Consideraciones sobre el contrato de caja de seguridad a la luz del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación

Autor: Lepiane, Martín

Fecha: 19-feb-2013

Cita: MJ-DOC-6163-AR | MJD6163

Sumario:

I. Introducción. Situación existente con la normativa actual. II. Propuestas prácticas para regular el contrato de caja de seguridad. III. Análisis del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. IV. Conclusiones.

Doctrina:

 

Por Martín Lepiane (*)

 

I. INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN EXISTENTE CON LA NORMATIVA ACTUAL

 

El contrato de caja de seguridad, según el estado actual de nuestro derecho civil y comercial, es un contrato atípico. Si bien la doctrina y la jurisprudencia suelen atribuir a este contrato características específicas, obligaciones y derechos propios de cada una de las partes e, incluso, sistemas de responsabilidad, lo cierto es que, como todo contrato atípico, en la medida en que no tenga objeto ilícito, se rige por la autonomía de la voluntad (art. 1197 del Código Civil) (1).

 

Como sintetiza con acierto Moeremans, (2) «se ha discutido en la doctrina si el contrato de caja de seguridad es un contrato de locación de cosa, de obra o servicio, de depósito o si constituye un contrato sui generis con elementos mixtos, fundamentalmente del contrato de locación tanto de cosas como de servicios y del contrato de depósito».

 

Entendemos que, justamente, es la letra del contrato el primer lugar en donde se debe buscar la fuente de derechos y obligaciones de las partes. Ello no obsta a que se aplique la buena fe como principio rector en la interpretación de los contratos o que se declaren nulas cláusulas que se consideren abusivas. Entendemos relevante esta aclaración ya que la mayoría de la doctrina que comenta este tipo de contratos e incluso los fallos relacionados rara vez analizan los términos específicos del contrato aplicable al caso y, por el contrario, intentan una construcción teórica de lo que debería ser el contrato de caja de seguridad cuando, en realidad, continúa sin una regulación específica en nuestro derecho.

 

No se nos escapa que, la mayoría de las veces, un elemento relevante de estos contratos es la seguridad que el cliente busca al depositar valores en el espacio de la caja de seguridad de un banco.Es decir, no es una mera locación donde el cliente, mayormente, formaliza el contrato teniendo en cuenta la necesidad de espacio de guardado ya que, en general, las cajas de seguridad no son de gran tamaño. Por el contrario, normalmente, el cliente suele contratar las cajas de seguridad para tener un resguardo respecto de elementos que considera de valor (3). No obstante, esta caracterización subjetiva de la motivación de las partes no alcanza un estatus legal que prevalezca sobre lo que las partes negociaron en cada contrato específico.

 

1. Sistemas de responsabilidad. El dilema de la actual jurisprudencia

 

Para cierta doctrina (4) y jurisprudencia (5) la responsabilidad de la entidad ante el incumplimiento se regirá por el régimen de las obligaciones de resultado, por lo que el demandado, para excluir su responsabilidad, deberá demostrar que el resultado al que se obligó ha sido impedido por caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, se ha señalado que el robo no suele tener entidad para calificarse como caso fortuito, si la entidad no cumplía con las normas mínimas de seguridad (6). Otros consideran que la responsabilidad se rige por el régimen de las obligaciones de medios, (7) aplicando el estándar agravado del profesional (art. 902 del Código Civil).

 

Tal como señala Moeremans, (8) «en general se afirma que la obligación es de resultado, por cuanto el cliente al dejar sus objetos en una caja de seguridad espera como resultado que estos no sean dañados, hurtados o robados. Ello implica que para liberarse de responsabilidad debe acreditar que el daño se produjo por caso fortuito o fuerza mayor».

 

No obstante, resulta importante destacar que la jurisprudencia es, en ciertos casos, inconsistente y contradictoria. Incluso se pueden encontrar importantes contradicciones dentro del mismo fallo. En general, existe una tendencia a favorecer a las víctimas de robo o hurto de cajas de seguridad, pero sin que se construya una teoría jurídica que sirva como base para una regulación integral de esta problemática.Por ejemplo, cuando ha existido negligencia comprobada por parte de la entidad financiera, varios fallos tienden a afirmar la responsabilidad sobre la base del deber de cuidado y el estándar agravado de un profesional en la materia (9). Por el contrario, cuando no se pudo demostrar que el banco hubiera incumplido las normas de seguridad impuestas por la ley y las normas del Banco Central, se ha afirmado que la obligación es de resultado y que dichas medidas de seguridad son un mínimo, pero que no desligan al banco de su responsabilidad de carácter objetivo (10).

