia en su demanda a los hechos concretos, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Que el actor solo menciona tres despachos postales en su demanda, acompaña solamente 13 misivas, cuando en realidad fueron 46 las comunicaciones postales enviadas entre las partes. Que el actor siempre fue presto a conseguir y presentar certificados de enfermedad, con indicación de reposo pero muy renuente a permitir que el empleador pudiera constatar las dolencias denunciadas.

Formula un pormenorizado relato de los intercambios epistolares habidos entre las partes, expresando a su entender cómo se fueron sucediendo los hechos.

Expresa que por fin en fecha del 26/11/07 el trabajador se presentó ante la Dra. Sicre para el control médico. Que la médica informó que el trabajador se encontraba con alta médica para reintegrarse a trabajar con tareas adecuadas. Que en fecha del 5/12/07 se emplazó al trabajador a que se presentara a trabajar a sus tareas habituales de clavador de cajones, que no se le otorgarían tareas de carga o levantamiento de peso, y se le daría un descanso de 10 minutos por cada hora de trabajo. Que en caso de que no se presente se le suspendería el pago de salarios por enfermedad. Que ante ello, el trabajador en forma poco clara, se considera despedido en forma indirecta. Que el trabajador se considera despedido en forma confusa y violatoria del art. 243 de la LCT alegando: a) hostigamiento y persecución; b) opiniones médicas parciales; c) negación al pago de salarios; d) persecución a los profesionales que atendieron al acto.

Concluye que el actor entabla una demanda abstracta, imprecisa, ocultando hechos y despachos telegráficos, por lo cual estima que la misma debe ser rechazada. Impugna rubros reclamados. Solicita la inconstitucionalidad del art. 2 ley 25.323. Se opone a ampliaciones de prueba. Funda en derecho. Ofrece Pruebas.Peticiona se rechace la demanda con costas.

A fs. 102 se contesta el traslado del art. 47 CPL.

A fs. 104 obra Dictamen del Fiscal de Cámaras.

A fs. 106 se admiten las pruebas ofrecidas por las partes y se ordena la sustanciación de las mismas.

A fs. 144/146 obra el informe pericial contable.

A fs. 170/189 obra oficio informado por el Correo Oficial de la República Argentina.

A fs. 187 se deja constancia de la no producción de los actos útiles por parte de la demandada, tendientes al logro de las pruebas a su cargo y pendientes de producción.

A fs. 348 se realiza la audiencia de vista de causa. Y se llaman autos para dictar sentencia, quedando la causa en estado de considerar las siguientes cuestiones a resolver en definitiva,

CONSIDERANDO:

PRIMERA CUESTIÓN: Existencia de relación Laboral. Competencia

SEGUNDA CUESTIÓN: Rubros reclamados. Interés aplicable

TERCERA CUESTIÓN: Costas

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

I) Competencia: que a los efectos de determinar la competencia del Tribunal no es objeto de controversia la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, sí en cambio su extinción. Sin embargo, con base a lo expuesto, la existencia de un contrato de trabajo determina la competencia del Tribunal (art. 1.1.a CPL), constituido al efecto en Sala Unipersonal de acuerdo a lo establecido por el art. 1.2.c del CPL.

ASI VOTO

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

Corresponde ahora analizar la procedencia de los distintos rubros reclamados por el actor en su pretensión:

I) Rubros Reclamados:

a) Indemnización por despido sin justa causa: En los obrados el objeto de controversia gira en determinar si ha sido justa la causa del despido indirecto dispuesto.Y para ello considero que las pruebas versan sobre el intercambio epistolar habido y las demás pruebas instrumentales acompañadas por las partes.

Ha menester señalar que, ante la regla de la invariabilidad de la causa utilizada para la extinción del vínculo (cfr. art. 243 LCT), cabe el análisis de la misma a efectos de determinar la justificación del despido indirecto dispuesto. A lo que es dable resaltar que, cuando son varias las causales invocadas en la notificación del despido indirecto, la acreditación de alguna de ellas que tenga bastante virtualidad como injuria es suficiente para justificar la medida y admitir el reclamo indemnizatorio (CNAT, sala 7, 21-05-2009, «Gómez Ricardo A. c. ramos, Stella Maris s/Despido», La Ley 18/08/2009, 6).

