Despido del trabajador que, durante una licencia extraordinaria, prestó servicios para otra empresa del mismo rubro

Despido (2)Partes: González Rubén Daniel c/ GUILMI S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 27-nov-2012

Cita: MJ-JU-M-76543-AR | MJJ76543 | MJJ76543

El incumplimiento por parte del actor de las normas de buena fe y el deber de no concurrencia (arts. 63 y 88 LCT.) como consecuencia de haber prestado servicios para otra empresa del mismo rubro durante una licencia extraordinaria concedida, constituye injuria grave que impidió la prosecución del vínculo.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la legitimidad del despido dispuesto por la empleadora puesto que la empresa para la que el actor prestó servicios durante la licencia extraordinaria sin goce de haberes desarrolla la actividad corralón de materiales , coincidente con el objeto social de la aquí demandada, lo que configura un incumplimiento por parte del trabajador de las disposiciones de los arts. 63  y 88  de la LCT.

2.-Toda vez que durante el período de licencia que gozó el actor desarrolló tareas de ventas en relación de dependencia para un establecimiento de corralón de materiales gruesos cuya proximidad y similitud de rubro y actividad comercial con la sociedad demandada se encuentran debidamente acreditados (art. 377  del CPCCN.), configura un incumplimiento de su parte a las disposiciones de los arts. 63 y 88 de la LCT. en cuanto refieren a las normas de buena fe y el deber de no concurrencia (competencia desleal) que debe respetar el trabajador durante la vigencia de la relación laboral.

3.-La conducta desplegada por el actor denota una injuria de entidad tal que justifica el despido directo dispuesto por la demandada (art. 242  LCT.), pues si bien es cierto que la empleadora invocó como causal de cese la situación contemplada en el art. 85  de la LCT. (violación del deber de fidelidad por parte del trabajador) y no la del art. 88, también lo es que a través del principio iuria novit curia el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente .

4.-Corresponde admitir la indemnización del art. 80  LCT. puesto que la demandada no acompañó en forma completa las certificaciones exigidas por el aludido art. 80, ya que del formulario de ANSeS PS.6.2 que entregó al actor al celebrarse la audiencia de conciliación previa ante el SeCLO, no surge ni las constancias de los aportes y contribuciones ni la calificación profesional obtenida por el trabajador en los puestos de trabajo desempeñados: conf. ley 24576  (del voto del Dr. Daniel Stortini – mayoría).

5.-No corresponde admitir la procedencia de la indemnización prevista por el art. 80 LCT. (to. art. 45 , ley 25345), pues a la luz de la normativa actual, cabe concluir que la exigencia de las constancias de aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social, resulta implícitamente cumplida con el formulario ANSES PS 6.2 ya que contiene la información que surge de las declaraciones juradas determinativas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y de las bases de la ANSES, y su detalle, de considerarlo necesario el trabajador, es de fácil acceso para el mismo (incluso por internet) (de la disidencia del Dr. Enrique R. Brandolino).

Fallo:

Buenos Aires,27/11/2012

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 741/744vta. interpusieron las partes a tenor de los memoriales obrantes a fs. 750/vta. (codemandada Guilmi S.A.) y 751/775vta. (actor), los cuales merecieron las réplicas respectivas (ver fs. 783/784vta., 787/798 y 803/805vta.). Asimismo Guilmi S.A. recurre los honorarios regulados a la representación letrada del actor y al perito contador por altos, mientras que los profesionales intervinientes por ambas demandadas apelan por derecho propio sus emolumentos al considerarlos reducidos (ver fs. 798/vta., 799/vta. y 750pto. III).

2°) Anticipo que cabe declarar mal concedido el recurso interpuesto por la sociedad demandada.

Tal como reza el art. 106  de la L.O. “Serán inapelables todas las sentencias y resoluciones, cuando el valor que se intenta cuestionar en la alzada, no exceda el equivalente a trescientas veces el importe del derecho fijo previsto en el artículo 51  de la ley 23.187. El cálculo se realizará al momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso. La apelabilidad se considerará separadamente en relación con las pretensiones deducidas por cada recurrente …”.

