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Un proceso preventivo de crisis es insuficiente para justificar el pago de indemnizaciones reducidas e incumbe a la empleadora demostrar que la falta de trabajo no le resulta imputable.

shutterstock_105018818Partes: Vargas Lucía Beatriz c/ Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 25-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-77893-AR | MJJ77893 | MJJ77893

Sin perjuicio de que el «convenio de crisis» fue de público y notorio conocimiento, -que implicó la anulación del convenio de sanidad que regía a la actora-, no se puede ante tal situación afirmar que la voluntad de la trabajadora haya sido brindada libremente, toda vez que se encontró en un estado de necesidad imperante ante el futuro cierre de su fuente de trabajo.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a abonar a la actora las diferencias salariales surgidas de la reducción unilateral de sus remuneraciones llevada a cabo en virtud del Acta Acuerdo que celebrara con la Asociación de Trabajadores de puesto que la realización de un proceso preventivo de crisis, es insuficiente como para justificar el pago de indemnizaciones reducidas por cuanto incumbe a la parte empleadora demostrar que la falta de trabajo no le resulta imputable.

2.-Desde la perspectiva del art. 12 LCT. sobre la irrenunciabilidad de los derechos, se debe probar de manera certera que se intentó tomar todas las medidas necesarias como para evitar o superar la situación crítica por la cual atraviesa la empresa, a los fines de justificar el el pago de indemnizaciones reducidas.

3.-Los acuerdos que hayan sido suscriptos por las partes en donde se vulneran normas específicas del orden público laboral pueden ser pasibles de nulidad por más que hayan estado homologados administrativamente; máxime siendo que no resulta viable la pretendida conformidad que manifiesta que la actora tuvo al momento de celebrarse el acuerdo, puesto que los convenios colectivos persiguen el mejoramiento de los derechos sin que pueda modificarlos o reducirlos en detrimento de lo que la propia ley laboral dispone.

4.-Sin perjuicio de que el convenio de crisis celebrado en autos fue de público y notorio conocimiento, -que implicó la anulación del convenio de sanidad que regía a la actora-, no se puede ante tal situación afirmar que la voluntad de los trabajadores haya sido brindada libremente, toda vez que el trabajador se encontró en un estado de necesidad imperante ante el futuro cierre de su fuente de trabajo.

5.-Las rebajas salariales aún consentidas sindicalmente y homologadas ante la autoridad administrativa no pueden vulnerar el sentido protectorio del art. 14 bis CN. como tampoco lo previsto en el art. 260 LCT., pues dichas rebajas constituyen pagos insuficientes del total adeudado, y en el caso, más aún, siendo que la rebaja implementada de manera unilateral por la empleadora se originó en el marco de la crisis económica por la que atravesaba, circunstancia que empece a la pretensión del demandado de que se la tenga válida y oponible a la trabajadora en tanto vulnera normas imperativas del orden público laboral.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero de 2013, para dictar sentencia en los autos: «Vargas, Lucía Beatriz C/ Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia S/ Despido» se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I. La sindicatura de la quiebra de la demandada recurre la sentencia de primera instancia que la condenó a abonar a la actora las diferencias salariales surgidas de la reducción unilateral de sus remuneraciones llevada a cabo en virtud del Acta Acuerdo que celebrara con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Filial Buenos Aires (expte. Nro. 1179735/6) y que fuera homologada por el Ministerio de Trabajo.

Frente a ello aduce que la «a-quo» no habría aplicado correctamente la normativa específica relativa a que las homologaciones que recaigan respecto de los acuerdos a que arriben las partes intervinientes tendrían la misma eficacia de un convenio colectivo de trabajo (art. 103 a) Ley 24.013 ), resultando así de aplicación, en criterio del apelante, lo previsto en el art. 4 1er. Párrafo Ley 14.250.