En primer término, debo advertir el profuso, variado y desgastante intercambio en la correspondencia habida entre las partes. Lo manifiesto pues, en algunos trayectos de la reciprocidad epistolar, las partes parecieran haber perdido el norte, el cual se encuentra en que el contrato de trabajo resulta, antes que un vínculo económico, un ligamen esencialmente ético, en el cual el trabajador no debe ser tratado como un mero instrumento de producción, ni el empleador de sostenimiento económico, las partes se deben recíprocos deberes de comportamiento que conllevan buena fe, colaboración, solidaridad y fidelidad (arts. 62, 63 , 85 LCT). Con dicho anclaje axiológico, resulta claro en mi convicción que algunos dichos, hechos y posturas entre trabajador y empleador pudieron haberse evitado.

En cuanto al análisis de la controversia suscitada, surge de los obrados que ha sido el telegrama enviado por el trabajador en fecha del 07/12/2007 (TCL71038349, fs. 181) el cual extinguió el vínculo laboral que unía a las partes.

Cabe decir que el trabajador había emplazado por telegrama de fechas 12/11/07 (fs. 174), 19/11/07 (fs. 176) y 22/11/07 (fs. 177), el pago de salarios adeudados. En el telegrama laboral TCL71059817 (fs.177) el trabajador emplaza individualizando que los haberes reclamados son los correspondientes a la 2° quincena de o ctubre 2007 y 1° quincena de noviembre de 2007.

Por parte del empleador, se observa que las principales comunicaciones estuvieron por las cartas documentos de fecha 21/11/07 (fs. 178,), 23/11/07 (fs. 179) y fundamentalmente la del 5/12/07 (fs. 181). Por la CD del 21/11/07 el empleador, en lo fundamental, emplaza al trabajador para que se presente a control médico, comunicándole al trabajador que si no concurre no le abonará los salarios por días de enfermedad, y que en caso de que su control médico no constate la enfermedad denunciada solicitaría una junta médica ante la Subsecretaría de Trabajo.

Por la carta documento del 5/12/07, el empleador le manifiesta que los días que no trabajó por aducir lumbalgia o lumbociatalgia no le serán abonados por no haber sido constatado ese diagnóstico por su control médico, y que en caso de que el trabajador no esté de acuerdo con la decisión haría una presentación ante la Subsecretaría de Trabajo para someter el caso a decisión de una Junta Médica, como también que «Hasta tanto la Junta Médica se expida se suspenderá el pago de los salarios por enfermedad», lo intima a presentarse a trabajar, y le manifiesta que para su protección no trabajaría en tareas que impliquen cargas, levantamiento de pesos o posiciones forzadas, además de disponer un descanso de 10 minutos por cada hora.Y que en caso de que no se presente el pago de salarios que justifique con certificados médicos sería suspendido hasta que la junta médica se expida.

En este sentido, ante el requerimiento formulado por el trabajador respecto al pago de la 2° quincena de octubre y 1° quincena de noviembre, y la contestación por parte del empleador de que dichos pagos no le serían abonados, por no haber sido constatado ese diagnóstico por las médicas de la empresa (CD del 5/12/12, fs. 180), considero que el empleador actuó en forma arbitraria. Y digo ello en virtud de que el empleador debió obrar con prudencia y diligencia ante el disímil criterio médico, pues si no estuvo de acuerdo con las prescripciones médicas que el trabajador le presentó no correspondía que incumpla con su principal obligación (salario) sino que debió, por su cuenta, iniciar el correspondiente trámite ante la autoridad administrativa o judicial a efectos de resolver, por médicos imparciales, a quién le asistía la razón. El obrar arbitrario consistió en decidir no cumplir basándose en el criterio de sus médicos, el obrar prudente y diligente importaba instar los mecanismos adecuados para que una junta médica imparcial dirima la discrepancia, es la obligación que imana del art. 79 LCT.