El recurso de la demandada fue concedido el 21/06/2012 (ver fs. 782). A esa fecha la suma que se intenta cuestionar ante esta alzada (de $ 1.215,40 correspondiente a los rubros “18 días marzo 2007”, “5 días octubre 2002” y “SAC proporcional”) no alcanza a superar el umbral mínimo al que alude el art. 106 de la L.O. (modificado por ley 24.635 ), el que a la época aludida se encontraba fijado en $ 7.500. De acuerdo con ello, no existe otra alternativa que declarar inapelable la resolución dictada y considerar mal concedido el recurso (ver en igual sentido esta Sala X, S.D. Nº 15.813 del 26/12/2007 en autos: “Molla Marcela Noemí c/COTO C.I.C.S.A.s/despido”).

3°) Es momento de dar tratamiento a los agravios vertidos por el actor.

Se queja en primer término el demandante respecto de la decisión de la magistrada que precede de tener por justificado el despido (directo) del caso.

Sostiene que la señora juez “a quo” se extralimitó en cuanto al análisis de las causales rescisorias invocadas por la empleadora en la comunicación del cese y argumenta que de los términos de la misma resulta que se invocó únicamente la falta de fidelidad del trabajador fundada en los arts. 85  y 63  de la L.C.T. sin que se hiciera mención alguna a la violación de las disposiciones de los arts. 87 y 88  del mismo ordenamiento legal, fundamento en el que sustentó la magistrada el rechazo de la demanda.

El contenido de los agravios no permiten modificar este tramo del pronunciamiento de primera instancia.

No resulta un hecho controvertido que la extinción de la relación laboral se instrumentó por despido directo dispuesto por la demandada Guilmi S.A. el 05/10/2007 en los siguientes términos: “.En virtud de haber tomado conocimiento fidedigno que Usted se haya trabajando en un establecimiento comercial que se haya cercano al nuestro, de iguales características, rubro e idéntica actividad como la desarrollada en nuestra empresa y atento que Usted solicitó una licencia extraordinaria sin goce de sueldo, fundado en causas personales, la cual le fue concedida a pesar del perjuicio que esta actitud nos ocasiona toda vez que debimos capacitar a otro personal para que ocupe el puesto que Usted dejó vacante y ante la falta de fidelidad de vuestra parte que viola lo prescripto por el art. 85 de la L.C.T., por cuanto, reiteramos, Ud. realiza actividades en otra empresa que compite con nuestro comercio al cual Usted le lleva el débito laboral que tiene con nosotros, la capacitación, información que posee de todo el giro comercial de Guilmi S.A.despliega en la zona y que además vulnera el principio de buena fe contenido en el art. 63 del mismo ordenamiento legal, toda vez que la licencia solicitada evidencia su intención de ir a trabajar en la competencia que se haya cercana a nuestra empresa (alrededor de 100 metros), y provocarnos perjuicios como los señalados, todo ello debidamente corroborado por testigos, corredores de productos que abastecen a ambos comercios, etc., es que frente a su conducta maliciosa nos vemos obligados a denunciar esta inobservancia de vuestra parte que configura una injuria que por la gravedad de los hechos que Usted ha desarrollado, no consiente la prosecución del vínculo que nos une y atento ello le informamos que consideramos extinguida esta relación laboral por vuestra exclusiva culpa.” (ver carta documento de fs. 222 e informe postal de fs. 239/240).

Memoro que en virtud del principio “iura novit curia” corresponde al Juez la aplicación del derecho, con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber para el Juzgador (Fallos, 26:32; 262:32; 265:7), a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen – (C.S.J.N., “Paz de Goñi Moreno, V. c/ Goñi, I”, Sent. del 16/12/76).