 

Otros fallos, según se señaló, utilizan ambos sistemas para basar la sentencia. Por ejemplo, en el caso «Alurralde Carolina y otros c/ HSBC Bank Argentina S.A.», la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (11) afirmó que «La entidad financiera es demandada por el hurto de los bienes depositados por el actor en una caja de seguridad, en tanto, se acreditó la inobservancia del procedimiento vigente para aquellas y que el ilícito se perpetró por el incumplimiento de su parte del deber de custodia».

 

No obstante, a los pocos párrafos se afirma que «el banco no se compromete a prestar una determinada diligencia, sino a facilitar al cliente un resultado […] El incumplimiento del servicio comprometido genera una responsabilidad objetiva».

 

Esta tendencia a mezclar los regímenes de responsabilidad se extiende a la mayor parte de la jurisprudencia (12).

 

II. PROPUESTAS PRÁCTICAS PARA REGULAR EL CONTRATO DE CAJA DE SEGURIDAD

 

Desde el punto de vista del análisis económico del derecho, la situación del contrato de caja de seguridad, según el actual estado de la doctrina y la jurisprudencia, es realmente precaria. Ello se debe a diversos factores.

 

En primer lugar, es evidente que el contrato de caja de seguridad tiene características propias que justifican un tratamiento específico, hoy inexistente en nuestro derecho. En segundo término, la jurisprudencia no ha establecido características uniformes sobre los alcances del contrato.Si bien no es función de los jueces legislar, los precedentes solo se asemejan en el resultado protector del cliente, pero no en el aspecto jurídico ya que utilizan diversas teorías para fundar la responsabilidad en cada caso. Por último, no se ha brindado una solución que dé cuenta de los riesgos propios del contrato y su adecuada distribución.

 

Básicamente, la labor de la jurisprudencia ha sido encontrar fundamentos, con grados variables en su razonabilidad, para resarcir a las víctimas. Pero ello no hace desaparecer el problema de los robos. La Ley 26.637 estableció estándares más elevados de medidas «mínimas» de seguridad, pero ello, claramente, no resuelve el problema.

 

Resulta esencial determinar qué derechos y obligaciones tienen las partes y, a partir de ahí, construir un sistema de dispersión del riesgo adecuado a la realidad. Si se decidiera que la responsabilidad es subjetiva, lo más lógico sería establecer un riguroso listado de requisitos de seguridad, que los bancos deberían cumplir sin excepciones. Pero ello, obviamente, requiere de un estudio de alto nivel que debería ser llevado a cabo por los legisladores o el propio Banco Central.

 

Esta tarea, además de requerir una ardua investigación, pondría en evidencia a quienes diseñaron el esquema de seguridad si se llegaran a producir nuevos robos, pese a la adopción de dichas medidas. Obviamente, para quien tiene a su cargo la tarea de elaborar normas, resulta más sencillo confeccionar un somero listado de recomendaciones de seguridad y deslindar cualquier responsabilidad aduciendo que las medidas son «mínimas». De esta forma, el Estado traslada la responsabilidad y el riesgo a los particulares. Pero este no es un camino viable porque el riesgo no desaparece, como comentamos a continuación.

 

Si, por el contrario, se mantuviera el sistema actual de medidas de seguridad «mínimas», caeríamos en la trampa de creer que el problema se soluciona.Pero en el próximo hecho de robo, muy probablemente los jueces entenderán que el propio robo es una prueba de que las medidas de seguridad eran insuficientes (transformando así, en la práctica, la responsabilidad subjetiva en objetiva).

 

Si se implementa un sistema de responsabilidad objetiva, resulta imperioso acotar la responsabilidad a un monto determinado para que el riesgo sea manejable. Si no existiera límite a la responsabilidad, no existiría forma de asegurar dicho riesgo. Creer que la asunción de responsabilidad potencialmente ilimitada es viable económicamente fue lo que generó la crisis «subprime» y de los Credit Default Swaps en los Estados Unidos.

 

Dado que los bancos no pueden determinar ni interferir en los valores que los clientes depositan, lo más seguro, a los efectos de fijar un límite fáctico de responsabilidad, sería suponer como hipótesis de máximo siniestro que todos los clientes han depositado oro o platino (que son elementos físicos de mayor valor en el mercado) en sus cajas de seguridad (multiplicando el precio del gramo por el volumen total). Esto daría como resultado una cifra de exposición imposible de cubrir o asegurar (al menos a precios accesibles al público para cajas de seguridad). Aun con este proceder, no puede descartarse que la responsabilidad sea mayor, ya que podría haber reclamos por daño moral debido al robo de objetos de valor afectivo.