Recuerdo que, en similar sentido, se resolvió «Frente a la comunicación de enfermedad que había hecho la accionante y en caso de que existiera discrepancia sobre su capacidad para reintegrarse a su puesto de labor, la empleadora debió acudir a una junta médica oficial o a la búsqueda de una decisión administrativa o judicial que dirima el conflicto, a fin de agotar las medidas tendientes a mantener la continuidad del vínculo (arts. 10 , 62 y 63 LCT) antes de decidirse a favor del criterio del médico patronal y adoptar la extrema posición del despido (CNAT, sala 2, 15-12-09, «Romero Analía c.Colorit SA», La Ley online).

Considerar que el empleador obró en forma arbitraria conlleva tener por devengados, por parte del trabajador, los salarios de la 2° quincena de octubre y 1° quincena de noviembre del 2007, y a su vez no satisfechos (CD del 5/12/12; recibos de haberes fs. 118/119; pericia contable respuesta 12, fs.146/147) pues además de los dichos del propio empleador surge acreditado de que el trabajador no percibió dichas quincenas (pericia contable).

Resta ahora determinar si la falta de pago de dos quincenas amerita la suficiente gravedad para la extinción del vínculo (art. 242 LCT).

Importa ahora recordar que la injuria constituye un incumplimiento contractual de tal gravedad que habilita la ruptura vincular, y puede ser valorada en base a un criterio cualitativo o cuantitativo. Al respecto, siguiendo a Pirolo, vemos que el criterio cualitativo implica una inobservancia que, independientemente de otros factores (como, por ejemplo, la antigüedad, antecedentes disciplinarios) por su gravedad, torna imposible o insostenible la prosecución del vínculo laboral. Se atiende pues, únicamente, a la calidad de la falta incurrida por la contraparte (Pirolo, Miguel Ángel, Tratado jurisprudencial y doctrinario, Pirolo M. A. -dir-, Pavlov F. -coord.-, La Ley, Buenos Aires, 2010, tomo 1, p. 459).

El caso trata sin dudas de un análisis del tipo cualitativo, lo que conlleva analizar si los hechos (falta de pago de salarios) revisten de la gravedad suficiente que constituya una injuria de las que habilita la extinción del vínculo. A lo que se debe recordar lo dispuesto por el art. 242 LCT, respecto a que son los jueces los que tienen que valorar prudencialmente la injuria, teniendo en consideración el carácter de las relaciones, según las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

Es entonces que, considerando que el trabajador denunció el incumplimiento de un deber fundamental como lo es el pago de salarios (art.74 LCT), juzgo que le asistió razón al trabajador en considerarse injuriado, y por ello en despido indirecto, ante la falta de pago de las quincenas adeudadas, pues el empleador ya se encontraba en mora y más aún admitió que no las sufragaría. Es menester decir que arribo a la conclusión en el análisis crítico de las circunstancias personales del caso, pues el empleador negó el pago de salarios en la coyuntura de que sus propios galenos reconocían que el trabajador padecía de varias afecciones, entre ellas un trastorno sensitivo paranoide de personalidad (informe médico fs. 82; CD del 5/12/12, fs. 180), ni la antigüedad del vínculo, ni el reconocimiento de la licencia del art. 208 LCT por un largo período excusan su conducta, pues son obligaciones que la ley pone a su cargo y la circunstancia es agravada por el estado de salud del trabajador.

Por lo expuesto, corresponde acoger el reclamo indemnizatorio por despido indirecto interpuesto por el trabajador, y en consecuencia le corresponde las indemnizaciones previstas en el art. 246 LCT.

b) Rubros indemnizatorios: a fin de proceder a su cálculo cabe determinar los parámetros necesarios a tal fin, corresponde tomar los datos informados en la pericia contable (144/147), que a la postre no ha sido observada.

Computando los parámetros debidos tenemos que la indemnización del trabajador por despido indirecto resulta en la suma de $27.720 ($1540 x 18 años). En cuanto a la indemnización sustitutiva del preaviso (art. 232 LCT), la mismo asciende a $3080. Y en concepto de integración del mes de despido (art. 233 LCT) su monto resulta $1.192,25 (1540/31x 24).