Asimismo y de acuerdo con dicho principio, la aplicación del derecho corresponde al juez prescindiendo del invocado por los litigantes y aun cuando éstos equivocaran su interpretación. Ello constituye a la par que una facultad, un deber del Juzgador (C.N.A.T., Sala I, 30/04/92, in re: “Sued de Marengo, A. c/E.N.TEL.”).

Ahora bien.El actor argumenta que su empleadora -la aquí demandada Guilmi S.A.- se caracteriza por la venta de pisos cerámicos y de amoblamientos para el hogar, mientras que el comercio denominado “Casa Fusco” en el cual reconoce que laboró en relación de dependencia durante parte del período de licencia que gozó se trata de un corralón de materiales para obra gruesa, por lo cual no resulta competencia de “Guilmi” al carecer de iguales características, rubro y actividad que la desarrollada por esta última como concluyó la señora juez “a quo”.

Del análisis de las pruebas brindadas en las presentes actuaciones resulta que -contrariamente a lo sostenido por el apelante- Guilmi S.A. desarrolla la actividad de “corralón de materiales” y, con anterioridad, la de “depósito cubierto de materiales de construcción” (ver respuesta oficiaria de la Municipalidad de José C. Paz, Pcia. de Bs. As. de fs. 592: art. 403  del C.P.C.C.N.). A su vez, la Inspección General de Justicia informa que la empresa tiene por objeto “la fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación de materiales y artículos relacionados con la construcción y de artículos del hogar y sus materias primas…” (ver contestaciones de fs. 440 y 470), que coincide con la respuesta al pto. 3 de fs. 502 del peritaje contable y del cual también resulta que “de las rúbricas de los libros de sueldos y jornales surge también la actividad, donde indica que Guilmi S.A. está establecido como venta de materiales para la construcción” (pto. contable citado, no cuestionado por las partes en este aspecto; arts. 386  y 477  del C.P.C.C.N.).

Asimismo los testimonios brindados en el pleito -declarantes que fueron ofrecidos por una y otra parte, incluso testigos comunes a ambos litigantes- son contestes y corroboran la calidad de corralón de materiales de construcción de obra gruesa de la sociedad demandada, si bien algunos de ellos refirieron a que Guilmi S.A.también vendía cerámicos para sanitarios (ver declaraciones de González, Alvarez, Mohr, Morlas Ramírez, González y Miguel Berardi de fs. 614/615, 618/619, 620/622, 652, 655/656 y 657/658) (art. 90 de la L.O.).

Obsérvese que Alvarez -propuesto por ambas partes- declaró que la demandada vende materiales para obra gruesa como arena, cemento, piedras, ladrillos, tejas, cal (fs. 618/9). Mohr -también ofrecido en común por el actor y demandada- se refirió a Guilmi como “corralón” que se dedica a la venta de materiales de construcción, cerámicas, puertas, ventanas, ladrillos, arena, cal, cemento, aunque dice que el “fuerte” era la venta de cerámicas (fs. 620/622). Morlas Ramírez – propuesto por el actor- declaró que la demandada es un corralón de venta de cerámicos, aberturas y todo lo que es de la construcción (fs. 652). Héctor González – también ofrecido por el demandante- se refirió a “Guilmi” como el “corralón” que “…vende cal, ladrillos, grifería, baldes…” (fs. 614/5), mientras que Miguel Berardi (testigo del actor) afirmó que la empresa se dedica a la “…venta de construcción…todo para la construcción…” (fs. 657/8) y Silvia González dijo que ‘Guilmi’ “…es un negocio de corralón” (fs. 655/6).

También argumenta el apelante que las labores de maestranza de menor rango que desarrollaba para Guilmi S.A. no constituyen un acto de competencia de la relevancia que pretende darle el sentenciante de primera instancia, además de cuestionar la conclusión “a quo” de que cumplió funciones de vendedor en ambos comercios (en “Guilmi” y el corralón “Fusco”).