 

Entonces, solo queda desear que el próximo robo le suceda a otro, lo cual no es una conducta deseable en el manejo de riesgos ni adecuada para un Estado y mercados maduros. Una solución lógica consistiría en que, de acuerdo al espacio contratado y al valor del servicio, se establezca un monto máximo de valores que se pueden depositar en una caja de seguridad, para que ambas partes puedan, de antemano, conocer hasta dónde se extienden sus derechos y obligaciones.Entonces, es de esperar que haya una lógica correlación entre el precio del contrato de caja de seguridad y el valor máximo que el cliente podrá atesorar en su interior. Asimismo, el conocimiento de la exposición máxima que asume el banc o permitirá que este riesgo pueda ser objeto de cobertura de seguros. No obstante, este valor máximo no eximiría a la entidad de cumplir con las medidas de seguridad que dispongan las autoridades.

 

En cuanto a la carga de prueba del daño en caso de robo a cajas de seguridad, esta pesa sobre las víctimas. Sin embargo la exigencia probatoria no es rigurosa, en función del carácter particular de estas situaciones. Por la naturaleza de este tipo de hechos, el daño no puede ser acreditado mediante «prueba directa» (no se puede exigir una prueba directa de la existencia de los objetos en la caja de seguridad, por cuanto esa carga es de imposible satisfacción), sino únicamente mediante «prueba indirecta» a través de presunciones graves, precisas y concordantes.

 

A fin de formar la prueba indirecta la mayoría de los magistrados admiten: (a) testigos (incluso familiares y amigos); (b) documental: constancias que acreditan la venta de propiedades en épocas anteriores y recientes al robo; (c) registros de ingresos del cliente a la caja de seguridad; (d) fotografías de eventos sociales en que el perjudicado lucía alguna joya; (e) informativa: declaraciones juradas presentadas ante el Fisco; (f) constancias de compras de dólares billete y posterior ingreso a las cajas de seguridad.

 

Estas pruebas deberán corroborar la secuencia de los hechos alegados.De aquí surge la importancia de constatar lo depositado en la caja, para lo que puede recurrirse al acta notarial si las sumas son importantes, ya que el costo de dicho acto justifica ahorrarse problemas probatorios en el futuro.

 

Al respecto, una propuesta que debería tener en cuenta la legislación es admitir que se puedan guardar o retirar valores en presencia de un empleado del banco, firmando el respectivo libro, de modo de dejar constancia de lo depositado en la caja. Esta información debería estar protegida por el secreto bancario, conforme el art. 39 de la Ley 21.526. Si bien es cierto que la confidencialidad es un elemento que muchos clientes tienen en cuenta al momento de contratar, parece lógico concluir que se trata de una característica de rango inferior a la seguridad y, además, un sistema de esta naturaleza tendería a la transparencia fiscal.

 

III. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

 

El proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado en gran medida los antecedentes jurisprudenciales y opiniones doctrinarias en la materia. Así, los arts. 1413 a 1417 de dicho proyecto regulan las cajas de seguridad.

 

1. Obligaciones a cargo de las partes

 

El art. 1413 dispone: «Obligaciones a cargo de las partes – El prestador de una caja de seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario. No responde por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas».

 

La norma bajo análisis tiene algunos aspectos que merecen ser destacados. En primer lugar, ubica la responsabilidad en el terreno subjetivo. La referencia a la «idoneidad de la custodia» refiere inequívocamente a un deber de diligencia, fuera del ámbito de la responsabilidad objetiva.

 

Queda sin resolver, de todos modos, qué debe entenderse por idoneidad de la custodia.Nuestra propuesta es que el BCRA, en lugar de esbozar medidas «mínimas», determine pautas claras, con asistencia de organismos de seguridad y defensa y de las asociaciones de bancos, para salvaguardar la debida seguridad de los locales bancarios. En este caso, es el Estado el que dispone de los recursos y de los incentivos suficientes como para abordar una tarea de seguridad pública. No consideramos atinado desplazar esta carga a los particulares ya que se necesita una actuación coordinada en lugar de la adopción de medidas dispares por cada uno de los bancos.

 

Si no se establecen parámetros claros de estándares de idoneidad, volveríamos a una situación como la actual, en la que los jueces deben determinar qué medidas de seguridad son idóneas. Los jueces tienen como misión aplicar el derecho y no se les puede pedir que sean expertos en materia de seguridad. Por su parte, la jurisprudencia no ha profundizado la cuestión. Los fallos, a lo sumo, hacen referencia a que (a) o bien no se cumplieron las medidas mínimas del BCRA, o (b) cuando se cumplieron, se argumentó que no eran suficientes por ser, justamente, mínimas. Existe cierta circularidad ya que la existencia de un robo es utilizada como evidencia de que las medidas de seguridad no eran suficientes. Por ello, es recomendable que quienes tienen la tarea de brindar seguridad elaboren pautas a seguir por los bancos.