Por lo tanto resulta procedente el rubro indemnizaciones por el monto total de $31.992,25.

b) Diferencias salariales:reclamado el pago de la 2° quincena del mes de octubre, 1° y 2° quincena del mes de noviembre, y días trabajados de diciembre de 2007, atento a lo arriba expuesto (reconocimiento del no pago de ello, recibo de haberes fs.118/118, pericia contable a fs. 146/147) corresponde hacer lugar a dicho rubro por los siguientes montos: respecto a la 2° quincena del mes de octubre, su monto asciende a $898,91; por la 1° y 2° quincena del mes de noviembre, su monto es de $1.740 y por días trabajados de diciembre la suma de $499,83. Ello según lo ha informado el experto contable.

Por lo tanto corresponde acoger dicho rubro por el monto total de $ 3.138,74.

c) Art. 2 Ley 25.323: En cuanto al presente reclamo, éste cuerpo legal dispone un incremento de hasta un 50% de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador no las abonare, y consecuentemente le obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para su percepción, requiriendo en este caso intimación fehaciente al empleador a tales efectos.

Resultando controvertido el despido indirecto dispuesto por el trabajador, y en análisis de lo actuado por la parte demandada, considero justo que corresponde eximir de la misma al empleador (art. 2, 2° párrafo, ley 25.323).

II) Monto total de condena. Intereses

Por todo lo expuesto en los puntos anteriores (a, b, c,), la demanda prospera por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 25/100 ($31.992,25), monto al cual se le deberá adicionar los intereses legales desde la fecha en que fueron exigibles (13/12/07, art. 128 LCT) y hasta el momento del efectivo pago.

Conforme el art. 82 del CPL y art. 90 inc.6 del CPC, corresponde determinar los intereses legales a aplicar al capital de condena.

Cabe en el tema considerar la doctrina emanada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en los fallos plenarios «Amaya» y «Aguirre», por los cuales se declaró la inconstitucionalidad de la Ley 7.358 , por el primer plenario, y por el plenario «Aguirre» se hizo lo propio respecto de la Ley 7.198.

El Superior Tribunal declaró que la Ley 7.198 ha devenido en inconstitucional atento que la tasa pasiva que la misma fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios y determinó que correspondía aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina (TNA) a partir del dictado del plenario, cuya publicación en lista aconteció el día 02-06-09.

Consecuentemente, teniendo en cuenta que los índices en forma periódica son publicados en los distintos medios de comunicación, de los mismos surge la prueba acabada de la insuficiencia de la tasa pasiva, por lo que tratándose de un crédito alimentario, en el presente caso corresponde, de acuerdo a las leyes 3.939 y posteriores, aplicar el interés de tasa activa que informa el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, desde que los créditos fueron exigibles hasta el efectivo pago de la condena.

ASI VOTO

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

Las costas, en consideración a la procedencia de los distintos planteos efectuados por la actora, se imponen a cargo de la demandada vencida (arts.31 del CPL).

ASI VOTO

En consecuencia, y lo dispuesto por las normas de fondo y forma citadas, el Tribunal

RESUELVE:

1) Declarar la inconstitucionalidad de la ley 7198.

2) Hacer lugar a la demanda promovida por HUGO DANIEL MORTARO CASTILLO contra ANTONINO LONGO, y en consecuencia se condena a la demandada a que le pague la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 25/100 ($31.992,25), con más sus intereses según la Segunda Cuestión, en el plazo de DIEZ días de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia.

3) Imponer las costas a la demandada vencida.

4) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.

5) Remítase la causa al Departamento Contable de las Cámaras del Trabajo a fin de que efectúe la liquidación respectiva.

6) Emplazar a la condenada para que en el término de DIEZ DIAS abone el aporte de la ley 5059; y en el de TREINTA DIAS la tasa de justicia pertinente; y cumpla con lo dispuesto por el art. 96 inc. g de la ley 4976.

7) Notifíquese la presente resolución a la Caja Forense, Dirección General de Rentas y Colegio de Abogados.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE.

Leandro Fretes Vindel Espeche – Conjuez de Cámara

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