En este punto destaco que los testimonios antes citados demuestran que el actor desempeñó tareas de maestranza, pero también de ventas al público para uno y otro establecimiento. Así los testigos refirieron a que el pretensor “…nos hacía la boleta, nos vendía los materiales…estaba en ventas” (Héctor González); que “…acomodaba, limpiaba, reponía mercadería…lo vio atender al público” (Fiocca, fs.616/7); “…que las tareas del actor eran de todo, tanto de tipo maestranza como ayudar en la venta y manejar vehículos…” (Mohr); “…que a veces estaba en venta, en mercadería, hacía reparto…” (Alvarez); “…que lo vio hacer tareas de atención al público, me atendió…que estaba al tanto de todo, al tanto del precio como una persona muy allegada, un hombre de confianza que maneja todo el tema del corralón…” (Mo rlas Ramírez, propuesto a instancias del propio actor); “…lo veía hacer depósito, entregar mercadería y ventas…” (Trípoli, fs. 653/4); “…hacía carga y descarga, atendía a la gente, manejaba el camión…” (Berardi).

Véase también que Mohr -reitero, testigo común de ambas partes- declaró que “…lo ha visto (al actor) trabajar enfrente a unas 4 ó 5 cuadras en la competencia mientras estuvo de licencia. Que lo vio trabajar en el corralón Fusco en el período de licencia, que lo veía en horario de comercio, lo he visto atendiendo al público, otras veces atender el salón, lo veía de cruce cuando pasaba por la calle…Que durante el tiempo de licencia del actor lo vio en el otro trabajo unas 4 ó 5 veces, que he pasado por ahí y lo he visto…” (fs. 620/622). Este testimonio resulta coincidente con lo afirmado a su turno por Trípoli, quien manifestó que lo vio al demandante trabajar en el corralón de Carlos Fusco “…hará 3 ó 4 años, que lo vio hacer detrás de un mostrador, vender…”, aún soslayando la distancia que dijo que habría entre uno y otro comercio (“serán 300 metros, se cruza la ruta 197 y son 100 metros hacia la Panamericana”) (fs.653/4).

Sobre la base de lo expuesto, coincido con la decisión de la magistrada que precede en cuanto a que durante el período de licencia que gozó el aquí demandante desarrolló tareas de ventas en relación de dependencia para un establecimiento de corralón de materiales gruesos (corralón “Fusco”) cuya proximidad y similitud de rubro y actividad comercial con la sociedad demandada Guilmi S.A. (empleadora de González) se encuentran debidamente acreditados (art. 377  del C.P.C.C.N.). Ello configura un incumplimiento de su parte a las disposiciones de los arts. 63 y 88 de la L.C.T. en cuanto refieren a las normas de buena fe y el deber de no concurrencia (competencia desleal) que debe respetar el trabajador durante la vigencia de la relación laboral.

El deber de no concurrencia constituye una expresión concreta del deber de buena fe y parece claro que lo que importa en su relación es la actitud (conducta) del trabajador potencialmente perjudicial y no el daño efectivamente causado (“Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada”, Antonio Vázquez Vialard, Tomo I, pág. 557, al citar al Dr. Fernández Madrid). Asimismo se configura concurrencia desleal cuando media una negociación por cuenta propia o por parte del empleado, un perjuicio real o potencial para el empleador y una falta de autorización expresa o tácita por parte del principal (C.N.A.T., Sala VII, 03/09/96, “Vujosevich, Gustavo c/Banco Supervielle Societe Generale S.A.”, D.T. 1997-A-36).

En definitiva, la aludida conducta desplegada por el actor denota una injuria de entidad tal que justifica -a mi ver- el despido (directo) dispuesto por la demandada (art. 242  L.C.T.). Si bien es cierto -como argumenta el apelante- que la empleadora invocó como causal de cese la situación contemplada en el art. 85 de la ley citada (violación del deber de fidelidad por parte del trabajador) y no la del mencionado art.88, también lo es que a través del principio “iuria novit curia” aludido al comienzo de este considerando el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente (C.S.J.N. 19-10-93 in re: “Losada de Paolucci María c/ Paolucci Jose D.”) Propicio, pues, el rechazo del agravio vertido en el aspecto aquí considerado.4°) En atención a la solución propuesta en el considerando anterior serán desatendidos los planteos por la no admisión de las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245  de la L.C.T., como así también del incremento del art. 2°  de la ley 25.323.