 

Por otra parte, la norma aclara que no hay responsabilidad del banco por caso fortuito «externo a su actividad». Pero no se define qué casos son externos a la actividad bancaria. Específicamente, no se aclara el tema del robo. Creemos que, si la decisión legislativa es regular el tema del caso fortuito, los legisladores podrían ser más concretos.Una inundación es un hecho ajeno a la actividad bancaria, pero si un banco tiene un local en una zona que normalmente se inunda ante lluvias de mediana intensidad y, aun ante dicha circunstancia, mantiene las cajas de seguridad en un sótano cercano a la entrada, la inundación no parece un hecho tan imprevisible.

 

Por su parte, no resulta acertado insinuar, como lo hace cierta jurisprudencia ya comentada, que todo robo es una prueba irrefutable de falta de diligencia, descartarlo como un caso fortuito, o no aplicar una eximente de responsabilidad por considerar que, como el banco ofrece cierta seguridad, el robo no es «externo» a la actividad bancaria. Para todo debe haber una pauta de razonabilidad y dicha pauta debe estar delineada con la mayor precisión posible. Por ejemplo, un robo con una fuerza irresistible (numerosos asaltantes fuertemente armados y con explosivos o material militar), no es lo mismo que el robo consumado por la inexistencia de medidas de seguridad. Por encima de ello, obviamente, pueden existir casos que la diligencia media exigible no alcance a impedir.

 

Asimismo, con acierto, se respeta la autonomía de la voluntad al contemplar que la responsabilidad se hará efectiva «conforme lo pactado y las expectativas creadas». Nos parece adecuado mantener el amplio campo de la autonomía de la voluntad como fuente de derechos y obligaciones de este contrato, especialmente si se trata de una norma relativamente estable como un Código Civil.

 

2. Límites a la responsabilidad

 

El proyecto, en su art. 1414, dispone: «La cláusula que exime de responsabilidad al prestador se tiene por no escrita. Es válida la cláusula de limitación de la responsabilidad del prestador hasta un monto máximo solo si el usuario es debidamente informado y el límite no importa una desnaturalización de las obligaciones del prestador».

 

Tal como lo hemos propuesto en la sección anterior, el proyecto asume como válida la cláusula de limitación de responsabilidad hasta un monto máximo. Esto es coherente con la distribución de riesgos y su adecuada cobertura.Si no hubiera un monto máximo admitido, la responsabilidad sería prácticamente ilimitada, imposible de ser asegurada. La consecuencia lógica sería la imposición de costos altísimos o prohibitivos para el servicio o la asunción (o esperanza) irresponsable de que el robo le ocurrirá al banco de al lado.

 

Un sistema en el cual el monto máximo depositable se combine con un precio adecuado por el servicio de caja de seguridad y, además, con medidas estrictas indicadas por el Banco Central a instancias de organismos especializados, protegería los derechos de todas las partes y, además, brindaría mayor estabilidad al sistema.

 

3. Otras disposiciones relevantes

 

Tal como lo ha manifestado la jurisprudencia, el art. 1415 del proyecto aclara que «La prueba del contenido de la caja de seguridad puede hacerse por cualquier medio».

 

Finalmente, el art. 1417 dispone que: «Vencido el plazo o resuelto el contrato por falta de pago o por cualquier otra causa convencionalmente prevista, el prestador debe dar a la otra parte aviso fehaciente del vencimiento operado, con el apercibimiento de proceder, pasados 30 (treinta) días del aviso, a la apertura forzada de la caja ante escribano público. En su caso, el prestador debe notificar al usuario la realización de la apertura forzada de la caja poniendo a su disposición su contenido, previo pago de lo adeudado, por el plazo de 3 (tres) meses; vencido dicho plazo y no habiéndose presentado el usuario, puede cobrar el precio impago de los fondos hallados en la caja.

 

»En su defecto puede proceder a la venta de los efectos necesarios para cubrir lo adeudado en la forma prevista por el artículo 2229, dando aviso al usuario. El producido de la venta se aplica al pago de lo adeudado. Los bienes remanentes deben ser consignados judicialmente por alguna de las vías previstas en este Código».

 

De esta manera, se regula adecuadamente el supuesto de vencimiento del contrato o falta de pago de las cuotas.