Agrega que la Asociación Gremial interviniente representó el interés colectivo de los trabajadores resguardando la fuente de empleo, lo que a juicio del apelante, torna lo pactado como totalmente oponible a los trabajadores, quienes no estarían así legitimados para promover reclamos como el de autos y aduce, entre otras cosas, que la actora no alegó haber intentado cobrar las acreencias reclamadas por medio del «Fondo Especial de Ayuda al Hospital Francés» que creara la Ley 1923 de la C.A.B.A. en mayo de 2006.

Por último, también se agravia de la totalidad de los emolumentos regulados en grado en tanto los estima elevados (ver fojas 212 vta. «in fine»).

II.A mi juicio no le asiste razón en su planteo.

En efecto, memoro aquí en primer lugar que este Tribunal reiteradamente ha dicho que la realización de un proceso preventivo de crisis, es insuficiente como para justificar el pago de indemnizaciones reducidas por cuanto incumbe a la parte empleadora demostrar que la falta de trabajo no le resulta imputable, quiere decir que dicho instituto se interpreta con criterio restrictivo habida cuenta de los derechos puestos en juego, desde la perspectiva de enfoque que nos brinda el art. 12 L.C.T. sobre la irrenunciabilidad de los derechos por lo que se debe probar de manera certera que se intentó tomar todas las medidas necesarias como para evitar o superar la situación crítica por la cual atraviesa la empresa (ver en similar sentido, esta Sala en «Hermosi, Rafael C/ San Sebastián S.A.» S.D. nro.: 37.801 del 23/08/04, «Maza Reimundo C/ Parila S.R.L. y otros» S.D. nro.:38.259 del 24/02/05, «Fuentes C/ Peugeot.» S.D. nro.: 39.411 del 18/07/06, entre muchos otros).

Destaco también que los acuerdos que hayan sido suscriptos por las partes en donde se vulneran normas específicas del orden público laboral pueden ser pasibles de nulidad por mas que hayan estado homologados administrativamente. Por otro lado, la pretendida validez que invoca el apelante en punto a que si entre las partes se pactó la reducción de los salarios por vía del mencionado acuerdo colectivo sería oponible a la trabajadora, no resulta viable habida cuenta que los convenios colectivos persiguen el mejoramiento de los derechos sin que pueda modificarlos o reducirlos en detrimento de lo que la propia ley laboral dispone, tal como expresé desde la perspectiva de enfoque que nos brinda los arts. 14 bis C.N. y 12 L.C.T. (art. 386 del Cód. Procesal, «pcipio.Primacía de la realidad»).

En consecuencia, en el caso fue público y notorio que la celebración del invocado «convenio de crisis» implicó la anulación del convenio de sanidad que regía legalmente para los trabajadores del Hospital Francés ergo, no podemos ante dicha situación afirmar que la voluntad de los mismos haya sido brindada libremente habida cuenta el estado de necesidad imperante en el trabajador quien ve cristalizado el cierre de su fuente de trabajo, con lo cual soy de la opinión que su mero silencio o la simple aceptación pasiva de las modificaciones que se le hagan a su contrato individual (en el caso la reducción de su salario a un 70% del salario normal y habitual) sólo reconoce el mero temor de la pérdida de su ingreso, de su fuente de trabajo, muy lejos así de poder interpretarse como una expresión de voluntad libre de aceptar el acto que se celebra en su perjuicio (art. 386 antes cit., «primacía de la realidad», art. 12 L.C.T.).

Considero así que las rebajas salariales aún consentidas sindicalmente y homologadas ante la autoridad administrativa no pueden vulnerar el sentido protectorio del art. 14 bis C.N. como tampoco lo previsto en el art. 260(leg801.260) L.C.T., dichas rebajas constituyen pagos insuficientes del total adeudado (ver en similar sentido, C.N.A.T. Sala VI in re «González, Jorge C/ Ceteco Argentina S.A.», S.D. nro.: 57.010 del 18/03/04).