5º) También desestimaré la crítica del apelante en orden a la fecha de ingreso receptada en el fallo.

Ello así al considerar que los testimonios brindados en el pleito no dan certeza en cuanto a que su ingreso a Guilmi S.A. se haya producido con anterioridad a la fecha registrada por la empleadora (01/08/1980), tal cual se invocó en la demanda (art. 90  L.O.).

Mohr, Morlas Ramírez y Tripoli declararon no saber cuándo el actor comenzó a trabajar para la demandada (fs. 620/2, 652 y 653/4); Héctor González dijo no recordar esta circunstancia (fs. 614/5); Alvarez y Miguel Berardi afirmaron que ingresó en 1980 sin ninguna otra precisión al respecto (este último solo indicó que lo conoció cuando era Casa Berardi hasta el año 80 y que luego González pasó a Guilmi S.A., donde, reitero, dijo que comenzó a laborar en 1980, ver fs. 618/9 y 657/8); Fiocca manifestó que ello sucedió en 1980 ó 1985 “…por ahí…” (fs. 616/7) y finalmente Silvia González asertó que ella ingresó a la demandada en 2007 cuando el actor ya estaba laborando (fs.655/6).

Sugiero entonces confirmar el fallo en la cuestión aquí objeto de agravios.

6º) Idéntica solución tendrá el planteo acerca de las diferencias por los salarios que alega fueron devengados y aquellos percibidos por el trabajador.

Obsérvese que de los términos de la demanda surge que el actor no reclamó diferencias salariales entre los salarios básicos devengados por aplicación del C.C.T. 130/75 para su categoría de maestranza y aquellos realmente percibidos (ver liquidación de fs. 114/vta.). Y si bien de allí resulta un reclamo por “haberes adeudados” el mismo corresponde al período marzo/octubre de 2007 (ver fs. 10vta. pto. V., ac. 1), el cual coincide con la licencia sin goce de sueldo que solicitó y gozó por el mismo período conforme reconoció el propio actor (ver fs. 9). No soslayo en este punto que el demandante también invocó que fue presionado y compelido por el codemandado Juan Antonio Berardi a solicitar esta licencia (que hizo efectiva entre el 19 de marzo y el 1º de octubre de 2007, extremo no cuestionado) pero lo concreto es que no aportó elementos de prueba en tal sentido, como así también respecto de los pagos fuera de registración también invocados (art. 377 del C.P.C.C.N.).

Sobre tal base y más allá de lo informado por el perito contador en cuanto a la existencia de diferencias salariales (memoro que las pericias de los auxiliares de justicia no resultan vinculantes para los magistrados) no puedo más que confirmar también este tramo del pronunciamiento de grado.

7°) De conformidad con la solución precedente (considerandos 5º y 6º), desestimaré el agravio ceñido a la indemnización del art.1º de la ley 25.323 al no encontrarse configurado el presupuesto previsto por la norma aludida para la viabilidad de este incremento (deficiente registración de la relación laboral al momento del cese).

8º) Por idénticos fundamentos propicio el rechazo del planteo en relación con el recálculo de los rubros diferidos a condena al fundamentarse este agravio en la incorrecta registración de la verdadera fecha de ingreso y salario del actor.

9º) Tendrá recepción la crítica esbozada acerca de la indemnización del art. 80  de la L.C.T.

La demandada no acompañó en forma completa las certificaciones exigidas por el aludido art. 80. Obsérvese que del formulario de ANSeS PS.6.2 que entregó al actor al celebrarse la audiencia de conciliación previa ante el SeCLO, conf. acta de fs. 3 (cuya copia luce a fs. 117/122vta.) e incluso del certificado de fs. 130, no surge ni las constancias de los aportes y contribuciones ni la calificación profesional obtenida por el trabajador en los puestos de trabajo desempeñados: conf. ley 24.576.