 

IV.CONCLUSIONES

 

Del análisis de la doctrina especializada y la jurisprudencia se puede concluir que, actualmente, el contrato de caja de seguridad se encuentra en una situación de inaceptable incertidumbre. No está regulado, no hay un sistema de responsabilidad definido, los riesgos no están adecuadamente identificados ni atenuados y, finalmente, los precedentes no han logrado un consenso sobre el alcance de los derechos y obligaciones de las partes.

 

El proyecto de Código Civil y Comercial incluye algunos avances interesantes y otros insuficientes. Se destaca como positivo el hecho de que se tipifique el contrato y que se determine el carácter subjetivo de la responsabilidad. Asimismo, la admisibilidad de la cláusula de limitación a los valores depositables brinda seguridad a las partes en cuanto al resarcimiento previsto.

 

Hubiera sido deseable que se previera la regulación de medidas de seguridad por parte del Banco Central y de los organismos de seguridad. Asimismo, la regulación sobre qué se entiende por caso fortuito sigue sin una definición precisa y dará pie a un desarrollo jurisprudencial que, confiamos, tenga una mayor consistencia en cuanto a las bases de las decisiones.

 

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(1) «El contrato de caja de seguridad es un contrato atípico al que le es aplicable el art. 1197 del Código Civil, por lo que el actor y demandado debieron cumplirlo como la ley misma» CNCom, Sala B, 26/3/1996, Sucarrat Gustavo A. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires. LL 1994-E, 437.

 

(2) Moeremans, Daniel E., Contrato de caja seguridad. La Ley 24/01/2011.

 

(3) «El profesional banquero que lucra con el arrendamiento de cajas de seguridad ofrece a su clientela «seguridad»; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arts. 126 y 127, CCom.) y la profesionalidad de la defendida exige standard de responsabilidad agravada frente a los usuarios» CNCom, Sala B, Arévalo José Alberto y otro c/ Banco de la Nación Argentina – Sucursal Balvanera s/ ordinario, 30/3/2012, MJJ72336 . En igual sentido, CNCom, Sala E, Paternostro Mario L.y otro c/ Banco Mercantil, 30/4/1998, LL 1999-B, 571; y CNCom, Sala D, Rosental Elsa c/ Banco Mercantil Argentino, 29/7/2005, LL, 16/11/05.

 

(4) Bustamante Alsina, Jorge, Responsabilidad de los bancos en la prestación del servicio de cajas de seguridad; LL 1997-B, 78 – Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales VI, 1/1/2007, 743 y su fallo comentado, CNCom, Sala B, 4/10/1996, Quiquisola Roberto H. y otro c/ Banco Mercantil Argentino S. A.

 

(5) Por ejemplo, CNCiv, Sala C, 21/3/1996, Schmukler de Dozoretz, Eva c/ Banco Mercantil Argentino, LL 1998-F, 853; RCyS, 1999-323; CNCom, Sala C, 4/2/2005, Iulianetti Oscar c/ Banco Río de la Plata s/ A., Base de Datos SJCCom, entre otros.

 

(6) CNCom, Sala A, 8/10/2004, Menache David c/ Banco Mercantil Argentino, La Ley, 2004/12/17, 7; Sala A, 20/12/2000, Piatigorsky Martha c/ Banco Mercantil Argentino S.A., ED, 195-413, entre otros.

 

(7) CNCom, Sala E, 19/9/2003, Saccone María c/ Banco Caja de Ahorro. DJ, 2004-1-40.

 

(8) Moeremans, Daniel E., Contrato de caja seguridad, La Ley 24/1/2011, 1 – LL 2011-A, 775 – La Ley 25/1/2011, 1 – RCyS2011-II, 3, quien comenta, además, la jurisprudencia más relevante en la materia.

 

(9) Por ejemplo, CNCom, Sala E, 19/9/2003, Saccone María c/ Banco Caja de Ahorro, DJ, 2004-1-40.

 

(10) CNCom, Sala C, 4/2/2005, Iulianetti Oscar c/ Banco Río de La Plata S.A., SJCCom; Sala C, 1/2/2002, Martín Raúl P. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aries, LL, 2002-D, 560; Sala A, 23/3/2005, Taormina Adela c/ Banco de Galicia y Buenos Aires, ED, 162-688.

 

(11) AR/JUR/92138/2010.

 

(12) Ver CNCom, Sala C, 23/3/1998, Simao de Busico Elena M. c/ Banco Mercantil Argentino, LL, 1999-D, 721.

 

(*) Abogado con Honores, UBA. Posgrado sobre Garantías Bancarias y Operatoria Bancaria en Comercio Exterior, UBA. Curso de Derecho Internacional y Derecho Comparado, Academy of American and International Law, Dallas. Pertenece al Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h.).

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