En el caso, la rebaja implementada de manera unilateral por la empleadora se originó en el marco de la crisis económica por la que atravesaba, circunstancia que empece a la pretensión del recurrente de que se la tenga válida y oponible a la trabajadora en tanto vulnera normas imperativas del orden público laboral e implicaría convalidar la resignación forzada de los derechos laborales que le pertenecen por ley a la trabajadora quien resulta ajena a las vicisitudes del alea empresarial.La ley laboral confiere derechos que no pueden verse disminuidos sino por el propio legislador (cfme. arg. Convenio nro. 95 O.I.T., rat. Decreto Ley 11594/56, art. 75 inc. 22) 1er. Párraf. C.N., art. 131 L.C.T.).

Ahora bien, tal como se detalla en el decisorio el acuerdo homologado por Res. 814 del 17/11/06 del Ministerio de Trabajo se dispuso la reducción salarial a un 70% del salario normal y habitual estableciéndose que dicha suma no podía superar la de $2.000 de cuyo pago se hizo cargo el Ministerio de Trabajo como «ayuda económica» (Res. 108/06, ver fs. 152/55), con lo cual, aún en la hipótesis de considerar que la actora aceptó dicha decisión percibiendo el subsidio acordado (ver fs. 182), carece de validez como para justificar la reducción salarial que corresponde a los importes que no fueron cubiertos por ese subsidio, máxime cuando no hay elemento de juicio alguno que permita sospechar la presencia de una rebaja con prestaciones recíprocas para ambas partes por lo que, en lo que excedió del monto subsidiado, sin duda alguna hubo menoscabo arbitrario del salario e imposición de una condición remunerativa menos favorable que la emergente del contrato individual de trabajo (art. 386 del Cód. Procesal, «primacía de la realidad»).

Todo lo que destaco no aparece idóneamente criticado por el recurrente quien de manera insistente invoca entre otras razones lo previsto en el art. 4º 1er párrafo Ley 14.250 pretendiendo que lo pactado sea oponible a la trabajadora, circunstancia que interpreta de manera parcial habida cuenta lo previsto en el último párrafo de dicha normativa que expresamente contempla que resulta ser presupuesto esencial para la homologación del mismo que dicha convención no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general (arts. 116 L.O.y 386 antes cit.).

Por consiguiente su argumento relativo a que la actora no alegó haber intentado cobrar las acreencias por medio del «Fondo Especial de Ayuda al Hospital Francés» resulta inconducente habida cuenta la existencia de importes a favor de la actora que no fueron cubiertos por el mencionado subsidio (arts. 116 L.O., 386 del Cód. Procesal, «Primacía de la realidad»).

Es de aplicación la inveterada máxima del Derecho Romano que recoje el Código Justinianeo: «Falsa demonstratione mutari substantia veritatis minime potest» (Lib. I, Tít. XVIII, Ley 5ª. Traduzco: No cabe alterar la esencia de la verdad con una falsa demostración).

En virtud de todo lo expuesto considero así que el recurso intentado por la accionada es inidóneo como para desbaratar lo ya resuelto en grado, voto por confirmar el fallo atacado.

III. La cuantía de los porcentuales regulados en concepto de honorarios a los profesionales intervinientes, con base en el mérito y extensión de la labor desplegada por los mismos, a mi juicio, lucen equitativos, por lo que propicio su confirmación (art. 38 L.O. y demás normas del arancel vigentes).

IV. De tener adhesión este voto, las costas de alzada se declaran por su orden, atento la falta de réplica (art. 68, 2da. Parte del Cód. Procesal), y sugiero regular los honorarios de segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el 25%, de lo que le correspondiere por la actuación que le cupo en la primera instancia (art. 14 ley del arancel).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA: no vota (art. 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Costas por su orden atento la falta de réplica. 3) Regular los honorarios de segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte demandada en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de lo que en definitiva le correspondiere por la actuación que le cupo en la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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