Advierto además que el demandante emplazó en legal tiempo y forma a la empleadora en relación con la entrega de los aludidos certificados de trabajo (ver telegrama de fs. 234 e informe postal de fs. 239), con lo cual cumplimentó el requisito previsto por la normativa citada para la procedencia de este incremento.

Sobre tal base la demandada no puede eximirse del pago del incremento en cuestión al no poner a disposición del actor del modo legalmente exigido los certificados de trabajo.

Sugiero, pues, modificar este tramo del fallo y receptar la indemnización del art. 80 de la L.C.T.

Corresponde pronunciar condena, asimismo, para que la demandada haga entrega de los dos instrumentos contemplados en el precepto en cuestión que el empleador está obligado a otorgar y el dependiente tiene derecho a exigir, a saber: 1) de las constancias documentadas del ingreso de los fondos con destino a los organismos de sindicales y de la seguridad social previstas por el art.80 de la L.C.T., segundo párrafo; y 2) de un certificado de trabajo que debe contener cinco datos constituidos por las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios (fecha de ingreso y de egreso) y la naturaleza de esos servicios (tareas, cargo, categoría profesional, etc), las constancias de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social y, finalmente, la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo por parte de la trabajadora, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento a esta obligación de hacer (conf. art. 666 bis  del C. Civil) (C.N.Trab. Sala X “Macchiavello, Carlos Hugo c/Compañía de Servicios Martín Fierro S.R.L. s/Despido”, S.D. Nº 15.405 del 16/7/07).

10º) Frente a la falta de elementos de prueba válidos en orden a una incorrecta registración de la real fecha de ingreso del actor o a la existencia de pagos “en negro” tal como fue invocado en la demanda (este último extremo incluso arriba firme a esta alzada) sugiero la confirmatoria de la decisión “a quo” de desestimar la acción iniciada contra el codemandado Juan Antonio Berardi con fundamento en la ley 19.550  (la invocación de falta de pago de cargas sociales o la infracapitalización societaria por parte de la sociedad demandada como bases de este reclamo no fueron cuestiones sometidas a conocimiento de la magistrada de primera instancia: arg. art. 277  del C.P.C.C.N.).

11º) Fi nalmente no tendrá recepción el agravio vertido en orden a la base de cálculo fijada por la señora juez “a quo” para la determinación de los créditos salariales admitidos (de $ 1.239,75). Repárese en que la pretendida base salarial de $ 1.601,99 (correspondiente a febrero de 2007) que el recurrente sostiene informó el perito contador como la mejor remuneración devengada por el trabajador (conf. cuadro salarial de fs.508vta.) luego fue rectificada por el propio profesional contable a través de una nueva planilla de salarios en su aclaración de fs. 631 (conf. “cuadro de diferencias 1”) y respecto de la cual ninguna manifestación formuló la parte en su memorial recursivo (arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N.).

En atención a ello y a la propuesta confirmatoria de este voto en orden a la fecha de ingreso receptada en primera instancia corresponde desatender la pretensión revisora de recalcular los rubros diferidos a condena.

12º) En definitiva, sugiero modificar parcialmente el fallo de primera instancia y elevar el monto de condena a la suma total de $ 5.071,01 ($ 1.351,76 + $ 3.719,25 por indemnización art. 80 de la L.C.T.: $ 1.239,75 x 3) que devengará los intereses en la forma dispuesta en la instancia anterior.

13º) El nuevo resultado del pleito y lo impuesto por el art. 279 del C.P.C.C.N. torna imperioso dejar sin efecto lo decidido en grado en materia de costas y honorarios, lo cual torna inoficioso el tratamiento de las apelaciones articuladas al respecto.En cuanto a las costas derivadas de la acción iniciada contra Guilmi S.A. considero -al igual que la magistrada que precede- que cabe acudir al dispositivo del art. 71  del C.P.C.C.N. por el cual no corresponde para su fijación atenerse a un criterio meramente matemático o aritmético derivado sólo del cotejo entre el monto reclamado y el diferido a condena. Dicho ello y en atención a los rubros reclamados y aquellos que en definitiva prosperaron, propicio distribuir las costas de ambas instancias en un 70% a cargo del actor y el restante 30% a cargo de la citada demandada (conf. art. 71 cit.), mientras que las correspondientes al rechazo de la acción iniciada contra Juan Antonio Berardi serán a cargo del demandante (arg. art.68, primer párrafo , del C.P.C.C.N.).

Respecto de los honorarios de los profesionales intervinientes por las tareas de primera instancia propicio fijar los correspondientes a la representación letrada del actor, demandada Guilmi S.A., codemandado Berardi (presentó alegato escrito a fs. 730/732) y perito contador en las sumas actuales de $ 7.400, $ 9.200, $ 9.800 y $ 3.800, respectivamente. Ello con base en las pautas arancelarias vigentes y el mérito, importancia y extensión de los trabajos realizados (conf. art. 38  L.O. y conc. ley arancelaria; arts. 3°  y 12  decreto ley 16.638/57).

Sugiero asimismo regular los honorarios de la representación letrada del actor y de cada una de las demandadas por su intervención en esta instancia en el 25% para cada una de ellas de lo que les corresponda percibir por las tareas desarrolladas en la instancia anterior (art. 14 , ley arancelaria).

Voto en consecuencia, por: 1) Declarar mal concedido el recurso interpuesto por la demandada Guilmi S.A. 2) Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto al capital de condena y elevarlo a la suma de $ 5.071,01 que devengará los intereses fijados en primera instancia. Asimismo condenar a la demandada dentro del plazo previsto en el fallo de grado a hacer entrega de las constancias documentadas del ingreso de los fondos con destino a los organismos de sindicales y de la seguridad social previstas por el art.80 de la L.C.T., segundo párrafo, como asimismo de un certificado de trabajo que contenga las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios (fecha de ingreso y de egreso) y la naturaleza de esos servicios (tareas, cargo, categoría profesional), las constancias de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social y, finalmente, la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo por parte de la trabajadora, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento a esta obligación de hacer (conf. art. 666 bis del C. Civil). 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en grado respecto de las costas y honorarios. 3) Establecer las costas de ambas instancias en relación con la acción iniciada contra Guilmi S.A. en un 70% a cargo del actor y el restante 30% a cargo de la citada demandada (conf. art. 71 cit.), mientras que las correspondientes al rechazo de la demanda respecto de Juan Antonio Berardi serán a cargo del demandante (arg. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.). 4) Fijar los honorarios de los profesionales intervinientes por el actor, demandada Guilmi S.A., codemandado Berardi y perito contador por las tareas de primera instancia en las sumas actuales de ($.), ($.), ($.) y ($.), respectivamente. Ello con base en las pautas arancelarias vigentes y el mérito, importancia y extensión de los trabajos realizados (conf. art. 38 L.O. y conc. ley arancelaria; arts. 3° y 12 decreto ley 16.638/57). 5) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y de las demandadas por su intervención en esta instancia en el 25% para cada una de ellas de lo que les corresponda percibir por las tareas desarrolladas en la instancia anterior (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Coincido en lo sustancial con lo resuelto por mi distinguido colega el Dr. Daniel E. Stortini, pero me permito discrepar en lo relativo a la procedencia de la indemnización prevista por el art. 80 L.C.T. (to. art.45 , ley 25.345), porque según conclusión arribada, la única constancia que la empleadora no habría emitido en beneficio del trabajador, es la certificación de aportes y contribuciones, y la calificación profesional obtenida por aquél.

En este sentido, entiendo, en punto al primero de tales aspectos, que a la luz de la normativa actual, dicho criterio debe interpretarse conforme la Res. General 2.316/07 AFIP, lo que permite concluir que la exigencia de las constancias de aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social, resulta implícitamente cumplida con el formulario ANSES PS 6.2 (contiene la información que surje de las declaraciones juradas determinativas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y de las bases de la ANSES), y su detalle, de considerarlo necesario el trabajador, es de fácil acceso para el mismo (incluso por internet).

Y en cuanto al segundo de los aspectos, el certificado de trabajo obrante a fs. 130 da cuenta de la categoría y tareas cumplidas por González (maestranza) durante toda la vigencia del contrato de trabajo, como así, en función a lo que llevo dicho, de los restantes requisitos consignados para una nueva emisión de los mismos, de modo que no se verifica, en este caso, daño alguno que merezca una indemnización como la prevista por el art. 80 citado, ni la obligación de emitir nuevas certificaciones.

Sin perjuicio de la modificación que propongo, entiendo prudente y adecuado, en función a las cuestiones debatidas, y tal como resolvió mi distinguido colega, adherir a su propuesta en materia de costas, en ambas instancias, y honorarios de los profesionales intervinientes por la parte actora, demandadas y perito contador.

Por todo ello voto por: 1º) Confirmar la sentencia en lo principal que decide y fue materia de agravios; 2º) Dejar sin efecto lo resuelto en grado en materia de costas y honorarios; 3º) Establecer las costas de ambas instancias en relación con la acción iniciada contra Guilmi S.A.en un 70% a cargo del actor y el restante 30% a cargo de la citada demandada (conf. art. 71 cit.), mientras que las correspondientes al rechazo de la demanda respecto de Juan Antonio Berardi serán a cargo del demandante (arg. art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.); 4º) Fijar los honorarios de los profesionales intervinientes por el actor, demandada Guilmi S.A., codemandado Berardi y perito contador por las tareas de primera instancia en las sumas actuales de ($.), ($.), ($.) y ($.), respectivamente. Ello con base en las pautas arancelarias vigentes y el mérito, importancia y extensión de los trabajos realizados (conf. art. 38 L.O. y conc. ley arancelaria; arts. 3° y 12 decreto ley 16.638/57); 5º) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y de las demandadas por su intervención en esta instancia en el 25% para cada una de ellas de lo que les corresponda percibir por las tareas desarrolladas en la instancia anterior (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Stortini.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar mal concedido el recurso interpuesto por la demandada Guilmi S.A. 2) Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto al capital de condena y elevarlo a la suma de $ 5.071,01 (PESOS CINCO MIL SETENTA Y UNO CON UN CENTAVO) que devengará los intereses fijados en primera instancia. Asimismo condenar a la demandada dentro del plazo previsto en el fallo de grado a hacer entrega de las constancias documentadas del ingreso de los fondos con destino a los organismos de sindicales y de la seguridad social previstas por el art.80 de la L.C.T., segundo párrafo, como asimismo de un certificado de trabajo que contenga las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios (fecha de ingreso y de egreso) y la naturaleza de esos servicios (tareas, cargo, categoría profesional), las constancias de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social y, finalmente, la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo por parte de la trab ajadora, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en caso de incumplimiento a esta obligación de hacer. 3) Dejar sin efecto lo dispuesto en grado respecto de las costas y honorarios. 4) Establecer las costas de ambas instancias en relación con la acción iniciada contra Guilmi S.A. en un 70% a cargo del actor y el restante 30% a cargo de la citada demandada, mientras que las correspondientes al rechazo de la demanda respecto de Juan Antonio Berardi serán a cargo del demandante. 5) Fijar los honorarios de los profesionales intervinientes por el actor, demandada Guilmi S.A., codemandado Berardi y perito contador por las tareas de primera instancia en las sumas actuales de ($.), ($.), ($.) y ($.), respectivamente. Ello con base en las pautas arancelarias vigentes y el mérito, importancia y extensión de los trabajos realizados. 6) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y de las demandadas por su intervención en esta instancia en el 25% para cada una de ellas de lo que les corresponda percibir por las tareas desarrolladas en la instancia anterior. 7) Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

ANTE MI

M.D.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s